El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, le ofreció a Sebastián Amerio la Procuración del Tesoro de la Nación, esto es, la jefatura del cuerpo de abogados del Estado. Fuentes al tanto de la conversación entre ambos indicaron que el exsecretario de Justicia postergó una respuesta hasta tener una conversación con su jefe político, el asesor presidencial Santiago Caputo.

El actual procurador del Tesoro es Santiago Castro Videla, un académico surgido de la Universidad Austral. lo consultó sobre su futuro, sin respuesta.

El ofrecimiento se conoce luego del encuentro que ambos mantuvieron pasado el mediodía, luego de la jura de Mahiques, cuando el flamante ministro llegó a la sede de la calle Sarmiento y se enteró que en el lugar lo esperaba Amerio.

La salida de Amerio fue la gran sorpresa de la jornada de ayer para la tropa del asesor presidencial Santiago Caputo, a quien reportaba el ahora exsecretario de Justicia. No así el paso al costado de Mariano Cúneo Libarona, que había presentado su renuncia en octubre y decidió continuar tras recibir un pedido de Karina Milei para permanecer hasta marzo.

Sin embargo en el ala “celestial” que responde a Santiago Caputo daban por sentada la continuidad de Amerio en el cargo, que le daba un llegada privilegiada a los tribunales y un asiento en el Consejo de la Magistratura. Con las designaciones de Mahiques y Santiago Viola como su segundo, la secretaria general de Presidencia se quedó con todo.

Este jueves, luego de una breve comunicación telefónica entre ambos, Mahiques y Amerio se encontraron en el despacho del primero y dialogaron en “excelentes términos”, según coincidieron ante cerca de ambos.

Amerio no fue invitado a la jura de Mahiques en la Casa Rosada, donde se dio el frío saludo entre Karina Milei y Santiago Caputo. Por eso, concurrió al edificio del Ministerio de Justicia, en la calle Sarmiento, y aguardó en el séptimo piso, donde está el despacho de la Secretaría de Justicia, que ocupaba hasta ayer.

Cuando Mahiques llegó al ministerio fue informado que Amerio estaba ahí y lo llamó. Se ofreció a ir a verlo, pero Amerio le dijo que iba él al flamante despacho de Mahiques, en el quinto piso. Un guiño de formas, tras una salida en la que Amerio se anotició en vivo, durante una audiencia del Consejo de la Magistratura, que acababa de ser reemplazado por Santiago Viola.

“No fue grato, pero en vez de suspender o postergar por falta de quorum, él entendió que había que decir la verdad y retirarse. Nada más”, dijeron cerca de Amerio sobre lo sucedido en la mañana del miércoles. Este jueves, cerca suyo, también rechazaron que el funcionario hubiera intentado resistir su salida, como circuló ayer.

“Presentó la renuncia en el acto y está a la firma del ministro. Pueden llamar a Mahiques”, dijeron. “Nunca se atornilla a un lugar. Con un mensaje por WhatsApp también se iba”, ampliaron.

Durante la reunión de hoy, Mahiques y Amerio dialogaron sobre la posibilidad de encontrar un nuevo destino para el alfil de Santiago Caputo. Amerio tiene un cargo de planta en la Secretaría Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que pidió licencia al comienzo de la gestión mileísta. Si no acepta la oferta de Mahiques, podría volver ahí.

Durante la reunión también se habrían abordado temas relativos a la transición en la cartera. “Estamos en una transición súper ordenada y en excelentes términos”, dijeron desde el entorno del exsecretario de Justicia.

Cerca de Amerio dejaron trascender que, además del encuentro con Mahiques, hablará con “Presidencia” sobre su futuro. “Está para seguir donde sea útil”, agregaron.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi deberá investigar la denuncia contra la exministra de Seguridad, hoy senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por la denuncia en su contra por supuestos “apremios ilegales y abuso de autoridad” a raíz de un operativo de seguridad en los alrededores del Congreso durante una marcha de jubilados.

La decisión fue tomada por los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en línea con el dictamen de la Procuración General, en el marco de un conflicto de competencia entre ese juzgado federal y otro de la justicia nacional en lo criminal y correccional, para seguir el caso.

La causa se inició por la denuncia formulada por el diputado de Unión por la Patria Horacio Pietragalla contra Patricia Bullrich, por haber ordenado, en su carácter de Ministra de Seguridad de la Nación, el operativo llevado a cabo por la policía federal el 4 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso de la Nación, “en cuyo marco se ejerció violencia contra un grupo de manifestantes”.

Aquel día, las organizaciones piqueteras se movilizaron contra del veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Los manifestantes avanzaron sobre la calle y las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes para liberar el tránsito.

Hubo varios enfrentamientos y la marcha terminó con una treintena de heridos, entre ellos ocho periodistas. Bullrich se mostró monitoreando el operativo. Pietragalla la denunció en los tribunales de Comodoro Py 2002 por apremios ilegales y abuso de autoridad.

El juez Martínez De Giorgi, que recibió el caso, entendió que el objeto de la causa versaba, “en última instancia, sobre la validez de la resolución n° 943/2023 del Ministerio de Seguridad −que estableció un protocolo de actuación ante el corte de vías de circulación− y por ello declinó su competencia a favor de la del juez del fuero ordinario que intervino en una causa anterior bajo la forma de acción de habeas corpus preventivo −expediente CNE 10514/2023− en el que se planteó esa misma cuestión legal”.

Sin embargo, desde la justicia nacional se rechazó esta causa. El juzgado N°28 dijo que “el objeto, la pretensión y el trámite que corresponden a la causa CNE 10514/2023 −que describió como acción declarativa de certeza regida por ley 16.986− es completamente diferente al de una denuncia por delito de acción pública y que, por lo tanto, no se da ningún supuesto del artículo 41 del código procesal”.

También sostuvo que “las reglas de conexidad no se aplican entre jueces de distinto fuero y que la investigación de la conducta de quien se desempeña como ministra de la Nación por un acto propio de su función es de indudable competencia federal”.

El caso llegó así a la Corte Suprema. “Las razones expuestas por el juez de instrucción de la capital dan respuesta correcta a la declinatoria del juez federal −opinó el Procurador Eduardo Casal−. Vistas las señaladas diferencias categóricas en cuanto a la pretensión y el trámite de cada una de las causas, aprecio que la vinculación alegada sólo reside en la eventualidad de que en ambos casos se plantee la misma cuestión jurídica, algo que en modo alguno altera las reglas de competencia ni debe confundirse con supuestos que habilitan la acumulación de expedientes”.

Los jueces de la Corte hicieron lugar al dictamen y será el juez Martínez De Giorgi quien deba seguir interviniendo.