POLITICA
Designaron al nuevo director de Seguridad Vial tras la repentina renuncia del anterior titular el día de su nombramiento
Luego de que el abogado Nicolás Abelardo Dapena Fernández dejará su cargo como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), tan solo un día después de que fuera nombrado, el Gobierno nacional confirmó que ya hay un reemplazante. Se trata de Francisco Díaz Vega, quien asumirá el rol en carácter “ad honorem”.
La nueva modificación en la conducción del organismo fue oficializada esta madrugada con la publicación del Decreto N° 676/2025 en el Boletín Oficial. “Acéptase, a partir del 14 de septiembre de 2025, la renuncia presentada por el abogado Nicolás Abelardo Dapena Fernández al cargo de Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)”, establece el primer artículo de la normativa.
De esta manera, la salida de Dapena Fernández abrió paso a la incorporación de Díaz Vega, licenciado en Ciencia Política, quien asumió la dirección ejecutiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial desde el 15 de septiembre de 2025. Asimismo, aclararon que el nuevo funcionario realizará las tareas bajo la modalidad “ad honorem”, es decir, sin percepción de remuneración por el desempeño de sus funciones.
A pesar de que la renuncia del ex titular de la ANSV fue ratificada este viernes, lo cierto es que el abogado anunció el 11 de septiembre que no podría asumir el cargo que le fue encomendado. Su dimisión no solo causó sorpresa al darse a conocer horas después de que fuera nombrado en el Boletín Oficial, sino que el ex funcionario lo hizo público a través de una publicación en LinkedIn.
“Debido a problemas de incompatibilidad con respecto a la consultoría externa, actualmente no puedo asumir el cargo de Director Ejecutivo de la ANSV. Gracias por todos sus buenos deseos”, explicó Dapena Fernández en su comunidad laboral. Esta cita es solo una traducción del mensaje original, publicado en inglés.
Previo a esto, se suponía que el abogado iba a ser quien ocupara la vacante que dejó libre Pedro Scarpinelli, quien fuera el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial entre el 11 de junio de 2024 -día que fue designado- y el 7 de julio, cuando el organismo había sido disuelto por disposición del Poder Ejecutivo.
Además de la ANSV, la medida había incluido el cierre y reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Según explicaron las autoridades, la decisión estuvo fundamentada por las causas de corrupción, en las que se habrían visto envueltos los organismos durante el kirchnerismo.
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“Es un acta de defunción a la corrupción de la Obra Pública y la firmó el presidente de la Nación”, apuntó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa que dio el mismo 7 de julio. Asimismo, resaltó que “hubo contratos públicos amañados, abandono de obras y ampliación injustificada de plazos”.
Sin embargo, estos cambios quedaron sin efecto al haber sido rechazados por el Congreso de la Nación a mediados de agosto. Durante el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que abarcaba la medida, el senador radical Pablo Blanco criticó la decisión de eliminar los entes y la reasignación de sus funciones “para volverlos inservibles”.
“El Gobierno toma una medida que es como si apareciera un enfermo de cáncer y, para no gastar el dinero, le pega un tiro y lo mata. Entonces, se acabó el enfermo y se acabó el problema“, apuntó el fueguino. Finalmente, la norma fue rechazada por 50 de los miembros de la Cámara Alta. Solo diez de ellos apoyaron al oficialismo y un restante se abstuvo a definir su postura.
Por este motivo, el Gobierno se vio obligado a restablecer los organismos y, con ellos, reelegir a los funcionarios que estarían al mando. De esta manera, Federico Suleta asumió la dirección de la JST; Marcelo Campoy recuperó su puesto en la DNV; y Carlos Fugoni fue elegido para dirigir la CNRT.
POLITICA
Patricia Bullrich habló sobre una supuesta desaparición de Lázaro Báez: “Fue trasladado en regla de un penal a otro”
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue consultada sobre la supuesta desaparición de Lázaro Báez, que en las últimas horas fue trasladado por orden de la Justicia desde la Unidad Penitenciara N°15 de Río Gallegos hasta la cárcel de Ezeiza luego de que se le negara la prisión domiciliaria solicitada por las delicadas condiciones de salud que atraviesa el empresario que está condenado por corrupción.
Entrevistada en LN+ por Luis Majul, la funcionaria y candidata a senadora, aseguró que las versiones y denuncias sobre la desaparición de Báez eran mentira y que en todo momento sus abogados estuvieron al tanto de la operación, que se concretó este domingo por la mañana.
La denuncia por presunto desconocimiento del paradero de Báez fue realizada por la familia del empresario y difundida en redes sociales por Diego Brancatelli, quien dijo que los abogados no estaban al tanto de la situación. La ministra de Seguridad dio otra versión de los hechos.
“La Justicia le ordenó al Servicio Penitenciario el traslado de Lázaro al CP1, la cárcel de Ezeiza. Por una cuestión determinada, que la pista no estaba en condiciones, una parte del trayecto se hizo en un auto especial y la otra en avión. El abogado fue avisado”, explicó Bullrich y precisó: “Fue trasladado en regla de un penal a otro. Y ante las denuncias, esperamos -antes de desmentir- para demostrar que siempre están generando mentiras”.
La decisión de su regreso a Ezeiza la tomó el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, que rechazó en la semana la acción de hábeas corpus presentada por la defensa de Báez. El magistrado consideró que las actuales condiciones de detención no agravaron su estado de salud, aunque solicitó que le realicen los estudios cardiológicos solicitados en hospitales locales y dispuso el traslado a Buenos Aires en función de su cuadro general.
Noticia en desarrollo.
orden de la Justicia,Patricia Bullrich,,Conforme a,Patricia Bullrich,,“Fresca como una lechuga”. La noche de Mirtha: del espectacular look de la Chiqui al consejo para mantenerse vital,,“Gastó US$5000 millones». Bullrich apuntó contra Massa por usar parte del swap con China «para tratar de ganar las elecciones”,,Swap. Qué dijo Bullrich sobre el apoyo económico de Estados Unidos a la Argentina
POLITICA
Chubut: rematarán autos y casas incautados en casos de corrupción y narcotráfico para financiar obras
Autos de lujo, maquinaria pesada y propiedades que fueron parte de causas por corrupción y narcotráfico en Chubut tendrán un nuevo destino: el Estado provincial los rematará para invertir en obra pública. La iniciativa, impulsada por el gobernador Ignacio Torres, marca la primera aplicación concreta de la Ley de Extinción de Dominio sancionada en 2024.
El mandatario presentó en Comodoro Rivadavia el primer lote de bienes recuperados, valuado en más de 400 millones de pesos. Entre ellos hay autos y camionetas de alta gama, maquinaria vial y viviendas. El dinero que se obtenga de la subasta será destinado a financiar obras pluviales en esa ciudad.
El gobernador explicó que este es “el primero de muchos remates” que se realizarán en los próximos meses. “Los bienes que alguna vez fueron símbolo del delito y la impunidad ahora se transforman en herramientas de trabajo y esperanza”, señaló.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo chubutense para reforzar la transparencia institucional y recuperar la confianza en el Estado. “Queremos devolverle a la sociedad lo que durante años unos pocos se robaron”, remarcó Torres, que también anticipó que los futuros remates incluirán propiedades rurales y embarcaciones vinculadas a causas judiciales.
La Ley de Extinción de Dominio permite al Estado avanzar sobre los bienes obtenidos de manera ilícita incluso antes de que haya una condena firme, siempre que se demuestre su vínculo con delitos como el narcotráfico, la corrupción o el lavado de dinero.
Chubut
POLITICA
Elecciones: Fuerza Patria impugnará la forma en que se presentarán los resultados del escrutinio provisorio
Los apoderados de Fuerza Patria presentarán este lunes una impugnación ante la Cámara Nacional Electoral y en los 24 juzgados federales con competencia electoral para exigir cambios en la forma de presentar los resultados provisorios de la elección legislativa de este domingo.
El reclamo radica en que, durante el simulacro de escrutinio que se hizo este sábado, por primera vez se unificó el resultado por alianzas políticas en vez de mostrar los datos por provincias.
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Si se quiere imponer ese criterio, para el peronismo hay dos problemas. Uno es que, a diferencia de las elecciones presidenciales en las que en todo el país se eligen los mismos candidatos para liderar el Poder Ejecutivo, en las elecciones de medio término cada provincia vota qué diputados y qué senadores (en caso de que corresponda a ese año) serán sus representantes en el Congreso, por lo que sumar esos votos ya es muy complejo. Sin embargo, es algo que se suele hacer, pero nunca de forma oficial.
“Están sumando los frentes que se llaman iguales, pero en el país hay 24 juntas electorales. Esta no es una elección presidencial nacional, es una elección provincial. Lo importante es cómo queda el Congreso a partir del 10 de diciembre, cuántas bancas consigue cada partido”, dijeron desde Fuerza Patria a TN.
Sumado a eso, la única alianza que se presentó bajo el mismo sello en todo el país es La Libertad Avanza, por lo que sumaría los votos de los 24 distritos, mientras que el peronismo integra diferentes frentes, con el de Fuerza Patria como el más importante por ser el nombre de la lista en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires.
En el PJ temen que esa diferencia se traduzca en una imagen tergiversada del resultado real, incluso si las fuerzas provinciales vinculadas a Fuerza Patria obtienen buenos resultados en sus distritos. Creen que el Gobierno busca proyectar una imagen de triunfo nacional y dejar para el peronismo una lectura fragmentada que pueda interpretarse como derrota. “Buscan mostrar un resultado para el mercado”, aseguraron.
La disputa por la foto del domingo
Fuentes del Gobierno consultadas por este medio señalaron que la Dirección Nacional Electoral “realiza un escrutinio provisorio e informativo, con los criterios que considera que tienen interés” y reconocieron que “el resultado global genera interés, más allá de no tener ningún valor ni implicar nada en sí”.
Ese dato, que se incorpora por primera vez en la información oficial de la DINE como parte de los resultados generales provisorios de la votación, para el peronismo será decisivo en la percepción de ganadores y perdedores.
Por eso, además de la presentación judicial, trabaja en una aplicación propia que unificará los votos del peronismo en todo el país y mostrará resultados globales diferentes a los del recuento oficial, que creen, solo apuntará a mostrar el triunfo del oficialismo como mensaje tranquilizador a los mercados.
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Sucede que, en la práctica, esa decisión dejaría afuera del cómputo global de Fuerza Patria a nueve provincias y podría mostrar una diferencia favorable al oficialismo libertario.
Para contrarrestar esa situación, la aplicación que preparan agruparía a las fuerzas políticas bajo seis categorías: Peronismo, LLA, Izquierda, Provincias Unidas, Frentes Locales y Otros. La intención es mostrar una lectura más completa del mapa electoral y evitar lo que consideran una manipulación de la foto nacional.
“El Gobierno está desesperado por tratar de mostrar una sumatoria nacional, porque es la única forma de presentar un resultado satisfactorio, pero no corresponde y por eso se está haciendo esta presentación. La DINE tiene que mostrar las pantallas de resultados provincia por provincia, como se hizo siempre”, remarcó otro dirigente peronista.
El antecedente de Entre Ríos
Una discusión similar ya tuvo un primer capítulo en la Justicia. La Cámara Electoral falló días atrás a favor del sector del peronismo entrerriano que encabezan Adán Bahl y Guillermo Michel, y habilitó la vinculación del frente Fuerza Entre Ríos con el sello nacional Fuerza Patria. El fallo estableció que el nombre adoptado por la alianza provincial “se encuentra en coherencia con la expresión Fuerza Patria”, un criterio que el espacio busca ahora extender a nivel nacional.
La decisión judicial en Entre Ríos se convirtió en un antecedente clave para el resto de las provincias. En el peronismo lo interpretan como una validación de su reclamo: que todas las expresiones del mismo espacio político sean contabilizadas en conjunto.
En el Gobierno, en cambio, quiere evitar que el peronismo pueda agrupar bajo una misma identidad a sectores que compiten con nombres distintos.
El PJ no es la única fuerza política que hará esta presentación. Según pudo saber este medio, otros partidos políticos también harán una impugnación similar.
Reclamo por transparencia y responsabilidades
En el escrito que se presentará ante la Cámara Electoral, los apoderados podrían solicitar conocer el detalle de los mecanismos de difusión (apps, URL y API) que se usarán para la difusión de resultados y los criterios que se utilizarán en términos de representación territorial de cada uno de los 24 distritos electorales, el horario y procedimiento de difusión.
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El reclamo incluiría también la situación de la Dirección de Innovación y Tecnología Electoral, un área clave de la DINE que se encuentra vacante. Por eso, quieren que se precise qué funcionario ejerce la dirección operativa y qué protocolos de auditoría se aplicarán durante la transmisión y el recuento de los votos.
Fuerza Patria también reclamará el detalle de la contratación de CORASA y del convenio con el Correo Argentino, además de la información sobre la cantidad de operadores de digitación y su distribución entre los dos centros de recuento, ubicados en Barracas y Monte Grande.
Elecciones 2025, Direccion Nacional Electoral, Cámara Nacional Electoral, fuerza patria
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