INTERNACIONAL
Qué poder militar tiene Venezuela y cómo sería la reacción ante un eventual conflicto armado con EE.UU.
A pocos kilómetros de las costas venezolanas, tres destructores estadounidenses, fuerzas anfibias, al menos un submarino, aviones de reconocimiento y unos 4500 efectivos amenazan a Venezuela bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. En tierra firme, Nicolas Maduro azuza al nacionalismo, improvisa ejercicios militares y promete presentar batalla.
Los juegos de guerra están desplegados hoy en el Caribe sur. El presidente estadounidense, Donald Trump, no descarta atacar. De hecho, ya reivindicó el hundimiento de tres lanchas que vinculó con organizaciones criminales dedicadas a enviar drogas ilegales a su país. Los muertos, según Washington, suman hasta ahora 14.
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La pregunta no es solo si el mandatario republicano atacará Venezuela o algún blanco chavista como el propio gobernante, por el que el Pentágono ofrece una recompensa de 50 millones de dólares. La duda es qué poder militar tiene en realidad el país caribeño para enfrentar un hipotético conflicto armado.
Andrés Izarra, uno de los ideólogos de la comunicación del gobierno del fallecido Hugo Chávez, de quien fue su ministro de Información, dijo que “las Fuerzas Armadas venezolanas no tiene ninguna capacidad de enfrentar la fuerza real que los gringos tienen desplegada en el Caribe».
En entrevista con TN desde Madrid, donde está exiliado, el exministro de Turismo de Maduro descartó de plano una invasión terrestre. “Si alguna acción se llegara a dar, va a ser desde la distancia, desde el mar. Y contra ese tipo de acciones, las Fuerzas Armadas no tienen ningún tipo de defensa. Para nada”, afirmó.
Cuál es el poderío real que tienen las Fuerzas Armadas de Venezuela
El analista internacional Andrei Serbin, titular de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), dijo a TN que la información sobre el poderío militar y la cantidad de efectivos es difícil de precisar porque no hay información oficial transparente.
El último informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) fijó la cifra de efectivos en 123.000 soldados, 220.000 milicianos y 8000 reservistas. Tras el despliegue de la flota estadounidense, Maduro ordenó un reclutamiento masivo de voluntarios y dijo que Venezuela cuenta ahora con más de 8 millones de milicianos y reservistas. La cifra equivale a un tercio de la población. Pero muy pocos lo creen.
Dos milicianas venezolanas descansan durante un desfile en Caracas (Foto: EFE)
“La reserva está integrada dentro de la milicia bolivariana. La milicia bolivariana tiene mucho elemento de propaganda, con números completamente exagerados ofrecidos por el gobierno, aunque también hay unidades de milicia que son cuadros que tendrían experiencia militar y una capacidad real en el caso de una movilización”, dijo Serbin.
La milicia es el quinto componente de la Fuerza Armada, junto al Ejército, la Marina, la Aviación y la Guardia Nacional.
Según el analista, “el problema principal es que Venezuela carece completamente de una capacidad logística para sostener operaciones en un conflicto armado”. Además, “muchos de sus sistemas en teoría parecen muy buenos y muy capaces, pero la operatividad y la disponibilidad de esos medios es muy baja”, precisó.
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Un informe reciente de AFP reveló que las fuerzas militares venezolanas poseen cazas rusos, drones iraníes, tanques franceses y un viejo submarino alemán.
La mayoría de esos activos, según el reporte, fueron adquiridos entre 2006 y 2011, durante el período de bonanza petrolera del chavismo. Así, Venezuela compró a Rusia equipos por más de 11.000 millones de dólares, que incluyeron 23 aviones de combate Sukhoi 30MKV, ocho helicópteros Mi17, 12 plataformas de radares y misiles antiaéreos S-300VM y 44 S 125 Pechora. También posee una flota de cazas F16.
En los últimos años, las adquisiciones llegaron desde Irán, con ocho drones Mohajer.
Pero Serbin advirtió que “menos de la mitad de la flota de aviones Sukhoi está disponible y puede ser desplegada en caso de un conflicto. A lo sumo seis de los F16 están en condiciones operativas”.
Nicolás Maduro saluda a la tropa en una movilización militar (Foto: AFP)
“Los sistemas de defensa antiaéreos son muchísimos, pero en el caso de los más importantes, como los S300 que operan desde (la base aérea militar) El Sombrero, es cuestionable su actual condición de operatividad. Además, hay tres unidades de buques en las cercanías de Caracas, más 11 de Pechora en diferentes puntos del país, que de por sí serían limitados en su capacidad de acción contra algún tipo de ofensiva militar del gobierno norteamericano”, alertó.
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Para Serbin, “los medios blindados de artillería terrestre son bastante irrelevantes para lo que es un conflicto convencional con los Estados Unidos. Es muy difícil ver que Venezuela logre algún tipo de respuesta militar cohesionada y efectiva ante una operación militar norteamericana”.
El informe de AFP reveló que Venezuela cuenta con 15 cazas F16 A estadounidenses, 173 tanques AMX 13 franceses, 78 tanques ligeros británicos Scorpion-90 y un submarino SSK Sábalo alemán de 1973. También tiene dos fragatas italianas, una de ellas inoperativa; nueve patrulleros costeros, tres naves de desembarco para 12 tanques y 200 hombres, y 25 lanchas artilladas.
Qué pasa con los recursos humanos
Izarra, que salió de Venezuela en 2015 tras romper con Maduro, dijo que “el gran tema” de las Fuerzas Armadas “es el recurso humano”.
“De 100 plazas disponibles en una unidad están llenas 40. Ese drama se vive en todas las unidades militares. Son 9 millones de venezolanos los que han huido del manejo madurista de la economía y de la debacle del país. La Fuerza Armada sufre lo mismo que el país entero. Entonces esa es la situación más grave”, opinó.
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La crisis golpeó a las Fuerzas Armadas. De hecho, el gasto militar cayó a 3917 millones de dólares en 2023, frente a 4600 millones en 2022, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz (SIPRI). El récord se alcanzó en 2013 con 6200 millones.
A esta compleja situación se suman los embargos de armas que mantienen la Unión Europea y Estados Unidos sobre el país.
Una mujer participa en ejercicios militares en el Fuerte Paramacay en la ciudad de Valencia, oeste de Caracas (Foto: EFE)
¿Qué pasará en la cúpula militar venezolana frente a un eventual ataque estadounidense?
Izarra dijo que no está planteada ninguna invasión en el escenario. “Lo que los gringos están haciendo en el Caribe es una política performativa, como suele hacer Trump, para influir en la mesa de negociación y obligar a Maduro a que negocie su salida. Eso es todo lo que ellos están haciendo”, indicó.
“Por ahora son solo los pobres los que han recibido los dronazos. Si eso se traduce en que la nomenclatura reciba un dronazo es otro tema. Todavía no lo veo. Todo esto tiene como finalidad ponerlos a negociar con una pistola en la sien”, opinó.
Para Serbin, Estados Unidos apuesta a “generar tensiones internas dentro de la coalición gobernante, con la idea de que la presión o amenaza de operaciones cinéticas en su contra logre generar esos quiebres y fuerce algún tipo de transición dentro del régimen”.
El plan es que “en primera instancia lo debilite y que quizás en un momento lleve a un colapso de las autoridades actuales en un escenario futuro que no queda del todo claro”, concluyó.
Venezuela, Nicolás Maduro, Donald Trump
Un total de 26 mil sociedades serán disueltas en Panamá este 31 de marzo de 2026, como parte del proceso de depuración del registro corporativo que impulsa el Gobierno.
Esta nueva fase se suma a las 180,346 personas jurídicas ya disueltas, correspondientes al universo del año 2016, en un esfuerzo que busca ordenar la información empresarial, reforzar la trazabilidad de las estructuras legales y fortalecer la transparencia del sistema financiero panameño.
Con esta jornada, el país alcanzará un avance acumulado del 71% en la depuración de ese grupo histórico, lo que convierte esta etapa en una de las más relevantes dentro del proceso de saneamiento corporativo.
La medida no se limita a borrar registros, sino que apunta a eliminar sociedades que permanecían suspendidas, inactivas o con inconsistencias, afectando la calidad de los datos oficiales y debilitando los mecanismos de control institucional.
Una persona jurídica es una entidad creada conforme a la ley, como una sociedad anónima, fundación o empresa, que puede tener derechos y obligaciones propias, distintas a las de sus dueños o representantes.
En la práctica, este tipo de estructura permite firmar contratos, abrir cuentas, declarar impuestos, adquirir bienes y desarrollar actividades económicas. Precisamente por ese peso legal y operativo, el Estado exige que estas entidades mantengan su información actualizada y cumplan con los requisitos establecidos por la normativa panameña.
El problema aparece cuando esas estructuras dejan de operar o incumplen con obligaciones básicas, pero siguen figurando en los registros oficiales. Eso genera un sistema más opaco, menos confiable y más vulnerable al uso indebido de sociedades para fines distintos a los declarados.
Por eso, la depuración busca dejar activo únicamente el universo de entidades que realmente cumplen con sus deberes, permitiendo una mejor supervisión, una base de datos más limpia y un entorno corporativo más coherente.
Para avanzar en ese objetivo, el gobierno implementó mejoras en las plataformas tecnológicas que conectan al Registro Público, la Superintendencia de Sujetos No Financieros y la Dirección General de Ingresos.
Entre los cambios figura la incorporación de un identificador único de persona jurídica y la conformación del Registro Único de Contribuyentes (RUC) a partir de los datos registrales, lo que permite una verificación cruzada de la información y fortalece la confiabilidad del sistema.
Ese cruce automático de datos tiene un valor práctico importante. Permite detectar duplicidades, inconsistencias y errores en los registros, pero también mejora la capacidad del Estado para rastrear el estatus real de cada sociedad.
En otras palabras, ya no se trata solo de revisar expedientes de forma aislada, sino de tener un ecosistema institucional donde las entidades puedan validar información entre sí y actuar con más rapidez frente a irregularidades.
Las autoridades también han advertido que la depuración no termina con esta fase. De manera adicional, ya se encuentra en curso el análisis de las personas jurídicas correspondientes al período 2017–2025, y como parte de ese proceso se prevé que al 30 de abril de 2026 se realice la disolución de aproximadamente 100 mil sociedades ya homologadas, dentro de una etapa previamente planificada y ejecutada de forma ordenada.
Como parte de la estrategia de transparencia, el Registro Público habilitó en su portal institucional un espacio con listados descargables en Excel de personas jurídicas candidatas a disolución y de sociedades que serán disueltas. egistro
Además, el sitio incluye información para corregir inconsistencias en el RUC, resolver duplicidades y comprender las implicaciones de una suspensión o una disolución. Con eso, las autoridades buscan que los propios contribuyentes revisen el estado de sus sociedades antes de que avancen las próximas etapas.
En paralelo, la DGI recordó que toda persona jurídica debe mantener un único RUC activo. Si existen duplicidades u otras inconsistencias, el trámite debe hacerse de forma presencial en la sección correspondiente de la sede central, con documentos como poder notariado, memorial de solicitud, copia de identificación del representante legal y certificación vigente del Registro Público o copia del pacto social.
Las autoridades también exhortaron a verificar si la persona jurídica presenta otras causales de suspensión en el Registro Público, como problemas con el agente residente, los registros contables, los beneficiarios finales o el incumplimiento de otras leyes. Si esas observaciones siguen activas, la sociedad puede ser objeto de disolución en próximas fases.
La importancia de este proceso va más allá del papeleo. Panamá lleva años bajo presión internacional para demostrar que su sistema corporativo cuenta con controles reales y que no sirve como refugio para estructuras opacas.
Por eso, depurar sociedades suspendidas, homologar datos y mejorar la interoperabilidad institucional no es un ejercicio decorativo: es una pieza clave en la estrategia del país para mejorar su posición ante evaluaciones técnicas internacionales y avanzar hacia la salida de listas fiscales.
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House Republicans’ gambit to end the ongoing Department of Homeland Security shutdown survived a critical hurdle on Friday evening, teeing up a chamber-wide vote that will put the chamber on a collision course with the Senate.
The House Rules Committee advanced a two-month DHS stopgap measure after House GOP leadership vigorously rejected a Senate-passed deal earlier on Friday with House Speaker Mike Johnson, R-La., dubbing the funding bill a «joke.» President Donald Trump also criticized the Senate bill in an interview with Fox News.
The Senate deal provided full-year appropriations for DHS minus funding for Immigration and Customs Enforcement (ICE), halting roughly $5.5 billion for the agency. It also largely nixed funds for U.S. Customs and Border Protection (CBP), save for just over $11 billion for operations and support.
«The Senate’s proposal is nothing more than unconditional surrender masquerading as a solution, and the House will not bend itself into submission by acquiescing,» House Rules Committee Chairwoman Rep. Virginia Foxx, R-N.C., said Friday.
Chairwoman Rep. Virginia Foxx, R-N.C., arrives for the House Rules Committee hearing in the Capitol on Wednesday, April 9, 2025. (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)
DHS SHUTDOWN BREAKTHROUGH COMES AT COST FOR REPUBLICANS AS FUNDING FIGHTS NEARS END
House Republicans are expected to have the votes to pass the 60-day CR in a chamber-wide vote, though Johnson will be able to spare just one GOP defection in a party-line scenario. A vote on final passage could occur as early as Friday evening.
House Democrats are expected to line up against the short-term funding patch, citing their opposition to funding Trump’s immigration enforcement efforts absent myriad reforms. House Minority Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y., is also pinning the blame on House Republicans for prolonging the 42-day government shutdown.
«This could end and should end today,» Jeffries said Friday. «There is a bipartisan bill that has been sent over from the Senate that would reopen the non-controversial parts of the Department of Homeland Security, make sure TSA agents are paid and end the chaos at airports throughout the nation.»
Any CR from the House stands no chance of surviving in the Senate, given that Senate Democrats blocked numerous attempts by Republicans throughout the shutdown to pass short-term, two-week extensions.
Lawmakers in the upper chamber have also left Washington, D.C., with some going abroad on congressional delegations.
Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., immediately came out against Johnson’s plan and said that Democrats and Republicans reached unanimous agreement to advance the DHS funding bill while carving out immigration enforcement funding.
House Speaker Mike Johnson, Representative Lisa McClain, and Representative Steve Scalise, left to right, during a news conference at the U.S. Capitol in Washington, DC, US, on Thursday, Oct. 16, 2025. (Al Drago/Bloomberg via Getty Images)
‘SHIP HAS SAILED’: THIS IS WHAT DEMS WON’T GET IN DHS DEAL AFTER SHUNNING GOP
«A 60-day CR that locks in the status-quo is dead on arrival in the Senate, and Republicans know it,» Schumer said.
And a GOP aide told Fox News Digital that «the easiest way to end this shutdown is for the House to pass the Senate-passed bill.»
«We know the Democrats are not going to support a CR, in fact the Senate tried to pass CRs for the last 40 days and Dems have blocked Every. Single. One,» they said.
When asked about its uncertain prospects in the Senate, House GOP leadership Conference Chair Lisa McClain, R-Mich., told Fox News Digital that she hoped the upper chamber returned to Washington next week.
«I will tell you what can’t pass is what is what the Senate sent us at three in the morning,» McClain said. «We will not go back to the Biden administration, where we had wide open borders.»
Senate Republicans are already determined to front-load funding for ICE and CBP for the next several years in a new budget reconciliation bill, just as they did last year when Congress passed President Donald Trump’s «big, beautiful bill.»
Senate Majority Leader John Thune, R-S.D., didn’t believe that Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., nor House Minority Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y., would be honest brokers in the upcoming DHS negotiations. (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)
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However, McClain insisted Friday that funding for ICE and Border Patrol must be handled through the appropriations process, rather than receiving additional money through another party-line megabill.
«Border deserves a guarantee. I’m not willing to roll the dice on ‘Oh, let’s try and do it in reconciliation.’ No. Let’s do what the American people sent us here in the ‘24 election to do, and that’s make sure our people are safe and our borders remain closed.»
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Panamá anunció que Venezuela aprobó la extradición del principal sospechoso del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, un paso que reactiva, fortalece y acelera un proceso judicial que llevaba más de tres décadas en espera.
La decisión permite que el requerido enfrente a la justicia panameña, luego de que las autoridades confirmaran que el procedimiento avanzó por los canales diplomáticos establecidos entre ambos países.
Este hecho marca un punto de inflexión en una investigación que ha sido compleja, prolongada y seguida de cerca por familiares de las víctimas y gobiernos involucrados.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la solicitud de extradición fue formalmente presentada por Panamá en enero de 2026 y posteriormente evaluada por las autoridades venezolanas, que finalmente dieron su aprobación.
El sospechoso, identificado como Ali Zaki Hage Jalil, había sido detenido previamente en Venezuela tras una alerta internacional emitida por Panamá. Su condición de nacional colombiano por nacimiento y venezolano por naturalización generó obstáculos jurídicos, debido a las limitaciones legales que existen en ese país para extraditar a sus ciudadanos, lo que hizo más delicado y prolongado el proceso.
El atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas ocurrió el 19 de julio de 1994, cuando una bomba explotó a bordo de la aeronave poco después de despegar desde el aeropuerto France Field, en la provincia de Colón.
La explosión provocó que el avión se desintegrara en pleno vuelo y cayera en una zona selvática, causando la muerte de 21 personas, entre ellas 3 tripulantes y 18 pasajeros. Entre las víctimas se encontraban ciudadanos panameños, estadounidenses y comerciantes de origen hebreo que se trasladaban desde la Zona Libre de Colón hacia la ciudad de Panamá.
Las investigaciones posteriores determinaron que el explosivo fue introducido en el avión dentro de un radio portátil, presuntamente manipulado mediante un mecanismo remoto.
El individuo que portaba el artefacto fue identificado como Ali Hawa Jamal, quien también falleció en la explosión y fue señalado como el autor material del atentado.
De acuerdo con las pesquisas, este hombre había viajado múltiples veces entre Colón y Panamá en los días previos al ataque, utilizando identidades falsas y sin dejar rastro claro de su historial personal, lo que complicó su identificación.
Con el paso de los años, la investigación fue reabierta en 2017 por la Fiscalía Superior de Descarga de Homicidio, tras recibir nueva información proporcionada por el Estado de Israel.
En ese momento el caso fue reclasificado bajo la figura de terrorismo y considerado un delito de lesa humanidad, lo que permitió su reactivación pese al tiempo transcurrido. Esta decisión permitió profundizar en nuevas líneas investigativas y establecer la posible participación de otros individuos vinculados al ataque.
Las autoridades panameñas, con el apoyo del FBI y organismos internacionales, lograron identificar la posible participación de un segundo sospechoso de origen libanés, nacido en Colombia, quien habría tenido vínculos directos con el grupo Hezbolá.
Según la información recopilada, este individuo habría mantenido comunicación con el autor material del atentado y podría haber estado involucrado en la planificación y ejecución logística del ataque.
Además, se estableció una posible conexión con el atentado ocurrido un día antes en Argentina contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos.
La Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos concluyó que Hezbolá fue responsable del atentado contra el vuelo 901, lo que reforzó la hipótesis de que el ataque formaba parte de una operación internacional coordinada.
En ese contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos activó el programa Recompensas para la Justicia, ofreciendo hasta $5 millones por información que condujera al arresto o condena de los responsables. Esta medida buscó incentivar la colaboración internacional y acelerar el avance del caso.
A lo largo de los años, el proceso ha contado con la participación de múltiples instituciones, incluyendo la Dirección de Investigación Judicial, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y unidades especializadas de la Policía Nacional.
Incluso se han realizado inspecciones recientes en el área donde ocurrió el siniestro, en Cerro San Rita, con el objetivo de reconstruir los hechos y recabar testimonios. Uno de los testigos recordó haber escuchado la explosión y ver los restos caer desde el cielo, una escena que evidencia la magnitud del impacto del atentado.
En medio de este contexto, familiares de las víctimas agrupados en el Comité Conciencia Viva han reiterado su respaldo a las gestiones del Gobierno panameño y han señalado que este avance representa un momento crucial en la búsqueda de justicia.
En un comunicado, destacaron que la extradición del sospechoso constituye un paso significativo para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, luego de más de 30 años de espera. Además, subrayaron que este proceso no solo honra la memoria de las víctimas, sino que también fortalece los principios de justicia y respeto a la vida.
Las familias agrupadas en el Comité Conciencia Viva señalaron que el avance en la extradición no solo representa un logro judicial, sino también un reconocimiento a una lucha sostenida por décadas para evitar que el caso quedara en la impunidad.
Indicaron que este paso devuelve credibilidad a las instituciones y abre la posibilidad de esclarecer responsabilidades tanto materiales como intelectuales. Asimismo, enfatizaron que el proceso debe mantenerse con transparencia y firmeza, hasta alcanzar una resolución completa que honre la memoria de las víctimas y establezca un precedente claro frente a actos de terrorismo.
El avance en la extradición abre ahora una nueva fase en el proceso judicial, enfocada en la coordinación para el traslado, la presentación de cargos y la eventual judicialización del caso en Panamá.
Las autoridades han reiterado su compromiso de continuar trabajando hasta lograr el esclarecimiento total de los hechos y la sanción de los responsables. Para las familias afectadas, este paso representa una oportunidad real de cerrar un capítulo marcado por la incertidumbre, el dolor y la exigencia constante de justicia.
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