En el bando de los que consideran que el dólar sub $1.400 es nocivo para la economía se esgrime un argumento clásico: con ese nivel de tipo de cambio, los productores agrícolas otra vez se refugiarán en las silobolsas y retendrán su producción, por más que el gobierno les haya atenuado las retenciones a la exportación.

Es un tema que se discute con acaloramiento entre los empresarios del agro, que siguen quejándose de los reducidos márgenes de rentabilidad, y que ya están previendo que cuando llegue el momento de la cosecha de soja, tendrán precios más bajos incluso que los del año pasado.

A primera vista parece extraño ese escepticismo, dado que en este momento el precio del mercado internacional está viviendo un repunte, con la tonelada a u$s421 en las pantallas del Chicago Board of Trade, después de haber tocado mínimos en torno de u$s350.

Y, además, para el principal producto de exportación argentino rige ahora una retención de 24% -lo cual sigue dejando a los agricultores argentinos en desventaja- pero que implica una notable mejora respecto del 33% que se pagaba hasta hace poco más de un año.

Es por eso que se plantea la cuestión de si la mejora en el precio internacional, sumado a la menor carga de retenciones, podrá compensar el «dólar barato» y convencer a los productores de vender masivamente.

Récord de cosecha, ¿y de exportación?

Es el tema en debate: con una cosecha estimada por la Bolsa de Comercio de Rosario en 48 millones de toneladas -levemente por debajo de los 49,4 millones obtenidos el año pasado-, los economistas afines al gobierno se entusiasman con el potencial de exportación del campo. Si se considera, además, la excelente campaña de maíz y trigo, podría llegarse a un total de 140 millones de toneladas, lo que la convertiría en récord histórico.

Esa expectativa va de la mano con una proyección de mayor acumulación de reservas en el Banco Central, que en lo que va del año ya superó los u$s2.500 millones comprados en el mercado cambiario.

El influyente consultor Salvador Di Stefano apunta que «podría representar una liquidación de granos de u$s40.000 millones, algo muy similar al récord de liquidaciones que ocurrió en el año 2022 cuando se liquidarán u$s40.438 millones». Y compara contra la exportación agrícola de u$s31.337 millones del año pasado, lo cual lo lleva a sostener el argumento de que el tipo de cambio no sólo no está atrasado, sino que tiene chances de caer aun más.

Claro que esa opinión está lejos de generar consenso: hay productores que no sólo tienen desconfianza en el esquema cambiario del gobierno, sino que tampoco creen que los actuales precios de la soja sean sostenibles, y prevén una brusca caída en el corto plazo.

Bajos incentivos para la venta

De hecho, hasta la polémica sobre Fate terminó exacerbando el debate, porque desde el gobierno, como argumento defensivo, destacaron que durante el peronismo se cobraban retenciones a la exportación industrial. Es decir, una afirmación que lleva implícito el concepto de que no tiene sentido gravar la exportación de la industria pero sí la del campo.

Eso llevó a un contrapunto entre Felipe Núñez -uno de los principales funcionarios en el equipo del ministro Toto Caputo- y Santiago del Solar, un productor rural que, durante la gestión macrista, ocupó la jefatura de gabinete en el ministerio de Agricultura. Del Solar sostiene que se debería tener un esquema de rebajas de retenciones, que permitan al productor una planificación de largo plazo. «Nadie invierte más si no hay un cambio de expectativas», sostuvo el ex funcionario.

Lo cierto es que abundan las advertencias de empresarios agrícolas que se quejan sobre la «inviabilidad» del negocio por la combinación de retenciones y, además, un tipo de cambio en baja. Algunos productores manifiestan su temor de que la tonelada de soja en el mercado local caiga debajo del nivel de $300.000.

Actualmente, los precios del mercado de Rosario marcan $456.000, aunque con tendencia a la baja. Y en los contratos a futuros de A3, hay posturas por $320.000 para los próximos meses.

Super cosecha de soja en el mundo

¿A qué se debe atribuir ese escepticismo sobre los precios? Para empezar, al escenario internacional. La especulación sobre el acuerdo entre China y Estados Unidos, sumada a la decisión de la Corte Suprema que rechazó las subas arancelarias de Donald Trump llevaron a una reacción del mercado. Así, los fondos de inversión que intervienen en los mercados de futuros compraron 15 millones de toneladas en pocos días, con lo cual se presionó la cotización al alza.

Pero, más allá de la especulación política, los «fundamentals» del negocio siguen mostrando una vigorosa oferta que supera a la demanda.

Brasil tuvo una cosecha mejor a la esperada, con más superficie sembrada y mejores rindes. Hablando en cifras, se espera que la oferta de soja brasileña llegue a 180 millones de toneladas. Esto se agrega al dato de que Estados Unidos -según la estimación del Departamento de Agricultura- llegará a 121 millones de toneladas de soja, un volumen 4,4% superior a la última cosecha.

En otras palabras, la percepción generalizada es que la reciente suba en las cotizaciones obedece a especulaciones geopolíticas más que a razones de mercado, por lo que será difícil el sostenimiento de los precios actuales.

Precio versus tipo de cambio

Pero además, claro, está el factor argentino. Los productores, como el resto de los argentinos, asisten diariamente al debate entre quienes creen que habrá «una lluvia de dólares» que hará que la apreciación del peso sea la «nueva normalidad» y los que, por el contrario, creen que hay una distorsión cambiaria generada por los controles cambiarios y la ola de emisiones de deuda corporativa.

De manera que, como siempre, dependiendo de cuál sea la expectativa devaluatoria, los productores se apurarán a vender o esperarán con su stock en los silobolsas.

Hoy, los sojeros reciben $456.000 por tonelada, lo cual equivale a u$s332 considerando el tipo de cambio oficial, pero de u$s320 si se toma el mercado «contado con liquidación», que es el que está realmente disponible para el agricultor en caso de querer redolarizar su ingreso.

En definitiva, lo que le queda en el bolsillo al productor es un 76% del precio internacional, que es el que reciben los productores brasileños, paraguayos y uruguayos. Podría argumentarse que no es una mala cifra, dado que durante los regímenes de incentivo exportador que implementaba Sergio Massa se obtenía apenas un 50% del precio internacional, pero los productores igual se muestran cautelosos.

A esta altura del año, solamente hay ventas anotadas por unas 5,2 millones de toneladas, un 11% del volumen de la cosecha proyectada, y esto ocurre a pesar de que el precio para los contratos de futuros se ubican unos u$s20 por encima de los de hace un año.

Para quienes crean que es inevitable una caída en las cotizaciones, podría ser un momento ideal para asegurarse el precio y ya anotar ventas a futuro. Pero la contracara de esa decisión es la expectativa sobre el tipo de cambio: mientras más atrasado esté el dólar, peor será el precio del mercado interno.

En síntesis, contra el optimismo del gobierno, que espera una lluvia de divisas producto de la exportación agrícola, en el campo las opiniones están mucho más divididas, y volvió la clásica especulación respecto de si es mejor adoptar una actitud conservadora y esperar a una corrección devaluatoria o un nuevo «tax holiday» como el que implementó Caputo el año pasado ante la sequía de dólares.

En Infobae en vivo, el economista Gustavo Lazzari alertó sobre las consecuencias del desfasaje entre el crecimiento económico y la destrucción de empleo privado registrado en la Argentina. “Esta caída de empleo privado registrado está compensada en buena parte por el incremento del monotributo”, enfatizó Lazzari, al analizar datos recientes junto a Matías Barbería.

En diálogo con el staff de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Lazzari aportó su mirada crítica sobre la dinámica del mercado laboral y el impacto de la estructura impositiva: “El 66% de una casa son impuestos. Así que no hablemos de crisis en la construcción, hay crisis en los impuestos, olvidate”.

Barbería abrió el debate señalando la paradoja de los últimos años: “Estamos en crecimiento económico, se estima que es un 4% lo que creció el PBI el año pasado… pero en ese período se perdieron unos 192 mil cuatrocientos puestos, según datos del SIPA”. Al desglosar los sectores, indicó que el agro se expandió un 40,5% pero generó apenas nueve mil nuevos puestos, mientras que otros rubros como finanzas y minería crecieron en actividad pero destruyeron empleo registrado.

Lazzari explicó: “Crece la economía en algunos sectores que no son altos generadores de empleo y están en fuerte ajuste”. Al detallar el fenómeno en minería, sostuvo: “Lo que está pasando en minería es que son inversiones de muy largo plazo… el crecimiento del empleo que se espera no va a ser inmediato, hay un delay ahí”. Sobre la construcción, Barbería subrayó que es el sector con mayor contracción, con una caída del 14,5% y una destrucción significativa de puestos.

El economista remarcó que buena parte del empleo que generan sectores como minería es indirecto: “Es el hotel, es el catering, es el movimiento. Lo vas a ver más adelante en servicios, lo vas a ver más adelante en gastronomía”. Y advirtió: “La construcción todavía no termina de levantar. Hay todo un tema de precios relativos, que la Argentina está desacoplada”.

En el centro del debate apareció el monotributo como amortiguador de la caída del empleo registrado. “No maten al monotributo con esta estupidez que quiere hacer el ARCA de controlar cuentas bancarias y billeteras virtuales… el monotributo es la reforma laboral de facto”, enfatizó Lazzari, alertando sobre los controles cruzados entre ingresos bancarios y límites de facturación.

En el intercambio con Malena de los Ríos y Gonzalo Aziz, Lazzari detalló: “Hay mucho movimiento de billeteras virtuales que no son facturaciones. Che, Lacha, dale, préstame 40 lucas, que tengo que tomar un taxi. ¿A vos te entra y le tenés que decir a la AFIP: ‘No, campeón, me la prestó Lacha’?”. El economista denunció que los sistemas de control fiscal no distinguen entre ingresos reales y movimientos cotidianos, lo que complica la vida de los pequeños emprendedores: “Están llevando el negro. Esto es un llamado a la informalidad”.

La presión fiscal y la vigilancia sobre los movimientos digitales fueron otro eje del análisis: “Primero, le quitás la función de internalizar plata en el sistema que tienen las billeteras… estás matando a los pequeños y medianos monotributistas que están arrancando en la formalidad. Cuando la AFIP dice: ‘Quiero revisar las cuentas’, pará, campeón, no me podés romper la clientela, porque el tipo, ¿sabés qué va a pasar? Lo van a hacer con cuentas de afuera y lo van a hacer en grone”.

Lazzari llevó el debate a una crítica estructural al sistema impositivo argentino. “Hay 2.200 municipios y 24 provincias, es un ejército de ocupación. Si en cada uno hay cinco tipos buscando bases imponibles, vos tenés 10 mil personas que están pensando todo el día cómo joder al sector privado. Y esto es real”, denunció el economista, al relatar casos de tasas municipales y retenciones sobre intereses en cuentas digitales.

En referencia a la retención de ingresos brutos sobre los rendimientos de cuentas de money market, Lazzari ironizó: “Hay una inflación del 2%, 1, 3… Para que no se deteriore el mango, la gente pone la plata en lo que se llama cuentas de money market. ¿Qué descubrió un sátrapa de ingresos brutos? Un delincuente, un inmoral. No lo invites a tu cumpleaños, te afana la torta. ¿Qué descubrió? Ah, hay un ingreso ahí. Hay un pequeño interés… impuesto a ingresos brutos”.

El economista concluyó con una advertencia sobre el mensaje que se transmite a los nuevos emprendedores: “El principal negrero de la Argentina es el Estado nacional, provincial y los sátrapas de los municipios”. Lazzari insistió en que las regulaciones y la presión fiscal desalientan la formalización y empujan a la economía informal: “El tipo, naturalmente, mentalmente, está seteado para un teléfono, no usa efectivo… está seteado para hacer toda su vida en blanco, y el Estado lo negrea”.

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El sistema de transporte público en Argentina mantiene un esquema de subsidios focalizados destinado a aliviar el impacto del costo de movilidad en los sectores más vulnerables. En ese marco, la Tarifa Social Federal continúa vigente en 2026 y permite abonar un 55% menos en el valor del boleto de colectivos y trenes en todas las jurisdicciones donde funciona la tarjeta SUBE.

El beneficio no sufrió modificaciones en su alcance durante el presente ciclo y conserva su carácter automático para quienes ya realizaron el registro y la validación en años anteriores. A diferencia de otros programas que exigen renovaciones periódicas, la Tarifa Social permanece activa mientras el titular mantenga su condición de beneficiario ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En términos prácticos, el impacto es directo en el bolsillo. Si el boleto mínimo de colectivo, por ejemplo, se ubica en $1.000, el usuario alcanzado por la Tarifa Social pagará solo $450 al apoyar la tarjeta en el validador. El descuento se aplica automáticamente al momento de la validación.

Quiénes pueden acceder al descuento en la SUBE

El universo de beneficiarios es amplio e incluye distintas situaciones de vulnerabilidad social, laboral y previsional. Actualmente pueden acceder al descuento del 55%:

• Jubilados y pensionados.
• Personal de trabajo doméstico registrado.
• Veteranos de la Guerra de Malvinas.
• Monotributistas sociales.
• Titulares de prestaciones de ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas (PNC) y las becas Progresar.
• Beneficiarios de programas sociales nacionales, como el Seguro por Desempleo y otros planes de empleo.

La clave es que el titular figure activo en las bases de datos de ANSES bajo alguna de estas categorías. Una vez validada la información, el sistema vincula automáticamente ese estado con la tarjeta SUBE registrada.

Paso a paso: cómo gestionar la Tarifa Social desde cero

Para quienes ingresaron recientemente en alguno de los grupos mencionados o aún no solicitaron el beneficio, el trámite puede realizarse de manera completamente digital.

El primer paso es generar el PIN SUBE, un código numérico de seis dígitos que permite vincular la base de datos de ANSES con el sistema de transporte. Este código se obtiene ingresando al portal Mi ANSES, dentro de la sección «Programas y beneficios».

Una vez generado el PIN, el usuario debe ingresar a la web oficial argentina.gob.ar/SUBE y registrar su tarjeta, o bien asociarla a su perfil si ya estaba cargada. El proceso concluye con la activación del denominado «atributo social», indispensable para que el descuento sea reconocido por los validadores de colectivos y trenes.

La activación puede realizarse de dos maneras:

• Apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS), disponibles en bancos, estaciones de tren y dependencias gubernamentales.
• Utilizando la aplicación oficial SUBE en un teléfono celular con sistema operativo Android y tecnología NFC, seleccionando la opción «Ver saldo» o «Acreditar cargas».

Sin este último paso, el beneficio no se activa, aunque el usuario figure como habilitado en el sistema.

Diferencias con beneficios provinciales y locales

Es importante distinguir la Tarifa Social Federal de otros descuentos que pueden existir a nivel provincial o municipal. Existen programas como el Boleto Estudiantil, pases para personas con discapacidad o beneficios para adultos mayores en determinadas jurisdicciones.

En esos casos, las condiciones de acceso, vigencia y requisitos de renovación dependen exclusivamente de cada autoridad local. A diferencia de la Tarifa Social Federal —que es nacional y automática mientras se mantenga la condición ante ANSES— los beneficios regionales suelen requerir la presentación de documentación anual o semestral.

Por ello, se recomienda consultar periódicamente el estado de los atributos cargados en la tarjeta para evitar interrupciones en los descuentos aplicados.

Además del acceso a la rebaja en el boleto, registrar correctamente la tarjeta SUBE ofrece ventajas adicionales: permite recuperar el saldo en caso de pérdida, robo o rotura, y facilita la gestión de reclamos ante posibles errores de cobro.

En un contexto de aumento de tarifas y presión sobre los ingresos, la Tarifa Social Federal se consolida como una herramienta clave para garantizar el acceso al transporte público a millones de usuarios en todo el país, reduciendo significativamente el costo de traslado diario para los sectores que más lo necesitan.