INTERNACIONAL
Donald Trump impone un pago anual de US$ 100.000 para las visas a profesionales calificados y presenta una nueva «tarjeta dorada»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que impone una nueva cuota anual de 100.000 dólares para las solicitudes de visas H-1B a profesionales altamente cualificados, entre otros cambios al programa para trabajadores extranjeros que ha sido objeto de escrutinio por parte del gobierno.
Además, el decreto crea un programa de residencia con «tarjeta dorada» que costará 1 millón de dólares para individuos y 2 millones en caso de ser patrocinado por una empresa. «Creo que va a ser tremendamente exitoso», dijo Trump a periodistas.
Las visas H-1B tienen como propósito atraer a los mejores y más brillantes extranjeros para trabajos altamente calificados que las empresas tecnológicas no pueden cubrir fácilmente con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes calificados.
Pero el programa se ha convertido en un canal para trabajadores extranjeros que a menudo están dispuestos a trabajar por 60.000 dólares anuales, mucho menos que los salarios de más de 100.000 dólares anuales que típicamente se pagan a los trabajadores tecnológicos en Estados Unidos.
Trump insistió el viernes en que la industria tecnológica no se opondría a la medida. «Creo que estarán muy contentos», afirmó.
La primera dama estadounidense Melania Trump -que de soltera se llamaba Melania Knauss-, recibió una visa de trabajo H-1B en octubre de 1996 para trabajar como modelo. Nació en Eslovenia.
El programa H-1B fue creado en 1990 para personas con un título universitario o superior en campos donde los trabajos se consideran difíciles de llenar, especialmente en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los críticos dicen que permiten a las empresas pagar salarios más bajos con menos protecciones laborales.
Históricamente, estas visas -85.000 por año- se han distribuido a través de un sistema de lotería. Este año, Amazon fue, por mucho, el principal receptor de visas H-1B, con más de 10.000 otorgadas, seguido por Tata Consultancy, Microsoft, Apple y Google. Geográficamente, California tiene el mayor número de trabajadores con visa H-1B, según datos oficiales.
Los críticos dicen que las visas H-1B a menudo van a trabajos de nivel de entrada, en lugar de posiciones sénior con requisitos de habilidades únicas. Y aunque se supone que el programa no debe socavar los salarios ni desplazar a los trabajadores estadounidenses, los críticos dicen que las empresas pueden pagar menos al clasificar los trabajos en los niveles de habilidad más bajos, incluso si los trabajadores específicos contratados tienen más experiencia.
Como resultado, muchas empresas estadounidenses encuentran más barato simplemente subcontratar servicios de soporte técnico, programación y otras tareas básicas a empresas de consultoría como Wipro, Infosys, HCL Technologies y Tata en India, e IBM y Cognizant en Estados Unidos. Estas empresas de consultoría contratan trabajadores extranjeros, a menudo de India, y los subcontratan a empleadores estadounidenses que buscan ahorrar dinero.
Doug Rand, quien se desempeñó como director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) durante el gobierno del demócrata Joe Biden, dijo que esto equivale a un «trastorno de personalidad dividida» para el programa, donde sólo alrededor de la mitad de las visas cada año van a empresas tradicionales que ofrecen empleo a largo plazo y pueden poner a los inmigrantes en un camino hacia la naturalización.
La otra mitad va a empresas de recursos humanos o consultoría, y aunque muchas son empresas establecidas y bien conocidas, otras son operaciones de una sola persona que no existirían sin el programa H1-B.
«Básicamente están entrando en la lotería para poder contratar personas que luego alquilan a otras empresas más grandes que hacen el trabajo real», dijo Rand.
En 2024, las solicitudes para la lotería de visas cayeron casi un 40%, lo que las autoridades dijeron se debió al éxito contra personas que estaban «manipulando el sistema» al presentar múltiples solicitudes, a veces dudosas, para aumentar injustamente las posibilidades de ser seleccionados.
Las grandes empresas tecnológicas que utilizan visas H-1B buscaron cambios después de que los aumentos masivos en las solicitudes dejaran a sus empleados y posibles contrataciones con menos probabilidades de ganar la lotería de visas.
Los críticos dieron la bienvenida al cambio pero dijeron que se necesita hacer más. El sindicato AFL-CIO escribió el año pasado que, aunque los cambios en la lotería «incluyeron algunos pasos en la dirección correcta», no alcanzaron las reformas necesarias.
El sindicato quiere que las visas se otorguen a empresas que paguen los salarios más altos en lugar de por lotería aleatoria, un cambio que Trump buscó durante su primer mandato en la Casa Blanca.
INTERNACIONAL
Panamá cerró 2025 con más de 271 mil funcionarios y una planilla que supera $5,200 millones
Panamá cerró diciembre de 2025 con 271,346 funcionarios públicos, lo que representó un aumento de 4,869 empleados frente a diciembre de 2024 y un alza de 348 funcionarios respecto a noviembre de 2025, según el más reciente informe de la Contraloría General de la República.
En paralelo, el sueldo bruto mensual de la planilla estatal llegó a $458.4 millones, con un incremento de $10.5 millones en un solo mes. El dato retrata con crudeza el tamaño que ha alcanzado el aparato público: más personal, más gasto permanente y menos margen para maniobrar cuando la caja aprieta.
Pero el dato que realmente pesa no es solo el cierre de diciembre, sino el costo total del año. La planilla pública acumuló en 2025 un gasto de $5,245.2 millones, por encima de los $5,177.0 millones de 2024.
Dicho de otra forma: solo en salarios públicos, Panamá desembolsó en un año $2,280.2 millones más que lo que aportó el Canal de Panamá al Tesoro Nacional en el año fiscal 2025, que fue de $2,965 millones.
Incluso supera en $2,051.4 millones la transferencia histórica que el Canal proyecta para la vigencia fiscal 2026, estimada en $3,193.8 millones, y rebasa en $764.2 millones el costo total estimado de la Línea 3 del Metro, calculado en más de $4,481 millones.
El crecimiento tampoco empezó ayer. Los informes anuales de la Contraloría muestran que el gasto acumulado en planilla pasó de $4,441.1 millones en 2020 a $4,738.8 millones en 2021, $4,880.3 millones en 2022, $5,014.8 millones en 2023, $5,177.0 millones en 2024 y $5,245.2 millones en 2025.
En conjunto, entre 2020 y 2025, el Estado panameño desembolsó alrededor de $29,497.1 millones en salarios públicos. Ese monto equivale a casi 10 veces el aporte canalero de 2025 y a más de 6.5 veces el costo estimado de la Línea 3.
Buena parte de ese ensanchamiento ocurrió en el quinquenio anterior. De acuerdo con la información que ya había divulgado la Contraloría y que el propio comportamiento mensual confirma en sus series, entre julio de 2019 y junio de 2024 el empleo público aumentó en 24,082 personas, al pasar de 238,248 a 262,330 funcionarios.
El resultado fue una estructura estatal más pesada, con mayor gasto recurrente, más compromisos salariales y menos flexibilidad presupuestaria. En 2025 esa inercia no desapareció: cambió de velocidad, pero no de dirección.
Las entidades que más sumaron personal en 2025 ayudan a entender hacia dónde se movió la expansión. El Ministerio de Educación cerró 2025 con 68,405 funcionarios y añadió 1,017 plazas frente a diciembre de 2024. La Asamblea Nacional terminó con 5,718 empleados y sumó 935.
El Ministerio de Seguridad Pública cerró con 33,473 funcionarios y agregó 660. El Ministerio de Obras Públicas llegó a 2,330 empleados, con un aumento de 523. El Órgano Judicial alcanzó 7,318 funcionarios y sumó 513.
En el bloque descentralizado también hubo movimientos relevantes. La Caja de Seguro Social cerró 2025 con 35,325 funcionarios y registró un incremento combinado de al menos 620 plazas entre personal permanente y eventual. Transporte Masivo de Pasajeros, S. A. terminó con 4,103 empleados y aumentó 279 funcionarios permanentes.
Ese peso del gasto de funcionamiento ha sido una de las alertas repetidas por organismos y calificadoras. Moody’s ha advertido sobre la rigidez de ciertas leyes y la dificultad del Estado panameño para recortar gasto público, mientras Fitch y el Fondo Monetario Internacional han insistido en que la consolidación fiscal sigue limitada por la presión del gasto corriente y la trayectoria de la deuda.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el presidente José Raúl Mulino han reconocido que reducir el gasto en salarios es particularmente complejo, en parte por la existencia de leyes especiales que establecen incrementos obligatorios para educadores, estamentos de seguridad, médicos y otros profesionales del sector público.
Esa rigidez, han señalado, dificulta ajustes rápidos del gasto corriente y obliga a que cualquier estrategia de contención se apoye en reformas de mayor alcance, mejoras de eficiencia y revisiones de estructuras salariales y de contratación.
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INTERNACIONAL
EXCLUSIVE: Trump rejects shielding Biden records from Senate probes in executive privilege showdown
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EXCLUSIVE: President Donald Trump rejected former President Joe Biden’s assertion of executive privilege over a tranche of documents requested by the Senate as part of various probes into the 46th president, determining it is «not in the best interests of the United States.»
White House counsel David Warrington wrote Monday in a letter addressed to the National Archives and Records Administration (NARA) and obtained by Fox News Digital that Trump «does not uphold the former President’s assertion of privilege» over records sought in four congressional probes. The letter directs NARA to provide the materials to Congress.
The dispute centers on documents related to investigations into Biden’s health, alleged politically motivated probes into Trump and his allies, and the Biden family’s financial dealings, which Republicans argue go to the heart of Congress’ constitutional authority to conduct oversight.
The letter came as a response to communication from NARA on Dec. 10 informing the White House that the former president had asserted executive privilege over the requested materials.
President Joe Biden speaks during an event in Washington, D.C., on May 15, 2024. (AP Photo/Susan Walsh)
Warrington said the assertion «is not justified» as to documents identified in two letters Biden sent to NARA on Oct. 22 and Dec. 3.
The first category of documents involved a request from the Senate Permanent Subcommittee on Investigations for records related to what the letter described as the «coverup of former President Biden’s health and cognitive decline.»
«The abuse of the autopen that took place during the Biden Presidency, and the extraordinary efforts to shield President Biden’s diminished faculties from the public, must be subject to a full accounting to ensure nothing similar ever happens again,» Warrington wrote, quoting a prior letter.
TRUMP TO VOID ALL DOCUMENTS ALLEGEDLY SIGNED BY BIDEN VIA AUTOPEN, THREATENS PERJURY CHARGE
Biden also asserted privilege over two Senate Judiciary Committee requests concerning «coordinated efforts by the Biden administration against President Trump and his staff through politically motivated investigations.»
The White House argued that «the constitutional protections of executive privilege should not be used to shield from Congress evidence of a President’s efforts to imprison his opponent.»
A third set of documents related to the «Biden family’s financial dealings and potential conflicts of interest,» the letter noted, referencing Biden’s use of private email accounts and his work on Ukraine as vice president while his son Hunter Biden held a lucrative position on the board of an energy company there.
CONSTITUTIONAL SCHOLAR USES BIDEN AUTOPEN TO FLIP DEMS’ ‘DEMOCRACY’ SCRIPT AGAINST THEM: ‘SCANDAL’
Hunter Biden, son of President Joe Biden, talks to reporters at the U.S. Capitol, in Washington, Dec. 13, 2023. (AP Photo/Jose Luis Magana)
Warrington acknowledged that the Supreme Court has recognized executive privilege as protecting presidential decision-making and deliberations but said he was «unaware of a Supreme Court ruling or constitutional text that extends those protections to former President Biden’s efforts to assist his son’s shady business deals,» underscoring a fight about how expansive the scope of executive privilege is in the face of Congress’ oversight demands.
«President Trump instructs you to provide to these congressional committees the pages identified as privileged by the former President,» Warrington wrote.
Warrington previously denied Biden’s privilege request over documents related to the Biden administration’s use of the autopen, Fox News Digital exclusively reported in December. Biden has denied accusations that official presidential documents were signed by the autopen without his knowledge, brushing them off as «ridiculous.»
President-elect Donald Trump shakes hands with President Joe Biden at Trump’s inauguration in the Capitol Rotunda Jan. 20, 2025, in Washington. (Kenny Holston-Pool/Getty Images)
«Let me be clear: I made the decisions during my presidency. I made the decisions about the pardons, executive orders, legislation, and proclamations,» Biden said in a statement in June as Trump and Republicans sounded off about what they alleged was a scandal. «Any suggestion that I didn’t is ridiculous and false.»
Concerns over Biden’s mental acuity had simmered for years before reaching a boiling point in June 2024.
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Republicans sounded the alarm that it appeared Biden’s mental edge was slipping before even the 2020 election cycle. The media and Biden’s longtime Democratic allies joined conservatives in their alarm following Biden’s failed debate against Trump in early summer of 2024.
Biden dropped out of the race, but investigations and concerns over an alleged Biden administration coverup continue into the second Trump administration.
Fox News Digital reached out to a Biden representative and NARA for comment on Monday morning.
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