POLITICA
Un diputado denunció opacidad y conflicto de intereses en la elección del Defensor del Niño
Se trataba de la última reunión plenaria de la Comisión Bicameral que postulará un candidato a ocupar el cargo de Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes antes de la ponderación final de los postulantes. El concurso se inició hace un par de meses.
Setenta candidatos aprobaron el examen escrito; un primer reclamo de Nicolás Mayoraz, diputado por Santa Fe de LLA, apuntaba a que los exámenes no fueron publicados, como corresponde en un concurso público.
A lo largo de la hora y media que duró el encuentro, a cada objeción del diputado, la réplica fue esencialmente de indignación ante las sospechas de falta de transparencia y de autoelogio al trabajo de la comisión; algo que por supuesto no exime de responder a las objeciones ni de cumplir con todos los requisitos de transparencia. Pero las respuestas a los cuestionamientos se hicieron esperar y en general fueron eludidas.
La reunión tenía por objeto aprobar los lineamientos con los cuales se atribuirá el puntaje a cada instancia del concurso: examen, antecedentes, plan de trabajo y comparecencia ante la comisión. Todas esas etapas ya se cumplieron; lo llamativo es que la aprobación de los lineamientos se hiciera a posteriori de todo el trámite, recién el miércoles pasado, a cinco días de definir un candidato, lo que se haría el lunes 22 de septiembre.
Esa irregularidad no solo no fue respondida, sino que la presidente de la Comisión Bicameral, Natalia Sanapura (UCR, Jujuy), avanzó con la agenda e hizo aprobar los lineamientos y otros puntos del temario.
”Estos lineamientos los mandan ahora, ¿no es cierto?”, fue la primera pregunta de Mayoraz que luego se explayó sobre el tema: “A mí no me parece claro, ni regular, ni correcto que a último momento y cuando ya están las cartas sobre la mesa y ya tienen los favoritos, establecer ahora los lineamientos para la ponderación final. Esto había que hacerlo el primer día. Los postulantes tenían derecho a conocer cómo se iban a ponderar los puntajes que obtenían. Es muy poco serio a los fines de la transparencia que reclama la sociedad”.
No se privó Mayoraz de insinuar que el concurso “está hecho a la medida” de candidatos favoritos.
Sanapura replicó que la forma en que se iba a evaluar a los postulantes estaba en el reglamento “que está aprobado y eso no lo vamos a modificar”. Aseguró que el reglamento “es claro”. “Que no estén de acuerdo no significa que lo tengan que invalidar, poniendo en duda la buena fe, el accionar, de los que estamos en este proceso”.
El senador Daniel Bensusan tomó la palabra para expresar su indignación ante las críticas: “Diputado Mayoraz, no le voy a permitir que me venga a decir que yo y mis compañeros hemos tenido un proceso que no ha sido transparente y que ya tenemos los nombres. Es una falta de respeto”, y lo conminó: “Déjese de joder”, además de acusarlo de buscar “trabar el procedimiento”. “No voy a permitir que se mancille el trabajo que hemos hecho acá”, que aseguró fue “impecable”.
Sin embargo, Mayoraz retomó el hilo y sumó más críticas al desarrollo del concurso. “Los exámenes escritos nunca se publicaron ni se les permitió a los otros concursantes conocer cuál fue el criterio o cómo se evaluó a otros. Es una regla básica de los concursos. Es lo que se llama imparcialidad, es decir, corroborar que mi examen fue corregido con los mismos criterios que el del otro”. También señaló que “no se publicaron las notas de los que aprobaron ni el orden de mérito”, tampoco “los currículum vitae de los concursantes”, es decir, “los antecedentes laborales y la formación de cada candidato”.
También objetó las preguntas hechos a los candidatos porque “fueron dispares, con criterios de prejuicio”. Ejemplificó: “A las personas opuestas al aborto, se les preguntaba sobre la ley de aborto y a los demás ninguna en el mismo sentido”.
Lo curioso fue que, poco después, la legisladora que formulaba reiteradamente esa pregunta (sobre el caso hipotético de una niña de 11 años violada y embarazada, el argumento clásico de todas las campañas de legalización del aborto), dijo: “Acá se está queriendo plantear si es celeste o verde (el candidato) y es el peor error que podemos cometer”.
Finalmente, Mayoraz apuntó a un conflicto de intereses: “Una integrante del Consejo Asesor, Nora Pulido, es madre de María Colombo, que trabaja en la Defensoría. Nunca fue puesta en conocimiento de esta Comisión esa situación. Y vaya casualidad, hay seis postulantes y por lo menos tres con chances de acceder al cargo, que trabajan en la Defensoría. Uno de ellos, tengo entendido que es el jefe de María Colombo. Esa situación debió ser puesta en conocimiento de la Comisión, porque eso hace también a la independencia y a la transparencia”.
La Presidente de la Bicameral negó estar en conocimiento de esa situación, contra lo que afirmaba Mayoraz, pero el dato tampoco le pareció relevante ni que afectara a la transparencia del proceso.
Se produjo el siguiente intercambio:
Mayoraz: La información que yo tengo es que usted sabía que Nora Pulido es la madre de una empleada de la defensoría.
Sarapura: ¿Pero cuál es el problema?
Mayoraz: ¿Cómo cuál es el problema? ¿Le parece perfecto que una persona del consejo asesor sea madre de una empleada cuando hay cuatro postulantes que llegan a la instancia final que trabajan en la Defensoría?
Y siguió: “Lejos de haber aquí transparencia, lo que ha habido siempre ha sido un manto de duda, que se ha aumentado por el hecho mismo de que ustedes no han respondido a los requerimientos ni a las impugnaciones”.
Sarapura propuso entonces “avanzar con el temario” y dejar para después la aclaración de las dudas, que atribuyó a la “falta de información, de seguimiento continuo del proceso”.
“Todo lo que se ha dicho, no sólo se puede aclarar, pero lo vamos a hacer en su momento”, dijo, y con 7 votos dejó constancia de la aprobación de los lineamientos, a pesar de las objeciones.
La senadora Estefanía Cora (Frente de Todos, Entre Ríos) agradeció “a los trabajadores y trabajadoras de esta Comisión Bicameral”, aludió a las “jornadas muy largas”, al “mucho compromiso” y al “interesante y rico mensaje” dado a la sociedad “de articulación, de consensos, de debates”.
Otros legisladores formularon reproches al diputado díscolo, como el de “querer entorpecer los procesos”, y su “falta de respeto a los concursantes, a las instituciones y a todos los miembros de la Bicameral” y de “falta de compromiso”.
Luego Sarapura hizo votar la resolución de la Bicameral respecto a las impugnaciones que consistió básicamente en rechazarlas todas. Y pasó al siguiente punto del orden del día, referido a la publicación de los CV de los postulantes, lo que generó un nuevo cruce con Mayoraz.
Invocando la Ley 25323 de Protección de datos personales, pidieron autorización a los postulantes para publicarlos.
“La publicidad es una regla fundamental -dijo Mayoraz-. Si una persona se somete a un examen voluntariamente, no puede ejercer el derecho a la intimidad, porque el escrutinio público está por encima del derecho a la intimidad. Es obligación de la Comisión publicarlo, no tiene ni que consultar eso. Porque si va a ocupar un cargo público, es un derecho de la sociedad conocer los antecedentes de esa persona”.
Y entonces elevó el tono de su crítica: “No solo hacen mal al publicarlos tarde y a tres o cuatro días de designar, sino que ya tienen el nombre, porque ustedes ya tienen el nombre”. Además dijo que también tenían “predesignados” a cuatro futuros adjuntos en la Defensoría, “aunque la ley dice que no los designa la Bicameral”.
Pese a estos señalamientos, Sarapura hizo votar la decisión de publicar sólo los CV autorizados.
“Votamos en contra -dijo Mayoraz-, porque todos los currículums se tienen que publicar”.
Luego sintetizó: “Esta ley se hizo para darle una pátina de objetividad, de profesionalismo a la designación de un defensor. No quisieron hacerse cargo del costo político de que las designaciones se hacen por acuerdos políticos. Lo que a mí me parece mal es el manoseo al cual se ha sometido a los candidatos en todo este proceso, para después terminar eligiendo a alguien en base a llamadas telefónicas, acuerdos hechos por fuera de la comisión, en base a lo que ustedes mismos reconocieron, consensos políticos. Entonces, la objetividad del examen, del currículum, de la trayectoria, del plan de trabajo, del desempeño en la audiencia pública, no sirve absolutamente para nada, porque están eligiendo al que se pusieron de acuerdo para elegir. Punto. No se elige al mejor».
POLITICA
Reclamos de la CGT por la reforma laboral, tensión con la industria e interna en Justicia: los frentes abiertos del Gobierno
Con la reforma laboral en vigencia, un nuevo capítulo se abre en el mercado de trabajo argentino, en medio de una disputa creciente entre el Gobierno y el sector industrial por el rumbo de la economía. Mientras el oficialismo defiende la apertura económica y cuestiona el modelo productivo anterior, los empresarios reclaman un período de transición para adaptarse al nuevo escenario.
La ley, aprobada por el Congreso hace el viernes 27 de febrero, comenzó a regir desde el momento en que fue publicada en el Boletín Oficial. Desde entonces, se aplica tanto a los nuevos contratos laborales como a los ya existentes.
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Sin embargo, la implementación inmediata de la norma deja una incógnita relevante: qué jueces serán los encargados de aplicarla. Los jueces laborales nacionales dejaron de recibir nuevas demandas, mientras que el fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires todavía está en etapa de creación. Además, aún falta la reglamentación de algunos aspectos de la reforma.
El Gobierno considera que la modificación del régimen laboral es una condición necesaria para fomentar la creación de empleo. Pero dentro del propio debate económico se reconoce que la reforma por sí sola no garantiza ese resultado. El factor decisivo seguirá siendo el nivel de actividad económica.
Ese punto está en el centro del conflicto entre la Casa Rosada y el sector industrial. La tensión quedó expuesta durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando el presidente Javier Milei calificó a algunos empresarios de “prebendarios”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó esa línea de argumentación. En distintos planteos públicos hizo una defensa del libre mercado y reiteró que el Gobierno mantendrá la política de apertura económica.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) respondieron con un posicionamiento defensivo del sector. Los industriales sostienen que el Estado debe acompañar el período de transición que implica pasar de un modelo económico cerrado a otro más abierto.
Caputo, por su parte, afirma que el Gobierno acompañará a aquellas industrias que estén dispuestas a competir. Pero al mismo tiempo sostiene que el país no tiene hoy un modelo industrial que valga la pena preservar porque, según su visión, no es suficientemente potente ni genera empleo.
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Debajo de ese malestar oficial con el empresariado también aparece otro desacuerdo de fondo. En el Gobierno creen que parte del sector industrial impulsa una devaluación y se opone a la política de dólar barato que adoptó la administración de Milei.
Los industriales rechazan esa interpretación. Señalan que no pretenden volver al esquema económico anterior, pero advierten que la transición hacia una economía más abierta implica un proceso de normalización complejo.
Según explican, el modelo actual ya no depende de la emisión monetaria ni del gasto público para sostener la actividad. En ese nuevo escenario, las empresas consideran que el desafío pasa por reducir costos —algo que describen como difícil debido al peso de los impuestos— y lograr un abaratamiento del crédito para la producción y el consumo, que todavía se mantiene en niveles elevados.
La interna por el control de Justicia
Mientras la discusión económica dominó el plano público durante la semana, en el terreno político el foco estuvo puesto en la interna dentro del Gobierno por el control del Ministerio de Justicia.
La disputa entre Santiago Caputo y Karina Milei terminó resolviéndose a favor de la hermana del Presidente. El nombramiento de Santiago Viola como nuevo secretario de Justicia reflejó ese desenlace: Viola, apoderado de La Libertad Avanza, conoce a Karina Milei desde la campaña electoral. Además, fue quien acercó al actual fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques al primer círculo de poder del oficialismo.
El anterior secretario de Justicia, Sebastián Amerio —alineado con Santiago Caputo— es considerado dentro del Gobierno como un funcionario con capacidad técnica. Por ese motivo le ofrecieron ocupar la Procuración del Tesoro.
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El actual titular de ese organismo, Santiago Castro Videla, está siendo evaluado como posible candidato para integrar la Corte Suprema de Justicia.
En paralelo, el frente judicial también tendrá novedades en los próximos días. La semana próxima el juez Diego Amarante indagará al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al dirigente Pablo Toviggino.
El magistrado investiga si ambos cometieron un delito al no entregar al Estado, dentro del plazo legal, los aportes que la Asociación del Fútbol Argentino había retenido a sus empleados y jugadores. Según fuentes del expediente, el juez parece inclinado a procesarlos. De todos modos, la definición final del caso dependerá del avance de la causa, que continúa abierta.
Javier Milei, Unión Industrial Argentina, UIA, Ministerio de Justicia, Justicia, reforma laboral
POLITICA
El plan de Karina Milei para potenciar la formación de militantes libertarios para buscar la reelección en 2027
Con la mente en las elecciones del 2027, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ideó un plan para que las regionales provinciales de La Libertad Avanza puedan dar lugar a la formación de referentes que se conviertan en futuros dirigentes políticos del espacio y defiendan las ideas de Javier Milei. Con algunas experiencias en funcionamiento, las autoridades nacionales trabajan en la unificación de criterios para centralizar el objetivo partidario.
Bajo esa premisa, la referente porteña, Pilar Ramírez, anunció recientemente la organización de lo que denominó “Escuela de Dirigentes”, que funciona con otra metodología en varias provincias. “Nuestro modelo de Ciudad exige cuadros bien formados“, argumentó la jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña a través de su cuenta de X, luego de una reunión organizativa con la titular de La Libertad Avanza.
Según supo Infobae de fuentes partidarias, la Ciudad de Buenos Aires motoriza el diseño de una instancia formativa, con la participación de varios integrantes del Poder Ejecuivo, para “crear una comunidad” que nuclee e integre a personas que se referecian con el espacio.
Asimismo, se abrirá un canal de capacitación, con actividades formativas y sociales como charlas, debates y cursos en los que participen ministros y referentes que permitan moldear el perfil “anti casta” de los militantes y nutrirlos del lineamiento ideológico. El proyecto en el que trabajan los equipos que responden a la legisladora podría estar listo a mitad de año y apunta a robustecer las filas violetas en la previa al desafío de competir por la Ciudad.
En Buenos Aires, el diputado y armador libertario, Sebastián Pareja, impulsó la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político, fundada por la legisladora Miriam Niveyro, y con sede en distintos puntos de la provincia. “Esta institución desarrolla el pensamiento crítico de ideas comprometidas con los principios del liberalismo; los mismos promueven el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada”, reza la página web de la entidad que dirige académicamente Fernanda Coitinho y que funciona desde hace cinco años con intención de “educar a la ciudadanía”.
Algo similar ocurre, de manera artesanal, en el interior del país en provincias como Córdoba, La Rioja y San Juan, con las particulares que cada regional le imprime a la dinámica.
Ante este escenario, las autoridades nacionales del sello buscan unificar criterios y centralizar la metodología para ordenar las instancias formativas a las que someterán a la militancia, pero también a quienes quieran acercarse. “Todo partido en formación tiene la obligación de hacerlo”, reveló una importante fuente de La Libertad Avanza a Infobae.
“La idea es retomar experiencias de las provincias y centralizar criterios después del 20 de marzo”, sostuvo una fuente del ecosistema libertario.
Es que detrás de la necesidad de elevar el nivel de los referentes del partido se esconde la determinación de ampliar la representación a nivel nacional rumbo al 2027 por lo que este año apostaran a reforzar la presencia en el interior. Atentos a la posibilidad de que los gobernadores desdoblen las elecciones, en las filas libertarias prometen que atenderán las alianzas trazadas, pero anticipan que de anticipar los comicios competirán con los propios en todos las provincias sin importar el sintonía con los gobiernos provinciales. “Si adelantan, tenemos obligación de presentar listas”, afirmó una voz al respecto.
Pasados los primeros dos años de gestión, y luego de haber conquistado la personería jurídica, La Libertad Avanza vio validada en octubre la estrategia que lleva el sello de Karina Milei y la colaboración del titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente del espacio, Martín Menem, y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional.
“La demostración de octubre es que la gente sigue confiando en la marca por eso tenemos que trabajar para potenciarla y llevar el modelo de Milei a todos lados”, argumentó a este medio un dirigente del espacio.
Pasada la primera reunión partidaria convocada por la menor de los Milei, en la que los referentes provinciales se llevaron el mandato de impulsar la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todas las legislaturas, en la mesa nacional maduran la posibilidad de repetir una vez por mes las reuniones con las autoridades provinciales del partido para mantener aceitada las instancias de debate internas.
En paralelo, el Poder Ejecutivo tiene entre su lista de prioridades el envío al Congreso de una reforma política que modifique el sistema de votación actual. Para eso, aspiran a eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificar el régimen de partidos políticos, entre otros puntos.
El exsenador nacional y dirigente histórico del peronismo de Chaco, Antonio José Rodas, falleció este viernes a los 64 años debido a complicaciones cardiológicas. Rodas, quien gobernó la ciudad de Fontana en diversos períodos (1995-1997 y 2010-2019), fue recordado por el exgobernador Jorge Capitanich como el “mejor Intendente de la historia de Fontana”.
Su trayectoria política comenzó como concejal en 1991 y, aunque en los años noventa enfrentó una destitución y prisión preventiva por una denuncia de malversación, terminó absuelto al no encontrarse pruebas en su contra.
Querido amigo y compañero Antonio:
La trayectoria de la vida nos puso en muchas oportunidades a través de circunstancias azarosas desafiando las adversidades. A veces mascullando broncas a través del silencio cómplice! A veces exaltando la alegría por triunfos inconmensurables.… pic.twitter.com/A6Z4eQGyGC— Jorge Capitanich (@jmcapitanich) March 6, 2026
Durante su paso por el Senado de la Nación, Rodas se destacó por su fe católica y su férrea oposición a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Entre sus principales iniciativas legislativas figuró el proyecto de “Fe de vida”, promulgado en 2023, con el cual buscaba eliminar ese trámite obligatorio para los jubilados.
Hasta diciembre pasado, se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable e integró áreas clave como Justicia, Salud y Presupuesto, ganándose el respeto de opositores como el radical Maximiliano Abad, quien lo definió como un “hombre de diálogo y compromiso”.
📄 • PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO ANTONIO RODAS pic.twitter.com/991apwPjUt
— Bloque Justicialista Senado (@BJusticialistaS) March 6, 2026
En 2022, el legislador protagonizó una recordada polémica al proponer que un jardín de infantes chaqueño llevara el nombre de Esteban Bullrich como un “homenaje en vida”. Rodas expresó en aquel momento: “Simplemente trato yo de que los homenajes se puedan dar en vida”, resaltando la lucha del exsenador del PRO contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Pese a que el gobierno provincial aceptó la iniciativa por decreto, la propuesta fue rechazada en la Cámara alta por senadores de Juntos por el Cambio, quienes consideraron que Bullrich no habría deseado tal distinción mientras continuaba su batalla personal.
Tras ser electo nuevamente como intendente de Fontana en 2023, Rodas renunció antes de asumir por los problemas de salud que finalmente derivaron en su deceso. Su histórico rival político, el radical Víctor Zimmermann, con quien compartió la representación de Chaco en el Senado, expresó su “profundo pesar” por la partida de quien fuera su competidor durante décadas.
Capitanich, por su parte, destacó el legado de infraestructura del dirigente en su ciudad, mencionando la construcción de 1500 viviendas, redes cloacales, pavimento y la instalación de un Escuadrón de Gendarmería Nacional.
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