POLITICA
Presupuesto 2026: no habrá refuerzos en jubilaciones, crece la presión tributaria y subirían las tarifas de luz y gas
El proyecto de presupuesto 2026 que presentó Javier Milei al Congreso revela que la motosierra del ajuste se mantendrá firme, aunque modera su rigor con una leve suba del gasto −del orden del 5,9% real− respecto de este año. Este alivio, sin embargo, no compensa el ajuste draconiano del primer año y medio de gestión libertaria ni llega a todos los rubros.
Por caso, no se prevén refuerzos para las jubilaciones, persistirían los recortes en algunos programas sociales y subirían las tarifas eléctricas y de gas, aunque se aflojaría el torniquete sobre los fondos a las provincias y las obras públicas, sobre todo las de vialidad.
La iniciativa comenzará a discutirse este miércoles en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. El gran interrogante es qué vocación de diálogo exhibirá en esta oportunidad el oficialismo luego de que el año pasado clausurara intempestivamente el debate y prorrogara por segunda vez consecutiva el presupuesto 2023. La oposición y los gobernadores, envalentonados por sus últimos triunfos en el Congreso, ya advirtieron que no tolerarán una tercera prórroga y se aprestan a reclamar varias modificaciones al texto.
El presupuesto 2026 presenta varias novedades. En primer lugar, el Gobierno no tiene previsto reforzar las jubilaciones, que constituye el gasto más voluminoso del presupuesto. En efecto, el texto mantiene sin cambios la actualización de los haberes por la fórmula de movilidad jubilatoria y no se prevén aumentos en el bono de $70.000 que perciben los jubilados del haber mínimo. Este monto se mantiene congelado desde marzo de 2024, lo que licúa el poder de compra de casi 3 millones de jubilados.
Las cifras del proyecto así lo revelan: para el año próximo se contempla un aumento del 5,4% real para el pago de todas las jubilaciones –producto de la fórmula de movilidad−, pero también una caída en la partida destinada al pago de los bonos: los $3 billones actuales caerán a $2,9 billones, lo que implica un derrumbe del 13,5% real según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
Por otra parte, la iniciativa propone derogar la movilidad de las asignaciones familiares. Se trata de las asignaciones que otorga la Anses por hijo, por hijo con discapacidad, por ayuda escolar anual, por nacimiento, adopción, matrimonio, la AUH, la asignación por embarazo para protección social y por cuidado de la salud integral que perciben trabajadores registrados y no registrados. Hoy estos ingresos se actualizan de manera automática por inflación; si este proyecto es ley, los eventuales aumentos quedarán a discreción del Poder Ejecutivo.
Tarifas
Otro dato revelador del proyecto es que el año próximo podrían subir fuertemente las tarifas de energía porque se profundizarían los recortes a los subsidios al sector. Para el año próximo se asignaron casi $4 billones por este concepto, lo que implica una caída del 12,4% real respecto de este año y del 68,5% respecto 2023, estimó ASAP.
Mientras se prevé recortar los subsidios a las tarifas eléctricas que pagan los usuarios, el Gobierno propone, en paralelo, beneficiar con un esquema de compensación a las empresas distribuidoras del sector −entre ellas Edenor y Edesur, además de las provinciales y municipales− por los ingresos que no percibieron por los congelamientos tarifarios y las leyes de emergencia del kirchnerismo. Se trataría de una cifra millonaria que las empresas, según el artículo 74, podrán utilizar para cancelar sus deudas con Cammesa.
Las noticias tampoco son buenas para los tres millones de hogares que se benefician con una reducción en sus tarifas de gas por vivir en zonas frías de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. El proyecto del Gobierno propone, en su artículo 72, eliminar la ampliación del régimen de zonas frías que se aprobó en 2021 y que se vuelva al régimen original de 2002, que restringía el subsidio a la región patagónica, la Puna y el departamento Malargüe de Mendoza.
El sector del Transporte, por contraste, esquivaría el ajuste. Los subsidios destinados al transporte automotor −claves para el funcionamiento de los colectivos en el AMBA y en el interior del país− tendrán un aumento del 0,5% real luego de los recortes drásticos que se aplicaron en 2024 y 2025. Lo mismo ocurriría con los trenes: se prevé una suba en subsidios del 2% real, señala ASAP.
Impuestos
En materia impositiva, el dato saliente es que el proyecto no arroja novedades ni anticipo alguno acerca de una reforma tributaria. Es más, el proyecto establece que se prevé un alza de la presión tributaria de 21,30 a 21,77 puntos del PBI. “Este cambio responde principalmente a la evolución de algunas variables en el contexto macroeconómico, que contribuyen al alza de los recursos estimados”, fundamentó el Gobierno.
El único impuesto que, se estima, generará menores ingresos el año próximo en comparación con el actual es el de Bienes Personales; la recaudación caería un 24% en términos reales respecto de este año ($-90.749 millones), según ASAP. Esto responde a una política del Gobierno, plasmada en la ley 27.743, de reducir paulatinamente las alícuotas de este tributo que grava a los patrimonios.
Por contraste, se prevé una fuerte recaudación en el impuesto a los combustibles, que alcanzaría casi $3 billones (+50,6% real) −lo que impactaría en el precio de estos insumos− y del impuesto a las ganancias, que pasaría a recaudar $16,5 billones (+9% real). También se prevén subas en la recaudación de los derechos de exportación (que incluye las retenciones agropecuarias) y de importación.
En tanto, el presupuesto 2026 mantiene prácticamente incólume los gastos tributarios, por lo que se perderá de recaudar $35,2 billones (3,42% del PBI) por beneficios fiscales y exenciones tributarias varias. Esto incluye desde la exención del pago de ganancias al Poder Judicial y el régimen de promoción de Tierra del Fuego, hasta exenciones del IVA a prestaciones médicas y servicios educativos. Ningún gobierno hasta ahora se dedicó a revisar este capítulo del presupuesto, siempre polémico en cada debate.
Provincias y obras públicas
Después de casi dos años de aplicar un ajuste feroz sobre las transferencias a las provincias, el Gobierno −forzado por la presión de los gobernadores− decidió aminorar el rigor de la motosierra.
Las transferencias automáticas (esto es, los giros por coparticipación) presentarían un alza real del 6,5% real respecto a este año, señala la consultora Politikon Chaco. En cambio, las transferencias no automáticas –que han sido las más afectadas por los recortes libertarios− si bien crecerían un porcentaje similar, presentarían un comportamiento desigual: las corrientes (que se destinan a salud, educación, entre otros rubros) se incrementarían en 9,2% pero las de capital (obras públicas) caerían en 34,7%.
En todos los casos, advierte la consultora, los giros a las provincias, aunque se recuperaron este año, están muy por debajo del nivel de 2023.
Dentro de las transferencias no automáticas vale resaltar la suba de la partida de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), uno de los focos de conflicto entre la Casa Rosada y los gobernadores: para 2026 se prevé un crédito de $569.426 millones (+147% real respecto al crédito vigente). Pero no todas son buenas noticias: el presupuesto prevé un recorte drástico en los giros a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias (-57,9% respecto del crédito vigente).
En materia de obras públicas, uno de los rubros más castigados por el ajuste libertario, el presupuesto prevé que para 2026 ascienda a $3,29 billones, lo que implica un aumento del 32% real respecto de la ejecución proyectada para este año; empero, el nivel sigue siendo muy por debajo de 2023 (-74,7%), advierte ASAP.
En este rubro se destaca una fuerte suba para la Dirección Nacional de Vialidad –lo que evidencia un giro del Gobierno a partir de las críticas por el estado crítico de las rutas tras dos años de desinversión−, pero seguirá fuerte el ajuste en las partidas para vivienda y urbanismo (-6,9% real respecto de este año) y Agua Potable y Alcantarillado (-0,9%).
Por último, en materia de servicios sociales, el presupuesto 2026 prevé un aumento interanual de 6,4% en términos reales respecto a este año, destaca la consultora ACIJ. Empero, advierte que este incremento resulta insuficiente para compensar las fuertes caídas experimentadas en los dos años anteriores.
Dentro de esta finalidad cabe destacar algunos rubros, como Salud y Seguridad Social, que lograría recuperar el terreno perdido luego de 2023 o incluso aumentan en términos reales. “En el resto de los casos, como en Educación, se observan aumentos interanuales en 2026 que no compensan las caídas en el trienio”, advierte ACIJ.
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POLITICA
Uno de los jefes de la CGT adelantó que convocarán a un paro general por la reforma laboral: “Trabajaremos para que sea una gran huelga”
La CGT prepara un paro nacional de 24 horas como respuesta al inminente tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, con la idea de expresar el rechazo de los principales sindicatos frente a cambios considerados lesivos para los derechos de los trabajadores en la legislación que, desde el jueves, ya tiene media sanción del Senado.
“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, advirtió esta mañana Cristian Jerónimo, uno de los tres jefes de la central sindical, en declaraciones a Radio 10.
El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), compuesto por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, ya anunció un paro con movilización al Congreso para la fecha del debate parlamentario, sin fecha concreta aún.
La Confederación General del Trabajo (CGT) vive una tensión creciente entre la conducción dialoguista, que apostaba por negociaciones legislativas, y las fuerzas internas, en las bases, que exigen una reacción más contundente.
Pese a la intención inicial del triunvirato —integrado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Jerónimo— de citar al Consejo Directivo para el miércoles, la cúpula decidió adelantar la reunión para el lunes a las 16, en modalidad virtual, para definir la convocatoria a una huelga de 24 horas.
Un directivo sindical expresó a Infobae días atrás: “El triunvirato prefería no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iban a quedar descolocados”.
Tal vez por eso, Jerónimo fue categórico este domingo en la entrevista radial y aseguró que el proyecto de reforma laboral debe sufrir modificaciones: “No puede avanzar tal como está, los diputados tienen que entender que hay que rechazar el proyecto”.
“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, remarcó el jefe del Sindicato del Vidrio y explicó que la CGT “entiende que no fueron escuchados sus pedidos” y dijo que “seguramente” impulsarán una medida de fuerza general.
“Creo que están dados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional. Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga. Cuando mañana se junte el consejo directivo lo terminará de confirmar oficialmente, vamos a trabajar para construir una gran huelga contundente”.
Fuentes cercanas a la cúpula cegetista negaron divisiones y sostienen que el consenso interno ha cristalizado en torno a la necesidad de una medida de fuerza, especialmente ante la posibilidad de que la sesión en Diputados se adelante.
El rechazo sindical se fundamenta en dos ejes: la protección de derechos laborales y la defensa de las estructuras de financiamiento gremial.
El documento interno de la CGT sostiene que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional” y califica el proyecto de “regresivo y perjudicial para los trabajadores”.
Entre los puntos más objetados se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho de huelga y las restricciones a asambleas sindicales. Especialmente polémica es la reducción de los montos para pagar salarios en casos de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.
El informe cegetista enfatiza: “Afecta el bolsillo del trabajador en momentos en que tiene gastos adicionales derivados de su condición médica”, puntualizando que habrá un recorte del 50% del salario si la enfermedad o accidente resulta de una actividad voluntaria.
Jerónimo sostuvo que la central obrera viene advirtiendo con claridad que el proyecto constituye “un proceso de ley regresivo, con una redacción maliciosa y una carga ideológica que va en contra de todos los derechos, tanto colectivos como individuales del mundo del trabajo”, y remarcó que la iniciativa no tendrá impacto real en la creación de empleo, sino que responde a la necesidad de “tapar el fracaso del plan económico del gobierno, privilegiando a los sectores más concentrados y a la especulación financiera”.
El dirigente afirmó que muchos legisladores no comprendieron el alcance del texto hasta etapas avanzadas de su tratamiento, e instó a representantes políticos y gobernadores a reflexionar sobre las consecuencias sociales y económicas que generaría su aprobación.
Jerónimo señaló que la CGT no rechaza la discusión sobre modernización laboral, pero sostuvo que “cualquier proceso de actualización normativa debe surgir de una negociación equilibrada entre trabajadores y empleadores”, condición que —según afirmó— no se verificó en este caso, ya que “los planteos sindicales no fueron considerados”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fundamentó esta modificación al afirmar: “Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”.
El ministro destacó además que la medida busca limitar licencias prolongadas que históricamente generaron “costos ocultos” para las empresas.
En ese sentido, Jerónimo remarcó que Struzenegger “dijo claramente que quieren romper la matriz sindical para después ir por todos los derechos y conquistas de los trabajadores» y aseguró que en el Gobierno “tienen un grado de perversidad hacia el pueblo, no hay margen para seguir sosteniendo este proceso político que le hace tanto daño al pueblo”.
El tratamiento de la reforma laboral enfrenta obstáculos logísticos, con los feriados complicando el regreso de diputados aliados a la Capital y una fecha probable de sesión que oscila entre el jueves 19 y el miércoles 25.
“Agotamos las instancias de diálogo por la reforma laboral, hablamos con gobernadores y senadores. El Gobierno quiere ser el verdugo, romper los derechos y conquistas de los trabajadores, el proyecto es una construcción de relato para tapar otras cosas”, había dicho Jerónimo antes a Radio con vos.
En el oficialismo existe confianza en la aprobación, pero la resistencia de bloques dialoguistas y provincias introduce un factor de incertidumbre, especialmente por cambios de último momento como los vinculados al pago de sueldos mediante billeteras digitales o la cobertura de licencias por enfermedad.
Algunos dirigentes de la CGT mantienen la esperanza de que diputados del PRO y partidos provinciales impulsen enmiendas, o incluso obstruyan la aprobación, mientras que otros ven inevitable la judicialización de la ley.
El documento gremial remite a los principios de progresividad y no regresión consagrados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e insiste en que la reforma debería surgir de un proceso tripartito.
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POLITICA
Diputados: el Gobierno confía en aprobar la reforma laboral el jueves, pero la oposición dialoguista reclama cambios para apoyarla
La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados convocó para el próximo miércoles 18 de febrero al plenario de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda, encabezadas por los libertarios Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch, respectivamente.
La convocatoria ya aclaró que entre las 14 y las 17 habrá invitados, entre ellos especialistas, las centrales sindicales de la CGT y la CTA y cámaras empresariales. Luego se firmarán los dictámenes con la intención de llevar el proyecto al recinto al día siguiente, en una sesión especial prevista para las 14, y sancionarlo con fuerza de ley.
El oficialismo confía en la aprobación de la iniciativa. En eso trabajan Martín Menem, presidente de la Cámara, y Gabriel Bornoroni, titular del bloque libertario. La construcción de mayorías parte de sus 95 diputados nacionales y contaría con el acompañamiento habitual, para la votación en general, del Pro, la UCR, el MID y fuerzas provinciales que ya apoyaron con sus senadores en la Cámara alta, como los misioneros, salteños, neuquinos y sanjuaninos.
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Otros sectores aún definen su posicionamiento, pero desde el oficialismo aseguran que superarán los 140 votos afirmativos. La mayor complicación aparecerá en la votación en particular, ya sea artículo por artículo o por capítulos, donde incluso socios de La Libertad Avanza impulsan modificaciones.
Pedidos de cambios al proyecto
El PRO solicitó cambios al proyecto e insistirá con la libertad de cobro por medio de billeteras virtuales, un punto que había sido incorporado en el dictamen del Senado en diciembre pasado pero que, por presión de las cámaras bancarias, el oficialismo decidió eliminar.
Dentro del interbloque Fuerza del Cambio —integrado también por el MID, la UCR, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz— existen diferentes posturas. Los desarrollistas Oscar Zago y Eduardo Falcone acompañan los reclamos del Pro y suman los propios.
El bonaerense Falcone le dijo a TN que “lo más importante son las normas que incentivan la regularización de trabajadores que hoy no tienen ningún derecho. Por ejemplo la baja de aportes patronales, la capacitación de aspirantes a ingresar al mercado laboral y el régimen de incentivos a las medianas inversiones. Hay aspectos a revisar, como el FAL, la reducción de salarios por enfermedades y las negociaciones por empresa».
“El bloque MID va a apoyar en general, pero vamos a revisar algunos puntos controversiales. Dicho esto, lo determinante va a ser la recuperación de la economía. Si Argentina no crece y se desarrolla la reforma laboral no será suficiente para crear empleo”, indicó Falcone.
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En el sector de la UCR que preside Pamela Verasay están convencidos de acompañar a los libertarios con la sanción del Senado sin modificaciones. Los seis radicales consideran que fueron fructíferas las conversaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores.
Otros espacios del centenario partido, en cambio, pusieron el grito en el cielo: “no hay ninguna cuestión que beneficie a trabajadores formales e informales. Solo saca o reduce derechos. Es una ley que precariza y facilita el despido, y se remplazan indemnizaciones por un Fondo de cese Laboral (FAL) que no incluye en el cálculo, ni aguinaldo, ni vacaciones y para empeorar la pagan los propios trabajadores”, señaló Luis Cerini, secretario general de la Organización de Trabajadores Radicales.
Lo mismo hizo Provincias Unidas, que lidera la santafesina Gisela Scaglia. Pedirán cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que financiará indemnizaciones con un porcentaje de los recursos de la ANSES. Otro punto de diferencia es el capítulo vinculado al nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).
Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda, en tanto, anticiparon el rechazo total de la iniciativa. Aunque los diputados Raquel “Kelly” Olmos y Eduardo Valdés, de UxP, presentaron por separado propuestas alternativas de modernización laboral.
Valdés propuso un Régimen Permanente de Formalización Laboral, Protección Integral del Trabajo y de la Producción, orientado a reafirmar la centralidad del trabajo como derecho humano fundamental y a establecer un dique normativo frente a cualquier intento de regresión en materia de derechos laborales: “la modernización laboral que exige el siglo XXI va de la mano con más derechos. Hay que saltar la trampa de la falsa dicotomía que plantea el gobierno nacional”.
Crecimiento de Innovación Federal
La bancada de Innovación Federal en Diputados, que lidera el misionero Alberto Arrúa, sumó a dos nuevos integrantes: Claudio Álvarez, de San Luis, y Gerardo González, de Formosa, dos exlibertarios que se acercaron al nuevo espacio de la mano del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
El bloque responde a los mandatarios de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Salta, con sintonía permanente con la Casa Rosada. Lo integran Alberto Arrúa, Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, del Frente Renovador misionero; Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, de Salta; más las dos recientes incorporaciones, Álvarez y González.
“Compartimos una mirada federal de país, con objetivos comunes para la Argentina”, dijo Gustavo Sáenz tras presentar a las nuevas incorporaciones. Por su parte, el diputado Gerardo González reafirmó el compromiso del sector al señalar: “Estoy convencido de que la Argentina necesita federalismo, diálogo y una mirada profunda del interior para construir soluciones para todos”. Esta semana acompañarán al oficialismo con la sanción de la reforma laboral.
González se había alejado a fines de 2025 del bloque de La Libertad Avanza para integrar un nuevo espacio, Coherencia. Claudio Álvarez, en tanto, juró en diciembre pasado en reemplazo del puntano Carlos D’Alessandro.
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POLITICA
Un cantante folklórico criticó la visita de Victoria Villarruel en La Rioja: “Somos una provincia montonera y peronista”
La Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, vivió un momento incómodo en La Rioja, cuando participaba de la Fiesta de la Chaya. El cantante de folklore Ramiro González protestó contra su presencia en el festival y la acusó de “negacionista”.
“Vamos a hacer ahora ‘Un triunfo’. Y se lo quiero dedicar a la memoria de todos nuestros desaparecidos, en especial Enrique Angelelli”, dijo el intérprete. Y agregó: “En momentos va a aparecer por aquí Victoria Villarruel con el negacionismo, en una provincia signada por la dictadura militar, con un montón de personas desaparecidas, 50 desaparecidos, Enrique Angelelli entre ellos”. “En una provincia montonera, como somos nosotros. Montonera y peronista”, remató
Tras el show, Ramiro González dijo a medios locales que la visita de Villarruel a su provincia era “una afrenta a un pueblo que tuvo desaparecidos. “Monseñor Angelelli fue asesinado por la última dictadura cívico militar que ella suaviza. No se puede minimizar, no se puede negar”, dijo a Nueva Rioja.
La vicepresidenta viajó a La Rioja tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, en otro gesto de distanciamiento del gobierno de Javier Milei. Allí desplegó una agenda conjunta con el gobernador Ricardo Quintela, una de las principales figuras del peronismo no kirchnerista.
La recepción en la Casa de Gobierno de La Rioja reunió a Villarruel con Quintela, la vicegobernadora Teresita Madera, el intendente Armando Molina y los senadores Fernando Rejal y Florencia López, vinculados al peronismo y a Convicción Federal.
Durante el acto, Villarruel subrayó el sentido federal de su gestión y expresó: “Cada vez quedan menos provincias para dar la vuelta completa a la Argentina y el objeto es que sientan que pensamos en ustedes, que allá en Buenos Aires los tenemos presentes, que aquí me siento riojana y, ante todo, el mensaje de federalismo y de trabajo”.
La agenda de la vicepresidenta también incluyó una visita a la catedral local y una reunión con el obispo Dante Braida en el Santuario de San Nicolás de Bari. Villarruel mostró interés por la historia provincial y el trabajo social de la Iglesia. Además, anticipó su intención de colaborar con referentes religiosos en iniciativas sociales vinculadas a la pobreza y la ludopatía.
La dirigente expresó entusiasmo por las tradiciones locales en la Fiesta Nacional de la Chaya: “Vengo con toda la curiosidad. Me tienen que tirar harina, que dar la albahaca, pienso colgarme el ramito, pienso hacer todas las costumbres. Estoy muy contenta”, comentó ante la prensa provincial.
La gira por La Rioja se suma a otras recorridas provinciales de la vicepresidenta y refuerza su perfil independiente, ajeno a la gestión diaria del oficialismo. Por su parte, desde la Casa Rosada se desestima la posibilidad de que Villarruel integre nuevamente una fórmula presidencial con Milei en las elecciones de 2027.
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