Hace apenas unos días el Gobierno nacional celebró el decimoctavo mes consecutivo con inflación interanual decreciente y todo apunta a que noviembre mantendrá la misma tendencia. Sin embargo, las consultoras privadas anticipan una posible aceleración del ritmo de suba de precios en la evolución intermensual.

Esta semana el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que en octubre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 2,3% en comparación a septiembre. En cuanto a las estimaciones de noviembre, si bien aún restan otras dos semanas para que termine el mes, ya hay varios indicios que invitan a pensar en una nueva aceleración.

Sirve de ejemplo el último trabajo publicado por la consultora LCG, donde se muestra el ritmo de avance del precio de los alimentos y bebidas. El informe señala que los productos de ese rubro tuvieron un incremento de 0,4% en la primera semana de noviembre y luego saltaron un 1,8% en la segunda. Este último es el valor más alto en 14 semanas e implica un salto significativo en relación a los siete días previos. No es un dato menor, teniendo en cuenta que el rubro de “alimentos y bebidas” es el de mayor incidencia en la medición del IPC.

El mismo estudio indica que dos categorías de productos tuvieron incrementos bastante por encima de la media en las primeras dos semanas de noviembre. La suba más pronunciada la tuvieron las carnes (3,7% de variación), pero también se destacó el ajuste de precios de las verduras (1,9%) y las frutas (1,7%).

Considerando los indicadores mencionados, desde LCG señalaron que la inflación fue de 3% en las últimas cuatro semanas y que en lo que va del mes acumula ya un alza del 2,1%. Si la tendencia se mantiene, podría resultar un dato mensual superior al de octubre.

Otras consultoras también anticipan un noviembre más movido en materia de precios. Eco Go, por ejemplo, proyecta que la inflación de noviembre podría ubicarse cerca del 2,5%, impulsada principalmente por el avance de los alimentos. La consultora midió un aumento semanal superior al 1% en la primera parte del mes y anticipa que, si esa dinámica continúa, el cierre quedará por encima del registro de octubre.

Por su parte, Orlando J. Ferreres & Asociados detectó un avance aún mayor en su medición de alta frecuencia: la primera semana mostró una variación cercana al 1,5%, lo que eleva el piso de la estimación mensual. Con esos datos sobre la mesa, la consultora evalúa que noviembre podría ubicarse entre los meses de inflación más alta del año.

También EconViews, la firma dirigida por Miguel Kiguel, registró un arranque acelerado en su monitoreo semanal de precios y prevé una variación mensual similar al resto de los privados, en un rango aproximado de 2,3% a 2,7%.

En conjunto, estas proyecciones muestran un escenario más exigente para noviembre: si no hay una desaceleración significativa en los días que quedan, el mes podría cerrar como uno de los más elevados del año y sumar presión al índice acumulado hacia fin de año.

No todas las proyecciones dan por sentado que noviembre será un mes con mayor inflación. De acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora mensualmente el Banco Central, los analistas del mercado esperan un avance del IPC algo más moderado para el penúltimo mes del año.

En concreto, lo expertos indicaron en la última encuesta que el IPC de noviembre será del 1,9%. Si ese pronóstico se cumple, no se verá una aceleración de los precios, sino una desaceleración. De todas formas se debe tener en cuenta que la proyección de los especialistas fue realizada durante el mes de octubre, antes de que se dieran los aumentos de precios que sí fueron contemplados por las consultoras.

El precio del boleto mínimo de las líneas de colectivos que entran y salen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentará un 9,7% a partir de la próxima semana.

El Gobierno resolvió este aumento de casi el 10% que llevará el boleto mínimo a $495 y formalizará la decisión a través de la publicación en el Boletín Oficial, el próximo lunes. La medida empezará a regir desde la publicación de la resolución: el aumento se aplicará a todos los coletivos que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo

El Ministerio de Economía tenía bajo análisis la suba de tarifas a aplicar luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre pasado, en las que el oficialismo se impuso por amplio margen.

La decisión se vincula con el objetivo de seguir reduciendo el monto de los subsidios al transporte, una de las patas de la política oficial de reducir el gasto público y apuntando a la meta de llegar en algún momento a que los precios reflejen integralmente los costos de prestación de los respectivos servicios.

A partir de la publicación de la medida las nuevas tarifas de colectivos en el AMBA serán aproximadamente las siguientes (los valores exactos se conocerán cuando se difunda el Boletín Oficial):

• 0 a 3 kilómetros (primera sección): pasará de $ 451,01 (con SUBE registrada) a cerca de 495 pesos.
• 3 a 6 km (segunda sección): de $502,43 a $551 aproximadamente.
• 6 a 12 km (tercera sección): de $541,13 a unos 594 pesos.
• 12 a 27 km (cuarta sección): de $579,87 a 636 pesos.
• Más de 27 km (quinta sección): de $618,35 a unos 678 pesos.

Históricamente los colectivos que circulan por la zona del AMBA fueron regulados por la Nación, por integrar tres jurisdicciones: Nacional, Porteña y Bonaerense. Pero desde el año pasado 2024 el actual gobierno transfirió esa responsabilidades al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por las líneas que solo operan en su territorio y no cruzan los límites de la Ciudad.

Para aplicar gradualmente el sistema, Macri y Kicillof desacoplaron las tarifas y aplican aumentos mensuales que surgen del índice de inflación minorista más reciente y un extra de dos puntos, con lo cual en diciembre el alza será de 4,3%.

En las líneas del AMBA (que cruzan de una jurisdicción a otra) el último aumento había sido a mediados de julio, antes del proceso electoral, y las previas habían sido en mayo y junio.

Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automtor (AAETA), el actual valor del boleto mínimo en el AMBA, que en 2024 aumentó 600%, no llega a compensar el piso extremadamente bajo que había alcanzado debido al prolongado congelamiento entre marzo de 2019 y marzo de 2022 y a valores reales, descontada la inflación, está aún lejos del precio de $18 de marzo de 2019, equivalente a $838 de hoy.

Cabe recordar además que entre 2022 y 2025 las tarifas urbanas de colectivos en la Argentina se multiplicaron en muchos casos más de 30 veces (esto es, aumentaron 2.900%), contra una inflación acumulada en ese período de 870,1%, diferencia que refleja en buena medida el grado de recomposición tarifaria ocurrida.

Según AAETA el retraso tarifario (en términos reales) llevó a un progresivo achicamiento y envejecimiento de la flota de colectivos urbanos. A noviembre de este año el parque es de unos 17.704 unidades , contra 18.321 que había en septiembre de 2021. A su vez, ahora eel 27% de la flota tiene una antiguedad de más de diez años, contra el 15% que tenía esa antiguedad cuatro años atrás.

Pero no todas las ciudades del país tuvieron la misma evolución tarifaria. La localidad de Centenario lideró con un incremento del 2.926%, al pasar de 66 pesos en 2022 a 1.997 en 2025. Le siguieron La Banda, con un 2.614% (de 35 a 950), y Resistencia, con un 2.508% (de 71 a 1.830). Pergamino y Mendoza completaron los primeros cinco lugares, con subas superiores al 2.400%.

Ciudades como Paraná, San Nicolás, Río Cuarto, Salta y Villa Carlos Paz también registraron incrementos mayores al 2.200%. Por su parte, Río Grande alcanzó el 2.208% y Olavarría el 2.073%.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se distinguen tres jurisdicciones: AMBA-PBA, AMBA-CABA y AMBA-Nación. En la provincia de Buenos Aires, el boleto urbano saltó de 25,20 a 550 pesos, una variación del 2.083%; en la Ciudad de Buenos Aires, subió de 25,20 a 546 pesos (2.067%), y en el AMBA-Nación alcanzó los 451 pesos, con una variación del 1.690% respecto de 2022.

Las ciudades ubicadas en la zona media del ranking, como Corrientes, Formosa, Catamarca, Oberá, General Roca, Balcarce, Tandil y Bariloche, registraron incrementos que oscilaron entre 1.890% y 2.067%. Otras localidades, como Santa Fe, Santa Rosa, Posadas, Cipolletti y La Rioja, presentaron variaciones entre 1.600% y 1.750%.

Ninguna ciudad del país tuvo subas menores al 1.000% en los últimos tres años. Bahía Blanca mostró el incremento relativo más bajo, con un 1.300%, mientras que Viedma alcanzó un 1.014%, ambas por encima de la inflación acumulada.

El informe de la AAETA resaltó que, a pesar de estos aumentos, las tarifas siguen rezagadas frente a los costos reales, especialmente en el AMBA. La entidad estimó que el costo real del boleto sin subsidio asciende a 1.713 pesos, mientras que la tarifa técnica —que contempla la compensación estatal y los boletos vendidos— se encuentra en 1.092 por viaje. La diferencia entre ambos valores refleja el peso de los subsidios estatales y la prolongación de un atraso tarifario estructural.

El estudio destacó que la recomposición de tarifas entre 2022 y 2025 fue un intento de corregir distorsiones acumuladas tras varios años de tarifas congeladas o ajustadas por debajo de los aumentos de costos. Además, la comparación entre regiones mostró amplias brechas: mientras en algunas localidades del interior el boleto superó los 1.500 pesos, en ciertas zonas metropolitanas sigue por debajo de los 600 pesos. Esta disparidad se debe a la heterogeneidad en los esquemas de subsidios y los costos operativos de cada región.

El Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet) informó que el transporte en el AMBA acumuló un alza del 852% entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, período correspondiente al mandato de Javier Milei. Este aumento superó ampliamente al índice general de precios, que varió un 171% en el mismo lapso, y a la canasta de servicios públicos, que se incrementó un 514%.

El transporte se consolidó como uno de los rubros que más impulsó la suba general de la canasta de servicios, por encima del agua, la energía eléctrica y otros servicios básicos. Por ejemplo, el agua aumentó un 376%, la energía eléctrica un 228% y el gas natural un 913%. En transporte, la variación interanual fue del 36%, mientras que la intermensual se ubicó en 2,3%, con un acumulado del 36% en lo que va de 2025.

El informe del IIEP precisó que, desde febrero de 2024, luego de la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, el único subsidio nacional vigente es la tarifa social de transporte, aplicable solamente a las jurisdicciones que integran el Sistema Único de Boleto Electrónico (S.U.B.E.).

El relevamiento mostró que el promedio ponderado de las tarifas en el interior del país fue de 1.279 pesos en octubre de 2025. Mientras tanto, el boleto mínimo de colectivo en el AMBA llegó a 451 pesos; en la Ciudad de Buenos Aires, a 547, y en Gran Buenos Aires, a 550 pesos. Por su parte, el pasaje mínimo de trenes en el AMBA se situó en 280 pesos y el del subte alcanzó los 1.112 pesos.

El estudio concluyó que, aunque el transporte en el AMBA se mantuvo relativamente accesible en relación con el salario mínimo, en el interior del país es el servicio más oneroso dentro del esquema tarifario nacional.

En la primera mitad de 2025, la presidencia de Javier Milei continuó enfocada en consolidar cambios significativos en la política económica, entre los cuales se destacaron el superávit fiscal, obtenido principalmente por la reducción del gasto público más que por el aumento de impuestos; el saneamiento del balance del Banco Central y el impulso a la actividad económica agregada hasta abril.

La campaña electoral para la renovación parcial de las cámaras legislativas, iniciada de forma anticipada, generó un clima de incertidumbre que se disipó tras el 26 de octubre. Ese contexto interrumpió la desaceleración mes a mes de la inflación, aunque no afectó la reducción de la pobreza e indigencia por ingresos.

Parte del cambio obedeció a la parálisis del gasto en obra pública con bajo grado de ejecución y a la virtual ausencia de nuevas iniciativas, tanto a nivel del gobierno nacional, como también de los provinciales y municipales, lo que no impidió mejoras en los indicadores de salarios que posibilitaron la disminución del indicador de pobreza por ingreso, además de mejores condiciones de vida para los hogares y sus integrantes.

Sobre la base de 76 indicadores del Indec, que incluyen los índices de clima educativo y acceso a la atención de la salud, y calidad de la vivienda de la población en la primera mitad de 2025, se registraron mejoras en 39, se mantuvieron iguales 10 y empeoraron 27, respecto de un año antes.

El saldo positivo, extrapolando los datos a 47,4 millones de habitantes, alcanzó a 3,3 millones de personas, equivalente al 7% de la población total y más de seis veces el crecimiento vegetativo del período. En ese resultado incidieron tanto acciones y efectos de la política económica del poder central, como las de las gobernaciones y municipios.

Las variaciones registradas por la Encuesta Permanente de Hogares del Indec en 31 aglomerados del país (con 29,9 millones de habitantes), extrapoladas al total poblacional, involucraron a 17,2 millones de personas, poco más de un tercio del total: mejoraron las condiciones de vida en 10,2 millones de personas y disminuyeron en 7 millones.

Según con el índice de salarios del Indec, entre el primer semestre de 2024 e igual tramo de 2025, la remuneración promedio de los trabajadores registrados aumentó 8,9% en términos reales (ajustado por inflación), un aspecto determinante para que la pobreza por ingreso descendiera del máximo de 52,9% de la población a 31,6 por ciento.

También contribuyó a la recuperación de los ingresos de la población el aumento real promedio del 13,1% de las jubilaciones y pensiones, más aún de las asignaciones familiares, lo que repercutió en las condiciones de vida en general.

La imagen captada por el Indec para el primer semestre de 2025 mostró que “el 81,5% de los hogares y el 78% de las personas habitan en viviendas cuyos materiales poseen calidad suficiente. El 5,7% de los hogares viven en viviendas con materiales de calidad insuficiente y el 12,8% en viviendas con materiales parcialmente insuficientes. En el caso de las personas, estos porcentajes ascienden a 7% y 15%, respectivamente”, informó el organismo.

Estos indicadores evidenciaron claras mejoras en las tres clasificaciones que realiza el Indec en comparación con un año antes, ya que en el primer caso aumentó 0,7%, beneficiando a 529.000 personas, según la proyección de los datos de los 31 aglomerados urbanos al total país.

El 63,6% de los hogares son propietarios de la vivienda y del terreno, mientras que el 6,9% son dueños únicamente de la vivienda. El tercio restante se distribuye entre el 17,5% de inquilinos, el 10,2% de “ocupantes” (que pagan impuestos o expensas, o son gratuitos con permiso o sin él) y el 1,8% de “otros” (principalmente ocupantes en relación de dependencia y sucesiones).

En comparación con el primer semestre de 2024, el Indec detectó un incremento de 773.000 habitantes en vivienda propia plena y de 95.000 ocupantes. En cambio, se registraron caídas en las otras tres franjas: 155.000 menos propietarios únicamente de la vivienda, 198.000 inquilinos menos y 85.000 menos en el resto.

Respecto de los hogares con saneamiento inadecuado -definidos por carencias como no poseer baño, tener el baño fuera del terreno, baño compartido, desagüe no conectado a red pública ni cámara séptica, o baño sin descarga de agua-, comprenden al 12,1% de los hogares y el 14,5% de la población. El último relevamiento registró una mejora de 1,6% (muy superior al crecimiento vegetativo de la población), mientras el grupo con saneamiento insuficiente se redujo 2,4%, favoreciendo en conjunto a más de 800.000 personas.

En cuanto al acceso a la red pública de gas natural, se mantiene como una asignatura pendiente. A pesar de que es un recurso con excedente creciente, volvió a caer y se ubicó en el 60,8% de la población, la proporción más baja desde el segundo semestre de 2020 (en plena pandemia de Covid-19). En valores absolutos, aumentó en 196.000 personas (0,7%, muy por debajo del crecimiento vegetativo del total de habitantes), llegando a 28,8 millones. Al mismo tiempo, los que no acceden a este servicio se incrementaron 1,5%, alcanzando 18,6 millones de personas.

Una dinámica similar se observó en el acceso al agua corriente de red: creció 0,68%, alcanzando a 42,4 millones de personas, mientras que aquellos que carecen del servicio aumentaron 4%, superando los cinco millones de habitantes. El universo sin cloacas también se incrementó, con una suba de 8,5% que llevó la cifra a 14,5 millones de habitantes, mientras que quienes tienen servicio de cloacas descendieron en 655.000 personas, situándose en 32,9 millones.

En cuanto a las características del hábitat, la EPH también construye indicadores sobre la ubicación de las viviendas:

1. Analiza la cercanía a basurales (tres cuadras o menos de sitios de disposición de residuos). El Indec detectó que, en el primer semestre de 2025, esta situación aumentó 6,4%, alcanzando a 2,8 millones de personas.
2. Ubicadas en zonas inundables: áreas donde, por lluvias o crecidas, el agua llega al umbral de las casas o se encuentran cerca de cursos de agua. Este grupo creció 18,8%, llegó a casi 5,1 millones de habitantes.

En materia de salud, la población con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia disminuyó 188.000 personas, quedando en 31,5 millones, mientras que quienes dependen únicamente del sistema público crecieron en más de 751.000, totalizando 15,8 millones.

En los indicadores del grado de instrucción, la EPH al cierre del primer semestre de 2025 muestra que, sobre una fuerza laboral de entre 18 y 64 años (proyectada en 24 millones de personas en todo el país), la franja dominante es la de hasta secundario completo, con 15,4 millones (se expandió en 434.000 personas respecto de la primera mitad de 2024), lo que representa el 64,3% del total. En contraposición, los habitantes con instrucción superior, hasta universitario completo, se redujeron en 81.000 personas, a 8,6 millones.

En la comparación con el primer semestre de 2023, el balance de los cambios en las condiciones de vida de la población, su nivel educativo y acceso a los sistemas de salud pública y privada, muestra que el 71% de los indicadores mejoraron, involucrando a 20,2 millones de personas; el 17% (alrededor de cuatro millones de habitantes) se deterioró y el 12% restante no registró variaciones significativas.

La mejora de las condiciones básicas de vida de la población depende no solo de la consolidación de la recuperación macroeconómica o del incremento del ingreso familiar, sino también de que estos aspectos primen en la agenda de los candidatos a cargos ejecutivos, tanto nacionales como provinciales y municipales, y se reflejen en sus propuestas de campaña, presupuestos enviados a las legislaturas y ejecución posterior.