POLITICA
Lijo expuso en el Senado sobre trata de personas: “Argentina tiene más de 50 condenas por año y es un país líder en la lucha”

La conmemoración del Día Mundial contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Niños y Mujeres convocó este lunes a referentes judiciales, legislativos y de ONG en el Senado de la Nación. El juez federal Ariel Lijo fue uno de los expositores del encuentro, que tuvo como eje reflexionar sobre la evolución de la legislación, los desafíos y los logros de la Argentina en la lucha contra la trata de personas. Ante un auditorio integrado por especialistas en la materia, Lijo destacó la importancia de que el Congreso le dedique “tiempo, recursos y energía” a “un tema tan trascendente”.
Durante el panel, Lijo revisó los cambios registrados desde la sanción en 2008 de la primera gran normativa contra la trata en el país, subrayando que el principal obstáculo en los inicios fue de índole cultural y legal. Describió cómo, en ese momento, la sociedad, el sistema judicial y hasta las propias víctimas desconocían qué era la trata o no se reconocían como afectadas por este delito. “El desafío inicial era cultural porque tenía en tres planos, falta de percepción. En la sociedad, que no entendía qué era la regulación de trata, si prostitución hubo toda la vida. En las víctimas, que nunca se percibieron como tales”, expresó el magistrado.
Asimismo, el juez subrayó que la transformación conceptual fue fundamental para alcanzar la lectura actual de estos crímenes: “Ese desafío cultural ya fue zanjado y ese es el primer gran éxito que permitió que las cosas evolucionen”, afirmó Lijo ante los presentes. A partir de ese avance, según su diagnóstico, la justicia nacional pudo catalogar la trata de personas como un delito de tipo organizado, vinculado centralmente a la vulneración de la dignidad y los derechos humanos, dejando atrás la visión restringida a la explotación sexual o laboral.
En su exposición, Lijo insistió en que el verdadero impacto sobre las redes dedicadas a la explotación y trata está en atacar su poder económico: “El crimen organizado básicamente se combate con el flujo de fondos”, sostuvo el juez federal. Planteó que el siguiente paso en el enfoque penal argentino debe consistir en profundizar la persecución de los bienes y recursos financieros obtenidos a través de estos delitos, tema sobre el que remarcó: “Más allá de los recursos, es la respuesta siguiente que debería dar el sistema penal en el combate real de estas organizaciones”.

El magistrado expuso que el país atraviesa una etapa de transición, marcada por el pasaje de una lógica centrada en rescatar víctimas individuales a otra focalizada en desarticular estructuras criminales complejas. Ejemplificó este proceso con referencias puntuales a avances legislativos y judiciales, repasando la importancia de la coordinación interinstitucional y la articulación con organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas y sindicatos. En ese sentido, mencionó como antecedente destacado la firma de un documento internacional junto al Papa Francisco en la Academia Pontificia, así como el aporte de ONG como La Alameda y referentes de comunidades Qom, que participaron en los primeros intentos de reutilización de bienes incautados a redes delictivas.
Entre otras situaciones, Lijo recordó que, en distintas investigaciones, “las víctimas estaban muy enojadas con los tribunales, muy especialmente enojadas”, revelando un desafío vinculado a la percepción y tratamiento judicial de los afectados. También rescató el papel de la coordinación y el intercambio internacional de información, con menciones a casos investigados en la frontera argentina con Perú y Brasil, donde actividades mineras y petroleras son escenario de nuevas formas de explotación.
Al abordar los logros concretos, el juez enfatizó que Argentina cuenta actualmente con “más de cincuenta condenas por año”, cifra que, según su testimonio, ubica al país como “uno de los países líderes en el mundo” en materia de sentencias contra la trata de personas. Lijo resaltó que el país fue reconocido en distintas oportunidades por Naciones Unidas debido a la consolidación de políticas de reparación para las víctimas y la creación de un fondo para su indemnización integral. “Avanzamos mucho, en el tema de víctimas, en la reparación integral. Eso es una iniciativa judicial, en reparación integral, en la creación de un fondo”, explicó.
POLITICA
El Gobierno limita su ofensiva al plano judicial y no sale a confrontar con la AFA por el paro del fútbol

En medio de un llamativo silencio casi total, el Gobierno buscó hoy mantener distancia del escándalo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que anunció un paro de todas las categorías para la semana próxima, cuando tengan que prestar declaración indagatoria el titular de la institución, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino.
La decisión de no confrontar en el plano discursivo se contrapone, sin embargo, a la línea que prima en el Gobierno respecto de su ofensiva judicial y administrativa contra la AFA.
De hecho, este martes vencía el plazo para que tanto la AFA, como la Super Liga, presentaran un pedido de mayores explicaciones que le había hecho la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre una documentación presentada previamente.
Mientras que la Super Liga lo presentó, la jornada cerró sin novedades de la AFA. Si bien podría llegar a presentarla mañana temprano sin mayores contratiempos, las autoridades esperan para ver cómo proceder. Si la AFA no lo presenta, por la tarde podrían conocerse novedades. Así lo confirmaron a fuentes del área.
Se trataría de la primera avanzada después de conocido el paro de la novena fecha del torneo (en este caso de primera división), aunque el plazo ya estaba dado de antemano. La IGJ, junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), constituyen los dos pilares sobre los que avanza el Gobierno legalmente.
Lejos de esos avances, en las filas del Ejecutivo eligieron el silencio. “No opinamos sobre el tema” y “es un tema AFA- Justicia”, fueron algunas de las definiciones, lacónicas, desde el corazón libertario ante la consulta de . Fueron en sintonía con las primeras respuestas por la decisión del paro, en el atardecer del lunes.
No es la primera vez que el oficialismo elige esa posición en el caso, en el que deslizan que cualquier declaración política sobre el tema podría derivar en un dolor de cabeza si Tapia o Toviggino reclaman ante organismos deportivos internacionales. Creen que no hay necesidad y que, con lo que ya hay en la Justicia sobre ambos, “es más que suficiente”.
Pese a ese silencio que eligió la administración libertaria en las últimas horas, fuentes de la Casa Rosada dejaron trascender que “no hay una decisión de desacelerar” en la arremetida que en los últimos meses dirigieron contra las autoridades del fútbol argentino.
Las fuentes consultadas afirmaron que se mantiene “la idea de ir a fondo” y en ese sentido apuntaron a que la idea, a través de la ARCA, que presentó en diciembre la denuncia que llevará en los próximos días a Tapia y Toviggino a indagatoria por primera vez, es “seguir adelante, a full”.
La ARCA es querellante en el caso, además de haber sido denunciante por la inexistencia de aportes de la AFA, lo que la convierte en capaz de pedir medidas de prueba o diferentes acciones en el expediente. “Todo lo que encontremos lo vamos a llevar a la Justicia”, definen.
“No hay vuelta atrás”, dijo otra de las fuentes consultadas. A lo que confirmó que a través de la ARCA y la IGJ se seguirá con los caminos iniciados a fines del año pasado.
A la denuncia inicial de ARCA, por la retención indebida de tributos, por la que fueron citados Tapia y Toviggino por el juez en lo penal económico Diego Amarante, el organismo le agregó una presentación a fines del mes pasado, que involucra el presunto uso de facturas apócrifas.
Esto fue denunciado por el organismo luego del cruce de datos con bases de contribuyentes y de un intercambio de notificaciones entre la ARCA y la AFA. En la Casa Rosada no dudaron, al momento de la presentación, en considerar que el material terminará convirtiéndose en una de las “principales denuncias” contra Tapia y Toviggino.
Ese nuevo escrito, ARCA puso en la mira el uso de facturas presuntamente apócrifas con un monto estimado en más de $376 millones, aunque desde el vamos aclararon que no es la cuantificación final, por lo que podría ascender aún más.
En paralelo a lo que sucederá este miércoles y lo que pasará con la ARCA, el otro dispositivo que está en marcha es el de la IGJ, que discute la sede que la AFA dispuso en Pilar, para eludir sus controles. Eso está en la Cámara de Apelaciones y será objeto de fuertes consecuencias.
“Todo lo que encontramos está en las respectivas instituciones. Es la justicia la que interviene ahora”, completaron en referencia a la denuncia que la ARCA y ese movimiento de la IGJ.
En línea con la premisa de no confrontar políticamente, el único que habló públicamente en las últimas horas fue Daniel Vítolo, titular de la IGJ, quien aseguró en referencia al material que se le reclama a la AFA: “Deben dar muchas explicaciones sobre la utilización de los fondos, el cumplimiento de los objetivos de la asociación civil que ellos dirigen las vinculaciones que tienen con otra asociaciones civiles como es el caso de la Superliga”. Fue en diálogo con la señal TN.
“A nadie le viene bien un domingo sin fútbol. Ni a la AFA, ni al Gobierno, pero si nos enfrentamos es muy fácil explicar por qué no hay fútbol”, dijo una de las voces consultadas. Y sumó: “A diario se conocen noticias de desmanejos. No hay mucha duda de qué pasa”.
En la Casa Rosada también consideraron que “queda en evidencia el corporativismo del fútbol argentino”, que cerró filas para apoyar la decisión en apoyo a Tapia y Toviggino.
retención indebida de tributos,Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
Julián López, ministro de Justicia de Córdoba: “Celebramos la media sanción de la ley de baja de edad de imputabilidad”

En una entrevista en Infobae en vivo, Julián López, ministro de Justicia de Córdoba, advirtió sobre las dificultades que enfrenta la provincia para implementar la nueva Ley Penal Juvenil: “El aporte incluido en la ley es mínimo en comparación con lo que invirtió Córdoba solamente en infraestructura”.
En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, López trazó un diagnóstico sobre la situación actual: “Vivimos en un estado de descomposición de la seguridad en general. Cuando hay descomposición social, hay aumento de la pobreza y la indigencia, y automáticamente también aumenta la delincuencia”. El ministro hizo hincapié en el crecimiento de delitos graves cometidos por jóvenes y en la percepción de impunidad que genera en la sociedad.
Reforma en Córdoba y límites del sistema federal
López explicó que Córdoba aprobó a principios de 2025 una reforma del Código de Procedimientos Penal Juvenil: “Se generaron distintas herramientas, sobre todo para jóvenes que vienen de cometer raids delictivos importantes, con dieciocho, veinte ingresos en poco tiempo al sistema correccional”. Relató que, pese a los avances, la aplicación se ve condicionada por las competencias nacionales: “Muchas normas se declaran inconstitucionales y otras son de difícil aplicación cuando el derecho de fondo contrasta con el derecho de forma que pueden aplicar las provincias”.
El ministro argumentó que la baja de la edad de imputabilidad aporta respuestas ante delitos graves: “Celebramos esta media sanción de la ley, para que aquellos chicos que cometen delitos graves puedan encontrar una respuesta del Estado y que sea parte de un régimen diferencial”. Descartó que se trate de igualar el régimen penal juvenil al de mayores: “No es así porque tiene topes, incluso para los años que se le pueden dar a un joven que comete un delito, incluso un homicidio”.
La inversión provincial y los desafíos de infraestructura
Al ser consultado por el financiamiento, López detalló: “El año pasado el gobernador Martín Llaryora anunció la licitación para una obra muy grande, con una inversión de casi 18 mil millones de pesos para este penal juvenil, el campus Papa Francisco, que va a permitir el tratamiento de alrededor de 250 jóvenes”. Destacó que la infraestructura fue pensada para adolescentes entre 16 y 18 años, pero la baja en la edad de imputabilidad obligará a hacer adecuaciones: “Habrá que hacer adecuaciones necesarias para jóvenes de menor edad, entre 14 y 15 años”.
El ministro expresó la preocupación compartida con otras provincias por el escaso acompañamiento nacional: “Sabemos que hay incluido en la ley un aporte que es mínimo, creo que es de 23 mil millones, es mínimo en comparación. Cuento lo que invirtió Córdoba solamente en infraestructura, eso sin contar profesionales, equipos técnicos, infraestructura extra y muchas cuestiones que van a ser necesarias”. Subrayó también la responsabilidad provincial: “Cuando Nación no puede acompañar, las provincias muchas veces toman la decisión de hacerlo eficiente”.
Casos paradigmáticos y la “Ley Joaquín”
López compartió historias que marcaron su gestión en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia: “Un joven apodado el Pistolero ingresó y egresó 18 veces del sistema correccional. Provenía de un espacio sin contención familiar ni social. Hasta que cumplió los 16 años no se pudo dictar una pena privativa de libertad, porque la legislación no lo permitía”.
Narró el caso de Joaquín Esperanti, asesinado a los 14 años por un amigo de la misma edad en Laboulaye: “Fue un hecho muy traumático. Hablé mucho con los padres de la víctima. Por ser menor de edad el victimario, la familia ni siquiera pudo constituirse en querellante, no pudo acceder a la prueba, no podía discutir muchas cuestiones procesales”. Este caso derivó en la presentación de la “Ley Joaquín”, destinada a garantizar derechos de las víctimas: “El gobernador la ha firmado y la ha enviado a la Legislatura para garantizar los derechos de las víctimas”.
Sobre el proceso para los menores no imputables, López admitió: “En estos casos, el joven queda a la buena del juez de menores y se lo priva de la libertad sin juicio ni condena justa. La ley que baja la edad de imputabilidad viene a poner una situación de justicia que no existía, donde los victimarios también tendrán la posibilidad de un juicio justo, de declarar, de tener un abogado”.
El ministro defendió la gradualidad de la reforma: “El proyecto aprobado tiene que ver con la proporcionalidad y el gradualismo. En los casos de homicidio o lesiones graves, permite el tratamiento temprano y rápido, hace que el sistema sea más eficiente y evita que los jóvenes entren en un raíl delictivo de mayor crecimiento”.
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julián lópez
POLITICA
Anunciaron otro interbloque en el Senado: se aliaron Provincias Unidas, partidos provinciales y Pro

CÓRDOBA.- Impulso País es el nombre que eligieron para el interbloque que constituyeron los siete senadores provenientes de Provincias Unidas, partidos provinciales y el PRO. Ya notificaron de su creación a Victoria Villarruel, presidenta de la cámara baja. Con una “visión federal y productiva” buscan “coordinar una agenda legislativa que priorice el desarrollo regional, el trabajo y la búsqueda de consensos racionales en el Congreso», aseguran.
Está integrado por los senadores Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) del bloque Provincias Unidas; Edith Terenzi (Despierta Chubut); Beatriz Ávila (Independencia, de Tucumán) y Enrique Goerling (Misiones), Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa) del PRO.
En las últimas horas en el Senado hubo varios movimientos. Por un lado, Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) dejaron el interbloque Popular que conduce José Mayans. En paralelo, Patricia Bullrich logró imponer a la jujeña como vicepresidenta de la Cámara, desplazando de ese sitial a un representante del kirchnerismo.
Al anunciar la creación de Impulso País, los legisladores sostuvieron que el interbloque se constituye como “una herramienta legislativa al servicio del crecimiento de las provincias y el fortalecimiento de las instituciones nacionales” y plantearon que buscarán consensos que “permitan superar el estancamiento y proyectar a la Argentina hacia un futuro de desarrollo sostenible”.
Este martes Vigo, esposa de Juan Schiaretti, fue reelecta como vicepresidenta segunda del Senado. La tucumana Ávila supo estar distanciada del gobernador Osvaldo Jaldo, pero la relación mejoró el año pasado.
El nuevo interbloque esta semana se mostrará actuando en las sesiones del jueves y viernes. En la primera se tratarán las modificaciones al régimen penal juvenil, la ley de Glaciares y el pliego que nomina a Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea (UE). En la segunda, volverá a votarse la reforma laboral.
Otro senador cordobés, Luis Juez, ayer anunció su pase formal al bloque de La Libertad Avanza, luego de haber integrado el monobloque del Frente Cívico.
dejaron el interbloque Popular,logró imponer a la jujeña,Gabriela Origlia,Conforme a
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