El Gobierno de la provincia de Neuquén concretó este jueves un hecho inédito en su política de seguridad: la entrega de bienes decomisados a personas acusadas y condenadas por narcotráfico para su uso por parte de la Policía provincial y el Ministerio de Salud.

El acto fue encabezado por el fiscal general José Gerez junto al gobernador Rolando Figueroa, quienes transfirieron dos camionetas 4×4, tres motos y dos bicicletas, las cuales tenían un valor aproximado de 160 millones de pesos.

En concreto, la transferencia de estos recursos, que incluye dos camionetas Toyota —una Hilux DC GR-Sport y una SRV—, tres motos (Kawasaki Z-400, Yamaha XTZ-250 y Honda XR-250) y dos bicicletas de alta gama Specialized, buscaría transformar los activos de las organizaciones criminales en herramientas para el fortalecimiento institucional.

El acto se realizó en la sede de la Jefatura de Policía desde las 15 horas, en donde también estuvieron presentes autoridades como el ministro de Seguridad provincial, Matías Nicolini; el jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez; el fiscal jefe Agustín García; las fiscales de Narcocriminalidad Silvia Moreira y Eugenia Titanti; y la coordinadora del área en el Ministerio Público Fiscal, Mariana Querejeta.

De acuerdo con la información publicada por Diario Río Negro, se trató de la primera entrega de bienes decomisados desde que, el 28 de febrero, la provincia asumió la competencia para investigar delitos de microtráfico, una función que hasta entonces dependía de la Justicia Federal.

En línea con esto, el fiscal general subrayó el impacto de la ley 3.488, que otorgó a Neuquén la potestad de actuar en estos delitos. “Neuquén obtuvo resultados sobresalientes que la colocan a la vanguardia en la lucha contra el microtráfico a nivel nacional y regional”, afirmó Gerez durante el acto.

De esta manera, el funcionario detalló que el plan estratégico provincial se apoya en el desmantelamiento de organizaciones violentas, la promoción de la denuncia ciudadana, la implicación de gobiernos locales y empresas de servicios, y la neutralización de puntos de venta de droga, ya sea mediante el cambio de destino de los inmuebles o su demolición.

Respecto al significado del decomiso, Gerez sostuvo que representa “el verdadero debilitamiento de las organizaciones criminales”. Además, enfatizó que “el apoderamiento de estos bienes por parte del Estado fortalece la persecución penal y los programas de salud, prevención y rehabilitación de adicciones”.

Por su parte, el gobernador Figueroa puso en valor la articulación entre las distintas áreas del Estado y el papel de la Policía provincial. A lo largo de su discurso, relacionó esta política con la reciente ley que obliga a los funcionarios a someterse a pruebas toxicológicas.

La medida establece como requisito estar libre de sustancias ilícitas en el organismo para poder ejercer una función pública y afecta a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a ministros, legisladores, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales y consejeros de la Magistratura.

También se extiende a secretarios, fiscales de Estado, asesores generales de Gobierno, directivos de organismos autárquicos, empresas estatales y entes de control. Todos ellos estarán sujetos a mantener una periodicidad de controles para demostrar su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, los cuales deberán realizarse al menos una vez por año.

“Perseguir duramente al delincuente es necesario, pero también debemos tratar a quienes tienen una enfermedad desde el sistema de salud”, expresó el mandatario. Y concluyó: “Los resultados están a la vista: hemos quemado droga, derribado inmuebles, secuestrado millones de pesos y ahora decomisamos sus bienes para volcarlos con un fin de utilidad pública”.

Asimismo, el ministro Nicolini destacó la coordinación entre los tres poderes del Estado. “Por primera vez, bienes que antes usaban los narcos para delinquir o enriquecerse, ahora se destinan a la lucha contra ellos”, señaló.

Javier Milei volvió a la Argentina después de casi una semana en Estados Unidos. Durante su viaje, no solo logró revertir la visión que tenía el sector financiero sobre su gestión, sino que también obtuvo un nuevo desafío: recomponer la relación con los gobernadores para revertir el escenario adverso en el Congreso y gobernar sin sobresaltos.

El anuncio de la administración de Donald Trump que, entre otras cosas, confirmó que negocian un swap de US$20.000 millones, le dio oxígeno al Presidente hasta -por lo menos- el 26 de octubre.

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Desde que se dio a conocer la noticia, el dólar y el riesgo país bajaron. Eso generó expectativas en la Casa Rosada, donde varios funcionarios se mostraron eufóricos por los elogios que recibió el mandatario por parte de Scott Bessent, el titular del Tesoro de los Estados Unidos.

“Lo que pasó ayuda a estabilizar los mercados, eso hace que la confianza se recupere”, dijo un integrante del Ejecutivo, ni bien se dio a conocer el apoyo norteamericano. Otra fuente, con acceso al despacho presidencial, sostuvo que las últimas actividades de Javier Milei lograron “un motivo más para confiar en la gestión”. Y agregó: “En las elecciones nacionales se puede ganar”.

El aire triunfalista que se vivió en Balcarce 50 calmó las preocupaciones que vivieron los libertarios en las últimas semanas. “Veníamos de un lapso donde nos entraban todas las balas juntas”, graficó un libertario, en referencia a los reveses en el Congreso y al fracaso de La Libertad Avanza en las elecciones de Buenos Aires.

Pero la asistencia financiera que prometió Estados Unidos vino de la mano de un pedido político: que Milei logre mantener la estabilidad política y el control en el Congreso.

En el último tiempo, la campaña y los cierres electorales generaron cortocircuitos entre LLA y sus aliados. Sobre todo con los gobernadores, que miraron con desconfianza la decisión del oficialismo de presentarse en varias provincias con sello propio y 100% violeta.

Esa situación tuvo una consecuencia directa en el Congreso: el Ejecutivo dejó de tener los votos necesarios para defender los vetos de Milei que, por ejemplo, emitió contra la Ley de Emergencia en Discapacidad y Emergencia en el Garrahan.

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Ahora, el desafío de la cúpula presidencial será retomar los contactos con los dialoguistas y lograr llegar a las elecciones nacionales sin tropiezos.

No obstante, en el Gobierno saben que será una tarea difícil: “Ya están las alianzas armadas. Un grupo de gobernadores se unieron para formar el frente Provincias Unidas. Ya está todo sobre la mesa, es complicado”.

Asimismo, hay ciertos gobernadores que aseguraron a este medio mantener un buen diálogo con el oficialismo. “No hay que comerse los amagues de la dialéctica de la época electoral, el diálogo con Nación nunca se perdió. Pero la campaña es la campaña”, graficaron cerca de uno de los mandatarios que mejor relación tuvo con La Libertad Avanza, pero que se alejó en los últimos meses.

En este contexto, uno de los primeros acercamientos que tendrá la Casa Rosada con otros sectores se dará el próximo lunes, en la reunión del Consejo de Mayo. Allí, Guillermo Francos se encontrará con representantes del Congreso, de los gobernadores, de los sindicatos y de las empresas.

Javier Milei, Estados Unidos, Congreso., Elecciones 2025

El aire en la casa de Javier Tchukrán, el director general de Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA, está saturado de tensión. No hay testigos ajenos, solo los protagonistas de una trama que surgió en los pasillos de las empresas productoras de medicamentos y desembocó en esas paredes, donde la urgencia de protegerse superó cualquier rigor legal o ético.

La instrucción judicial ha dejado acreditado que Ariel Fernando García no solo diseñó y construyó el conglomerado farmacéutico responsable de la peor tragedia sanitaria del país, al producir y vender fentanilo contaminado con dos bacterias asociado a 124 pacientes fallecidos, sino que condujo personalmente el encubrimiento de pruebas, la falsificación de registros y la destrucción sistemática de evidencias a mediados de mayo. Es decir, días después que el Hospital Italiano de La Plata denunció los primeros fallecimientos de pacientes de terapia intensiva tratados con el lote 31202 de fentanilo HLB Pharma. Esto es cuando el escándalo se hizo público y la verdad comenzó a imponerse.

Así esta relatado en las 401 fojas del procesamiento con prisión preventiva y un embargo sin precedentes por un billón de pesos contra el empresario que intentó distribuir la vacuna Rusa Sputnik V contra el COVID-19 en la Argentina. También fueron procesados su madre, Nélida Furfaro, con prisión domiciliaria; su hermano Diego, quien también sigue detenido, y señalado por el juez como “propietario y gerente oculto de Laboratorios Ramallo SA”, y doce directivos y responsables del control de calidad y la elaboración de los medicamentos que se elaboraban en las plantas productoras.

Entre ellos el mencionado Javier Tchukrán (detenido), identificado como “director general de Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA”; el director técnico de HLB Pharma, José Antonio Maiorano (detenido); Adriana Iudica, subjefa de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo SA y, entre otros, la directora técnica de Laboratorios Ramallo Carolina Ansaldi (prisión domiciliaria).

Los vídeos claves fueron registrados los días 17 y 18 de mayo por las cámaras de seguridad, que grababan todo, ya que estaban instaladas en el domicilio particular de Tchukrán, ubicado en el piso 6° de la Avenida Caseros al 2400 en CABA.

A los investigadores les pareció “increíble”, primero que el encuentro se halla registrado, y segundo, que olvidaran borrarlos. Los soportes digitales fueron hallados en el allanamiento ordenado por el juez Kreplak y reproducidos por los peritos informáticos.

En ese espacio privado, Ariel García, junto a su hermano Diego y Tchukrán el empresario de 39 años diseñaron una estrategia milimétrica de ocultamiento.

En uno de esos vídeos se observa al técnico químico Tchukrán trayendo una caja de cartón madera, aparentemente repleta de ampollas de fentanilo que habían trasportado desde el depósito del laboratorio.

El diálogo, por momentos inaudible y entrecortado, es directo y cargado de sobreentendidos.

—Llevate esto, boludo, le dice Ariel señalando la caja y dejando claro el mensaje.

Tchukrán asiente, asumiendo el peso de la complicidad: sabe qué hacer. El plan es simple y brutal: someter a las ampollas, se presume de los lotes contaminados, al calor de la autoclave.

Según el expediente, la autoclave se utilizaba a una presión de 2,1 kg/cm² y a una temperatura de 121°C para esterilizar y destruir las bacterias. En este casi también para eliminar posibles evidencias de contaminación si el juzgado ordenaba retirar las “muestras museos” para compararlas con los análisis bacteriológicos realizados sobre las muestras de sangre de los pacientes fallecidos y que constaban en las historias clínicas.

Es Ariel quien da la orden:

—Que las tenga la vieja ahí y que ponga autoclavada. “La vieja” es Iudica, la responsable de los controles microbiológicos.

Por su parte, Tchukrán responde:

—Y que cultive las dos.

La conversación gira en torno a la manipulación de las muestras que podrían incriminar al grupo.

La línea de tiempo elaborada por el juzgado es clara: el 18 de diciembre de 2024 se elaboró el fentanilo contaminado y el 5 de enero de 2025 es liberado al mercado.

El primer fallecido en el Hospital Privado de La Plata (querellante en la causa) es registrado el 14 de abril. El 30 de ese mes se identifica como “nexo causal” del brote de neumonía y las muertes que se elevaran a 15. El 2 de mayo, feriado nacional; el hospital privado denuncia la contaminación bacteriana del fentanilo de HLB Pharma a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. La ANMAT es el organismo regulador encargado de la fiscalización, control y habilitación de medicamentos, productos médicos, alimentos y tecnología vinculada a la salud.

El 5 de mayo, el organismo de control toma cartas en el asunto. El 8 de mayo inhibe al laboratorio para que produzca medicamentos. El 11 emite una alerta que prohíbe la aplicación de cualquier partida de fentanilo de HLB Pharma y el 13 de mayo se hace la denuncia judicial que recae en el juzgado federal de Ernesto Kreplak.

Como quedó grabado, la primera reunión de urgencia en el departamento del empleado de los hermanos García se realizó exactamente una semana después del inicio de la causa judicial que los tiene presos.

Los diálogos registrados son reveladores. Ariel instruye para que se complete la documentación del batch record (la hoja de ruta de la elaboración del fentanilo contaminado) que está incompleta.

“Hay que terminar (la documentación) por las dudas, (por sí) después los piden”, ordena Ariel.

Diego, su hermano menor también advierte sobre los “batch incompletos”. Ariel lo corta:

—Primero hay que completarlos, están incompletos, y sugiere que los firme “el Gordo”.

Con ese sobrenombre se refieren a Antonio Maiorano, el director técnico de HLB Pharma.

El mensaje es inequívoco: los papeles tienen que aparecer completos, aunque eso suponga llenarlos a posteriori y antedatar las firmas. Es decir, falsificarlos.

Esto ocurrió tal como ordenó Ariel García.

En su declaración indagatoria Maiorano, quien, como DT poseía el poder legal de liberar lotes y firmar los documentos de control describe ante la justicia el mecanismo que puso en marcha el empresario: lo citaban de urgencia, le pedían firmas sobre registros que no estaban completos o que habían desaparecido. Él asegura que se negaba, pedía ver todos los datos, pero, según describió, la presión aumentaba y el margen de maniobra se estrechaba.

En las páginas 107 a 109 de la resolución judicial el juez trascribió la defensa del ingeniero químico.

“Me llamaron a la oficina una noche y me pusieron papeles para firmar, que ya estaban hechos… No me dejaron salir (hasta firmarlos”, relató y reforzó: “Tuve que firmar amenazado”. La frase se repite en la foja 109.

El magistrado también lo procesó con prisión preventiva. Era el profesional que, por ley, debe garantizar la seguridad de los medicamentos que salen al mercado.

Las cámaras de seguridad de Laboratorios Ramallo también entran en la lista de objetivos a neutralizar.

—Que apaguen las cámaras y las den de baja, exige Ariel.

—Le digo a Joaquín que mañana apague todas las cámaras, responde, tranquilo el empleado.

En la segunda grabación Tchukrán informa a los García que “además de los mails, hice borrar todo lo que estaba… lo borramos todo, o sea que no hay un solo gramo de información…”.

El operativo incluye limpiar los servidores y desaparecer todo dato que vincule a la familia con el laboratorio o los lotes sospechados.

Esta preocupación iba camino a convertirse en obsesión para Ariel, que poco después se deshizo de su propio celular —la línea a nombre de Alfarma SRL—, reemplazando el aparato y el chip y borrando así todo vestigio anterior al 13 de mayo de 2025.

En los videos, la improvisación se mezcla con la rutina. Tchukrán aparece con la computadora, consulta portales de noticias para conocer el alcance del escándalo, repasa lo que dice la prensa de Colombia sobre pacientes muertos por bacterias similares a las detectadas en el fentanilo de HLB Pharma.

La conversación deriva a las pruebas de laboratorio que realizó Iudica y que le había dado un “positivo”, pero que la subjefa de microbiología relativizó y en una reunión en Ramallo, posterior a que la ANMAT tomara intervención en el caso tildándolo como un “falso positivo” y “problema de técnica”, pero sobre el cual no advirtió a nadie.

“Le dio mal a la vieja Iudica”

Los vídeos son una prueba de los preocupados que estaba el Clan Furfaro por las deficiencias en la elaboración del medicamento y el “positivo” que les había dado en el control de calidad y se desestimó.

Es en este contexto que Tchukrán le manifiesta a García que no le genera mayor preocupación “la (bacteria) pickettii” ya que, según sus palabras, “la matas con un antibiótico choto”, dando a entender que su tratamiento resultaría sencillo.

Sin embargo, al referirse a la otra bacteria (presumiblemente Klebsiella), sostiene que su abordaje es más complejo, ya que requiere la administración de múltiples antibióticos diferentes porque es multirresistente y, aun así, “existe incertidumbre respecto de la recuperación del individuo”.

Nuevamente Ariel le pregunta a su interlocutor por qué “le dio mal a la vieja Iudica” a lo que Tchukrán sostiene que lo que le dio fue “que creció algo, pero no era anaeróbica, hoy hablé con la mina, ni era una Klebsiella… una contaminación porque hicieron mal la técnica”.

Después de un intercambio de ideas sobre la detección de la bacteria en el hospital privado de La Plata, Tchukrán refiere una vez más que, según una charla que mantuvo personalmente con ella, “a la vieja le dio positivo” y que le dijo “me dio positivo, pero ya me pasó en otro momento”.

Antes de despedirse, Ariel vuelve a señalar la caja de cartón con las ampollas de fentanilo y repite: “Llévate esto, boludo”. A lo cual Tchukrán le manifiesta que se hará cargo, que sabe qué hacer. Por último, Diego García agrega que “tienen que terminar con todo esta misma semana”.

Las evidencias, reunidas por la instrucción revelan la decisión consciente de falsificar, destruir y manipular pruebas para impedir la acción de la justicia.

De la resolución se desprende que, para el juez, el dominio de Ariel García se extiende desde la producción hasta el final de la cadena del encubrimiento, pasando por la presión sobre empleados y directivos para garantizar no solo el margen de ganancia, sino la sobrevivencia judicial del clan.

Mientras tanto, los hospitales y clínicas contaban víctimas y la sociedad pedía respuestas, puertas adentro, y grabado por las propias cámaras de seguridad del domicilio de uno de los detenidos, clan García Furfaro evidenciaba que su protocolo era el silencio, la obediencia y la destrucción sistemática de todo vestigio de contaminación.

“Tragedia sanitaria”

En la resolución judicial Ernesto Kreplak dejó asentado que en su investigación detectó un “relajamiento generalizado de los controles y medidas vigentes” en la producción de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

Se comprobó que “las alertas previas relativas a las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) emitidas por la autoridad de aplicación fueron sistemáticamente incumplidas, al punto que muchos de los desvíos que las motivaron vuelven a materializarse en ocasión de la producción de los lotes de fentanilo adulterado”, describió el magistrado.

La investigación permitió identificar “copiosos defectos en la elaboración del fentanilo contaminado que ya habían sido alertados previamente”.

La imputación que el juez le endilgó a Ariel Fernando García y a la mayoría de los procesados es grave. Se le imputó formalmente la comisión del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en calidad de coautor, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor. La expectativa de pena es de entre 10 y 25 años de prisión o reclusión.

En su escrito Kreplak dejó por sentado que: “La instrucción ha logrado demostrar que Ariel García es la figura principal de esta tragedia sanitaria”.