Salir a la ruta con un auto particular, sea para aprovechar un fin de semana largo o para salir de vacaciones, exige a los conductores cumplir con una serie de requisitos que habilitan legalmente la circulación por la vía pública y permiten enfrentar con normalidad los controles vehiculares que se realizan sobre todo en periodos de mayor tránsito. Aunque en los últimos años se implementaron herramientas digitales para facilitar la presentación de ciertos papeles, las exigencias básicas que fija la normativa no se modificaron y continúan vigentes conforme a la Ley Nacional de Tránsito.

Circular sin la documentación obligatoria puede derivar en sanciones económicas, la retención de alguno de los documentos o incluso la imposibilidad de continuar el viaje hasta que se regularice la situación. Por eso, antes de emprender un recorrido por las rutas argentinas es clave verificar que todos los papeles solicitados estén a mano y en condiciones de ser exhibidos ante cualquier control.

El primer documento que debe portar quien conduce es el Documento Nacional de Identidad (DNI) con domicilio actualizado. Este documento debe estar vigente y en formato físico, ya que en la mayoría de los controles no se admite únicamente una copia digital como sustituto del original. El DNI es la prueba principal de identidad y residencia y su ausencia configura una infracción que puede derivar en multa o en la retención provisional del vehículo o del carnet de conducir, según la gravedad de la falta.

Junto con el DNI, es obligatorio llevar la Licencia Nacional de Conducir que habilita para manejar. A diferencia del documento de identidad, la licencia habilitante puede presentarse en formato digital a través de la aplicación oficial del Gobierno, donde cuenta con un código QR que se actualiza periódicamente. Esta versión digital tiene la misma validez que la física, siempre y cuando se pueda visualizar correctamente y acreditar la vigencia de la habilitación. Un punto que suele generar confusión entre los automovilistas es que la licencia debe haber sido emitida por la misma jurisdicción en la que figura el domicilio del conductor. Si esta condición no se cumple, la autoridad de control puede considerar la licencia inválida y aplicar la sanción correspondiente.

La documentación del vehículo también integra los requisitos exigidos para circular sin inconvenientes. La cédula de identificación del automotor, conocida popularmente como cédula verde, contiene los datos esenciales del vehículo y del titular. Aunque en la práctica muchos conductores utilizan la versión digital disponible en la app gubernamental, algunas provincias aún exigen la presentación del documento impreso, por lo que es recomendable contar con ambas versiones para evitar problemas en una inspección. Cuando quien conduce no es el titular del vehículo y circula sin la presencia de éste, es indispensable contar con una autorización de manejo generada en la misma aplicación oficial. Este trámite es sencillo y permite al titular habilitar y deshabilitar el permiso de conducción cuando lo considere necesario.

Otro documento fundamental es el comprobante de seguro automotor vigente. Esta póliza acredita que el vehículo cuenta con cobertura para responder ante siniestros o daños a terceros, y su vigencia debe poder comprobarse al momento de un control. Aunque generalmente se acepta la versión digital, contar con una copia impresa del último pago del seguro puede ser útil especialmente en provincias donde los controles son más estrictos o donde no siempre se dispone de señal de internet para mostrar el documento en el dispositivo.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) o su equivalente, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), certifica que el auto cumple con las condiciones mecánicas y de seguridad requeridas para circular. El certificado que acredita la aprobación de esta inspección debe estar presente y visible en el vehículo, normalmente a través de una oblea adherida en el parabrisas. Circular con la VTV vencida es considerado una infracción y puede derivar en la aplicación de una multa o en la prohibición de continuar el trayecto, dependiendo de la jurisdicción en la que se produzca el control.

Si bien el comprobante de pago de la patente automotor no figura como requisito obligatorio a nivel nacional, en varias provincias se solicita en controles de tránsito. Este documento acredita que el impuesto correspondiente al vehículo fue abonado en tiempo y forma y, aunque no se exija en todos los casos, llevarlo puede evitar demoras y dificultades innecesarias.

Más allá de los papeles específicos, el vehículo en sí debe cumplir con condiciones visibles para circular. Una de las exigencias es que las chapas patente o placas metálicas estén correctamente colocadas en su posición original, legibles y sin alteraciones, ya que su deterioro o la obstrucción parcial de símbolos también se considera una falta de tránsito. Durante los últimos meses, las autoridades encargadas de la provisión de estas placas han normalizado su entrega, por lo que circular con chapas provisionales de papel fuera de su plazo de validez puede implicar una infracción adicional.

Es importante destacar que si bien la Ley Nacional de Tránsito establece los requisitos mínimos exigibles en todo el país, cada jurisdicción provincial tiene la potestad de dictar normas adicionales para la circulación en su territorio. Por este motivo, algunos de los documentos o condiciones mencionados pueden tener requisitos específicos dependiendo de la provincia, como por ejemplo la obligación de presentar ciertas constancias en formato físico o requisitos propios de seguridad vial.

Los controles viales y policiales suelen intensificarse en temporadas de alta circulación, como en las vacaciones de verano o durante las fiestas de fin de año, cuando miles de automovilistas se desplazan por las rutas hacia destinos turísticos o para reunirse con familiares. En esos contextos, la organización de los operativos de fiscalización implica no solo verificar la documentación sino también el estado general de los vehículos para garantizar condiciones mínimas de seguridad.

No llevar la documentación obligatoria puede tener consecuencias concretas para el conductor y el vehículo. Además de las multas económicas, que pueden variar según la provincia y el tipo de falta, las autoridades pueden retener temporalmente el carnet de conducir o la cédula del vehículo hasta que se regularice la situación. En los casos más severos, se puede disponer que el vehículo no continúe su marcha hasta que se presenten los documentos necesarios, lo que puede generar demoras y complicaciones durante el viaje.

Por estos motivos, revisar cuidadosamente que toda la documentación exigida esté vigente, disponible y en el formato correcto antes de salir a la ruta es un paso clave para evitar sanciones y contratiempos. Aunque las herramientas digitales facilitan la presentación de muchos de estos papeles, en la práctica contar con versiones físicas como respaldo puede hacer la diferencia ante un control y brindar mayor tranquilidad al conductor durante todo el recorrido.

El desarrollo de la actividad hidrocarburífera no convencional generó una demanda sostenida de perfiles técnicos especializados capaces de operar en entornos productivos de alta complejidad. Las tareas vinculadas a perforación, mantenimiento, instrumentación y seguridad operativa se consolidaron como áreas clave dentro de la estructura de producción. En ese escenario, la formación técnica orientada al trabajo en yacimiento se posicionó como un puente directo entre capacitación y empleo.

El atractivo de estas posiciones se vinculó también con el nivel de remuneraciones que maneja el sector. Según relevamientos salariales del mercado, los puestos operativos en yacimiento se ubicaron entre los mejor pagos del ámbito industrial. En grandes compañías, de acuerdo a la Guía Salarial de Adecco, un oficial instrumentista o un electricista registró ingresos que partieron de valores cercanos a los $3,3 millones mensuales y alcanzaron cifras superiores a los $5,7 millones, según responsabilidades y estructura empresarial. En cargos jerárquicos, como jefaturas de producción, los pisos salariales se mueven en escalas elevadas, lo que refuerza el interés por acceder a trayectos de especialización técnica.

Dentro de ese contexto, la oferta de capacitación específica se organizó como una herramienta para responder a la demanda concreta de la industria. Los programas apuntan a la formación de trabajadores preparados para desempeñarse en procesos de exploración y producción, con foco en la eficiencia operativa y la seguridad. Las áreas críticas incluyen perforación, fractura, instrumentos, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico y producción, segmentos que concentran gran parte de las necesidades laborales del sector.

La identificación de estos perfiles responde a un análisis prospectivo de demanda ocupacional y tecnológica que lideró la Fundación YPF, orientado a anticipar las competencias requeridas para el crecimiento de la actividad energética durante la próxima década. Ese trabajo permitió alinear la formación con los requerimientos reales de las empresas que operan en el yacimiento.

En ese entramado de capacitación técnica se insertó el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta, que lanzó su ciclo lectivo 2026 con una propuesta educativa gratuita diseñada junto a compañías del sector. El objetivo es ofrecer cursos intensivos que faciliten la inserción laboral directa en operaciones de yacimiento, con contenidos adaptados a las exigencias productivas actuales.

La oferta académica incluye seis cursos orientados al rol de operador del Upstream, el segmento que abarca la exploración y producción de hidrocarburos, además de una capacitación específica en seguridad operativa en yacimiento. Los trayectos permiten elegir especializaciones en las áreas técnicas críticas previamente identificadas, con un esquema de enseñanza centrado en la práctica.

El proceso de inscripción se realiza de manera virtual y permanecerá abierto hasta el 21 de febrero. Los aspirantes deben completar el trámite a través del sitio oficial del instituto (www.ivm.com.ar). Los requisitos de ingreso son: secundario completo o ciclo básico común aprobado, habilidades digitales básicas y disponibilidad de conectividad para las instancias formativas que combinan actividades sincrónicas y asincrónicas.

Cada curso tiene una duración intensiva de cuatro meses, con el objetivo de acelerar la incorporación de los estudiantes al mercado laboral. El cronograma se organiza en turnos tarde y noche, de 14 a 18 o de 18 a 22 horas, para facilitar la asistencia. Las fechas de inicio se escalonan el 9 de marzo, el 6 de abril y el 11 de mayo, según la capacitación seleccionada.

La modalidad de cursada es presencial y gratuita, con un enfoque estrictamente práctico. Los alumnos acreditarán competencias técnicas y horas de práctica profesional reconocidas por la industria y los certificados cuentan con el aval oficial del Consejo Provincial de Educación de Neuquén, lo que otorga validez institucional a la formación.

Las actividades se desarrollan en el Polo Tecnológico de Neuquén, un espacio de más de 2.600 metros cuadrados equipado con infraestructura para entrenamiento técnico. Allí funcionan laboratorios de química aplicada, talleres de mantenimiento eléctrico con tableros didácticos y salas con simuladores de perforación, workover y fractura. Esta tecnología permite recorridos en entornos tridimensionales que replican locaciones reales, con el fin de preparar a los estudiantes para condiciones operativas concretas.

La formación se complementa con el uso del primer pozo escuela del país, ubicado en la zona de Río Neuquén. En ese espacio, los futuros operarios adquieren experiencia directa en instalaciones reales, bajo un esquema controlado que prioriza la seguridad y la precisión técnica, aspectos centrales para la operación en campo.

El respaldo institucional del instituto se sostiene en un consorcio de compañías del sector energético. Trece empresas de servicios se integraron como socias, entre ellas Halliburton, San Antonio Internacional, DLS Archer y Calfrac Well Services. Estas firmas trabajaron junto a operadoras como YPF, TotalEnergies, Vista Energy y Pluspetrol, en un esquema de articulación entre sector productivo y formación técnica.

El instituto proyecta una capacitación anual de entre 2.000 y 3.000 personas, un volumen alineado con la expansión de la producción energética. La industria demanda técnicos especializados en automatización y control de procesos, competencias necesarias para sostener la eficiencia operativa en la explotación no convencional.

En términos de proyección laboral, los perfiles formados acceden a posiciones operativas y de supervisión dentro del sector. Como referencia de escala salarial, un Gerente de Producción en una empresa de gran envergadura puede registrar ingresos de hasta $22,6 millones mensuales, lo que refleja la amplitud de remuneraciones dentro de la actividad.

En un contexto de aumento sostenido de los repartidores de plataformas, la reforma laboral, que obtuvo media sanción en el Senado, establece un marco jurídico para este tipo de trabajadores y ratifica que no son empleados en relación de dependencia.

La norma se aplica a aquellos que ofrezcan servicios a través de empresas como Rappi, Pedidos Ya, Uber y Cabify, entre otros. Específicamente, el proyecto define que un “prestador independiente de plataformas tecnológicas” es una “persona humana que conviene la prestación del servicio privado de reparto y/o de movilidad de personas a usuarios a través de las plataformas tecnológicas de forma independiente”.

La reforma incorpora una serie de derechos y obligaciones tanto para los trabajadores como para las plataformas.

En primer lugar, se dispone que los prestadores independientes podrán conectarse libremente a cualquiera de las aplicaciones disponibles en el mercado. Esta disposición permite a los trabajadores elegir sus propios horarios y decidir el tiempo de conexión, así como aceptar o rechazar solicitudes según su conveniencia.

El marco legal reconoce el derecho del prestador a definir el medio de transporte utilizado para brindar el servicio, siempre que cumpla con los requisitos legales y convencionales correspondientes. De este modo, se contempla la utilización de bicicletas, motocicletas, autos u otros vehículos autorizados.

Además, la regulación determina que los prestadores independientes tendrán acceso a conocer los criterios que emplean las plataformas para la agrupación y categorización de sus servicios.

Estos criterios deben estar expresados en lenguaje claro y ser accesibles de manera digital, en tanto no se afecte el secreto comercial de la plataforma. La publicación de esta información busca garantizar mayor transparencia en la relación entre los trabajadores y las empresas tecnológicas.

En cuanto a las obligaciones para las plataformas, el texto final del proyecto indica que deberán:

1. brindar a los prestadores independientes la información necesaria a efectos que pueda decidir aceptar o rechazar la prestación del servicio de movilidad de personas y/o reparto requerida por un usuario;
2. respetar la libertad de conexión del prestador independiente;
3. ofrecer, a través de medios digitales, información vinculada a la normativa en seguridad vial y a la prestación del servicio, destinadas a los prestadores independientes;
4. facilitar el acceso a los elementos de seguridad vial aplicables según el tipo de vehículo;
5. contar con un mecanismo digital de reporte de quejas de manera simple, accesible y constantemente disponible para los usuarios, debiendo establecer un procedimiento eficaz para solucionar o dar respuesta a los reclamos;
6. ofrecer canales de atención para que los prestadores independientes reciban ayuda de operadores o recepcionistas, cuyo papel será únicamente auxiliar. A través de estos canales, los trabajadores podrán solicitar explicaciones sobre decisiones que influyan en su trabajo dentro de la plataforma.

Por su parte, los prestadores independientes deben cumplir las siguientes obligaciones:

1. ser titular de la cuenta de usuario necesaria para prestar sus servicios a través de las diferentes plataformas de intermediación digital que utilice;
2. estar inscripto ante las autoridades fiscales correspondientes y cumplir con todas sus obligaciones tributarias y de seguridad social, notificando cualquier alteración en su situación fiscal.
3. hacer los pagos de los aportes respectivos a través de los cuales tendrán acceso a la Prestación Básica Universal (PBU), el retiro por invalidez o la pensión por fallecimiento y a las prestaciones del Sistema Nacional del Seguro de Salud, entre otras
4. tener cuenta bancaria o billetera electrónica cuya Clave Bancaria Uniforme (CBU) o Clave Virtual Uniforme (CVU) sea debidamente informada a la plataforma tecnológica, para recibir las transferencias que correspondan por sus servicios;
5. respetar las normas de tránsito al momento de la prestación del servicio;

En tanto , el proyecto aclara que los repartidores acceden a una serie de derechos específicos, sin que ello implique relación laboral, subordinación o dependencia con las empresas que gestionan dichas aplicaciones.

El marco normativo establece que estos trabajadores podrán rechazar cualquier pedido o solicitud recibida a través de la aplicación, sin requerimiento de justificación ante la plataforma.

La normativa dispone que las plataformas tecnológicas deben proporcionar una explicación sobre los motivos de suspensión o restricción, parcial o total, del acceso a la infraestructura digital.

El texto contempla que los prestadores tendrán derecho a interactuar con operadores o recepcionistas y ejercer su derecho a réplica en estos casos.

En materia de protección de datos, los trabajadores independientes podrán solicitar la portabilidad de sus datos en un formato estructurado, genérico y de uso común. Este derecho permite que la información relevante sobre su actividad sea transferida y utilizada en otras plataformas o servicios, facilitando la continuidad laboral y la gestión autónoma de sus datos personales.

La regulación obliga a las plataformas a ofrecer capacitaciones gratuitas. Una primera instancia de formación deberá incluir el uso de la infraestructura digital, la interacción con los usuarios y los conocimientos relevantes para la prestación de servicios en calidad de independientes.

Además, la norma estipula que los repartidores y conductores independientes podrán acceder a un programa formativo en seguridad vial, enfocado en el conocimiento de las normativas de tránsito, las mejores prácticas para la convivencia en la vía pública y el uso correcto de elementos de protección personal. También en este caso, la responsabilidad financiera recae sobre las plataformas.

El articulado incorpora un capítulo sobre cobertura de riesgos, estableciendo que los prestadores independientes deben contar con un seguro de accidentes personales provisto por la plataforma.

La póliza debe contemplar los riesgos asociados al fallecimiento accidental, la incapacidad total o parcial permanente derivada de la prestación del servicio, los gastos médicos y farmacéuticos, así como los costos funerarios.

“La responsabilidad de la provisión de este seguro y los gastos asociados al mismo serán objeto de libre acuerdo entre las partes involucradas, sin establecer una responsabilidad exclusiva para ninguna de ellas, ni un indicio de relación laboral o dependencia entre las plataformas y repartidores”, dice el texto que la semana próxima se debatirá en la Cámara de Diputados.

Por último, se precisa que ampliar prestaciones o sumar seguros adicionales no implica relación laboral ni incumplimiento regulatorio. Los prestadores de servicios a través de plataformas pueden cobrar su retribución mediante la app y conservar el 100% de las propinas que agreguen los usuarios, incluso cuando el monto sea sugerido por la plataforma.

Además, se reconoce su autonomía para conectarse sin una frecuencia mínima, registrarse sin obligación de aceptar pedidos, interrumpir el uso de la aplicación sin aviso previo —salvo eventuales responsabilidades civiles— y elegir cuándo y cuánto tiempo trabajar.

También pueden operar dentro de la zona de cobertura definida por la plataforma y decidir el recorrido más conveniente, ya sea siguiendo las rutas sugeridas por la app o utilizando otros sistemas de navegación, siempre que no perjudiquen al usuario.

Vale mencionar que en diciembre de 2025, un repartidor de aplicaciones de delivery necesitó completar, en promedio, 454 pedidos para alcanzar el costo de la Canasta Básica Total de un hogar tipo de cuatro personas, según el “índice APP” (Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio) de la Fundación Encuentro. Aunque el indicador refleja cierta mejora, también evidencia una creciente desigualdad en las condiciones que brindan las distintas plataformas.