Con caídas en sus niveles de imagen positiva de hasta nueve puntos, el escándalo de la criptomoneda $LIBRA golpeó la consideración del presidente Javier Milei en la opinión pública. Algunos estudios, además, subrayaron que aumentó la preocupación por temáticas de corrupción y relevaron el impacto negativo también sobre la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe del Estado, Karina Milei.

La consultora Atlas-Intel (de origen brasileño, que realiza estudios de opinión pública en diversos países americanos), recogió en su informe del mes de febrero una imagen negativa de Milei del 50%, con un 45% de imagen positiva. Es un desempeño muy inferior al de enero, antes de que estallara el affaire $LIBRA (que explotó el 14 de febrero, con un tuit de Milei que la promocionaba): ese mes, la imagen negativa se ubicaba en 41%, y la positiva, en 55%. Atlas-Intel relevó 2164 encuestados, entre el 24 y el 27 de febrero.

La aprobación del Presidente y la evaluación del Gobierno son también mayoritariamente negativas, según Atlas-Intel. La desaprobación es de un 48,4%; “malo” y “muy malo” son las opciones más elegidas para la evaluación del Gobierno (un 44,1%).

En el último estudio de Opina Argentina, la caída de la imagen presidencial también es notoria. “En el mes de marzo, se observa un deterioro pronunciado en las credenciales de imagen, tanto de Javier Milei como de otras figuras del oficialismo. El rechazo al Presidente alcanza el nivel más alto desde octubre”, se subraya en el informe de la consultora.

En su relevamiento de marzo, Opina Argentina ubicó la imagen negativa de Milei en un 52%. En febrero, el mismo ítem había llegado al 45%. Según los datos de la consultora, Milei no tenía más imagen negativa que positiva desde noviembre de 2024. Sin embargo, en intención de voto Milei y La Libertad Avanza (LLA) se mantienen al frente: el 38% afirmó que votaría a LLA, fuerza que figura primera en intención de voto.

Otra consultora que midió el deterioro de la imagen positiva de Milei fue Proyección Consultores. Entre el 25 y el 28 de febrero, con el escándalo cripto ya con diez días de impacto, relevó un 52,8% de imagen negativa (y 46,2% de imagen positiva).

La firma Analogías profundizó sobre el caso $LIBRA. Tras relevar un 49,7% de imagen positiva y un 47,9% de negativa, la encuestadora realizó preguntas puntuales que mostraron el impacto del escándalo. Un 48,7% consideró que hay “mucha o bastante” corrupción en el gobierno de Milei. Para el 61%, la trama de la criptomoneda “es un hecho de corrupción” y para el 58,1%, el tema “perjudica la imagen internacional de Milei”.

Analogías también puso el foco sobre Karina Milei, investigada junto a su hermano en el escándalo cripto. El 51,1% opinó que ella “está involucrada”. La secretaria general de la Presidencia tiene un 60% de imagen negativa.

La encuestadora Tendencias, en tanto, mostró en su último informe que un 47,7% calificó de “muy grave” que Milei haya promocionado $LIBRA (un 21,6% dijo que no era “nada grave”). Un 46,1% le atribuyó “toda” la responsabilidad por el caso al Presidente (25,7% planteó que no tiene “ninguna”). La imagen positiva de Milei, según esta consultora, es de 50,7%, y la negativa es de 48,6%.

La combinación del rigor académico y la militancia política fue una de las notas distintivas del doctor Rodolfo Alejandro Díaz, fallecido este viernes a los 82 años, en la ciudad de Buenos Aires. Fue una pieza clave del gobierno de Carlos Menem en la década del 90 y tuvo una destacada actuación como ministro de Trabajo y Seguridad Social y, luego, como convencional constituyente en la Reforma de 1994.

A su actuación política, en la que nunca abandonó el bajo perfil, sumó aportes significativos en el campo académico y en el mundo empresario. Era vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, a la que se incorporó en 2007, y fue asesor general de Pan American Oil Company, una de las principales compañías de energía en la región. Dichos antecedentes lo ubican como una figura multifacética, con participación e influencia en los grupos de decisión.

Nacido el 30 de mayo de 1943 en Mendoza, el “Chango” Díaz fue uno de los dirigentes mendocinos que rodearon al presidente Menem y lo acompañaron en el proceso de reforma del Estado, principal caballito de batalla del gobierno del caudillo riojano. Otros funcionarios clave surgidos de la provincia cuyana fueron Eduardo Bauzá, José Roberto Dromi y José Luis Manzano.

A fines de 1992 se alejó del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por diferencias con Domingo Cavallo, pero siguió gozando de la confianza de Menem. Así, el líder riojano le encomendó la jefatura de campaña nacional en las elecciones legislativas de 1993, en las que el peronismo ganó con el 44% de los votos y se impuso en 16 provincias y en la Capital Federal.

Al año siguiente, en la Convención que aprobó la Reforma de 1994, fue el miembro informante de la incorporación de los “nuevos derechos” en la Constitución nacional, incluidos en el artículo 43, como el amparo, el hábeas corpus, el hábeas Data y la figura del derecho colectivo.

Concluida la reforma constitucional, en la que se habilitó la cláusula de la reelección presidencial, Menem lo mantuvo entre sus colaboradores más cercanos y le confió la Procuración del Tesoro, cuya misión es conducir el cuerpo de abogados del Estado. Se desempeñó en esa función hasta la finalización del mandato presidencial, en diciembre de 1999.

En un trabajo presentado en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Díaz concluyó que la hiperinflación, que en el mes de julio de 1989 -cuando asumió el gobierno de Menem- alcanzaba el 209%, constituye “un impuesto antidemocrático, porque es establecido de hecho y no por una ley; regresivo, porque afecta más a los pobres que a los ricos, e imposible de evadir, porque lo cobra el Estado en forma anticipada”.

Díaz sostenía que el Estado transformado en los años 90 “no fue el viejo Estado populista” construido por el primer peronismo en los años 40 y 50, y que entonces había desaparecido.

Explicaba que en los años 90 regía el modelo construido por los regímenes militares a partir de 1966, al que definía como un sistema de “Estado burocrático y autoritario”, caracterizado por un “capitalismo asistido”. En sus trabajos recordaba que en 1983, cuando el país recuperó la democracia, existían 353 empresas de propiedad estatal, y el Estado tenía participación minoritaria en otras 201. En tanto, en 1989 había 236 empresas de propiedad estatal: 70 nacionales, cuatro binacionales y 162 provinciales o locales.

Más allá del proceso de reforma del Estado, Díaz argumentó en distintos escritos que entre 1989 y 1999 la Argentina preservó su democracia, estabilizó su economía, creció más de un 50% en ocho años y recobró su lugar en la política mundial”.

El doctor Díaz se formó como abogado en la Universidad de Mendoza y realizó estudios en ciencias políticas, además de estudiar en Harvard y alcanzar el doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor titular en varias universidades y dirigió las maestrías de Administración Pública en la Universidad del Salvador y de Análisis Económico del Derecho en la Universidad de Congreso.

Su trayectoria académica se completa con su participación en el Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y la Asociación Argentina de Derecho Comparado.