Hace pocas horas, en un encuentro con otros funcionarios del Gobierno, Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía, formuló el siguiente diagnóstico: “Hice todo lo que se podía hacer. Acordé con el Fondo. Arreglé con los bancos multilaterales. Conseguí el cheque de Trump. Sin embargo, el índice de riesgo sigue sin bajar. Ya no depende de la gestión económica. Depende de la situación política. Si se altera la gobernabilidad es imposible que se recupere la confianza”.

Caputo planteaba en esos términos un problema delicado. La crisis política que atraviesa el oficialismo, que presenta varios rostros, ya está afectando a la economía, que es el campo en el que Javier Milei plantea su principal oferta electoral. El inconveniente se expresa en un síntoma estratégico. El costo del crédito. El problema desató una crisis que, por su gravedad, pasó bastante inadvertida. Milei provocó la salida del secretario de Finanzas, Alejandro Lew, a comienzos de marzo, es decir, cuando prohibió una colocación de bonos que convalidaría una tasa superior al 9%. Lew fue sustituido por Federico Furiase, cuyo principal desafío fue, desde ese instante, bastante obvio: reducir el costo de los préstamos.

Si se admite el puente que tiende Caputo entre las turbulencias que agitan al gabinete, casi todas asociadas a causas judiciales, con la capacidad de financiamiento del Tesoro, se advertirá que los crujidos políticos impactan sobre una cuestión central del programa de gobierno. La Argentina debe acumular reservas, sobre todo para blindarse frente a la posibilidad de que la tormenta internacional que está en curso tarde en despejarse. Para hacerlo, debería conseguir que esas reservas no se destinen al pago de deuda. Dicho de otro modo: debería conseguir que el mercado refinancie la deuda a tasas razonables. Para fijar un parámetro: un índice de riesgo inferior a los 400 puntos básicos, es decir, entre 150 y 200 puntos por debajo del de las últimas semanas. Si no se perfora ese piso es muy difícil que Furiase pueda arriesgarse a salir al sistema internacional de crédito. El reto es muy severo para un país que destruyó su mercado de capitales.

Sin dar ese paso se vuelve muy trabajoso sostener el superávit fiscal. Esa virtud del programa de Milei y Caputo se mantiene gracias a una contracción del gasto que genera ruidos cada vez más incómodos. Por ejemplo, ayer hubo que disponer el pago de un bono de emergencia para las fuerzas de Seguridad, que habían amenazado con una protesta para hoy en las escalinatas del edificio Centinela, de la Gendarmería. Esa fuerza, igual que Prefectura, tiene quebrado su sistema de cobertura sanitaria. El malestar federal se contagió y ayer circulaban volantes de protesta en las dependencias de la Bonaerense, con la consigna “La Policía dice basta”. Por otra parte, el pago de subsidios por discapacidad tiene un retraso de tres meses. Las obras sociales sindicales, que reciben los aportes de los trabajadores por vía del Estado, también están asfixiadas. No es una novedad que la obra pública, en general, se paralizó.

El alto riesgo argentino se vincula con la dinámica electoral. Los inversores temen un regreso a una gestión fiscal que no registre la restricción presupuestaria y que vuelva a solventar al sector público por vía de emisión. Dicho de otro modo, temen un regreso kirchnerista. Ese escenario está plagado de dificultades. Pero desde el viernes pasado hay una menos. La Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó el pago de 16.000 millones de dólares con que la jueza Loretta Preska había condenado a la República por la estatización de YPF. Al hacerlo, quitó de la espalda de Axel Kicillof la mochila más pesada con que debía cargar durante su campaña proselitista. Para Kicillof cualquier debate público se habría transformado en un calvario si suponía la obligación de justificar que, por una decisión suya, los contribuyentes debían gastar esa montaña de dinero. Ahora ese trauma desapareció. Una inesperada paradoja: los camaristas de Manhattan, y Donald Trump, que ejerció alguna influencia sobre ellos, mejoraron la competitividad de Kicillof.

El denominado “riesgo kuka”, que dificulta el éxito de “Toto” Caputo, se ve agravado porque el otro Caputo, Santiago, el “Mago del Kremlin”, despliega una estrategia discursiva consistente en exagerar el fantasma kirchnerista. Milei adopta esa receta en cada una de sus apariciones. Imposible saber hasta qué punto advierte que esa forma de conseguir consenso electoral conspira contra la obtención del consenso inversor. Es la pela entre Caputos.

Sobre este paisaje se recorta un drama interminable. Con independencia de que lo mantengan en el cargo, Manuel Adorni es un fantasma. Un fantasma tóxico. Una encuesta de Zubán/Córdoba consignaba ayer que su imagen negativa pasó de 55 a 66% y que la positiva se derrumbó de 42 a 21% en sólo un mes. Y lo que es peor: 80% de los consultados saben, con distinto grado de detalle, de qué se trata su escándalo. Con este deterioro de Adorni el Gobierno quedó sin jefe de Gabinete. Y lo que tal vez sea más pernicioso, quedó sin el candidato previsto para que Milei conquiste la ciudad de Buenos Aires y, desde esa colina, reine sobre toda la derecha en reemplazo de los Macri. Por eso el costo Adorni explica una fracción del riesgo país.

A Milei le encantaría adoptar el estilo de su funcionario y cerrar esta saga catastrófica con el alivio de un “fin”. Pero Adorni no lo deja. Cada día aparece una novedad inconveniente. Todo comenzó con el uso que hizo Bettina Angeletti, la esposa, del avión presidencial. A los dirigentes de la Libertad Avanza no les pareció una irregularidad. En las últimas horas se entendió mejor por qué: el día de su cumpleaños, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, utilizó la banda de música del Regimiento de Granaderos para que le ofrezca, en el Patio de las Palmeras, un pequeño concierto en el que se destacó un clásico: “Chiquitita”, de Abba. Hay que esperar que la señorita Milei no alegue, a lo Adorni, que “mi cumpleaños pertenece a mi vida privada”.

La indolencia que lleva a confundir lo público con lo privado tuvo una manifestación más controvertida el lunes pasado, cuando se impidió ingresar al país al activista pro-palestino, de origen brasileño, Tiago Ávila. Este militante internacional ya había sido puesto tras las rejas por el gobierno de Israel. Esta semana, cuando desembarcó en Aeroparque junto a su familia, fue retenido por Migraciones. Ávila decidió seguir viaje a Barcelona, adonde pensaba volar de todos modos. La versión de su familia es que las autoridades migratorias le explicaron que no podía ingresar al país por “profesar ideas contrarias al Gobierno”. ¿Serán tan torpes? Lo único que habría que desear es que este caso no desate un conflicto diplomático con Brasil.

Otro viajero, Adorni, sigue sin explicar su vuelo en jet privado a Punta del Este. Según trascendió del juzgado, la secretaria del piloto al que se pagó el traslado, Vanessa Tossi, denunció hostilidades por parte de Marcelo Grandio, el amigo del jefe de Gabinete que organizó el charter. Las hostilidades de Grandio habían sido tan notorias que la Justicia protegió a Tossi con un cerco perimetral. La secretaria afirmó también que Grandio pagó en efectivo y que, cuando se agigantó el escándalo, reclamó que se anulara la operación. Más allá de estas irregularidades, hay en el sistema aeroportuario quienes se hacen estas dos preguntas: ¿Es tan habitual que Grandio utilice aviones privados para viajar hacia y desde Punta del Este?; ¿el vuelo del escándalo es el único que realizó Adorni en los últimos tiempos, o desde que es funcionario desarrolló cierta afición por ese lujoso medio de transporte?

Sin esclarecer esa travesía, Adorni se empantanó justificando sus nuevas propiedades. Sobre todo, un departamento de 200 metros cuadrados sobre la calle Miró, de Caballito. Dijo que lo pagó la bicoca de 230.000 dólares en una ubicación en la que el metro cuadrado ronda los 2500 dólares. Numerosos militantes de izquierda aprovecharon el escándalo para montar una batucada todas las mañanas frente al domicilio del jefe de Gabinete. En este detalle puede anidar una desgracia. Porque hay vecinos que comienzan a estar irritados por esta alteración de su vida cotidiana y fantasean con dar a conocer el precio de sus propios departamentos: mínimo, 400.000 dólares. Adorni, que no se supo ganar la simpatía de los periodistas de la sala de prensa, tampoco cultivó la del consorcio. Arrogante a tiempo completo. De todos modos, en la Casa Rosada afirman que el jefe de Gabinete convenció a la hermana del presidente con un argumento: me lo vendió gente que estaba ahorcada.

La cortada tiene un defecto: Adorni asegura que, de los 230.000 dólares que tuvo que pagar, 200.000 se los prestaron las dos jubiladas que le vendían la propiedad. Es decir: hizo “la gran Eskenazi”, que compró 25% de YPF a Repsol con plata de Repsol. Eso sí, los Eskenazi iban detrás de una petrolera. Adorni, de un simple departamento de Caballito. Tiene razón el exvocero: “No somos lo mismo”. A propósito del relato del ministro coordinador: en la Argentina parece imponerse la moda de jubilados prósperos. En cualquier momento las prestamistas de Adorni toman el té con las opulentas propietarias de la mansión de Pablo Toviggino en Villa Rosa. Para agregar una capa de oscuridad en la trayectoria patrimonial de Adorni, ayer se supo que la escribana que certificó la operación, Mónica Nechevenko, prestó servicios para una banda de narcos. Al jefe de Gabinete no se le conocían estas dotes de imitador: José Luis Espert le sale igualito.

Sobre Adorni pesa otro infortunio: su causa cayó en el juzgado de Ariel Lijo, que lo vapulea con rigor. Lijo está enojado porque fracasó la candidatura de Guillermo Montenegro a ministro de Justicia. Él lo alentaba junto al tenebroso Antonio Stiuso y su secretario privado, Lucas Nejamkis. Es un problema para el que las artes de Juan Bautista Mahiques son insuficientes: Lijo compite con el ministro de Justicia para convertirse en procurador general de la Nación, es decir, jefe de los fiscales.

Mahiques tiene problemas más importantes que resolver. Sus amigos de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino están cada vez más empantanados. Una curiosidad: ¿es verdad que el ministro festejó el cumpleaños de sus hijos en el mismo lugar en el que celebró el suyo su padre, el camarista y “boxindanga” Carlos, es decir, en la mansión de Toviggino? Habladurías.

Una solución para los jerarcas del fútbol sería que el Senado apruebe los pliegos de Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway para ocupar la Cámara Federal en lo Penal Económico. Es decir, el tribunal de alzada del juzgado que procesó a Tapia y Toviggino. El problema es que en 2011 Catania debió afrontar un pedido de juicio político de Federico Pinedo, hoy funcionario de Cancillería en el área del G20, y Paula Bertol. En aquel bloque de diputados del Pro hay quienes aseguran que esa solicitud la firmó también Patricia Bullrich, que hoy es la figura más poderosa del oficialismo en el Senado. La sanción se justificaba en que Catania perseguía periodistas que molestaban a Guillermo Moreno hablando de inflación.

El otro dolor de cabeza de Mahiques se debe a que su amigo y colaborador de todas las horas, Ignacio Jakim, a quien él confió la suerte judicial de Toviggino mucho antes de que se desatara la tormenta, está siendo investigado en una causa iniciada por ARCA. ¿Se debió a una jugada de Santiago Caputo, jefe político del muy experimentado Andrés Vázquez, cuando trascendió que Mahiques sería ministro de Justicia? En el círculo de Caputo, que igual que Lijo prefería a Montenegro, juran que no. No se sabe si para demostrarlo pedirán a los denunciantes “que bajen un cambio con ‘Nachito’”.

El problema de Jakim es que está involucrado en operaciones que se presumen irregulares para acceder a dólares oficiales en tiempos de Sergio Massa. Así alimentó, asociado a personajes muy cercanos a Toviggino, una empresa fallida de importación de electrodomésticos. El famoso “rulo del blue”. En la misma picardía incurrieron celebridades del submundo del fútbol como “el Turco” Alejandro Calián y su lugarteniente, Gonzalo “Gonzalote” Caló.

El “Turco” y “Gonzalote” son dos personajes de la noche que se ufanan de no tener a su nombre ni siquiera el DNI. Por eso sus amigos se preguntan si las empresas de Calián que allanó la Justicia hace una semana son, en verdad, suyas. La pesquisa la lleva adelante Lijo, que sí tiene a su nombre el DNI y un juzgado federal.

El “Turco” Calián no se detiene. Puesto bajo la lupa por operaciones con dólares que se realizaban en las cuevas de Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, él siguió intentando ampliar su abanico de negocios. Quienes conocen la intimidad de la AFA aseguran, sin mostrar prueba alguna, que Calián y “Gonzalote” se encargaron de llevar desde Catar hasta el Río de la Plata las fortunas que hicieron Tapia y Toviggino con la reventa de entradas de los partidos de la selección en el último Mundial. Uno de esos expertos explica: “Ellos hicieron ‘la hormiga’ con la guita y, una vez en Buenos Aires, ‘Tato’ se encargaba de hacer ‘el rulo’”. ‘Tato’ es el financista, llamémosle así, Jonathan Alejandro Pernía. Para completar la cofradía hay que agregar al desarrollador urbano Pablo Lapelosa.

Simpático hasta la fascinación, el “Turco” Cailán se hizo íntimo amigo de Rodrigo De Paul, a quien ha convertido en una llave para aproximarse a personajes poderosos. Entre ellos, al empresario Leonardo Scatturice, que mueve hilos porteños desde su paraíso de Miami. Scatturice ejerce una influencia determinante sobre el “Mago” Caputo, a tal punto que fue quien recomendó la designación de Vázquez al frente de la DGI y, más tarde, de ARCA.

El “Turco” Calián no da puntada sin hilo. Esa posición de Scatturice podría ser clave para desarrollar negocios en la Aduana. Tenaz Calián: porque desde 2016 tiene una condena en suspenso por contrabando de motos. Fue el resultado de una investigación de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El expediente fue caratulado como “GODINO, Rita Sandra y otros s/inf. arts. 210, 292 2do. párrafo, 293 y 296 del CP, 874 incs. c) y d) y 865 incs.a) e i) del Código Aduanero”. El “Turco” tuvo que pasar, por culpa de esta investigación, casi seis meses tras las rejas.

Desde que se produjeron los allanamientos el entorno de estos “buenos muchachos”, “el Turco” y “Gonzalote”, comenzó a enrarecerse. Tapia y Toviggino comenzaron a esquivarlo. De Paul, igual que Lionel Messi, prefieren no volver a verlos. Bastante tiene Messi con sus propios padecimientos, sobre todo en Nueva York. Scatturice tampoco quiere dolores de cabeza. Solidario, les habría recomendado que contraten al abogado Marcelo Rochetti, hoy a cargo de las defensas de la AFA. Podría ser una ironía del astuto “Leo”: Rochetti es el blanco móvil del odio de Arroyo Salgado desde que su socio, Marcelo D’Angelo, defendió, en una causa por narcotráfico, al fiscal Claudio Scapolán, ya destituido. El viernes pasado, después del almuerzo, en la calle Báez al 200, corazón de Las Cañitas, el “Turco” y “Gonzalote” deliberaron sobre los peligros que aparecen en el horizonte. Por fin un reflejo de prudencia que trae un poco de alivio a directivos de la AFA y a varios futbolistas.

La caída en desgracia del “Turco” Cailán y de “Gonzalote” Caló es una inquietud más en la vida de Javier Faroni y Érica Gillette. Son los intermediarios de contratos internacionales de la AFA. En las inmediaciones de esta institución se comenta que parte del tesoro traído desde Qatar fue estacionado en el departamento de Marcela, la hermana de Faroni, en Miami. El inconveniente más grave lo tendría Gillette, la esposa de Javier. En un contrato entre la AFA y la asociación de fútbol china estaría documentada la existencia de una empresa radicada en Estados Unidos a través de la cual se mediaban los flujos de dinero. Gillette está muy expuesta ante la Justicia norteamericana.

En otra escala, también el expresidente de Racing Víctor Blanco pasa noches de insomnio. Investigan la empresa que armó Toviggino para alojar en hoteles santiagueños a futbolistas e hinchadas cuando se jugaban partidos en esa tórrida provincia.

Así como para su sueño presidencial Kicillof debía desbaratar el fantasma de la condena por YPF, otro candidato presidencial del PJ, Massa, debe conseguir que se despeje la tempestad del fútbol. Los Faroni son sus íntimos amigos, diputados de su Frente Renovador y, acaso, ahijados suyos en las fechorías de la AFA. Es verosímil: Toviggino estuvo siempre pegado a Massa. Y al santiagueño Gerardo Zamora. Es decir, al exgobernador que, en 2023, se convirtió, con el catamarqueño Raúl Jalil, en el primer patrocinante de la candidatura de Massa. Como dice la gurú de la calle San José, “todo tiene que ver con todo”.

Agrupaciones empresarias celebraron los cambios en el proceso de selección de jueces impulsados por la Corte Suprema de Justicia. Destacan que la reforma favorece un sistema más transparente y agiliza las designaciones en el Poder Judicial, lo que genera un entorno institucional más sólido y confiable para las inversiones.

“Como Cámara alentamos las medidas que promueven mayor transparencia, previsibilidad y menor discrecionalidad, elementos indispensables para el desarrollo sostenible del país y la construcción de un entorno confiable para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico”, aseguraron en la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) en Argentina.

En un comunicado difundido esta tarde, la entidad consideró que la propuesta del máximo tribunal “representa un avance significativo frente a las debilidades que presenta el sistema actual, caracterizado por la opacidad de los Concursos Públicos en el Consejo de la Magistratura y la gran cantidad de vacantes existentes en los Juzgados”.

“Esta iniciativa no solo contribuye a reducir márgenes de arbitrariedad, sino también apunta a agilizar los procesos y mejorar la calidad de las designaciones. Un sistema judicial más eficiente, profesional e independiente es una condición necesaria para fortalecer el Estado de Derecho”, continuaron.

No es la primera vez que la AmCham destaca la necesidad de fortalecer la transparencia del Poder Judicial. En febrero del año pasado, la cámara empresaria había rechazado el intento de Javier Milei de designar como jueces de la Corte Suprema a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por decreto. Señaló que, si bien los nombramientos por esa vía eran constitucionales, suponían un “riesgo potencial” para el equilibrio institucional que “debe regir en una democracia” y socavaba las posibilidades de atraer inversiones.

“La seguridad jurídica es un pilar fundamental para la competitividad y crecimiento sostenido, y su debilitamiento solo contribuye a demorar la recuperación económica y social que requiere la República Argentina”, advirtieron.

El proyecto de reforma que ahora celebra la AmCham Argentina fue presentado el lunes último por los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Plantearon un nuevo mecanismo de selección de jueces que constará de dos instancias: por un lado, una evaluación general de derecho mediante un multiple choice de corrección informática y, por otro, la redacción de una sentencia. También se tendrá en cuenta el desempeño universitario y académico de los magistrados y sus publicaciones en revistas indexadas.

“La evaluación escrita tendrá garantías reales de objetividad: un múltiple choice de corrección informática y redacción de sentencias”, había explicado Rosenkrantz: “Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados”.

La reforma cuenta también con el respaldo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). “Queremos animar a los miembros de los tres poderes de nuestra República a que prontamente restauren la situación del Poder Judicial, que ha sufrido la descomposición institucional durante muchas décadas. En este sentido, destacamos y apoyamos la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial, que ha presentado una propuesta de reglamento de concursos para la selección de magistrados, con el espíritu de generar un proceso transparente”, expresaron.

La agrupación empresaria destacó también la decisión del gobierno nacional de enviar los pliegos de candidatos para cubrir las más de 300 vacantes judiciales que se acumularon desde el último año de gestión de Alberto Fernández. Entre los candidatos, se encuentra Emilio Rosatti, hijo del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, para un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.

El proyecto de la Corte Suprema ya había recibido también el apoyo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). “Desde hace varios años, IDEA insiste en la necesidad de contar con mayor transparencia en el proceso de selección de jueces para evitar arbitrariedades. Esta medida constituye una sana y oportuna reacción de la Corte para mejorar el marco institucional de la Argentina, condición necesaria para promover la inversión y el desarrollo sostenible del país”, afirmó la entidad.