Mientras se discute la reforma laboral, la industria minera selló un convenio colectivo de trabajo pionero, que amplía y moderniza las licencias por tareas de cuidado, incorporando derechos en línea con los estándares internacionales. La perspectiva de género y la igualdad aparecen como ejes centrales en el nuevo acuerdo.

Uno de los puntos criticados por el oficialismo del régimen laboral actual son aquellos convenios colectivos que llevan décadas sin modificaciones. De hecho, el borrador de la reforma al que accedió Infobae convoca a la renegociación o ratificación de las cláusulas de los convenios vencidos conforme a la nueva regulación en el plazo de un año.

En este contexto, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) rubricaron un acuerdo con el objetivo de garantizar condiciones laborales que promuevan “la conciliación entre el trabajo y las responsabilidades familiares”, alineándose con convenios de la OIT y la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género.

Entre los principales cambios, la licencia por maternidad se extiende 30 días adicionales a los 90 previstos por la Ley de Contrato de Trabajo y la licencia por progenitor no gestante pasa de 2 días a 15 días corridos, con posibilidad de sumar 5 días por nacimientos múltiples.

Asimismo, se incorporan nuevas licencias como la de interrupción de embarazo, que otorga hasta 5 días corridos con confidencialidad garantizada; violencia de género, con hasta 15 días por año, continuos o discontinuos; reproducción asistida, con hasta 15 días por año calendario; y adopción, que contempla 90 días corridos desde la guarda judicial, aparte de licencias para visitas previas.

El convenio también establece la obligación de proveer lactarios en los establecimientos y reemplaza la obligación de contar con guarderías físicas por un reintegro económico equivalente al 40% del salario mínimo de la categoría “Asistencia y Cuidados de Personas”.

En resumen, las novedades son las siguientes:

• Licencia por maternidad: se extiende 30 días adicionales a los 90 previstos por la Ley de Contrato de Trabajo.
• Licencia por progenitor no gestante: pasa de 2 días a 15 días corridos, con posibilidad de sumar 5 días por nacimientos múltiples.
• Nuevas licencias incorporadas:
  • Interrupción de embarazo: hasta 5 días corridos, con confidencialidad garantizada.
  • Violencia de género: hasta 15 días por año, continuos o discontinuos.
  • Reproducción asistida: hasta 15 días por año calendario.
  • Adopción: 90 días corridos desde la guarda judicial, más licencias para visitas previas.
• Lactarios: obligación de proveer espacios adecuados en los establecimientos.
• Guarderías: se reemplaza la obligación física por un reintegro económico equivalente al 40% del salario mínimo de la categoría “Asistencia y Cuidados de Personas”.

Roberto Cacciola, presidente de CAEM, destacó que para la entidad siempre fue una meta trabajar los temas de inclusión “generando cambios concretos” y perdurables. “Estas medidas permiten ampliar derechos. Esperamos que su puesta en marcha pueda servir de inspiración para que más sectores productivos se sumen”, expresó.

Alejandra Cardona, Directora Ejecutiva de CAEM, dijo: “Así como hoy se habla de transición energética y las oportunidades que abre, también debemos pensar en el concepto de ‘transición justa’. La minería argentina proyecta duplicar sus puestos de trabajo en los próximos diez años, pasando de 100.000 a 200.000. ¿Cuántos serán para mujeres? Hoy tenemos un 12,5% de participación femenina, frente al 25% de Suecia. Este convenio es un paso hacia espacios laborales más equitativos”.

Marcelo Mena, Secretario General de ASIJEMIN, afirmó: “Nuestro deber es generar condiciones para que las compañeras puedan desarrollarse profesionalmente sin que la maternidad sea un obstáculo. Romper esquemas machistas es clave para construir una industria inclusiva”.

Vale mencionar que la minería es uno de los sectores que más inversiones está atrayendo, por lo que se espera que el nivel de empleo en la actividad se multiplique en el corto plazo.

Por caso, en el marco del RIGI, Glencore anunció el Proyecto Pachón, una iniciativa para la explotación de cobre, molibdeno y plata, que prevé una inversión de USD 9.533 millones y la generación de 1.600 empleos directos y 10.750 indirectos, consolidándose como una de las propuestas de mayor envergadura en la región.

En paralelo, Minas Argentinas SA, parte del AISA Group y actual operadora de la mina Gualcamayo, presentó un plan de inversión de USD 665 millones destinado a reactivar la mina —hoy en proceso de cierre— y continuar la explotación de oro. Contempla la creación de 1.700 puestos de trabajo directos y 2.800 indirectos.

Por su parte, el Proyecto Los Azules, de McEwen Copper, requiere una inversión de USD 2.672 millones y se proyecta generar 1.294 empleos directos y 6.097 indirectos.

En términos salariales, el sector lidera el ranking a nivel nacional: según datos de Interbanking, el sueldo promedio en Minas y canteras llegó en octubre a $4.715.251 y tuvo un incremento interanual del 58,6%, muy por encima de la inflación.

Un reciente informe elaborado por la consultora Focus Market pone de manifiesto la profunda disparidad fiscal y operativa que divide actualmente a la economía argentina. El relevamiento expone la brecha existente entre las grandes compañías que acceden al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). El dato más contundente que arroja el estudio es la diferencia en la carga impositiva: la presión fiscal efectiva que recae sobre el sector pyme se ubica en torno al 45%, mientras que los proyectos amparados bajo el nuevo régimen de promoción gozan de una carga significativamente menor, que oscila entre el 20% y el 25%.

El análisis subraya que el RIGI fue diseñado por el gobierno de Javier Milei como una herramienta central para atraer capitales extranjeros y reactivar la economía, apuntando especialmente a sectores intensivos como la energía y la minería. Sin embargo, su implementación ha derivado en un escenario de dos velocidades. Por un lado, las grandes corporaciones globales operan con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales; por el otro, el 99% del tejido empresarial local enfrenta condiciones estructurales desventajosas que dificultan su competitividad.

Al respecto, Damián Di Pace, director de Focus Market, recordó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones se consolidó como una de las estrategias del gobierno para reactivar la economía a través de la llegada de capitales extranjeros. Según el analista, presentado como un motor de arranque para la inversión, el régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales, con estabilidad normativa garantizada por 30 años. Di Pace agregó que la meta es atraer proyectos de gran envergadura, en sectores intensivos en capital y de largo plazo, donde la previsibilidad resulta clave para decidir inversiones, aunque advirtió que el gran desafío ahora es cómo lograr el crecimiento de la inversión privada local.

Desde su puesta en marcha en julio de 2024, el RIGI ha permitido la aprobación de proyectos por un valor superior a los 15.700 millones de dólares. Entre los incentivos que facilitaron estos desembolsos se destacan la reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, la exención gradual de derechos de exportación y la eliminación de aranceles para la importación de bienes de capital. A esto se suma la libertad para disponer de las divisas generadas, un factor determinante para las inversiones de largo plazo que contrasta con las restricciones del resto de la economía.

La comparación con la realidad de las pymes, responsables de más del 60% del empleo formal en el país, revela desventajas estructurales. El informe detalla que una empresa fuera del régimen debe afrontar una alícuota del 35% en el Impuesto a las Ganancias, diez puntos porcentuales por encima de las beneficiarias del RIGI. La diferencia se profundiza en el comercio exterior: mientras el régimen de fomento exime el pago de derechos de importación, las pymes deben abonar aranceles habituales que varían entre el 7% y el 14% en promedio según el producto.

La situación se repite en los derechos de exportación. El esquema para grandes inversiones prevé exenciones totales a partir de los dos o tres años de iniciado el proyecto, mientras que el resto de las compañías tributa un promedio del 8% al 12%. Asimismo, el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) marca otra distinción relevante: el RIGI permite la cancelación mediante Certificados de Crédito Fiscal, un mecanismo mucho más ágil que los complejos regímenes de saldo a favor, IVA diferido o reintegros que deben gestionar las empresas locales.

Uno de los puntos más críticos señalados en el estudio es la estabilidad normativa. Los proyectos RIGI cuentan con una garantía de estabilidad por 30 años, lo que blinda sus operaciones frente a cambios políticos o económicos futuros. En la vereda opuesta, las pymes operan bajo una alta volatilidad regulatoria y una burocracia extensa. Según los datos recopilados por la consultora, abrir una empresa en Argentina requiere un promedio de 4.496 horas, y mantener la operación dentro de la formalidad demanda otras 2.156 horas al año, cifras que ubican al país en uno de los niveles más altos de complejidad administrativa de toda Latinoamérica.

El informe también aborda las dificultades de financiamiento y los costos operativos que enfrentan las empresas nacionales. En lo que va de 2025, unas 62.116 pymes lograron acceder a créditos respaldados por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y fondos públicos. Si bien esto representa un avance, el número resulta insuficiente frente a un universo total de más de 600.000 firmas registradas. Además, el 77% de las empresas que acceden a estas herramientas son microempresas. Por el contrario, los beneficiarios del RIGI acceden a financiamiento directo de capital externo sin las restricciones del mercado local.

En el plano de los costos, la energía industrial también juega en contra de la competitividad local, con una tarifa promedio de 96 dólares por MWh, manteniéndose por encima de los niveles más competitivos de la región. A esto se suma la presión sindical y la rigidez de los convenios colectivos de trabajo, que agregan complejidad a la gestión diaria. El estudio subraya además que las pymes poseen una alta dependencia de insumos importados y enfrentan un acceso a divisas condicionado por declaraciones juradas, plazos y regulaciones del Banco Central, mientras que el RIGI garantiza la libre disponibilidad y liquidación de divisas.

El contraste evidencia que las pequeñas y medianas empresas se encuentran en una desventaja estructural que limita su capacidad de crecimiento. Este desequilibrio plantea la necesidad urgente de pensar en un esquema de incentivos equivalente para medianas y pequeñas empresas, que permita canalizar recursos hacia el sector productivo local y fortalecer el entramado laboral existente.

Ante este escenario, el informe plantea la necesidad de avanzar en un esquema de incentivos para las empresas locales. La discusión sobre un “RIGI PyME” ya tiene antecedentes en el proyecto de ley RIMI, presentado en noviembre de 2024 bajo la iniciativa de Promoción de Inversiones y Empleo. Esta propuesta contempla inversiones desde 150.000 dólares para microempresas hasta 30 millones de dólares para medianas y grandes, ofreciendo beneficios como amortización acelerada y devolución anticipada de IVA. Sin embargo, el proyecto aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados, prolongando la desigualdad de condiciones.

Focus Market detalla que un régimen orientado a pymes debería basarse en seis pilares fundamentales para equiparar la competencia. En primer lugar, se propone la simplificación tributaria, unificando cargas y eliminando tasas e impuestos en cascada para aliviar las más de 900 horas anuales que las empresas dedican exclusivamente a trámites impositivos. En segundo lugar, se destaca la necesidad de estabilidad fiscal por al menos 10 años, evitando la creación de nuevos impuestos o cambios abruptos en las alícuotas para ofrecer previsibilidad.

El tercer pilar se centra en el acceso real al crédito, ampliando líneas en moneda local y extranjera para reducir la dependencia de recursos propios. Como cuarto punto, se sugieren beneficios por reinversión, que incluyan la exención o diferimiento del impuesto a las ganancias sobre utilidades reinvertidas en capital productivo o innovación. El quinto eje apunta a los incentivos para exportar y encadenar con proveedores locales, mediante la desgravación temporal de exportaciones y beneficios para quienes provean a los grandes proyectos. Finalmente, se incluye el apoyo a la transición digital y capacitación mediante créditos fiscales.

El potencial económico de implementar estas medidas es significativo. Se estima que el ahorro privado en Argentina, situado fuera del sistema financiero formal en depósitos y efectivo, supera los 250.000 millones de dólares. Según la consultora, captar apenas entre el 5% y el 10% de esos fondos mediante los incentivos correctos podría volcar entre 12.000 y 25.000 millones de dólares a la inversión productiva local, generando empleo formal y competitividad genuina.

Para finalizar, Di Pace concluyó que la experiencia del RIGI demuestra que los incentivos bien diseñados funcionan y que el desafío pendiente es trasladar esta lógica a las PyMEs locales, transformando la desigualdad en oportunidad y el ahorro privado inactivo en un motor de crecimiento económico real y sostenible.

El director de la consultora enfatizó que mientras el RIGI Pyme siga postergado en el Congreso, la brecha entre grandes inversores y empresas locales persiste, limitando el desarrollo de un sector que sostiene más de la mitad del empleo formal y constituye el corazón de la economía argentina. El camino hacia un crecimiento inclusivo, cerró, depende de convertir esta potencialidad en políticas concretas capaces de transformar recursos ociosos en inversión, empleo y competitividad.

Un nuevo informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), bajo la autoría del economista Nadin Argañaraz, analiza en profundidad la distribución de los recursos federales en la Argentina y pone el foco en la capacidad de gasto por habitante derivada de las transferencias automáticas que la Nación envía a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El estudio, que abarca la evolución de estos giros durante los años 2010, 2023 y 2024, confirma una estructura de reparto desigual donde las jurisdicciones con menor densidad poblacional y menores ingresos propios se mantienen como las principales beneficiarias en recursos per cápita.

Las transferencias automáticas, que constituyen el objeto central del análisis, están compuestas por la coparticipación federal de impuestos, diversas leyes especiales y la compensación por el Consenso Fiscal. Del relevamiento de los datos correspondientes al año 2024 se desprende que las provincias que lideraron la recepción de fondos por habitante fueron Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa. Estas tres jurisdicciones conservaron su posición en la cima del ranking durante todo el periodo analizado, mostrando una persistencia en la estructura de la distribución de recursos.

Al observar la tabla de posiciones de 2024 presentada en el documento, se identifica que el grupo de las cinco jurisdicciones con mayores ingresos reales por transferencias automáticas per cápita se completa con La Rioja y La Pampa. En el extremo opuesto de la tabla, las jurisdicciones que percibieron los menores montos por habitante fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Mendoza, seguidas por Córdoba y Santa Fe. Al igual que en el caso de las provincias más beneficiadas, este grupo de menores ingresos relativos mantuvo su ubicación en la parte inferior del ranking tanto en 2010 como en 2023 y 2024.

La disparidad entre los extremos del ranking resulta significativa al cuantificar los recursos recibidos. Según detalla el informe, la brecha entre la jurisdicción de mayor recaudación y la de menor recaudación fue del 809% en el último año analizado. Esto implica que Tierra del Fuego registró una recaudación por habitante equivalente a nueve veces la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El nivel promedio de transferencias para el consolidado de las 24 jurisdicciones se ubicó en $1.213.000 por habitante, expresado en moneda constante de mayo de 2025.

En términos de evolución temporal, el trabajo de Argañaraz expone una dinámica de crecimiento seguida de una retracción reciente. El análisis indica que las transferencias automáticas reales por habitante promedio de las 24 jurisdicciones experimentaron una suba del 19% entre los años 2010 y 2023. Sin embargo, esta tendencia se revirtió entre 2023 y 2024, periodo en el cual se registró un descenso del 12% debido a la caída real de la recaudación nacional coparticipable. A pesar de esta baja del último año, el balance de largo plazo arroja un saldo positivo, ya que en 2024 los ingresos por transferencias automáticas fueron un 5% mayores a los del año 2010 en términos reales.

Un aspecto relevante del estudio es el comportamiento individual de cada jurisdicción respecto a la variación de sus ingresos reales punta a punta, es decir, al comparar 2024 contra 2010. Si bien el ranking de posiciones relativas mostró pocas alteraciones, las tasas de crecimiento fueron heterogéneas. De las diez jurisdicciones que lograron incrementos en este lapso, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la que más creció, con una variación positiva del 34,9%. Le siguieron la provincia de Buenos Aires con un aumento del 23,7%, Chaco con un 6%, Santa Fe con un 5,6% y Formosa con un 4,1%.

Por otra parte, catorce jurisdicciones sufrieron una disminución en sus transferencias reales por habitante al comparar el cierre de 2024 con el inicio de la serie en 2010. Las caídas más pronunciadas se verificaron en Tierra del Fuego, que registró un descenso del 17,3%, seguida por Neuquén con una baja del 7,1% y Santa Cruz con una merma del 6,9%.

También mostraron retrocesos Misiones, con una caída del 4,2%, y Río Negro, con un descenso del 4,1%. Estos datos revelan que, aunque Tierra del Fuego se mantiene como la jurisdicción con mayores recursos per cápita, es a su vez la que ha experimentado la mayor pérdida de poder adquisitivo real de estos fondos en los últimos catorce años.

Para profundizar en el análisis de las asimetrías del federalismo fiscal, el informe del Iaraf agrupa a las 24 jurisdicciones en cuatro categorías homogéneas en función de su ingreso promedio y su densidad poblacional. El primer grupo, definido como de altos ingresos y alta densidad poblacional, está conformado por Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. El segundo grupo, de altos ingresos y baja densidad, incluye a Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El análisis por grupos arroja conclusiones determinantes sobre la lógica distributiva del sistema. A lo largo de todo el periodo, las provincias de menores ingresos y baja densidad poblacional fueron las que recibieron las mayores transferencias por habitante. En segundo lugar se ubicó el grupo de altos ingresos y baja densidad. Por el contrario, las jurisdicciones de mayores ingresos y alta densidad poblacional, entre las que se encuentran los grandes distritos urbanos como CABA y Buenos Aires, concentraron los niveles más bajos de envíos nacionales per cápita.