POLITICA
Cuáles son las 13 propuestas de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas 2025 en CABA
La Libertad Avanza presentó la plataforma electoral para las elecciones legislativas del 26 de octubre en relación al distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cabe señalar que en octubre, los electores de CABA elegirán trece diputados nacionales y tres senadores nacionales, de acuerdo con la rotación periódica establecida por la Constitución. La alianza La Libertad Avanza estará encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para senadores, y por Alejandro Fargosi para diputados.
Como ítem de encabezado, la plataforma electoral de LLA presentada a la Cámara Nacional Electoral fundamenta la definición partidaria del liberalismo como aquel respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno, el principio de no agresión y la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada.
El documento recientemente presentado por la agrupación partidaria sostiene que los pilares de este enfoque son los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Además, que el objetivo declarado es trasladar las ideas del presidente a todos los rincones del país, comenzando por CABA.
La “misión” de la alianza consiste en agrupar a quienes, sin distinción de condición social o nivel socioeconómico, se consideran excluidos por lo que denominan el “Partido del Estado” o “la casta política”. El texto subraya que sus integrantes comparten las ideas de la libertad impulsadas por el presidente Javier Milei y están convencidos de la necesidad de respaldar la agenda de reformas desde el Congreso de la Nación y las legislaturas provinciales y municipales.
Visión e historia
La agrupación propone dejar atrás las políticas que, a su juicio, condujeron a la decadencia nacional, y aspira a un Estado reducido que acompañe al sector privado en lugar de obstaculizarlo. El documento sostiene que los argentinos otorgaron al presidente tres mandatos: eliminar los privilegios de la casta, erradicar la inflación y el déficit fiscal para superar un siglo de retroceso económico, y recuperar la libertad y la seguridad para todos los ciudadanos. Para alcanzar estos objetivos, consideran imprescindible ampliar el apoyo legislativo que permita impulsar y profundizar las reformas en curso.
Entre los valores que promueve, se destacan la eficiencia, la transparencia, la meritocracia, el esfuerzo personal, la defensa del derecho a la vida desde la concepción, el respeto por las normas y la honestidad en la administración de los recursos públicos.
El diagnóstico histórico que presenta la plataforma remonta el origen de la crisis argentina a la segunda mitad del siglo XIX, cuando la sanción de la Constitución Nacional impulsó una etapa de prosperidad.
El texto afirma que, hacia el siglo XX, el país alcanzó uno de los PBI per cápita más altos del mundo, y la frase “rico como un argentino” era habitual en el extranjero.
Este auge, atribuido al esfuerzo y la movilidad social de la clase media trabajadora y a la llegada de inmigrantes, se habría visto truncado por la irrupción de una nueva clase política que, influida por teorías intervencionistas y la doctrina de la justicia social, implementó políticas de redistribución arbitraria de la riqueza.
La alianza sostiene que el Estado, al no generar riqueza, sino administrarla, se expandió a medida que aumentaba su injerencia, dividiendo a la sociedad entre quienes pagan impuestos y quienes viven de ellos.
El texto describe un proceso en el que la clase política consolidó su poder mediante la creación de dependientes del Estado, fenómeno que identifican como “ampliación de derechos”, y que, en la era de los colectivos, se traduce en votos en bloque a cambio de beneficios.
El documento argumenta que los incentivos terminaron favoreciendo a los consumidores de impuestos por sobre los productores, lo que llevó a un aumento del gasto estatal y a una reducción de las fuentes de financiamiento.
El resultado fue un estado permanente de déficit fiscal, calificado como el mayor flagelo de la historia económica argentina. Para financiarlo, «se recurrió al aumento de impuestos, la toma de deuda y la emisión monetaria“, junto con una acumulación de regulaciones. Según la plataforma, esto convirtió a la Argentina en uno de los países menos libres y más pobres del mundo en términos económicos.
La crisis se habría agudizado en 2023, cuando las políticas del entonces ministro de Economía Sergio Massa, bajo la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, llevaron al país al borde del colapso. El texto destaca que en 2023 se emitió el equivalente a 13 puntos del PBI, parte de los cuales se destinó a financiar la campaña electoral oficialista mediante el denominado “Plan Platita”.
Con la llegada de Milei al poder, LLA afirmó que se logró frenar la crisis y poner al país en pie gracias a la reducción del gasto público y la desregulación. Según el documento, la inflación mayorista, que al momento del cambio de gobierno avanzaba a un ritmo del 17000% anual, se redujo al 21% anual.
Esta cifra, resaltada en negrita, es presentada como un avance significativo, aunque se reconoce que el trabajo no ha concluido y que el objetivo es llevar la inflación a cero mediante nuevas leyes que respalden el rumbo adoptado.
En materia de desregulación, la plataforma destaca la eliminación o simplificación de 17 trámites o procedimientos innecesarios por día hábil durante el primer año y medio de gestión, lo que consideran un cambio estructural en la matriz productiva nacional. La alianza insiste en la necesidad de profundizar estas reformas desde el Congreso, eliminando leyes que perpetúan la burocracia y favorecen a la “casta política”.
Las 13 propuestas de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025 en CABA
- Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos
- Ley Antibarras – Regimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos
- Régimen penal juvenil
- Legítima Defensa y Cumplimiento del deber
- Posibilidad de actuación de las Fuerzas Armadas (FFAA) ante hechos de terrorismo
- Modificación de los artículos 166 y 277 del Código Penal sobre hurto, autopartes, cobre y materiales no ferrosos
- Regularización de armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego
- Privatización de Aerolíneas Argentinas S.A
- Modernización, digitalización y desburocratización de la Justicia
- Disolución del vínculo matrimonial en sede administrativa
- Ley de hojarasca
- Reformas estructurales a la Ley orgánica de los partidos políticos
- Modificación de artículos 186 y 189 del Código Penal sobre incendios y otros estragos
Cómo conocer las plataformas electorales de los partidos que se presentan en las elecciones nacionales 2025
El acceso a las plataformas electorales de los partidos que participarán en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre se encuentra centralizado en un espacio digital habilitado por la Cámara Nacional Electoral (CNE). Este recurso permite a los ciudadanos consultar de manera detallada las propuestas, valores y planes de acción de cada fuerza política, segmentados por región y provincia.
Para quienes deseen informarse sobre las iniciativas de los partidos que buscan renovar la mitad de las bancas del Congreso Nacional en 2025, el procedimiento es sencillo. El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial de la CNE (
Una vez allí, se debe seleccionar la sección correspondiente a Elecciones Generales, donde se despliega una leyenda específica dedicada a las plataformas electorales. El sistema ofrece la posibilidad de realizar búsquedas por provincia.
Al seleccionar una jurisdicción, se presenta un listado de los partidos que compiten en ese distrito, junto con el número de lista asignado a cada uno. Al hacer clic sobre el nombre de un partido, se accede a su plataforma electoral digitalizada, que expone en detalle los puntos más relevantes de su programa y las propuestas que buscan captar la atención de los votantes.
Este apartado digital reúne la totalidad de los espacios políticos que participarán en los comicios del 26 de octubre, permitiendo comparar las iniciativas específicas que cada fuerza presenta para las distintas regiones del país.
La digitalización de las plataformas facilita el acceso a la información y promueve la transparencia en el proceso electoral, al poner a disposición de la ciudadanía el contenido íntegro de los proyectos y valores que cada partido propone para el próximo período legislativo.
Los pasajeros de los trenes de larga distancia Buenos Aires-Tucumán y Buenos Aires-Córdoba se encontraron este martes con la suspensión de los servicios.
Tal como informó la operadora Nuevo Central Argentina (NCA), responsable del tendido de vías, la medida tiene carácter temporal y se realiza para emprender tareas de supervisión y mantenimiento, por lo cual -de acuerdo a la empresa- no se trata de una decisión de Trenes Argentinos ni de una medida gremial.
Leé también: Avanza en el Congreso el proyecto que busca limitar los DNU de Milei: Diputados lo trataría la próxima semana
La suspensión alcanza específicamente a los servicios de Retiro-Córdoba y Retiro-Tucumán. Según pudo saber TN, la interrupción es temporal, aunque se espera un comunicado oficial con detalles adicionales sobre los trabajos que motivan la decisión.
En cambio, desde el gremio La Fraternidad, que representa a los maquinistas, expresaron su preocupación. El secretario general del sindicato, Omar Maturano, señaló que sospechan que esta medida podría anticipar un cierre definitivo de los ramales, en una operación similar a la que se registró en los años 90.
“Estamos atentos a cualquier señal que indique que se podría tratar de un cierre definitivo”, dijo Maturano a este medio.
En un comunicado, La Fraternidad recordó que la semana pasada se habían llevado a cabo acciones de protesta en el área metropolitana, con trenes circulando a 30 km/h como medida de precaución ante el estado de las vías y la seguridad de los pasajeros.
El gremio advirtió que la continuidad de la política ferroviaria actual apunta al desmantelamiento del sistema, la venta de propiedades del Estado y la reducción progresiva de servicios, mientras que los trabajadores sostienen que los ferrocarriles podrían recuperarse con una explotación racional de la infraestructura y los bienes actualmente fuera de uso.
Según La Fraternidad, ya se discontinuaron servicios hacia Mendoza, San Luis y La Pampa, así como los trayectos Buenos Aires-Rosario, Buenos Aires-Pinamar, Bahía Blanca y otros recorridos turísticos.
El gremio alertó que próximamente podrían suspenderse los recorridos Retiro-Tucumán y Neuquén-Chipoletti, entre otros, y denunció que detrás de estas decisiones estaría la influencia de organismos financieros internacionales en detrimento del transporte nacional.
trenes, larga distancia, Córdoba, Tucumán
POLITICA
Caso Odebrecht | Revés para dos altos ejecutivos de la constructora brasileña por una resolución de la Corte argentina
La Corte Suprema de Justicia rechazó las presentaciones de dos acusados en la causa donde se investiga el supuesto de pago de coimas a funcionarios del kirchnerismo para asegurarse el contrato de las obras de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, ahora abandonadas.
Los acusados buscaban impugnar la llegada a la causa de información que obtuvo Brasil en el caso del Lava Jato, donde arrepentidos admitían que efectivamente se habían pagado sobornos para la adjudicación de las obras en la Argentina.
Una de las presentaciones fue hecha por Luiz Antonio Mameri, uno de los ejecutivos de más alto rango de la constructora Odebrecht que se acogió al régimen de la “delación premiada” en Brasil y que planteó la nulidad de la incorporación de copias de su confesión en la causa que se tramita en los tribunales de Comodoro Py 2002.
La otra presentación la formuló Mauricio Couri Ribeiro, ex director superintendente de Odebrecht Infraestructura en la Argentina participó de lleno en las negociaciones de los proyectos, quien reclamó en la causa la nulidad del acuerdo de colaboración alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal argentino y el de Brasil.
Estos planteos ya habían sido rechazados en instancias anteriores, pero sus defensas llegaron en queja a la Corte Suprema. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó las presentaciones por incumplimiento de las formalidades previstas en la acordada 4/2007.
La causa investiga posibles maniobras de fraude a la administración pública y presuntos pagos de sobornos del Grupo Odebrecht y sus socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del Ministerio de Planificación Federal durante el Gobierno kirchnerista.
La Justicia sospecha que esos pagos se realizaron para obtener la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que benefició a un consorcio integrado –según su anterior denominación- por las firmas IECSA S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S.A.
Desde hace años, el juez federal Marcelo Martínez de Gorgi tiene pisado el caso Odebrecht a pesar de los pedidos de la fiscalía para avanzar contra los empresarios acusados de los pagos de dinero a los funcionarios del Ministerio de Planificación.
La Cámara Federal instó en 2023 por tercera vez al juez federal Martínez de Giorgi a que defina si procesa o no a los exfuncionarios del kirchnerismo y a los empresarios. La obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento implicaba unos de US$1500 millones de inversión y se encuentra paralizada.
En 2021 llegó al país la información de arrepentidos brasileños que admitieron los sobornos y el caso siguió inmóvil. Los acusados son el exministro kirchnerista Julio De Vido y el empresario Ángelo Calcaterra, que con su exempresa IECSA, que integró el consorcio a cargo de la obra junto con la brasileña Odebrecht.
El fiscal del caso Franco Picardi viene instando al juez a que de una respuesta sobre las situaciones procesales de los acusados, para quienes reclamó la indagatoria por el pago de coimas.
Odebrecht admitió que pagó coimas en todo el continente para asegurarse la continuidad de sus obras. En la Argentina se planteó un acuerdo con los fiscales brasileños para incorporar esa información brindadas por arrepentidos de Brasil en el Lava Jato a la causa local.
Las demoras registradas en este expediente resultan llamativas en comparación con los avances registrados en las otras dos causas vinculadas al capítulo argentino del Lava Jato. En el caso de las planta potabilizadora de Aysa está en pleno juicio oral.
Los imputados son el exministro De Vido, que figura entre los que habrían recibido sobornos, mientras que Calcaterra y su mano derecha, Javier Sánchez Caballero, aparecen entre los acusados de haber abonado esas coimas, junto con ejecutivos de Odebrecht: Luiz Antonio Mameri, Mauricio Couri Ribeiro, Flavio Bento da Faria y Rodney Rodríguez de Carvalho, entre otros.
Las defensas de esos acusados habían planteado la nulidad de algunas de las decisiones tomadas en primera instancia. En particular, por el uso que se le dio a las pruebas aportadas desde Brasil y que incluyen la “delación premiada” de Mameri, exvicepresidente para América Latina de Odebrecht, que confesó cómo y a quiénes pagaron coimas para obtener negocios multimillonarios en la Argentina. La Cámara antes y la Corte rechazaron ahora esas nulidades.
Según Mameri, durante la primera etapa del proyecto, Sánchez Caballero les comunicó a los ejecutivos de Odebrecht en Buenos Aires cuáles eran las pautas para participar del proyecto. Y les informó que habían acordado con funcionarios de Planificación Federal que ganarían la licitación y que por eso deberían afrontar “pagos indebidos” a medida que comenzaran a cobrar las obras.
Aceptadas esas “reglas de juego”, como las calificó ante las autoridades brasileñas y reveló en 2017, Mameri admitió que autorizó “pagos indebidos” por US$2,9 millones entre enero de 2011 y enero de 2014, es decir, tras el inicio formal de la ejecución de las obras en 2010 y a medida que el consorcio debía cobrar sus primeros certificados.
Consultado entonces por , Sánchez Caballero rechazó la confesión de Mameri. “No lo conozco a ese señor”, replicó, para luego negar de manera enfática cualquier rol delictual. “Yo fui completamente ajeno a cualquier tipo de acción vinculada a eso”, remarcó.
Tras la muerte de Néstor Kirchner, sin embargo, Mameri detalló que cambiaron los intermediarios. Jorge “Corcho” Rodríguez se presentó ante el director de Infraestructura de Odebrecht en la Argentina, Rodney Rodrigues de Carvalho, como “interlocutor” de Roberto Baratta, el funcionario de máxima confianza de De Vido.
Según Mameri, el “Corcho” Rodríguez le explicó a su equipo en Buenos Aires que debía pagar “una contrapartida” por cada factura pendiente de cobro. Era, según los conminó, la única forma de que el ministerio priorizara su deuda. Sin embargo, esas confesiones no se pueden usar en la Argentina y ya se plantearon nulidades. Es porque en Brasil, Rodríguez consiguió anular las evidencias en su contra.
El presidente del Supremo Tribunal brasileño concluyó que no se garantizó la “cadena de custodia” el contenido de dos sistemas operativos de la multinacional y que, por tanto, no se puede usar en juicio. Son las evidencias que lo complicaban en dos causas. La Justicia de ese país bloqueó el uso en la Argentina de esas pruebas. Esa segunda etapa de “pagos indebidos” también fueron a través de la División de Operaciones Estructuradas, cuyo jefe máximo, Hilberto Mascarenhas da Silva -otro delator premiado-, se encargó de los detalles.
Hernán Cappiello,Conforme a
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Condenaron a Julio de Vido por la compra irregular de gas licuado durante el gobierno de Cristina Kirchner
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Condena,Corrupción,Cristina Kirchner,Julio de Vido
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