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POLITICA

El infierno astral del Gobierno

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En la cultura popular brasileña suele hablarse de “infierno astral”. Se refiere a un período, el del mes previo al cumpleaños de una persona. En esa etapa se suceden los conflictos, las crisis emocionales, la sensación de estancamiento. Son semanas en las que todo parece salir mal. Javier Milei parece estar atravesando ese calvario, en la que se enlazan las turbulencias financieras con los escándalos políticos.

Hace apenas una semana las autoridades celebraban a través de las redes sociales haber sido salvados del abismo. Fue cuando el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que el Banco Central de la República Argentina dispondría de 20.000 millones de dólares para fortalecer sus reservas. Bessent adelantó también que su oficina podría comprar títulos argentinos en el mercado secundario e, inclusive, adquirir bonos emitidos para ese exclusivo comprador. El gobierno de Donald Trump estaba diciendo, con esas declaraciones, que se haría responsable de que la Argentina pague su deuda en dólares. El precio de los bonos encontró un piso. Y el mercado de cambios, advertido de que el Central fortalecería sus reservas, dejó de presionar sobre la cotización del dólar.

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Hubo dos circunstancias parecidas a la que se produjo la semana pasada. Fue cuando México recibió una ayuda similar del Tesoro norteamericano, en 1994, y cuando lo hizo Uruguay, en 2002. En ambos casos no hubo necesidad de gastar un solo dólar. El sólo anuncio de la ayuda detuvo la turbulencia.

En la Argentina no se produjo el mismo efecto. Desde el jueves de la semana pasada los tenedores de papeles argentinos siguieron desprendiéndose de ellos. Es decir, se recreó la conjetura de un default, que se expresa en el índice de riesgo-país. Ese número trepó 8 escalones ayer respecto del martes se ubicó en 1230 puntos. Cuando Bessent comunicó sus novedades se había ubicado en 900 puntos. El dólar recorrió el mismo camino negativo. Ayer cotizó 1450 pesos, 50 pesos más caro del precio del día anterior. El dólar MEP se ubicó en 1523 pesos y el contado con liquidación en 1573. Quiere decir que la brecha, cuya eliminación había sido uno de los grandes éxitos de la política cambiaria de Milei y Luis Caputo, se repuso y está ubicada en 9%.

¿Cuáles son las razones por las cuales el inusual espaldarazo de los Estados Unidos no logró detener la inquietud? ¿Por qué los bonos siguen perdiendo valor y por qué el mercado sigue desafiando el techo de la banda cambiaria? Las respuestas no habría que buscarlas en el reino de la técnica cambiaria y monetaria. Hace falta mirar de cerca otros dos campos. Hay que detenerse en la calidad de la gestión, lo que incluye las decisiones económicas, y hay que prestar atención a la estabilidad de la política.

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Javier González Fraga suele afirmar que la línea que divide a la macro de la microeconomía es ilusoria. Ambas dimensiones mantienen una relación de mutuo condicionamiento. Atormentado por la emergencia, el equipo económico adoptó una serie de medidas apresuradas que crearon una sensación de falta de serenidad y profesionalismo. Modificaron las reglas cambiarias con resoluciones miniaturistas. Por ejemplo, la que repuso la prohibición de operar en el mercado del contado con liquidación a quienes compraran dólares oficiales. Ese impedimento se enfocó en un conjunto limitado de personas, definido por su ocupación en las empresas. Después se extendió a todos los agentes económicos. Una alteración en la normativa tomada a las apuradas, en medio de la rueda de operaciones del viernes de la semana pasada. Pocas veces visto.

La misma chapucería se advirtió en la suspensión de las retenciones. Cuando no se sabía si Bessent hablaría a favor del Gobierno, se comunicó que se suspendería ese “impuesto” hasta tanto el Banco Central recibiera 7000 millones de dólares de los exportadores de granos. Esas empresas y muchos productores se apresuraron a realizar, o al menos anotar, sus operaciones de venta cuando leyeron el mensaje del secretario del Tesoro. Allí Bessent adelantó, como si fuera un funcionario del Palacio de Hacienda, que trabajaba para reponer lo antes posible la exención que se había realizado. Es posible que el ministro de Economía de Trump no estuviera pensando en las tribulaciones de su colega argentino Caputo, sino en las de su colega norteamericana Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura, que le hizo llegar el enojo de los chacareros de su país ante la mejor en la competitividad que obtenían los chacareros argentinos. Una demostración indirecta de lo que ya se sabe: la enorme mochila que significan las retenciones para la carrera que corren los agricultores argentinos contra los de los demás países. Con independencia de estas lecciones generales, la aventura decantó en varias demandas penales que pesan ahora sobre los funcionarios.

La advertencia agropecuaria de Bessent aceleró la declaración de exportaciones. El meta de 7000 millones de dólares se alcanzó en apenas tres días. Las cerealeras se liberaron del gravamen, pero no trasladaron ese beneficio a sus proveedores, que son los productores. Al menos no lo hicieron por completo, lo que enojó a todo el sector agropecuario con Milei, en plena campaña electoral. La jugada tuvo otro efecto: las grandes exportadoras recibieron una masa gigantesca de pesos que aplicaron a comprar dólares en el mercado del contado con liquidación. Por eso el Central tuvo que cambiar las reglas en medio del partido: había que impedir que ese mercado se abasteciera con dólares que los ahorristas compraban en el oficial. Aun así se siguieron comprando dólares. Milei y Caputo se habían olvidado de las billeteras virtuales y, en especial del mundo cripto, desde donde se seguía operando. Todo por no hablar con Karina.

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Más allá de todos estos avatares, toda la jugada arroja un balance inesperado: para conseguir 7000 millones de dólares Caputo pagó alrededor de 1500 millones de dólares, que es lo que Hacienda resigna por la baja de retenciones.

La descripción de esta secuencia expone uno de los motivos por los cuales el anuncio de Bessent no detuvo la caída. Se multiplicaron los errores. Por lo tanto, el mercado quiere despejar esa duda: ¿qué hará Milei una vez que reciba la ayuda? Es una incógnita que se enmarca en otra más importante: ¿el Gobierno corregirá las decisiones que lo trajeron hasta esta encrucijada? En otras palabras: ¿cumplirá lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, es decir, liberará el mercado cambiario y comenzará una compra sistemática de reservas?

Lo que demostraron los últimos días es que el respaldo de Trump no sustituye la falta de confianza en el equipo que gestiona la Argentina. Esa enseñanza quizá llega tarde. O todavía no llegó. Milei corre de nuevo a sacarse una foto con su padrino en Washington, con quien estuvo reunido la semana pasada.

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Hay un motivo más que explica por qué no alcanzan los anuncios norteamericanos para despejar la incertidumbre. Bessent mostró el salvavidas pero aclaró que antes de enviarlo espera ver el resultado electoral. Es una condición incómoda. Hasta las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre se suponía que las elecciones nacionales del próximo 26 serían muy favorables a La Libertad Avanza (LLA). Los encuestadores moderaron ese entusiasmo. Pero muchos de ellos, aun los que proveen información al kirchnerismo, siguen augurando una victoria de Milei. Es cierto: mucho más modesta. El problema es de sentido común: esos consultores vaticinaban una victoria del PJ bonaerense por apenas 5 puntos porcentuales. Cuando esa victoria se amplió a 14 puntos, se disolvió la confianza en las profecías sobre octubre.

Sería un error limitar el riesgo del oficialismo a esa álgebra. Para los que esperaban que la política ayude a la economía, de tal manera que Bessent firme su cheque sin demasiadas condiciones, acaba de aparecer una novedad muy desalentadora. La campaña del oficialismo en el territorio donde se libra la principal batalla, la batalla contra el kirchnerismo, acaba de estallar por la denuncia contra José Luis Espert, sospechado de haber recibido 200.000 dólares de Fred Machado, un hombre de negocios chubutense condenado por narcotráfico en los Estados Unidos. Publicaciones de DiarioAR y de Perfil documentaron que esa transferencia figura en el expediente de los tribunales norteamericanos. Juan Grabois, que compite con Espert desde el segundo lugar de la lista de Fuerza Patria, lo llevó a la Justicia de San Isidro.

Las publicaciones periodísticas y la denuncia de Grabois dispararon otras informaciones. Marcelo Longobardi, desde su canal de Youtube, contó que la agente de prensa de Espert lo había contactado hace un par de años para que atendiera al oscuro Machado en Nueva York. Jorge Yoma recordó que los abogados de Machado lo habían visitado para que hiciera lobbying ante el procurador Eduardo Casal, con el propósito de evitar la extradición a los Estados Unidos. Yoma informó, como es obvio, que se negó.

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El escándalo de Espert puso en crisis al Gobierno en dos frentes relevantes y entrelazados entre sí. Uno es el electoral, que inquieta a Bessent. El primer problema es que el candidato todavía no dio una explicación para refutar las acusaciones. Se limitó a decir que todo es una campaña del kirchnerismo que quiere entorpecer la estrategia económica oficial. Es un argumento verdadero. El kirchnerisno hace campaña y la hace con la consigna “hay que frenar a Milei”. Sin duda pretende dañar la política económica. Pero admitidas esas premisas, queda la pregunta: “Espert recibió o no 200.000 dólares de un narcotraficante?”. En otros términos: puede ser cierto que a Espert lo están “operando”; pero, ¿lo operan con la verdad?

La coartada de estimular el rechazo que el kirchnerismo despierta en una parte muy extendida de la sociedad, que Milei llamaría “falacia ad hominem”, no parece ser una defensa muy eficaz. Ya la llevó al extremo el propio Milei cuando explicó, para justificar las acusaciones de presuntas exacciones indebidas del 3% con que señalan a su hermana, que “están indignados porque les afanamos los choreos”. Sobre ese mismo escándalo, el de las supuestas coimas cobradas a la droguería Suizo Argentina, aclaró ante Antonio Laje que su Karina, la secretaria general de la Presidencia, se niega a comparecer ante el Congreso “porque ella es de hablar poco”. La misma falta de preparación retórica exhibió el Presidente cuando dijo que las imputaciones a Espert son “chimentos de peluquería”. Laje le recordó que se trataba de una causa penal en los Estados Unidos.

El silencio de Espert y el exceso de palabras de Milei llevaron ayer a Patricia Bullrich a pedir explicaciones al diputado acusado en la Justicia. Bullrich es ministra de Seguridad y vive envuelta en la bandera de la lucha contra el narcotráfico. Además, es candidata a senadora de una campaña que no distingue una frontera a uno y otro lado del Riachuelo. Es decir: Espert es su compañero de proselitismo y amenaza con contaminar su propia táctica. Sin embargo, la presión de Milei sobre Bullrich fue suficiente para que la ministra corrija por la tarde sus exigencias de la mañana. Fue cuando dijo que cuando Espert recibió la ayuda de Machado todavía no se sabía, al menos desde el punto de vista de la acusación penal, que era narcotraficante. Un argumento novedoso porque Espert no lo utilizó en 2021, cuando ya lo acusaban por estas relaciones, ni ahora, cuando su carrera se empantana en su silencio.

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El otro frente en el que Espert complica al Gobierno es el económico: ayer se reunió por primera vez la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados para analizar el presupuesto enviado por la Casa Rosada. Pero la cuestión fue la situación de Espert, al que el peronismo exige abandonar la presidencia de ese comité. La batalla podría confirmar la tesis del candidato libertario: estoy bajo acoso kirchnerista. El problema es que ayer Ricardo López Murphy reclamó explicaciones a Espert. Ya lo había hecho un día antes Eugenia Talerico, candidata de su partido, Potencia, en la provincia de Buenos Aires. López Murphy y Talerico tienen derecho a aspirar al voto de los que, por el enredo penal de Espert, renuncien a votar a LLA y, a la vez, se resistan a refugiarse en la opción peronista. López Murphy tiene autoridad para el planteo: en 2021 se negó a sellar una alianza con Espert porque no quería quedar asociado a un candidato sospechado de financiarse con el narco. Tampoco en aquel momento el señalado ofreció una explicación satisfactoria. Al contrario, se limitó a decir que la financiación de Machado no era a su persona sino a su partido.

Los astros se confabularon contra Milei organizando una amenaza en la que se hilvanan las razones financieras con las políticas. Bessent espera a que los argentinos “voten bien” antes de librar su cheque. Uno de los principales candidatos a los que deberían votar está acorralado con informaciones que lo vinculan con un narco. Nada menos que en la provincia de Buenos Aires, donde la presencia del narcotráfico se ha vuelto aterradora después del horrendo asesinato de tres jóvenes. ¿Espert debería renunciar a la candidatura? Sería la hora providencial para Karen Reichardt, a quien Milei ubicó en el segundo lugar de esa misma lista. ¿Esa opción calmaría a los mercados? Tal vez no sea la solución a la que apuesten los expertos. Habrá que seguir quemándose en el infierno astral.


Carlos Pagni,Conforme a

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La CGT logró cambios clave en la reforma laboral que dejan a salvo el financiamiento de los sindicatos

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En la CGT respiran aliviados. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció los 28 cambios acordados en la reforma laboral que se debatirá este miércoles en el Senado y allí se incluyen dos modificaciones que exigía la central obrera: se mantienen las cuotas solidarias, aunque con una vigencia de 2 años y un tope del 2 por ciento de los salarios, y se elimina el artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales.

Otro punto importante es que el proyecto dejará que los empleadores sigan siendo agentes de retención de las cuotas de afiliación, “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”, y se deberá tener una autorización de la Secretaría de Trabajo.

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Cuáles son los cambios clave que negoció el Gobierno para aprobar la reforma laboral mañana en el Senado

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El oficialismo y la oposición dialoguista en el Senado arribaron esta tarde a un acuerdo por la ley de reforma laboral que, si no hubiese sorpresas de último momento, será aprobada mañana en la sesión extraordinaria a iniciarse desde las 11. Los cambios al dictamen de mayoría que sacó a las apuradas en diciembre la jefa libertaria, Patricia Bullrich, son trascendentales e involucran Ganancias – más plata para gobernadores y Nación-, guiños varios a sindicatos y cámaras empresariales en aportes compulsivos, el sostenimiento de porcentaje destinado a obras sociales, y la amortiguación de la idea original sobre el fondo de indemnizaciones.

Con las concesiones que aceptó el Gobierno libertario, el oficialismo y dialoguistas se disponen a ir mañana al recinto de la Cámara alta, desde las 11, para aprobar el proyecto y girarlo cuanto antes a Diputados. Previo a la casi repentina conferencia que comandó Bullrich -se sabía desde el mediodía-, donde dio un panorama general del texto -poca referencia a las modificaciones-, los jefes de las distintas bancadas realizaron la reunión de Labor Parlamentaria y blindaron un consenso para que en la sesión extraordinaria de este miércoles, en la votación en particular, se discuta lo menos posible el texto. Es decir, ir directo por títulos y, quienes tengan alguna objeción, la aclaren antes sobre los artículos que no deseen acompañar. De esta manera, se agilizaría un engorroso y delicado trámite.

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Llaves para la luz verde

*Se elimina el artículo 190 del dictamen, que hablaba de una baja en Ganancias a grandes empresas de 30% a 27%.

*Queda la “contribución a cargo del empleador equivalente al SEIS POR CIENTO (6%) de la remuneración de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia” en la ley de obras sociales. Se quería bajar al 5%. Sí se aclara que la “Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estará facultada para auditar el destino de las contribuciones”.

*Se elimina el artículo 137, que imponía que “los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes».

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*Aportes compulsivos. Ahora, el acuerdo habla de que “a partir de la sanción de la presente Ley, los aportes, contribuciones patronales y cualquier otro concepto previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores, no podrán superar el CERO Y MEDIO POR CIENTO (0,5%) de las remuneraciones de los trabajadores“.

La última sesión extraordinaria del pleno de la Cámara alta fue el 26 de diciembre pasado, cuando se sancionaron el Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal (Maximiliano Luna)

En tanto, “los aportes y contribuciones previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, a favor de asociaciones de trabajadores, que sean válidas para afiliados o no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención, no podrán superar el DOS POR CIENTO (2%) de las remuneraciones de los trabajadores”. Se excluyen “las cláusulas que acuerden otros beneficios en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que suscribió el convenio colectivo”.

Sobre el final del artículo, se resalta: “A partir del 1 de enero de 2028 los aportes o contribuciones patronales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores, tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales. Tampoco resultarán obligatorias para los empleadores que no sean socios o asociados a las asociaciones o cámaras beneficiarias de estos créditos“.

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POLITICA

Kicillof tildó de “repugnante” a la reforma laboral y se sumará mañana a la movilización al Congreso

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se unió al llamado de la CGT y las dos CTA para marchar este miércoles al Congreso de la Nación, donde se prevé que comience el tratamiento en el recinto del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. A diferencia de algunos jefes provinciales que han mantenido conversaciones con el Poder Ejecutivo, el mandatario bonaerense es uno de los referentes del peronismo que sostiene una férrea oposición a la iniciativa de la gestión Milei.

“Vamos a estar acompañando la movilización contra esta repugnante reforma laboral que es una ley de precarización laboral”, remarcó este martes el gobernador tras encabezar el acto de habilitación del Acueducto Norte de la ciudad de La Plata, junto al intendente de esa localidad, Julio Alak, y el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis.

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En la misma rueda de prensa, el mandatario bonaerense alertó sobre la derogación del estatuto del periodista que incluye la reforma en su artículo 194. “Entre tantas otras cosas que busca la iniciativa está barrer con el estatuto del periodista, que eran derechos consagrados para quienes ejercen. Ya no les alcanza con decir que ‘hay que odiar a los periodistas’, ahora les quieren quitar lo que tienen. Hay que odiarlos y hay que reventarlos. Eso es lo que plantea esta ley de Milei. Por eso considero que es fundamental acompañar a los sectores que luchan”.

Kicillof junto al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, el intendente de La Plata, Julio Alak, y el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, este martes en La Plata

La convocatoria formal la realizó el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La concentración para este miércoles será en Hipólito Yrigoyen 1584, en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo.

Desde hace tiempo, el gobierno bonaerense viene rechazando la iniciativa de reforma laboral que el Ejecutivo nacional busca aprobar y cuya primera instancia será este miércoles en el Senado; una jornada que se anticipa tensa tanto en el recinto como en la calle. Además de Kicillof, los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero) han expresado su rechazo al proyecto, que también impacta en la recaudación del impuesto a las ganancias y la masa coparticipable. La semana pasada mantuvieron un encuentro con la cúpula de la CGT.

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Un puñado de gobernadores del peronismo trazaron una estrategia para oponerse a la reforma laboral

En las últimas horas, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció que algunos de sus colegas que mantienen diálogo con el gobierno nacional podrían enfrentar la intervención del PJ de sus provincias por parte de la conducción nacional del peronismo, actualmente en manos del sector de la expresidenta Cristina Kirchner. Según relató en declaraciones a TN, la dirigencia nacional presiona a los legisladores para que rechacen el proyecto, bajo la amenaza de tomar el control de las estructuras partidarias a nivel provincial si no obedecen.

En la antesala del tratamiento del proyecto y la movilización convocada por las dos CTA y la CGT, la administración bonaerense fijó posición formal mediante un documento de más de 50 páginas presentado este lunes en el Salón Dorado de la gobernación en La Plata, con la participación del ministro de Trabajo provincial, Walter Correa; el de Gobierno, Carlos Bianco; legisladores nacionales, provinciales y representantes de diversas entidades sindicales.

El informe expresa una profunda preocupación por el impacto que la llamada “Ley de Modernización Laboral” tendría sobre los derechos de los trabajadores y la estructura sindical en Argentina, advirtiendo sobre una posible “pérdida de derechos, mayor precarización e intento de destrucción de la organización sindical”.

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Walter Correa y Carlos Bianco encabezaron la presentación del informe que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires contra la reforma laboral

Entre los principales puntos objetados, el documento de la administración Kicillof señala que la reforma:

  • Reduce la protección legal de los trabajadores, al derogar principios como el “in dubio pro operario” y facilitar condiciones laborales precarias.
  • Facilita el despido y reduce indemnizaciones, incluso promoviendo la creación de un Fondo de Cese Laboral que, según la Provincia, solo beneficia a los empleadores.
  • Desmantela organismos de control laboral y transfiere competencias de fiscalización de las provincias a la Nación, en contradicción con el federalismo consagrado por la Constitución Nacional.
  • Promueve la tercerización, la fragmentación sindical y la “atomización del movimiento obrero organizado”.
  • Permite aumentos en la jornada laboral, reducción de licencias y elimina condiciones garantizadas como la reversibilidad en el teletrabajo, licencias por enfermedad y mecanismos de compensación de gastos.
  • Afecta los mecanismos de negociación colectiva y debilita el poder de los sindicatos en discusiones clave sobre condiciones de trabajo y salarios.
  • Otorga amplio margen de impunidad a empleadores que no registren personal o que regularicen relaciones laborales precarizadas.
  • Introduce cambios tributarios y medidas ajenas a la materia laboral, en un proyecto calificado de “inconstitucional tanto en la forma de tratamiento como en el fondo”.

Como contrapartida, el Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, había señalado en una reciente entrevista con Infobae que “no hay argumento válido para oponerse a una reforma laboral que busca sacar a la Argentina del estancamiento”, y que la postura de la CGT y el kirchnerismo solo defiende intereses propios y un sistema que condenó a millones a la informalidad y los salarios bajos.

South America / Central America

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