Los sindicatos de docentes y estatales de la provincia de Buenos Aires rechazaron las últimas ofertas salariales de la administración de Axel Kicillof y en las organizaciones sindicales se comenzaron a sondear las posibilidades de convocar a paros.

Más allá del desacuerdo con los ofrecimientos del mandatario provincial, en dos gremios clave de la provincia, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las medidas de fuerza tienen como blanco al presidente Javier Milei, identificado como el responsable de la situación económica que atraviesa la provincia de Buenos Aires, que le impediría mejorar sus ofrecimientos salariales.

Los referentes de los gremios son dos aliados del gobernador, Roberto Baradel y Oscar de Isasi, quienes explicaron a los motivos por los cuales las medidas de fuerza se enfocan en el jefe del Estado y rescatan al gobernador.

La última oferta salarial del gobierno bonaerense fue de un aumento del 3% y fue rechazada por los gremios. Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente (FUDB) lanzaron paros. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) hará una huelga de carácter provincial, convocada bajo esa consigna regional. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), por su parte, también anunció que propondrá un paro, aunque pide el aval del resto de los sindicatos estatales. La alianza de Kicillof con buena parte del arco gremial de la provincia se traduce en una baja intensidad de huelgas estatales.

Baradel (secretario general del Suteba) y De Isasi (secretario general de la CTA Buenos Aires y referente de ATE en la provincia) lideran organizaciones que protestarán por los bajos salarios, pero lo harán contra Milei y no contra Kicillof. Las medidas se activarán el lunes, cuando debería iniciarse el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires.

“El Suteba va al paro nacional convocado por Ctera; el Sadop [Sindicato Argentino de Docentes Privados] y AMET [Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica] también. FEB y Udocba [Unión de Docentes de Buenos Aires] no tienen entidad nacional que convoque a paro nacional, en consecuencia, resuelven paro en sus entidades provinciales. Los reclamos son los mismos. Y la consideración de quién es responsable de la situación de la pérdida del poder adquisitivo del salario, también: el gobierno nacional”, explicó Baradel a .

“El gobierno de la provincia de Buenos Aires paga salarios y mantiene la paritaria abierta. Todo el Frente de Unidad Docente Bonaerense declaró insuficiente la última propuesta y esperamos una nueva convocatoria. El gobierno nacional tiene la paritaria cerrada, nos recortó el salario dejando de pagar el Fonid [Fondo Nacional de Incentivo Docente], derogó el financiamiento para la educación y para la educación técnica, está llevando adelante un ajuste brutal en educación y, además, ahoga económicamente a las provincias y en particular, con mayor intencionalidad, a la provincia de Buenos Aires. Por eso el paro es nacional”, sostuvo Baradel.

La Ctera llama a un paro nacional, el lunes, en reclamo de “convocatoria a paritaria nacional; aumento salarial; restitución del Fonid; aumento del presupuesto educativo” y para oponerse al “proyecto de libertad educativa”. Es la medida de fuerza a la que adhiere el Suteba, que integra esa confederación de sindicatos docentes. En la convocatoria de la FEB, de carácter provincial, se incluyen reclamos al gobierno de Kicillof, como el del “normal funcionamiento de las prestaciones del IOMA”, la obra social estatal de la provincia de Buenos Aires.

En una sintonía similar a la de Baradel se expresó De Isasi, que señaló que su gremio tomará acciones el lunes. “ATE va a hacer actividades en la provincia de Buenos Aires en el marco de la jornada nacional de lucha, con paros, movilizaciones y otro tipo de actividades en todo el territorio nacional. El 2 de marzo, ATE está de jornada nacional de lucha por salarios dignos, por la devolución a las provincias de los fondos que se quedó el gobierno de Milei desde que asumió y que hoy están asfixiando a las provincias e imposibilitando aumentos salariales dignos”, afirmó De Isasi a . El dirigente gremial estatal subrayó que el ahogo del Gobierno a la provincia de Buenos Aires “es el problema central”.

Baradel y De Isasi son dos aliados centrales de Kicillof en el ámbito gremial. Suteba cuenta con más de 116.000 afiliados; ATE, con más de 83.000, según datos que publican los propios gremios. El referente de ATE, por caso, integró la lista de candidatos a diputados de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de septiembre del año pasado.

Desde que Kicillof está a cargo del gobierno provincial, las clases siempre se iniciaron en la fecha pautada; este año sería la excepción, aunque el blanco de los reclamos sindicales será Milei.

La exfuncionaria del Ministerio de Economía Ornella Calvete, procesada junto a su padre Miguel Ángel Calvete en la causa que investiga presuntos direccionamientos en las compras de la agencia ANDIS, sostuvo en la apelación a su procesamiento que los casi 700.000 dólares encontrados en su domicilio durante un allanamiento no eran suyos, sino en gran parte de su padre y que ya estaban allí cuando se mudó al departamento.

Dijo también que desconocía el monto exacto y el origen del dinero, y que jamás dispuso de ese efectivo. Durante el allanamiento descubrieron fajos de dinero en un mueble que totalizaron 695.457 dólares, 19.996.200 de pesos y 1960 euros.

Calvete puntualizó que la mayor parte de esa suma (600.000 dólares) fue reclamada por una accionista de INDECOMM SRL (una empresa que constituyó su padre); que otra parte pertenecía a su pareja, Javier Cardini, desplazado como ella de su cargo en el Palacio de Hacienda tras el escándalo; y que una tercera porción sí le pertenecía, como consecuencia de una donación realizada por su padre mediante escritura pública.

La causa nació con la difusión de los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo en los que se hacía mención a un supuesto esquema de coimas dentro del organismo. Si esas grabaciones, cuyo origen se desconoce, constituyen o no una prueba válida en la causa es todavía objeto de tensiones judiciales, pero tanto el juez Sebastián Casanello como el fiscal Franco Picardi consideran que el caso tiene vida propia y a principios de mes avanzaron con una tanda de 19 procesamientos. Entre los alcanzados figuran Spagnuolo, el médico Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y su hija Ornella, quien, según la acusación, habría tenido participación en el presunto entramado delictivo.

La hipótesis del caso es que dentro de la ANDIS se produjo una distorsión en el mecanismo de compras de prestaciones de alto costo (Pacbi), con selección direccionada de oferentes y sobreprecios, en una maniobra en la que habrían actuado de manera coordinada funcionarios y empresarios.

En su escrito, Ornella Calvete negó haber tenido injerencia en ese sistema y se defendió del resto de las acusaciones que pesan sobre ella. El juez Casanello la procesó por los delitos de asociación ilícita, defraudación, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Ornella Calvete no tiene ni ha tenido relación comercial alguna con ninguno de los involucrados en este caso. Nada tiene que ver con ninguna contratación que la Andis haya efectuado en el período investigado, ni antes ni después”, afirmó en el escrito su abogado defensor, Fernando Manzanares.

La ruta del dinero

La explicación de Ornella Calvete en torno al efectivo encontrado en su departamento merece cada detalle. En el escrito, la joven indicó que “viviendo en Escobar le era ciertamente incomodo viajar todos los días de la semana a trabajar al centro”, donde se encuentra el ministerio que comanda Luis Caputo. Era marzo de 2025 y entonces le “consultó a su padre si no tenía algún departamento de su propiedad disponible” y que su padre le ofreció “un monoambiente en México 55, piso 34 depto. 346 ‘Ala Rio’ al cual se mudó sola”.

“Un par de meses después decide con su novio buscar un departamento para irse a vivir juntos. Le comenta esto a su padre, quien le ofrece otro departamento en el mismo edificio pero que contaba con tres ambientes”, continúa el escrito, que introduce otro elemento clave: la condena que ya tenía su padre por explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, por la que está detenido.

“Debido a la complicada situación procesal que su padre atravesaba en otra causa éste le comentó, antes que se mudase al citado inmueble que había dejado dinero en efectivo (en una cajonera bajo llave) y algunos objetos de su propiedad en ese departamento”, indicaron los abogados de Ornella, para concluir: “A lo que su hija le manifestó ‘que no se preocupase que no íbamos a tocar nada’”.

Para apuntalar su defensa, usó a su favor el intercambio de mensajes que tuvo con su padre en noviembre cuando, en plena efervescencia del caso Andis, le advertía sobre la presencia de policías abajo del edificio y le preguntaba si su empresa Indecomm disponía de “cash blanco”, esto es, legal. “Por si entran acá y me ven con mosssca”, lo alertó.

Dijo entonces que una prueba de que no gestionaba ese dinero es que tras aquella primera “falsa alarma” ella no movió los fajos de dólares, pesos y euros, que fueron encontrados luego por la Policía en un allanamiento realizado un mes después, en octubre de 2025.

Ornella también se desvinculó de Profarma, una de las droguerías favorecidas en la maniobra investigada, que pertenece en los papeles a Ruth Noemí Lozano. Dijo en su apelación que no era empleada ni accionista de la empresa y que tampoco tenía vínculos informales.

La Justicia cree que Ornella pujaba por expandir los negocios de la droguería. En uno de los mensajes que constan en el expediente, Ornella afirma respecto a la empresa: “Quedate tranquilo que de Profarma no nos van a cagar porque es mi viejo (y sé dónde vive)”.

La fiscalía sostiene además que Ornella Calvete, aprovechando su cargo como Directora Nacional en el Ministerio de Economía, utilizó su influencia para favorecer los intereses privados de su padre. Por un lado, se la acusa de haberle suministrado información privilegiada para emprender nuevos negocios en el sector de los agroquímicos y, por el otro, de haber contratado a dos personas cercanas a Calvete −Ruth Lozano y su asistente personal, Patricia Canavesio− con fondos públicos.

Ornella se defendió de una y otra acusación. Dijo que las contrataciones se realizaron a través de un ente sobre el cual no tenía incidencia, el FAMP (Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina), y que los contactos con la persona interesada en comercializar urea en el país fueron parte de un proyecto privado para importar el producto desde Kazajistán, porque como parte de sus planes a futuro tenía previsto abandonar su cargo en el Estado.

“Sobre el negocio en sí, yo me estaba por ir del sector público y me interesaba la posibilidad de que el mismo avanzase. Le pedí a mi padre, que tenía muchos más conocimientos que yo sobre el mundo comercial, que me diese una mano para conformar el negocio”, afirmó.