El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi deberá investigar la denuncia contra la exministra de Seguridad, hoy senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por la denuncia en su contra por supuestos “apremios ilegales y abuso de autoridad” a raíz de un operativo de seguridad en los alrededores del Congreso durante una marcha de jubilados.

La decisión fue tomada por los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en línea con el dictamen de la Procuración General, en el marco de un conflicto de competencia entre ese juzgado federal y otro de la justicia nacional en lo criminal y correccional, para seguir el caso.

La causa se inició por la denuncia formulada por el diputado de Unión por la Patria Horacio Pietragalla contra Patricia Bullrich, por haber ordenado, en su carácter de Ministra de Seguridad de la Nación, el operativo llevado a cabo por la policía federal el 4 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso de la Nación, “en cuyo marco se ejerció violencia contra un grupo de manifestantes”.

Aquel día, las organizaciones piqueteras se movilizaron contra del veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Los manifestantes avanzaron sobre la calle y las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes para liberar el tránsito.

Hubo varios enfrentamientos y la marcha terminó con una treintena de heridos, entre ellos ocho periodistas. Bullrich se mostró monitoreando el operativo. Pietragalla la denunció en los tribunales de Comodoro Py 2002 por apremios ilegales y abuso de autoridad.

El juez Martínez De Giorgi, que recibió el caso, entendió que el objeto de la causa versaba, “en última instancia, sobre la validez de la resolución n° 943/2023 del Ministerio de Seguridad −que estableció un protocolo de actuación ante el corte de vías de circulación− y por ello declinó su competencia a favor de la del juez del fuero ordinario que intervino en una causa anterior bajo la forma de acción de habeas corpus preventivo −expediente CNE 10514/2023− en el que se planteó esa misma cuestión legal”.

Sin embargo, desde la justicia nacional se rechazó esta causa. El juzgado N°28 dijo que “el objeto, la pretensión y el trámite que corresponden a la causa CNE 10514/2023 −que describió como acción declarativa de certeza regida por ley 16.986− es completamente diferente al de una denuncia por delito de acción pública y que, por lo tanto, no se da ningún supuesto del artículo 41 del código procesal”.

También sostuvo que “las reglas de conexidad no se aplican entre jueces de distinto fuero y que la investigación de la conducta de quien se desempeña como ministra de la Nación por un acto propio de su función es de indudable competencia federal”.

El caso llegó así a la Corte Suprema. “Las razones expuestas por el juez de instrucción de la capital dan respuesta correcta a la declinatoria del juez federal −opinó el Procurador Eduardo Casal−. Vistas las señaladas diferencias categóricas en cuanto a la pretensión y el trámite de cada una de las causas, aprecio que la vinculación alegada sólo reside en la eventualidad de que en ambos casos se plantee la misma cuestión jurídica, algo que en modo alguno altera las reglas de competencia ni debe confundirse con supuestos que habilitan la acumulación de expedientes”.

Los jueces de la Corte hicieron lugar al dictamen y será el juez Martínez De Giorgi quien deba seguir interviniendo.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quedó envuelto en una nueva polémica luego de cruzar a un periodista en plena conferencia de prensa que lo había consultado por la suba de tarifas en el distrito. El mandatario provincial responsabilizó del incremento al Gobierno nacional y calificó al corresponsal de “libertario”, para luego tildarlo de “ensobrado”.

El episodio se desató el miercoles en una conferencia de prensa encabezada por Insfrán, cuando el periodista Antonio “Tyntu” Ruiz, de la emisora local FM101.5, tomó la palabra y preguntó al gobierno provincial cuál sería el accionar ante el recorte de subsidios al consumo eléctrico dispuesto por Nación, así como también si se evaluaba brindar asistencia a los usuarios.

En su planteo, el periodista expresó su preocupación sobre el impacto de las nuevas tarifas en la economía popular y advirtió que de no mediar el Estado provincial, muchas familias se verán en la disyuntiva entre “comer y pagar la luz”.

“No hace falta que siga. Usted es libertario, y usted defiende la política nacional porque usted tenía que empezar haciéndose autocrítica sobre qué hace el Gobierno nacional para que ocurra esto en nuestra provincia. Así que está contestada su pregunta totalmente, no tengo más nada que decir”, replicó Insfrán.

“Y no se presente como Antonio Ruiz. Diga: “‘Tyntu’, el libertario… ensobrado”, lo reprendió luego a modo de chicana, dando por finalizado cualquier tipo de intercambio y sin responder a la pregunta inicial del periodista. “No contesto más”, cerró Insfrán, ante la insistencia del cronista.

La secuencia rápidamente se viralizó en redes sociales donde varios usuarios cuestionaron el accionar de Insfrán, quien días atrás supo protagonizar otra controversia luego de que se conociera que durante la inauguración de una escuela Insfrán se hizo entrevistar por tres niños que elogiaban su gestión y que incluso lo apodaban el “querido tío Gildo”.

Uno de ellos, por ejemplo, consultó: “¿Qué se siente ayudar a tantos niños y hacerlos felices?“. La pregunta causó indignación en redes sociales, ya que se trataba de varios niños que solo destacaban la administración provincial, sin crítica alguna.

“Se siente satisfacción. Pero desde la política podemos hacer edificios lindos, costear los sueldos de los que trabajan aquí, pero quienes les dan la calidad educativa a ustedes, son los docentes. El año pasado fuimos primeros en el país en las pruebas Aprender”, contestó Insfrán.

La secuencia generó indignación y derivó en un comunicado del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. Allí se informó que el Gobierno nacional envió una nota al ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio René Araoz, para que precise si se inició una investigación sobre lo ocurrido, qué medidas se adoptarán respecto de las autoridades que organizaron las actividades y qué mecanismos existen para prevenir o sancionar situaciones de adoctrinamiento político-partidario.

Además, se solicitó información sobre posibles denuncias similares y los protocolos vigentes para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en las escuelas.