La administración del presidente Donald Trump impuso sanciones a tres funcionarios chilenos, a los que acusó de participar en actividades que eran perjudiciales para la seguridad regional. La decisión provocó enojo en Chile, donde las autoridades reaccionaron con duros mensajes.

«Como Jefe de Estado, descarto categóricamente que nuestro país promueva cualquier acción que atente contra nuestra seguridad o la de nuestra región», tuiteó este viernes el presidente Gabriel Boric. «Chile es un país orgulloso de su soberanía y profundamente respetuoso de la legislación nacional e internacional. No aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley», agregó.

El canciller chileno, Alberto van Klaveren, citó al embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, para que explique los fundamentos de la medida y que informe el nombre de los afectados, ya que el gobierno de Boric dice no haber sido notificado de la decisión.

«No es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial», cuestiona el comunicado oficial de Chile.

El gobierno de Estados Unidos amenaza, hace acusaciones indeterminadas y aplica sanciones unilaterales. Como Jefe de Estado, descarto categóricamente que nuestro país promueva cualquier acción que atente contra nuestra seguridad o la de nuestra región.

Chile es un país… https://t.co/k2jt9xLCe2

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— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 20, 2026

«El Gobierno de Chile rechaza estas acusaciones y descarta categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países. Del mismo modo, condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional», agrega el documento.

El Departamento de Estado le revocó la visa a tres funcionarios y a sus familiares, e informó que también serán «inegibles» para entrar a los Estados Unidos en general. «A sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio», sostuvo el organismo del Gobierno de Donald Trump.

«En su ocaso, el legado del gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a costa, en última instancia, del pueblo chileno. Esperamos con interés avanzar en las prioridades comunes (…) con la próxima Administración Kast», cierra el comunicado en alusión a los pocos meses que le quedan de mandato al actual presidente chileno.

Aunque el Departamento de Estado no identificó a los funcionarios, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Juan Carlos Muñoz, confirmó que era uno de los afectados por la medida. Los medios chilenos señalan que los otros dos involucrados serían el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y el jefe de gabinete de la subsecretaría, Guillermo Petersen.

En un video donde Muñoz confirmaba la situación, mencionó al acuerdo entre el gobierno chileno y Google para cofinanciar un cable submarino desde Valparaíso hasta Sídney (Australia), y dijo: «Nuestro país tiene una institucionalidad en la que no discriminamos respecto a los orígenes de los distintos proyectos y analizamos cada uno en su debido mérito».

«Estamos conscientes en que ningún tipo de proyecto de esta naturaleza puede amenazar nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional. En los últimos meses, no ha habido un nuevo proyecto de esta naturaleza que haya contando con la aprobación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para avanzar en su proceso de aprobación», agregó.

Según Ex-Ante, que cita fuentes diplomáticas, el motivo de la medida sería el proyecto Chile-China Express, de la multinacional China Mobile, para construir un cable submarino de fibra óptica que conecte Hong Kong con Valparíso. Aunque, según dice Muñoz en su video, la Secretaría no aprobó ningún proyecto aparte del de Google, en agosto China Mobile constituyó la empresa CMI Chile.

Estados Unidos y Chile somos socios estratégicos en defensa. El alcance y la profundidad de nuestra cooperación militar bilateral son significativos y mutuamente beneficiosos: nos permiten enfrentar las amenazas de seguridad que compartimos en la región y, al seguir trabajando… pic.twitter.com/JFgmd2jVnK

— U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) February 12, 2026

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Un cable directo entre ambos países permitiría que la conectividad entre Sudamérica y Asia no pase por rutas bajo influencia estadounidense, lo que encendió las alarmas de la Administración Trump.

La semana pasada, el embajador Judd tuiteó, tras una reunión con la ministra de Defensa:»[Adriana] Delpiano y yo conversamos a fondo sobre los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con Humboldt. Los datos seguros son fundamentales para afrontar juntos los desafíos regionales».

FIRST ON FOX: The Trump-Kennedy Center was the target of what officials described as a «calculated, malicious attack» early Friday after a «toxic chemical» was poured onto its outdoor ice rink, forcing a performance cancellation.

Trump-Kennedy Center leadership said a dark substance was poured onto the ice surface, severely damaging the outdoor arena.

Leadership said the incident was not a protest but an act of outright vandalism targeting the Trump-Kennedy Center.

«Today, a targeted attack on the Trump Kennedy Center vandalized and destroyed our outdoor arena, causing severe damage that we unfortunately must cancel tonight’s performance, but we are working feverishly to complete repairs so programming can resume tomorrow,» Roma Daravi, vice president of public relations for the Trump-Kennedy Center, said in a statement to Fox News Digital. «We have turned over video footage to the authorities who are investigating this calculated, malicious attack and hold those responsible accountable.»

KENNEDY CENTER PRESIDENT DEMANDS $1M FROM JAZZ MUSICIAN WHO CANCELED CHRISTMAS EVE SHOW

Leadership added that violence «will not be tolerated» at the Trump-Kennedy Center and said those responsible would be held accountable.

Trump-Kennedy Center officials said a brown-black substance was poured across the ice early Friday morning. Images from the scene show the material spread widely across the rink, with what appears to be a gallon-sized milk container visible on the ice.

Leadership at the venue said the substance was «toxic.» The exact chemical has not yet been publicly identified.

TRUMP’S NAME ADDED TO KENNEDY CENTER FOLLOWING UNANIMOUS BOARD VOTE TO RENAME HISTORIC BUILDING

A gallon-sized container sits in a dark substance spread across the outdoor ice rink at the Trump-Kennedy Center, in an image provided exclusively to Fox News Digital. Officials said the material was poured onto the ice in what they described as a «targeted attack.» (Courtesy of the Trump-Kennedy Center)

The vandalism forced the cancellation of a scheduled performance at the Trump-Kennedy Center by Montreal-based skating company Le Patin Libre.

The incident comes amid a broader transformation of the Trump-Kennedy Center following a leadership overhaul and significant funding secured for long-deferred infrastructure improvements.

The board of trustees voted unanimously in December 2025 to rename the facility «The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.» 

President Donald Trump was later elected chairman of the board.

BOARD VOTES KENNEDY CENTER TO BE RENAMED ‘TRUMP-KENNEDY CENTER,’ LEAVITT SAYS

The outdoor ice rink on the Kennedy Center plaza is seen after officials said a substance was poured onto the surface, canceling a scheduled performance. The image was provided exclusively to Fox News Digital. (Courtesy of the Trump-Kennedy Center)

Fox News Digital previously reported that the Center plans a temporary closure beginning July 4 for an extensive restoration and modernization project. Leadership has cited roughly $250 million in deferred maintenance and aging infrastructure accumulated over decades. 

Congress appropriated $257 million for renovation work in Trump’s «One, Big, Beautiful Bill» and officials have described the project as critical to stabilizing and preserving the nation’s premier performing arts institution for future generations.

The complex, which opened in 1971, has faced years of financial strain and structural deterioration before new funding was secured.

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Daravi said the institution intends to pursue accountability for the damage and restore the outdoor arena as quickly as possible, so programming can continue as scheduled.

Neither a suspect nor a motive have been publicly identified by either the Trump-Kennedy Center or authorities.

Authorities are continuing to investigate the incident as the Trump-Kennedy Center works to restore the damaged outdoor arena and resume scheduled programming.

The White House did not immediately respond to Fox News Digital’s request for comment.

El 19 de febrero de 2026 marcó un hito inédito para la realeza británica: Andrew Mountbatten-Windsor —hasta hace poco el príncipe Andrés— fue detenido por la policía por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

La investigación sostiene que habría compartido información oficial con el fallecido financista y abusador sexual Jeffrey Epstein cuando actuaba como enviado comercial del Reino Unido.

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La detención ocurrió en su residencia del complejo real de Sandringham y las autoridades allanaron propiedades vinculadas a él. El caso es histórico: se trata del primer arresto de un miembro de la familia real en siglos y amenaza con abrir una crisis institucional para la Casa de Windsor.

El propio rey Carlos III se distanció rápidamente del escándalo y dejó una frase que resonó en el Reino Unido: “La ley debe seguir su curso”.

El origen: el vínculo con Epstein

La detención no es un hecho aislado. Es el punto culminante de una historia que comenzó hace más de veinte años.

La estadounidense Virginia Giuffre denunció en el año 2001 que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Andrés cuando era menor de edad tras ser captada por la red de Epstein.

El príncipe siempre negó las acusaciones, pero en 2022 aceptó un acuerdo extrajudicial millonario que incluyó una donación a la fundación de la denunciante y un reconocimiento de que Epstein traficó jóvenes durante años.

La investigación judicial nunca cerró del todo la polémica. Documentos posteriores volvieron a difundir acusaciones de abuso ocurridos en 2001, reactivando el escándalo global.

El abogado penalista británico Mark Ellison —consultado por la BBC en investigaciones similares— explicó que estos casos “no dependen solo del delito sexual sino del abuso de poder institucional”, algo que amplía enormemente la gravedad jurídica.

El derrumbe institucional

El impacto para la monarquía fue devastador y progresivo. Primero, en 2019, tras una entrevista televisiva considerada catastrófica, Andrés debió retirarse de la vida pública. Luego perdió funciones oficiales y honores militares.

En 2025 llegó el golpe definitivo: Carlos III ordenó quitarle títulos, tratamiento real y patronazgos, por lo que dejó de ser formalmente “príncipe”.

Para la historiadora constitucional Anna Whitelock, especialista en monarquía británica, “es la mayor desmonarquización de un royal moderno: pasó de figura estatal a ciudadano investigado”.

Aun así, el escándalo continuó creciendo.

En 2026, documentos judiciales estadounidenses mostraron que Andrés habría mantenido contacto con Epstein después de lo admitido públicamente y, además, compartido reportes oficiales de viajes comerciales del gobierno británico.

Los investigadores creen que esos datos pudieron beneficiar negocios del financista. El delito investigado —misconduct in public office— exige probar abuso deliberado de la confianza pública, algo que puede implicar prisión efectiva.

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Para el experto en derecho público David Allen Green “no es un escándalo moral sino constitucional: implica usar el Estado en favor de un particular”.

Además, la policía analiza denuncias de tráfico sexual vinculadas a la red Epstein durante los años en que Andrés ejercía funciones diplomáticas.

Un problema para la Corona

El caso golpea directamente la legitimidad de la monarquía. Una encuesta citada tras el arresto mostró una caída del apoyo público a la institución, especialmente entre jóvenes.

Durante años el Palacio intentó aislarlo para proteger la imagen real. Sin embargo, la sucesión de revelaciones —desde correos hasta testimonios judiciales— volvió imposible separar la figura personal del sistema institucional.

Para la socióloga británica Pauline Maclaran, especialista en cultura real: “El problema no es solo Andrew: es la percepción de privilegio y de impunidad”.

La trayectoria del duque de York es una de las caídas más abruptas de la historia moderna de la realeza. Pasó de ser héroe militar en la guerra de Malvinas, el embajador comercial del Reino Unido y una figura prominente de la Corona a estar en el centro de la polémica acusado de cometer delitos sexuales e institucionales.

Con todo, que haya permanecido detenido no implica condena. La fiscalía aún debe decidir si presenta cargos formales. Pero el daño político ya es profundo: la monarquía británica enfrenta uno de sus mayores desafíos contemporáneos.

Más que un escándalo personal, el caso del príncipe Andrés se convirtió en una discusión global sobre poder, privilegios y responsabilidad. Y por primera vez en siglos, la pregunta ya no es si un royal puede caer en desgracia, sino si puede terminar en la cárcel.