POLITICA
Crisis en la campaña de LLA: un sector del Gobierno y los aliados de Pro presionan para que Espert baje su candidatura
Lejos de calmarse, la tormenta política que desató en la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) la denuncia contra el diputado José Luis Espert empeora con el correr de las horas. En la Casa Rosada la tensión es máxima después de que el candidato de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires difundiera un video en el que admite que recibió una transferencia por 200.000 dólares del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico, fraude y lavado de activos por la Justicia de los Estados Unidos.
Espert publicó anoche su mensaje grabado debido a que había confirmado, en base a datos oficiales de EE.UU., que el giro que le hizo Machado a Espert, en enero de 2020, figura en una contabilidad oficial elaborada por el Bank of America e incorporada a la causa que se tramita en los Estados Unidos.
Durante la madrugada de ayer, el Presidente respaldó el descargo del economista e intentó encapsular el escándalo que complica la campaña electoral del Gobierno con vistas a las legislativas del próximo 26 de octubre. Se mostró más que satisfecho con las explicaciones de Espert y dio por cerrado el tema: “El Profe desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo”, escribió en la red social X.
No obstante, Milei está lejos de controlar la crisis. Un sector de LLA, con la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, a la cabeza, y los aliados de Pro están muy preocupados por el efecto que podrían tener las revelaciones del caso en las próximas elecciones. No solo están disconformes con los argumentos que dio el candidato en el video que difundió anoche para explicar su vinculación con Machado -hablan de inconsistencias y contradicciones o falta de pruebas-, sino que están furiosos porque consideran que Espert debería dar un paso al costado y renunciar a su postulación para no desgastar aún más la imagen del Presidente y no seguir debilitando al sello de LLA de cara a la competencia del 26 de octubre. “Estamos muy preocupados, porque ya llegábamos a la elección en una situación de debilidad. Nos van a hacer mierda”, se lamentan, sin pelos en la lengua.
De hecho, hasta esta tarde ningún ministro o alto funcionario -ni siquiera Santiago Caputo, que reabrió su cuenta en X- había reposteado el mensaje de apoyo de Milei a Espert o se había solidarizado públicamente con el diputado por su supuesta operación del kirchnnerismo. Un principio de revelación.
Bullrich, candidata a senadora nacional, retomó esta mañana las recorridas proselitistas por la ciudad de Buenos Aires. Quienes la rodean afirman que recibió muestras de apoyo de sus seguidores por haberse diferenciado de Milei y haber reclamado que Espert explique con claridad su vínculo con Machado. La ministra de Seguridad está inquieta porque presume que el impacto en el proceso electoral podría ser letal para el Gobierno. Ahora se aferra a las declaraciones que hizo esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que Espert debería dar “una explicación adicional” si quedaron dudas en torno a su descargo.
Por ahora, la ministra de Seguridad, especialista en el combate dialéctico con el kirchnerismo y la primera funcionaria de peso que salió a desmarcarse de la postura de Milei de sostener a Espert, prefiere mantenerse en silencio. “Estamos obligados a ser transparentes. Va a tener que dar más explicaciones”, aseguran fuentes oficiales. Ella se juega mucho en octubre y aspira a superar el 40% de los votos en la Capital, bastión de Pro. Para eso, requiere retener los votos que sacó Adorni en mayo y conjugarlos con la cosecha de Silvia Lospennato (15%).
En el macrismo y en la tropa de Bullrich asumen que será complicado para los candidatos hacer actividades en las calles o salir a instalarse en los medios sin que les pregunten sobre el caso de Espert. “Esto es un tsunami y va a pegar en todos lados. No hay campaña posible”, señalan.
La incógnita que se instaló en ese sector del oficialismo es por qué Milei opta por sostener a Espert a toda costa. “Es un tema personal. Le dio su palabra”, retratan en despachos oficiales.
Santiago Caputo, el principal consejero de Milei, y su equipo se ocuparon de asesorar al candidato en su descargo. En el video, de unos seis minutos, el economista ligó las acusaciones con la campaña electoral y volvió a declararse víctima de una operación de Juan Grabois, candidato a diputado de Fuerza Patria. Por primera vez, reconoció que había recibido 200.000 dólares de una empresa ligada a Machado, pero dijo que cobró ese dinero por su actividad profesional como consultor económico.
La idea de que grabara un video se pensó después de que en la entrevista con Pablo Rossi en A24, Espert rehusó contestar en más de una ocasión si había recibido una transferencia de Machado.
Anoche, se decidió apurar la publicación del mensaje después de que confirmó el registro del movimiento bancario.
Ayer, Espert participó del acto que encabezaron Milei y Bullrich frente a la cárcel de Ezeiza para presentar el nuevo Código Penal. Se lo vio charlando con Alejandro Fargosi y Agustín Monteverde, postulantes en la Capital. Pese a que estuvo presente, no le dieron un lugar protagónico.
La estrategia de defensa de Espert, quien no exhibió hasta ahora documentación que certifique sus dichos, generó más ruidos entre los pesos pesados del Gobierno que esperan que dé un paso al costado para evitar un daño mayor. Bullrich y Guillermo Francos, jefe de Gabinete, habían pedido más precisiones antes de que se conociera el video.
Lo que más llamó la atención en el oficialismo es que Espert haya dicho que la empresa que lo contrató, en 2020, fue Minas del Pueblo, una compañía que fue sancionada por el gobierno de Guatemala en 2021 y que está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado.
También hay bronca y desconcierto en Pro, que lleva como candidatos en la provincia a Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi, porque Espert había dicho que apenas conocía a Machado. Ayer, en un nuevo giro de su relato, admitió que el empresario investigado por narcotráfico y lavado de dinero formaba parte de su equipo de campaña. “Esto tendría que haberse resuelto rápido. No hay un equipo de manejo de crisis. Y Espert tendría que hacer un gesto y correrse él para ayudar a Milei. No puede ser que el Presidente sea el pararrayos”, despotrica uno de los referentes de Pro en Buenos Aires. Otros dirigentes del partido amarillo critican a Espert por no haber exhibido documentación que respalde su versión.
Lo que más sorprende, dicen en el macrismo, es que ningún alto mando del Gobierno haya evitado que el Presidente se comprometiera en la defensa de Espert -habló de “chimentos de peluquería”- sin verificar si existía o no la operación bancaria entre el candidato y el empresario acusado de narcotráfico.
Por estas horas los macristas recuerdan el caso del periodista Fernando Niembro, quien bajó su postulación a diputado de Pro un mes antes de las elecciones de 2015, sospechado por la facturación al gobierno de la ciudad de $ 21 millones desde su exempresa La Usina Producciones.
En el grupo que responde a Patricia Bullrich -lo integran desde los intendentes Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Ramón Lanús (San Isidro) hasta los diputados Damián Arabia, Juan Pablo Arenaza, Patricia Vázquez o Laura Rodríguez Machado- también hay un clima de incertidumbre. La mayoría prefiere no expresarse. Están incómodos y preocupados por la escalada de la crisis y la pérdida de capital político que tuvo el Gobierno en los últimos meses. En privado, no ocultan su deseo de que el diputado se baje. “Espert ya tendría que haber renunciado. Pero no tiene moral para eso”, lanzan.
Sin embargo, fuentes oficiales afirman que la decisión está tomada al máximo nivel de LLA, es decir, por parte de Milei, y nadie piensa pedirle a Espert que decline su postulación. “Es un tema terminado. Espert no era funcionario, declaró el ingreso, lo bancarizó y pagó impuestos por el trabajo que llevo a cabo. Nunca lo citó la Justicia”, arguye uno de los dirigentes más influyentes del partido del oficialismo nacional, que controla Karina Milei.
En el equipo de campaña que conduce Sebastián Pareja -nunca tuvo buena sintonía con Espert- prima el nerviosismo. En la intimidad lugartenientes de Pareja se atreven a pedir la renuncia de Espert, pero creen que es difícil que el Presidente dé marcha atrás o que el diputado sea capaz de apartarse para descomprimir.
intentó comunicarse con Espert y su vocero de prensa para pedirle los documentos que confirmen su versión de los hechos. Por ejemplo, la declaración jurada ante la AFIP en la que conste la cuenta en los Estados Unidos y el ingreso del dinero que le giró la empresa de Machado. Además, se le requirió el contrato con Minas del Pueblo y la factura que emitió para cobrar esos trabajos. También se le preguntó por los trabajos preliminares que dijo haber hecho para la minera antes de la pandemia de coronavirus. Por último, se le solicitó la constancia de su cuenta en el banco norteamericano. Hasta las 15 de esta tarde, Espert no había respondido la consulta.
había confirmado,complica la campaña electoral,estrategia de defensa,señalada como parte de la estructura delictiva,Matías Moreno,Elecciones 2025,Conforme a,Elecciones 2025,,Ya están impresas. La boleta de La Libertad Avanza mantendrá el rostro de Espert, incluso si retira su candidatura,,Narcotráfico. Kicillof habló por primera vez de las acusaciones contra Espert: «Lemoine, la Justicia de Texas, Machado: nadie de esos es kirchnerista»,,»No soy su vocero». Adorni, sobre la defensa de Espert: «Si faltan explicaciones, las tiene que seguir dando»
POLITICA
Argentina exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional en Venezuela y pidió el arresto de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello
El gobierno de Javier Milei exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, ante el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la narcodictadura de Venezuela, y solicitó que se ejecuten las órdenes de arresto que están requeridas para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, principales jefes del régimen chavista.
El planteo, elevado por el embajador Diego Emilio Sadofschi, representante argentino ante la CPI en La Haya, marcó la apertura de la conferencia anual del tribunal, en la que se debatieron los avances y desafíos de las investigaciones internacionales y la cooperación de los Estados miembros.
Durante su intervención, Argentina se disoció del consenso general de la asamblea, reafirmando su posición crítica e históricamente sostenida frente a la falta de avances concretos en el caso venezolano.
Según remarcó Sadofschi, “la situación en Venezuela, que se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024, exige una atención inmediata”. El representante argentino sostuvo que, desde que la oficina del fiscal de la CPI anunció en noviembre de 2021 la conclusión del examen preliminar sobre la situación en Venezuela, “ha habido pocos avances”.
A continuación, denunció: “Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables”.
Sadofschi argumentó que la actitud adoptada por Argentina –de no bloquear el consenso en torno a la declaración general de la asamblea– no debía ser interpretada como una concesión para Venezuela: “La decisión de Argentina de no bloquear el consenso en torno a esta cuestión, lejos de entenderse como un gesto hacia Venezuela, es en realidad una muestra del compromiso de la República Argentina con la Corte Penal Internacional y del valor que le otorga a la labor de esta asamblea, incluyendo no precluir las negociaciones en curso para establecer un procedimiento general relativo a la situación de estados parte en situación de atrasos en los pagos”.
En ese sentido, Sadofschi fue terminante: “Permítame enfatizar que Argentina no se siente ni puede ser considerada parte de la decisión que se adopte, disociándose de la misma, y le pido que quede registro de ello en los informes y actas de esta asamblea”.
Al pedir la palabra nuevamente, el embajador subrayó la firmeza de la posición argentina: “La Argentina es y ha sido siempre comprensiva ante las dificultades financieras que establecen los Estados partes de esta asamblea, pero no puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país. En este marco, la actitud de Argentina de no interponerse a la voluntad de la Asamblea demuestra nuestro compromiso con la Corte Penal Internacional y una reafirmación del llamado a la Corte a tomar medidas concretas y urgentes ante la situación en Venezuela”.
La delegación argentina remarcó que evalúa imprescindible que la comunidad internacional acelere los mecanismos para la ejecución de las órdenes de arresto y no dilate la definición de responsabilidades en materia de crímenes de lesa humanidad. “La República Argentina sigue considerando prioritario que se avance en la investigación y se adopten medidas concretas para poner fin a la impunidad de los máximos responsables del régimen en Venezuela”, sostuvo el embajador ante los demás países presentes.
El planteo argentino suscitó la reacción del representante permanente adjunto de la dictadura chavista en La Haya, Héctor Constant Rosales, quien acusó al gobierno de Milei de “politizar la conferencia” y lo calificó como un “falso defensor de derechos humanos”.
Constant Rosales, que representa a un régimen que usurpó el poder al desconocer los resultados de las últimas elecciones presidenciales, invitó a “concentrarnos positivamente en los trabajos de esta Corte para garantizar que podamos avanzar constructivamente y con un espíritu de solidaridad en los temas que nos resultan comunes”.
Ante estas declaraciones, Sadofschi replicó tajantemente, rechazando “en todos sus términos” las expresiones agraviantes del delegado venezolano y subrayando que Argentina “no puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país”.
Sadofschi insistió en que la postura argentina no implica un relajamiento en la exigencia de justicia internacional, sino una reafirmación del compromiso con la Corte, su proceso y los mecanismos multilaterales que hacen posible el avance de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad. Hizo hincapié en que la situación en Venezuela representa un caso emblemático de inacción internacional que debe revertirse con medidas contundentes, como el dictado de órdenes de arresto contra los principales dirigentes chavistas. La Argentina pidió que su mensaje y disociación quedaran asentados en las actas e informes de la asamblea, subrayando que no puede ser incluida como parte de ninguna resolución que relativice la gravedad del caso venezolano.
La conferencia anual de la Corte Penal Internacional marca una semana clave donde los países miembros debaten los movimientos en expedientes judiciales críticos, como el referido a Venezuela, y discuten cómo mejorar los mecanismos de cooperación para la ejecución de órdenes de arresto contra acusados por crímenes de lesa humanidad.
El caso del gendarme argentino Nahuel Gallo
Fuera del discurso oficial del embajador ante la CPI, el contexto bilateral entre Argentina y Venezuela está atravesado, además, por la persistente preocupación por el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Caracas. Gallo, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina, fue arrestado bajo acusaciones infundadas y permanece privado de su libertad bajo condiciones inciertas. Autoridades argentinas y organismos de derechos humanos insisten en la urgencia de su liberación y en la necesidad de que la Corte Penal Internacional y la comunidad internacional presionen al régimen de Maduro y Cabello para garantizar su integridad y el regreso seguro a su país.
Rumbo a la sesión preparatoria de pasado mañana, la Unión Cívica Radical (UCR) busca subsanar su retroceso parlamentario y encarar el nuevo año legislativo desde la mayor fortaleza posible. Persiguen, para ello, un esquema de unidad que, mientras se define la carrera por la renovación del Comité Nacional, podría naufragar en la Cámara baja, donde los distintos sectores negocian en reuniones paralelas y con sugestivas ausencias que se encaminan a bloquear la confluencia esperada. La grieta entre Democracia para Siempre y la bancada radical se reedita, pero bajo nuevas etiquetas.
Dos encuentros comenzaron a delinear el futuro dicotómico del espacio la semana pasada. El miércoles pasado, se llevó a cabo la primera reunión de Provincias Unidas para empezar a darle forma al bloque federal que intentará mediar entre La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria. Estuvieron presentes 17 legisladores, entre peronistas y Pro disidentes, socialistas e incluso radicales. Algunos representantes de este último sector también participaron de otro cónclave que se desarrolló ese mismo día, horas más tarde para consolidar una bancada radical “pura” que recupere la identidad del espacio.
“Somos un partido con vocación de poder, por eso estamos trabajando en un bloque de unidad”, aseguró una fuente que participó del segundo encuentro. “¿Qué es esto de romper bloques y que hemos naturalizado?”, cuestionó en relación con la atomización que sufrió el partido centenario bajo la conducción nacional de Martín Lousteau.
El actual senador nacional, que desembarcará en la Cámara baja el 10 de diciembre, habría sido invitado al encuentro del bloque radical, pero no se presentó. consultó en su entorno para confirmar la versión, pero no obtuvo mayores precisiones.
Lo cierto es que el titular del Comité Nacional -que dejará su puesto el próximo 15 de diciembre- ya tiene definida su adhesión al bloque de Provincias Unidas, el sello por el que resultó electo diputado en la ciudad de Buenos Aires en una reñida disputa con los libertarios por la banca. Resta saber cuántos correligionarios seguirán sus pasos.
En el bloque de Provincias Unidas dan por descontado que tendrán también el apoyo de Mariela Coletta, diputada de Evolución, la corriente interna referenciada en Lousteau. Sin embargo, según pudo saber , la legisladora habría participado de la reunión de la bancada radical de la que hoy permanece escindida: desde su creación, engrosa las filas de Democracia para Siempre, el bloque disidente que se encamina a comparecer ante la reorganización del radicalismo en el recinto y el surgimiento de nuevas etiquetas.
Algo similar sucede con Pablo Juliano, presidente de dicho grupo, cuyo destino hasta 2027 no está definido. Podría, como prevén en el frente federal, confluir con Lousteau -pese al divorcio de su principal referente, Facundo Manes, con el senador- o regresar al bloque radical con legisladores que compartieron lista con LLA. intentó contactarlo para averiguar si ya había tomado una decisión, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.
La alianza electoral con los libertarios para los comicios nacionales en Mendoza, Chaco y Entre Ríos aún se erige como un obstáculo para la convergencia radical en el recinto. En algunos sectores consideran que tal acercamiento durante la contienda electoral implicó una subversión de los valores del espacio centenario y la desconfianza impera. Otros, en cambio, prefieren obviar las diferencias y se muestran abiertos a trabajar en conjunto. “Soy más de la idea de hacer tábula rasa y empezar a trabajar en reformas. El primero que habló de reforma fiscal y laboral fue Alfonsín. Hay que ponerse a pensar en cómo influir en las agendas que vienen por delante”, deslizó una fuente parlamentaria.
En este contexto, tampoco está definido qué sucederá con el diputado electo por Corrientes Diógenes González que, según indicaron a en el partido local, aún no habría determinado a qué bancada suscribirá, una decisión compleja en medio de la presión a su gobernador y jefe político, Gustavo Valdés, para que asuma la conducción del Comité Nacional.
La misma incertidumbre gira en torno a los dos legisladores por Jujuy, María Inés Zingarán y Jorge Rizzotti. En el entorno del gobernador Carlos Sadir evitan hacer referencia a su destino y, en el Congreso, no descartan que la dupla pueda terminar dividida entre Provincias Unidas y el bloque radical, aunque en ambos espacios agitan por anotarse una adhesión doble.
En el Senado, en cambio, el escenario se desenvuelve sin mayores complicaciones. Según confió un legislador a , el bloque se encamina a permanecer unido después del 10 de diciembre.
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El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, pidió su sobreseimiento y presentó un informe pericial que dice que los audios son falsos.
La defensa de Spagnuolo también pidió la nulidad de todas las resoluciones vinculadas con las grabaciones.
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El informe pericial presentado por el exdirector de la ANDIS y realizado por el perito Miguel Ángel de la Torre Guijarro concluye en que fue “editado y modificado múltiples veces” el audio en el que se le atribuyen comentarios sobre un supuesto esquema de retornos del 3% en compras de medicamentos.
El perito aseguró que no dispone de la secuencia completa, por lo que “no es posible realizar un examen exhaustivo y concluyente de manera inequívoca sobre la autenticidad e integridad del audio”.
Previamente, el informe presentado ante la Justicia planteó una serie de elementos por los que Spagnuolo sostiene que los audios son falsos.
El primero de ellos sostuvo que la conversación comienza en un recinto cerrado “compatible con una cafetería” y que luego de casi dos minutos presenta «características acústicas diferentes, compatibles con una conversación telefónica».
A su vez, el perito determinó que la grabación “no es íntegra porque no mantiene continuidad durante los actos del habla, y presenta un total de 18 cortes compatibles con la edición y manipulación intencionada».
“También se han identificado otros artefactos compatibles con errores de la propia edición y manipulación del audio, efectuada con posterioridad al proceso de registro sonora», señaló.
De la Torre Gujarro también remarcó que “se identifican cambios bruscos en parámetros acústicos de amplitud y frecuencia, que no se corresponden con una grabación de secuencia única”.
Leé también: Caso ANDIS: la Justicia sigue la ruta de las presuntas coimas e investiga una serie de financieras
Por último, agregó: “Se detectaron trazas que acreditan la presencia de voz sintética generada mediante algoritmos de inteligencia artificial, con una estimación de probabilidad del 65%“.
Por todos estos motivos es que la defensa del exdirector de la ANDIS planteó la nulidad de todas las resoluciones que están amparadas en la fidelidad de los audios.
“Los audios que dieron origen a la presente investigación han sido editados, manipulados y modificados con inteligencia artificial, así como, con alto grado de certeza, producto de escuchas telefónicas ilegales», plantearon los abogados Mauricio D´Alessandro y Pablo Parera.
En consecuencia, los defensores remarcaron que los audios son producto de escuchas ilegales y también pidieron el sobreseimiento de Spagnuolo
Diego Spagnuolo, Agencia Nacional de Discapacidad
Argentina exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional en Venezuela y pidió el arresto de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello
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