POLITICA
Horas decisivas en el Gobierno: Espert confirmó la transferencia, dijo que no se baja de la candidatura y Milei lo respaldó
Hasta anoche, bien tarde, José Luis Espert no tenía pensado declinar su postulación como cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y Javier Milei sostenía su candidatura. Esa combinación, muy cuestionada en el seno del oficialismo, había provocado este jueves una crisis electoral de altas magnitudes en Casa Rosada, agudizada tras la pobrísima defensa televisiva del diputado del miércoles por la noche y la publicación de ayer del diario La Nación que confirmó —a través de extractos bancarios— la transferencia por USD200.000 por parte de Fred Machado, el empresario detenido por narcotráfico.
Veinticuatro horas después de lo que en el propio equipo de campaña del oficialismo tenían previsto, el diputado difundió en sus redes sociales un video en el que reconoció la transferencia bancaria. “Nada que esconder”, subrayó pasadas las 23.30 en X: en un mensaje leído de punta a punta, de poco más de 6 minutos, dijo que el pago se transfirió a una cuenta personal en Estados Unidos declarada en la Argentina, que era por consultoría privada para una empresa minera de la región tras la campaña presidencial del 2019 y que, en todo caso, pecó “de ingenuo”.
¿Por qué no lo aclaró la noche previa? La comunicación de crisis pareciera ser un punto débil en el seno del Gobierno: sucedió con el caso $LIBRA, con los audios del lenguaraz Diego Spagnuolo y ahora con el caso Espert. Una sucesión de escándalos que dañaron seriamente la reputación de La Libertad Avanza, que llega a las elecciones de medio término con severos impactos en su programa de gobierno.
La noche anterior a la difusión del video, Espert negó de manera sistemática el pago de USD200.000 en la entrevista que le concedió a Pablo Rossi en A24, y que provocó una avalancha de reproches por parte del Gabinete, de la cúpula del Gobierno y de dirigentes libertarios. Con la sola excepción del Presidente, que a la misma hora, en los estudios de Radio Mitre, insistió con desestimar la investigación judicial. Anoche, Milei volvió a denunciar en sus redes una “inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo”. A la tarde, confirmó su presencia en el acto de presentación de la reforma del Código Penal, frente a la cárcel de Ezeiza, una puesta en escena plagada de ironías: lo ubicaron en tercera fila, diluido entre los presentes.
En la semana, pero especialmente en las últimas 48 horas, el oficialismo estuvo atravesado íntegramente por la crisis originada por la vinculación de Espert con Machado. El nuevo posteo de Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, que confirmó el trabajo conjunto con las autoridades argentinas para la concreción de una ayuda financiera vía swap, y la confirmación del viaje del equipo económico, con Luis “Toto” Caputo a la cabeza, para analizar los detalles de ese rescate, se diluyeron rápidamente cuando las novedades en torno al diputado tomaron vigor durante la tarde. La crisis cambiaria del programa económico se retroalimenta con la crisis política.
“Más temprano se había decidido que grabara un video reconociendo la información que salió después. Se demoró en grabarlo y salió la nota de La Nación. Pareciera que salió a reconocerlo por la nota», aseguró un operador del Gobierno.
En efecto, Espert, según fuentes oficiales, debía reconocer la transferencia de USD200.000 por parte de Machado, preso en la Argentina e investigado por la Justicia norteamericana, muchísimo antes de la publicación con la confirmación del depósito. Por caso, ayer, pasado el mediodía, el primer candidato a diputado en territorio bonaerense -el principal distrito electoral del país-, fue citado en el primer piso de Casa Rosada por Santiago Caputo y un puñado de asesores -el economista llegó acompañado por su consultor —Daniel Ivoskus— para que le diera “un vuelco de 180 grados a la línea discursiva” que desplegó la noche previa en los estudios de A24, y que causó un profundo malestar puertas adentro.
No se le pidió que declinara su postulación, tampoco lo contrario. Pero en el seno del Gobierno, su candidatura no tuvo nunca buena aceptación. En términos cuantitativos, ni cualitativos.
El caso Espert exhibió, una vez más, la debilidad política de Casa Rosada, y la crisis del sistema de toma de decisiones implementado por Milei, azuzada, en este caso, por la decisión presidencial de sostener, a pesar de los reproches de su propio entorno, la postulación del diputado. Cuando el mandatario impulsó la candidatura, Santiago Caputo y -principalmente- Karina Milei se manifestaron en contra de la postulación. “Una pésima idea del Presidente”, abundó un colaborador.
Su hermana incluso exhibió su rechazo en reiteradas oportunidades: nunca le tuvo confianza, desde las épocas en que el legislador adhirió a la postulación de Horacio Rodríguez Larreta, un apoyo que de entrada estuvo plagado de sospechas.
Esa batería de rechazos fueron aprovechados en las últimas 48 horas por Patricia Bullrich, cada vez más preocupada por el futuro del Gobierno, y concentrada, en buena medida, en su proyecto 2027 dedicado a la Ciudad de Buenos Aires. La ministra de Seguridad dijo el miércoles por la mañana que Espert debía ahondar en explicaciones, esa misma tarde morigeró sus críticas, pero una vez que el diputado se presentó en la noche con explicaciones muy confusas frente al periodista Pablo Rossi, volvió a insistir, en la mañana de ayer, en que tenía que brindar argumentos mucho más sólidos.
La posición de la ministra, que espera por una confirmación en torno a la sucesión en el Ministerio una vez que asuma su banca en el Senado, fue compartida por casi todo el Gabinete. E implica, en buena medida, que alrededor de su postulación sobrevuela una creciente inquietud por los coletazos del caso. En particular, por el impacto en el electorado de Juntos por el Cambio, que hace meses pierde conexión emocional con La Libertad Avanza.
En ese sentido, ayer, en el equipo de campaña libertario, se terminaron de procesar los datos de las últimas encuestas encargadas. Los números, según altas fuentes, aumentaron con fuerza la preocupación de cara a las elecciones del 26 de octubre.
En ese contexto, Milei tenía previsto recibir este viernes en Olivos al ex presidente Mauricio Macri después de la reunión que ambos mantuvieron en la Quinta, el último domingo, en compañía de Guillermo Francos, uno de los funcionarios que más impulsa que el PRO tenga una mayor injerencia en el Gobierno. Este jueves, el jefe de Gabinete también pidió “una explicación clara y contundente” por parte del diputado.
El encuentro del último fin de semana duró unas cuatro horas, y Macri no se fue con una sensación agradable. Fuentes del PRO aseguran que, en parte, visitó Olivos por las presiones del círculo rojo para que le tendiera una mano al Presidente, en su momento de mayor crisis política desde que asumió el Gobierno. El titular del partido amarillo llegó a la quinta presidencial con un cúmulo de reproches al Presidente y su entorno, pero presionado por amigos y empresarios que están dispuestos a apoyar al Gobierno hasta las últimas consecuencias, a pesar de los desmanejos y la improvisación, con tal de que no vuelva el kirchnerismo.
El ex presidente incluso se sintió manoseado. “La anterior visita a Olivos, cuando cerró con Karina el acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires, Milei ni siquiera lo fue a saludar y estaba en una habitación contigua”, explicó una fuente macrista.
El nuevo encuentro de este viernes -Macri, mucho más entusiasmado con la FIFA que con la política local, inicia el domingo una gira de diez días- está precedido por una catarata de versiones: desde pedidos de cambios de gabinete hasta la presidencia de la Cámara baja, en manos de Martín Menem. Cerca de Macri desconocen esos rumores. Circuló, incluso, el nombre de un ex ministro del PRO que en cada hipotética apertura del gabinete vuelve a cobrar notoriedad. El expresidente se debate entre su malhumor con la cúpula del gobierno y sus deseos de tener una mayor influencia en la vida pública nacional.
Lo cierto es que la reunión encuentra al Gobierno en un momento de extrema debilidad, en plena presión de la administración norteamericana por una mayor construcción de gobernabilidad, pero en medio de una campaña electoral cuyos pronósticos no son demasiado alentadores para el Ejecutivo.
Ayer, para colmo, la Casa Rosada recibió dos nuevos reveses en el Senado, con el rechazo definitivo a los vetos en emergencia pediátrica y en financiamiento universitario. La seguidilla de derrotas podría tener un nuevo capítulo la próxima semana, en Diputados, e incluso con Espert como posible protagonista: diputados del peronismo, encabezados por Victoria Tolosa Paz, pedirán sobre tablas -necesitan dos tercios de los votos- la remoción del economista de la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que debe debatir el presupuesto 2026, clave para la relación entre el gobierno y los gobernadores.
Ese proyecto tendría asegurados los votos de Unión por la Patria, de la Coalición Cívica, del bloque de Miguel Ángel Pichetto, de Democracia para Siempre -un desprendimiento del radicalismo- y de la izquierda. También de los desertores de La Libertad Avanza. La llave, aseguraron en el Congreso, la tiene el bloque de la UCR que presiden Rodrigo de Loredo. El cordobés había alertado, semanas atrás, antes de que en la Cámara baja se precipitaran una serie de derrotas para el gobierno, en plena sesión, que debía llamarse a un cuarto intermedio para cortar esa sangría parlamentaria. Pidió levantar en ese momento la sesión para evitar una crisis de gobernabilidad. El gobierno no le hizo caso.
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POLITICA
La pelea por los fondos: 19 provincias perdieron 9,6% de su capacidad de gasto desde 2010, con una caída drástica desde 2024
CÓRDOBA.- La capacidad de gasto de las provincias por habitante cayó 9,8% real entre 2010 y 2024, reflejando un “deterioro generalizado” de los recursos disponibles para la prestación de bienes y servicios públicos, según un informe del Instituto Argentino de Análsis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadín Argañaraz. Del análisis surge que esa capacidad de gasto aumentó 6% entre 2010 y 2023, mientras que en 2024 fue 15% menor que en el año previo.
La baja registrada entre 2010 y 2024 equivale a $373.000 por persona en moneda de mayo pasado. En noviembre, por ejemplo, no se transfirieron ATN (al menos hasta el 26, último dato disponible).
Este dato se conoce en medio de la ronda de negociaciones entre los gobernadores y la Casa Rosada, diálogos en los que se barajan algunas alternativas de reparto de los ATN vinculadas a reforzar conductas de baja de gastos.
El trabajo del Iaraf toma los ingresos globales de las provincias (recaudación propia, transferencias no automáticas y automáticas de Nación y regalías) entre 2010 y 2024. En ese período solo Neuquén y CABA lograron incrementar su capacidad de gasto. Las otras 22 registraron contracciones significativas, especialmente aquellas con alta dependencia de transferencias no automáticas nacionales.
La caída de esos giros -que incluyen los ATN- fue importante desde la asunción de Javier Milei (69% real según datos de Politikon Chaco hasta el 26 de este mes), además de haberse cortado los envíos para transporte y para el Fondo Docente, por lo que varias jurisdicciones se hicieron cargo de esas prestaciones.
En paralelo, aumentó el peso relativo de Ingresos Brutos (IIBB) en la capacidad total de gasto. Es el impuesto que está en el ojo de la tormenta, por su efecto cascada, aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que la discusión por la reforma impositiva será “gradual”, acompañando la formalización de la economía.
Argañaraz plantea que, como resultado combinado del menor peso de las transferencias no automáticas y de la mayor importancia de la recaudación propia, hay más correspondencia fiscal. ”Una proporción mayor de los recursos que financian el gasto provincial proviene hoy de fuentes generadas en cada jurisdicción”, dice.
Para graficar la importancia de la caída de los recursos no automáticos, si no se las computara en los ingresos provinciales, la capacidad de gasto crece en 17 distritos. En materia de ATN, si el mes cierra sin transferencias, advierte el economista Alejandro Pegoraro, sería la primera vez en el año que esos giros quedan en cero.
Hasta ahora, desde la Rosada no hay señales de instrumentar la ley, impulsada por los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño, de reparto automático de los ATN. Una posibilidad que se baraja es que siga el reparto discrecional, pero con criterios de “premios y castigos”, una idea que la mayoría de los mandatarios rechaza.
En noviembre, las transferencias automáticas (coparticipación y leyes especiales) cayeron 5,4% interanual. Esta baja se fundamenta en los malos desempeños tanto del impuesto a las Ganancias (3,3% interanual) e IVA (3,5% interanual); también mostraron reducciones interanuales los impuestos internos (12,8%) y los otros coparticipados (91,1%).
Que la ciudad de Buenos Aires haya aumentado su capacidad de gasto real en 27,1% entre 2010 y 2024 (un crecimiento de $180.000 por persona en pesos a mayo pasado) se explica porque la Nación acató la orden de la Corte Suprema de Justicia de cumplir con giros de coparticipación; en el caso de Neuquén (35,2%), se debe a un incremento de la recaudación de IIBB y mayores ingresos por regalías, debido al aumento de la actividad petrolera en la provincia.
San Luis (-13,2%), San Juan (-22,1%) y Chubut (-22%) son los tres distritos que tuvieron, según Iaraf, una baja real en su capacidad de gasto y de correspondencia fiscal.
Si la lupa se pone solo sobre la capacidad de gasto, las cinco jurisdicciones con mayores descensos fueron Santa Cruz (-34,6%), La Rioja (-30,3%), Tierra del Fuego (-27%), Jujuy (-25,9%) y Santiago de Estero (-25,9%).
Un elemento que el Iaraf destaca en su reporte es que las provincias con más habitantes son las que menos capacidad efectiva de gasto tienen (Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Salta y Córdoba). En cambio, las de mayor capacidad fueron Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, La Pampa y La Rioja.
En el inicio de la serie, en 2010, el promedio para el total de las provincias fue de $2.650.000 por habitante en moneda de mayo último. La variabilidad entre jurisdicciones fue elevada: la brecha entre la jurisdicción de mayor capacidad y la de menor capacidad fue del 381%. Es decir que Santa Cruz tuvo una capacidad de gasto público por habitante equivalente a casi cinco veces la de Buenos Aires.
El año pasado, el promedio cayó a $2.193.000 por habitante, siempre en moneda de mayo pasado. En este caso, la variabilidad entre distritos fue menor que en 2010. La diferencia entre la provincia de mayor recaudación y la de menor recaudación fue del 335%. Neuquén tuvo una recaudación por habitante equivalente a 4,3 veces la de Buenos Aires. El ascenso neuquino se debe a Vaca Muerta.
En el 2024, a nivel consolidado, 42% de la capacidad de gasto se originó en los recursos propios y 58%, en las transferencias nacionales.
Argañaraz plantea que la capacidad de gasto habitual de las provincias presenta “profundas asimetrías que se han mantenido a lo largo del tiempo”. Aunque algunos componentes de los ingresos -como las transferencias automáticas- pueden contribuir a moderar las disparidades, persisten las brechas estructurales.
posibilidad que se baraja,Gabriela Origlia,Javier Milei,Luis Caputo,Coparticipación,Conforme a,Javier Milei,,Por decreto. El Gobierno modificó el Presupuesto 2025 y desvió recursos a Educación, Salud, Seguridad y Defensa,,Análisis. Milei vs. Tapia, Villarruel y los K,,El archipiélago opositor. Ventajas y retos para Milei
La jueza federal de San Isidro analizó el avance del narcotráfico transnacional en la Argentina y denunció el deterioro estructural del sistema judicial. “La corrupción atraviesa los tres poderes del Estado y pone en jaque el funcionamiento democrático”, sostuvo.
Las declaraciones de Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro y exesposa del fiscal asesinado Alberto Nisman, fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart, Cecilia Boufflet y Camila Valero . En este contexto, Arroyo Salgado profundizó sobre la debilidad institucional en Argentina, el impacto del crimen organizado y la encrucijada en la que se encuentra la justicia nacional.
“La justicia está en un estado de agonía silenciosa. Somos muy pocos los que estamos alzando la voz para reclamar al poder político que resuelva esta situación crítica”, afirmó Arroyo Salgado tras relatar los detalles de una reciente investigación de su juzgado sobre el lavado de activos vinculado al Comando Vermelho, la poderosa organización criminal brasileña. En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, la magistrada alertó sobre la situación límite en la que se encuentra el Poder Judicial argentino: “Estamos en un momento bisagra. Solo tenemos dos caminos: o reconstruimos una justicia independiente, o vamos hacia el deterioro final, lo que no le conviene a nadie”.
Narcotráfico regional y el caso Comando Vermelho: una Argentina permeable
La entrevista inició con el abordaje de una compleja causa de lavado de dinero de más de 500 millones de dólares, articulada desde el partido de Tigre y con ramificaciones internacionales. Arroyo Salgado contó que la investigación se originó a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectó operaciones sospechosas vinculadas al Comando Vermelho de Brasil. La justicia federal de San Isidro tomó el caso porque los principales sospechosos residían en Nordelta, dentro de su competencia territorial.
“Tuvimos que recurrir a técnicas sofisticadas de investigación, como el uso de drones, por la dificultad de penetrar los controles de seguridad de barrios cerrados como Nordelta”, relató la jueza. Según precisó, las sociedades investigadas aparentaban importar y exportar equipos electrónicos, pero sus movimientos financieros no cuadraban con la actividad declarada. “Había depósitos de personas de diversas nacionalidades: brasileños, paraguayos y chinos. Detectamos también una sociedad pantalla que financiaba la llegada de estudiantes universitarios brasileños, mientras en Brasil ya se los investigaba por delitos similares”.
“Comprobamos el lavado de al menos 520 millones de dólares provenientes del narcotráfico”, detalló. El empleo de criptomonedas, en especial a través de billeteras frías, agregó una capa de opacidad y dificultad a las pesquisas: “Lavaban activos utilizando criptoactivos, lo que dificulta trazar y vincular las operaciones a personas físicas concretas”.
La magistrada denunció que las organizaciones delictivas encuentran en la Argentina un terreno fértil para el lavado de activos regionales, y que la debilidad institucional y la corrupción facilitan su radicación: “La debilidad y la opacidad institucional son enormes. Hay corrupción estructural atravesando los tres poderes del Estado, y los funcionarios con el conocimiento para perpetuar estos mecanismos trascienden gobiernos y colores políticos”.
La crisis del sistema judicial: corrupción, vacantes y parálisis
Al describir el estado general del sistema, Arroyo Salgado fue categórica: “Hace dos años no se nombra ningún juez. Actualmente faltan 609 magistrados. La justicia está agonizando, casi en terapia intensiva”. Mencionó que la falta de designación de magistrados paraliza causas de impacto nacional, y que durante ese periodo, ochenta y tres jueces renunciaron.
La jueza aportó una mirada auto-crítica: “En la Argentina tenemos instituciones que no están funcionando para la selección y remoción de jueces. No se están realizando auditorías ni procesos de remoción adecuados. Así, la justicia es ineficaz, tardía, corrupta y, en muchos casos, no es independiente”. Explicó que la degradación de la Justicia no es nueva, sino que se viene profundizando desde los 90: “La decadencia comenzó en la década del 90, cuando surgió la llamada ‘justicia adicta’ al poder político de turno”.
Apuntó especialmente a los acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en el nombramiento de magistrados, y alertó sobre la manipulación política en la integración del sistema judicial. “Ya no se trata solo de las cabezas; todo el cuerpo de la justicia está debilitado por la cantidad de vacantes”, sostuvo.
La debilidad es especialmente grave en la Corte Suprema, que integra solo tres miembros, todos de la región Centro. “La Corte no representa el federalismo. Sería muy importante ampliar y diversificar su integración, tanto por zonas geográficas como por género”, reclamó. También señaló el caso del Ministerio Público Fiscal, que permanece en manos de un procurador interino desde hace diez años. “Alguien sin estabilidad no puede ejercer eficazmente una tarea tan crítica como representar los intereses generales de la sociedad ante el delito”.
Falta de recursos e impacto del crimen organizado
Para describir las dificultades cotidianas, Arroyo Salgado explicó: “Mi juzgado abarca los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Tenemos treinta empleados y los recursos tecnológicos son vetustos, muy por detrás de las tecnologías con las que cuenta el narcotráfico. Muchas veces recurrimos a recursos propios e informales porque el equipamiento oficial es completamente insuficiente”.
Relató que, para investigar organizaciones criminales, deben estar atentos a no filtrar información debido a la corrupción dentro de las propias fuerzas de seguridad: “Tenemos que ser muy prudentes con el manejo de la información. A veces, un secretario o una secretaria tiene una computadora mejor que la del juzgado”.
La jueza subrayó la gravedad de los delitos que emergen de estas falencias: “Estamos viendo cómo los detenidos en el Servicio Penitenciario Bonaerense siguen organizando desde adentro las maniobras criminales —incluso homicidios y robos armados—, amparados por la posibilidad de usar teléfonos celulares concedida durante la pandemia por un hábeas corpus colectivo. Esto debía ser algo excepcional, pero la normativa sigue vigente aunque el aislamiento terminó hace mucho”.
Lanzó una crítica directa al funcionamiento del sistema penitenciario y la subsistencia de medidas excepcionales que terminan beneficiando a los criminales: “Si el propio Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sostiene que hay menos violencia interna porque los presos tienen celulares, también debemos advertir que fuera de las cárceles las mafias se fortalecieron. Hemos allanado centros de detención y secuestrado teléfonos usados para liderar bandas desde la celda”.
El “momento bisagra” y el llamado a la participación ciudadana
Arroyo Salgado instó a la sociedad a involucrarse activamente: “La justicia es la garantía de todos los derechos. Es el ámbito donde el ciudadano deja de estar solo frente al poder”. Para ella, solo mediante la presión ciudadana podrá revertirse el deterioro institucional: “Las víctimas, los usuarios de la justicia, deben hacer oír su reclamo y no ser cómplices de un sistema corrupto. A veces, en lo cotidiano, las malas prácticas se mantienen porque la sociedad las tolera”.
Demandó reformas profundas, como la implementación real del juicio por jurados, la participación de las víctimas en condiciones de paridad con los acusados y un rol protagónico de las organizaciones civiles: “Casos como los de María Soledad Morales, Axel Blumberg o el de Alberto Nisman —mi exesposo— demostraron que cuando la sociedad sale a la calle y exige justicia, los operadores judiciales actúan. Son necesarios cambios de raíz para recuperar la transparencia y el propósito fundamental del sistema”.
Remarcó la urgencia de reconstruir una justicia independiente para garantizar la seguridad jurídica: “Si tenemos una justicia independiente, ganamos todos. Habrá reglas claras. Pero si avanzamos hacia el deterioro final, nadie va a tener protección ni certeza para ejercer sus derechos”.
Sobre el futuro inmediato, fue cauta pero firme: “No veo en el gobierno actual la voluntad política de avanzar hacia una justicia independiente. Las prioridades han sido otras y la degradación lleva décadas. Sin embargo, el momento es urgente: en cualquier instante puede ocurrir una nueva tragedia. Las cabezas del sistema están desintegradas y el cuerpo judicial paralizado”.
Impacto del caso Comando Vermelho y la frustración por un sistema ineficiente
Para reflejar el grado de distorsión institucional, Arroyo Salgado reveló el desenlace de la causa del Comando Vermelho: “Terminó con un juicio abreviado de tres años de prisión en suspenso, pese a la gravedad del delito. La calificación se redujo de lavado agravado por habitualidad y pertenencia a una organización criminal, a lavado simple. Era un proceso que merecía un debate oral y público, pero la sobrecarga y la concentración en causas de alto perfil permitieron acuerdos a puertas cerradas”.
La jueza, que llevó originalmente la investigación, sostuvo que esta distorsión es otro síntoma del agotamiento de la justicia. “Para que el crimen organizado no avance, la justicia necesita recursos, capacitación, dotación de personal y voluntad institucional. Nada de esto es posible sin una política al servicio del interés general”.
La educación y los valores como llave para la reconstrucción institucional
Finalmente, Arroyo Salgado recordó el papel crucial de la educación en la formación de una ciudadanía comprometida: “La educación en valores es la llave de todos los derechos y la justicia es la garantía de esos derechos. Una sociedad degradada produce instituciones degradadas. Para que haya funcionarios corruptos, también es necesario que la cultura social habilite esas prácticas”.
Llamó a que la sociedad no naturalice el retroceso democrático ni la mediocridad institucional: “No quiero ser pesimista, pero sí realista: hoy debe plantearse una alerta a la sociedad y un llamado al compromiso. Si reconstruimos una justicia independiente, aseguramos el libre y pleno goce de los derechos constitucionales. Si se consuma el deterioro, se perderá la protección jurídica para todos”.
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POLITICA
Senado: la suerte de la rionegrina Villaverde depende de la voluntad del Gobierno y podría no asumir
En un giro inesperado y dramático, la trama del caso de la libertaria Lorena Villaverde, senadora electa impugnada por el kirchnerismo por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, se complicó hasta convertir la situación de la rionegrina en una situación incómoda para todos los bloques políticos de la Cámara alta y también para el gobierno de Javier Milei.
El tema es tan incómodo que hasta en la propia tropa oficialista de la Cámara alta hay quienes esperan que la Casa Rosada se haga cargo del entuerto y piden que, para bien o para mal, le ponga un fin a la cuestión. Tampoco faltan los “compañeros” que miran con recelo a Villaverde y sostienen, por lo bajo, que lo mejor sería que abandone sus pretensiones de jurar como senadora. Lo concreto es que cada vez son menos los interesados en defenderla y más los que quieren que les quiten el peso de encima.
El caso también preocupa en el Gobierno, aunque en Balcarce 50 se manejan con otras variables. Lo concreto es que la senaduría de Villaverde molesta y hay varias hipótesis acerca de las causas por las que la Casa Rosada tendría decidido soltarle la mano, según confirman en despachos oficialistas del Senado.
Las versiones sobre los términos que se barajan sobre el caso Villaverde en la administración Milei son varias. Una de ellas menciona a una renuncia durante la campaña que no pudo ser para no sumar un escándalo más al que ya protagonizaba por esa época José Luis Espert y sus diferentes versiones sobre su relación con Federico “Fred” Machado.
Hay otra, menos ingenua, según la cual el paso al costado de la rionegrina sería funcional a los compromisos asumidos por el tándem Karina Milei-Eduardo “Lule” Menem con Enzo Fullone, exfuncionario de Vialidad Nacional, segundo en la lista libertaria de octubre y, por lo tanto, reemplazante de Villaverde.
Más allá de estas especulaciones, lo que empezó como un retruécano político más del kirchnerismo contra el gobierno de Milei viró en la última semana hasta convertirse en un dilema político en el que entran en juego el respeto a la voluntad popular de un electorado, el peso de los antecedentes legales que rodean a Villaverde y el temor a sentar un peligroso precedente que en el futuro podría volverse en contra de los propios senadores que hoy señalan con el dedo a la dirigente libertaria.
El tenor de la crisis quedó reflejado en la decisión adoptada por los jefes de bloque de la Cámara alta en la noche del jueves, cuando de manera inesperada terminaron poniéndose de acuerdo en la necesidad de parar la pelota y postergar el tratamiento del tema.
Ahora, el título de senadora electa de Villaverde expedido por la justicia electoral de Río Negro volverá a discutirse en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero con una composición distinta a la que dictaminó la semana pasada a favor de impedirle el ingreso a la Cámara alta. En ese futuro escenario, los libertarios casi con seguridad mejorarán su número, pero seguirán necesitando del apoyo de otros bloques si es que quieren darle luz verde a la rionegrina.
La idea es barajar y dar de nuevo, ya que con el recambio de un tercio de la Cámara alta perderá vigencia el dictamen, y poner sobre la mesa todas las alternativas para encontrarle al tema una solución que exceda la simple disputa “deportiva” sobre quien tiene más votos para imponer su voluntad en el recinto de la Cámara alta.
Por lo pronto, Villaverde tendrá que esperar casi dos semanas. Recién el 10 de diciembre asumirán los nuevos senadores, por lo que la Comisión de Asuntos Constitucionales no podrá reunirse antes de esa fecha.
El debate técnico girará en torno a variables como si el Senado tiene la facultad de impugnar a un candidato autorizado por la justicia a ser candidato y vulnerando la decisión de un electorado que conocía las cuestiones que hoy se le imputan. Como si fuera poco, Villaverde perdió por algo más de dos mil votos, un virtual empate técnico y, además, no tiene ninguna causa abierta o condena en su contra, ni aquí ni en el exterior.
En la otra vereda, se ubican los que sostienen que los antecedentes de Villaverde son escandalosos, nunca vistos en un político. Hacen hincapié en la detención, en 2002, cuando intentaba ingresar con casi dos kilos de cocaína a los Estados Unidos. La causa, al parecer, fue anulada. Lo que no se sabe es si se lo hizo por errores procedimentales o porque Villaverde se convirtió en informante de la DEA. “Lo mismo quiso hacer Pablo Escobar”, sostienen los más críticos, recordando que el jefe del Cartel de Medellín fue diputado suplente en Colombia.
Además, en los antecedentes de la senadora electa figuran una causa por estafa en la cesión de unos terrenos y otra investigación por lavado de dinero. En ambas terminó sobreseída.
Pero hay un costado reglamentario y tiene que ver con la mayoría que se requiere para impedir que un senador pueda jurar su banca. El kirchnerismo pretende hacerlo por mayoría simple, ya que el Reglamento del Senado no estipula nada en contrario.
Sin embargo, hay quienes aseguran que debería reunirse la misma mayoría agravada de dos tercios de los presentes que se exige para destituir a un legislador. Basta recordar que el kirchnerismo llegó a tener 44 senadores para tomar dimensión de lo peligroso que sería excluir senadores electos por simple mayoría.
El debate divide opiniones en el Senado, tanto en lo técnico como en lo reglamentario. Sin embargo, todos saben que el tema va más allá. Que el caso Villaverde requiere una solución política y que la llave para resolverlo la tiene el Gobierno.
impugnada por el kirchnerismo por sus supuestos vínculos con el narcotráfico,Gustavo Ybarra,Conforme a,,Nuevo intento. Kicillof pide apoyo para tomar deuda y la Legislatura lo trataría otra vez el miércoles,,Desde Mar del Plata. Karina Milei lanzó el primer pedido oficialista para “ir por la reelección” del Presidente en 2027,,El archipiélago opositor. Ventajas y retos para Milei
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