POLITICA
Procesaron al gendarme que disparó sobre el fotógrafo Pablo Grillo y lo dejó gravemente herido
El cabo de la Gendarmería Héctor Jesús Guerrero fue procesado por la Justicia por el delito de abuso de armas agravado al disparar con su pistola lanza gases contra el fotógrafo Pablo Grillo en una manifestación frente al Congreso el 12 de marzo pasado.
La decisión es de la jueza federal María Servini, que estableció que el gendarme Guerrero disparó en seis oportunidades violando los protocolos para el uso de este tipo de armas, que lanzan cartuchos de gas lacrimógeno.
En este caso, el cartucho fue disparado en línea recta sobre Grillo, lo golpeó en la cabeza y casi lo mata, al punto que sufrió lesiones gravísimas que comprometieron su cerebro.
La jueza consideró que el imputado actuó con dolo eventual, es decir, que se representó la posibilidad de causar un daño grave y aceptó ese riesgo al disparar de manera prohibida.
“El aquí procesado se representó la posibilidad de producir las lesiones gravísimas, y con su actitud o predisposición psíquica, le resultó indiferente la eventualidad del resultado”, sostiene la resolución.
Servini ordenó un embargo sobre los bienes de Guerrero por 203.000.000 de pesos, dispuso que se presente periódicamente ante la autoridad policial y continúe con la prohibición de salida del país, pero rechazó la prisión preventiva.
El disparo ocurrió en medio de una manifestación en reclamo de aumentos de haberes jubilatorios, de la que participaron barrabravas de los clubes de fútbol, supuestamente para actuar en defensa de los jubilados.
Guerrero disparó una pistola lanza gases marca FM, serie 00660, en forma horizontal y antirreglamentaria desde la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís, en dirección a los manifestantes.
Un cartucho calibre 38 mm de gas lacrimógeno impactó en la cabeza de Grillo, quien se encontraba agachado tomando fotografías, a unos 47 metros de la línea de las fuerzas de seguridad.
El proyectil atravesó una barricada en llamas y le provocó lesiones que pusieron en riesgo su vida y le dejaron secuelas neurológicas y físicas de extrema gravedad, dice el fallo.
Grillo fue identificado como autor del disparo tras analizar las imágenes de lo ocurrido en materiales aportados por organismos de derechos humanos, medios de prensa y la Gendarmería.
Fue clave para identificarlo el color de su uniforme, en un tono caqui, diferente del resto de sus compañeros y una leyenda en su casco que reza “Picha”. Guerrero era uno de los dos agentes de su sección de Empleo Inmediato que ese día estaban equipados con esa pistola lanza gases.
Los peritajes determinaron el recorrido del cartucho y fueron considerados evidencias, así como el análisis de las imágenes realizadas por Infobae, y canales de televisión.
El Cuerpo Médico Forense concluyó que Grillo sufrió una “herida contuso compleja en rostro región mediofrontal, fractura expuesta de cráneo frontotemporoparietal izquierda, hematoma subdural derecho y hematoma epidural izquierdo”, lesiones que demandaron múltiples cirugías y lo mantuvieron internado en terapia intensiva durante meses.
“Lesiones graves y gravísimas con tiempo de curación de más de 30 días e igual tiempo de inutilidad laboral”, dice el informe oficial que señala que “las lesiones pusieron en peligro la vida” de Grillo.
La jueza Servini analizó las normas sobre el uso de la fuerza y el empleo de armas no letales en manifestaciones públicas. Citó el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público (Resolución Ministerial 943/2023) y el reglamento interno de Gendarmería, que prohíben expresamente disparar cartuchos de gas lacrimógeno en línea recta o hacia personas, y exigen que los disparos se realicen en ángulo oblicuo hacia el suelo para evitar daños graves.
El manual del arma utilizada por Guerrero advierte: “Jamás se debe dirigir el arma hacia una persona, ya que en caso de impacto podría producir lesiones graves e incluso la muerte. Los disparos deben ejecutarse en forma oblicua, hacia el suelo, para amortiguar la fuerza”.
El fotógrafo mostró una leve mejoría, pero luego su cuadro volvió a complicarse. La investigación determinó que Guerrero realizó al menos seis disparos antirreglamentarios en dirección a los manifestantes en forma horizontal. La jueza entendió que se trataba de un “abuso de su función”.
“Guerrero no se trata de un efectivo inexperto, sino que formaba parte de la primera sección de GNA y tenía diez años de servicio al momento de los hechos”, dice el fallo de la magistrada. Además daba cursos como instructor de tiro y había aprobado cursos específicos.
En su declaración indagatoria, Guerrero alegó que la visibilidad estaba reducida por el humo y el agua de los camiones hidrantes, que usó el arma según el manual y que nunca tuvo intención de lastimar a nadie.
La jueza remarcó que, a casi siete meses del hecho, el estado de salud de la víctima sigue siendo crítico y que “no se avizora panorama alguno de mejora”.
Gendarmería Nacional,María Servini de Cubría,Conforme a,Gendarmería Nacional,,“Soy inocente”. Declaró el gendarme que hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo,,Cierre de campaña. Milei en Moreno: el operativo de Prefectura, Gendarmería y la Policía en medio de los fuertes cruces por la seguridad,,Misiones. secuestraron más de 500 kilos de marihuana ocultos en la selva
POLITICA
En su carta de renuncia, el extitular de la IGJ pidió «preservar el interés del Estado por encima de cualquier presión»
A menos de 24 horas de que el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmara públicamente que buscaba renovar los equipos técnicos de la cartera, el extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, presentó su renuncia formal.
En una carta dirigida al presidente Javier Milei, el funcionario saliente dejó en claro que su renuncia no fue una decisión personal, sino que acató la decisión del sucesor de Mariano Cúneo Libarona.
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“Decisión que adopto en razón de que se me ha solicitado el apartamiento de las funciones que actualmente ejerzo”, subrayó Vítolo en el inicio del texto.
Vítolo, que había sido designado mediante el decreto 53/2023, defendió su paso por el organismo encargado de fiscalizar a las sociedades comerciales y asociaciones civiles.
Y luego le envió un mensaje a la nueva gestión, cuyo titular aún no está definido: “Tengo la esperanza de que continúe ese camino con vocación, profesionalidad y responsabilidad, preservando el interés del Estado Nacional y del pueblo argentino por encima de cualquier presión corporativa, privilegio sectorial o ideología».
En un tono de despedida, afirmó haber cumplido con su deber “con el orgullo y la serenidad” de quien hizo valer la ley frente a estructuras de poder.
“Durante mi gestión procuré, sin concesiones ni privilegios, hacer valer el imperio de la ley frente a estructuras de poder que durante demasiado tiempo parecieron habituadas a actuar al margen de los controles”, disparó, en un mensaje que resuena en medio de la fuerte disputa que el Gobierno mantiene con la AFA y otras entidades de peso.
El ahora exfuncionario destacó entre sus logros la modernización normativa y la revalorización de la “libertad para emprendedores”, aunque lamentó no haber podido completar la digitalización total de la IGJ debido a la “falta de tiempo” y dificultades presupuestarias.
El recambio de Mahiques
La salida de Vítolo se suma a la de otros organismos estratégicos como la UIF (Unidad de Información Financiera), la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Bienes Recuperados.
Tal como adelantó TN, Mahiques busca desembarcar con un equipo propio y acelerar definiciones que estaban trabadas, entre ellas, el envío de veedores a la Asociación del Fútbol Argentino. “Llego con un equipo; son funcionarios que pone la política y, cuando el ministro se va, se tienen que ir”, había declarado Mahiques ayer en una entrevista televisiva.
En el cierre de su carta, Vítolo envió un mensaje directo a quien sea su sucesor —el Gobierno ya analiza tres nombres para el cargo— y pidió preservar los intereses del Estado “por encima de cualquier presión corporativa, privilegio sectorial o ideología”.
Con un agradecimiento final a Milei por los 26 meses de confianza, Vítolo cerró su etapa en un organismo que, a partir de ahora, será central en la estrategia judicial y de control que pretende imprimir la nueva gestión de Mahiques en el Ministerio de Justicia.
Justicia, IGJ, Javier Milei
POLITICA
Argentina y Estados Unidos ratificaron su cooperación bilateral en el área de energía nuclear
En sintonía con un alineamiento político con la administración de Donald Trump, el gobierno de Javier Milei ratificó su cooperación bilateral con Estados Unidos en el área de energía nuclear.
Delegaciones de ambos países se reunieron en Washington a finales de febrero, donde valoraron el rol central del Organismo Internacional de Energía Atómica en la cooperación técnica y la promoción de aplicaciones responsables de la tecnología nuclear.
También coincidieron en sostener y perfeccionar el régimen global de no proliferación nuclear. El interés conjunto por nuevas tecnologías civiles, particularmente los reactores modulares pequeños, tuvo un lugar central en la agenda, según se informó, al tiempo que se reafirmó la asociación en el marco del Programa de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños.
En el texto, además, se informó que las delegaciones identificaron el potencial de los reactores avanzados para el desarrollo económico y energético de sus respectivos países. El diálogo abordó acciones concretas como el intercambio de información técnica sobre regulación, licencias, supervisión, ciberseguridad y protección física, junto con controles de exportación y verificación internacional de salvaguardias.
A su vez, uno de los temas prioritarios fue la negociación de un nuevo acuerdo de cooperación sobre usos pacíficos de la energía nuclear, que reemplazará al actual convenio vigente hasta 2027. Ambas administraciones hicieron hincapié en la voluntad de acelerar las negociaciones para asegurar el marco jurídico necesario y dar continuidad a los proyectos conjuntos.
En septimebre del año pasado, la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en unirse como “socio contribuyente” al Programa de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (FIRST), liderado por Estados Unidos, que apunta a promover el despliegue de esos dispositivos a escala regional y global.
FIRST es el programa insignia del Departamento de Estado norteamericano, que encabeza Marco Rubio. Está dirigido por la Oficina de Control de Armas y No Proliferación (ACN) y “busca aprovechar la capacidad de la industria nuclear para acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo”.
“Los Estados Unidos celebran la decisión de Argentina de convertirse en el primer país de América Latina en unirse como socio contribuyente al FIRST”, se indicó de manera oficial en aquel momento.
Y se agregó: “La Argentina se une a un distinguido grupo de socios contribuyentes, incluidos Japón, la República de Corea y Canadá, que aportan financiamiento, experiencia técnica y apoyo”.
La 19º reunión del Comité Permanente Conjunto de Cooperación en Energía Nuclear entre la Argentina y los Estados Unidos se celebró en Washington, entre el 25 y el 27 de febrero. Estuvo presidida por Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía de la Argentina; y Gonzalo Suárez, subsecretario Adjunto de Política de No Proliferación de la Oficina de Control de Armas y No Proliferación del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La delegación argentina incluyó también a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales (DIGAN); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y Nucleoeléctrica Argentina S.A., así como de la Embajada de la Argentina en Washington.
La delegación estadounidense incluyó a representantes del Departamento de Estado, el Departamento de Energía (DOE), la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) y el Departamento de Comercio.
North America
La Confederación General del Trabajo (CGT) hizo una presentación formal ante la Justicia para intentar frenar la reforma laboral.
La cúpula de la CGT presentó un amparo judicial ante el Juzgado Contencioso N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico.
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Se trata del mismo juez que había desarticulado en su momento el decreto de desregulación que había decretado Milei a principio de 2024.
El planteo está firmado por el triunvirato de la CGT y por los líderes de los distintos sindicatos que forman parte de la central obrera.
La presentación judicial llega luego de que el lunes pasado la CGT marchara a Tribunales y presentó ante la Justicia un recurso para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral, que recibió sanción definitiva el viernes último en el Senado y aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, había asegurado Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar con el periodismo en la puerta de los tribunales de la calle Talcahuano.
En un comunicado difundido tras la presentación, la central sostuvo que su reclamo de inconstitucionalidad se fundamenta en la afectación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional.
“La mal llamada ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, señaló el texto. Según la CGT, la nueva norma vulnera el principio de Progresividad o No Regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en derechos laborales adquiridos.
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También considera que se viola el Principio Protectorio, basado en la “desigualdad estructural entre empleador y trabajador” y orientado a restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la parte más débil.
En esa línea, el escrito advierte que se afectan derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social, entre otros.
La central cuestionó además aspectos concretos de la reforma. Sostuvo que la normativa permite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”.
Asimismo, objetó la eliminación de “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y transgredieron la ley” y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se abonen en cuotas y a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
CGT, reforma laboral
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