Mientras crece la presión interna para que José Luis Espert pida licencia como diputado, Martín Menem se mantiene firme y evita avanzar. En el oficialismo reconocen que el presidente de la Cámara no quiere perder otra banca en un Congreso donde cada voto cuenta, y que espera instrucciones directas de la Casa Rosada antes de mover cualquier pieza. Pero la decisión de sostenerlo, advierten propios y ajenos, podría terminar siendo más costosa que dejarlo ir.

La propuesta de apartar a Espert circula tanto entre libertarios como entre sus aliados de Pro, que ven en esa salida una forma de contener la crisis política. Pero la decisión, coinciden todos, depende de Javier Milei, decidido a no retroceder un paso más.

El economista enfrenta en la Justicia una causa por lavado de dinero y la sospecha de haber recibido fondos de Federico “Fred” Machado, un empresario presuntamente vinculado al narcotráfico, cuya extradición a Estados Unidos fue habilitada hoy por la Corte Suprema.

El tema dominará la sesión de este miércoles, convocada para las 12, cuando la oposición no solo apuntará contra Espert -quien evitará pisar el recinto-, sino que también buscará recortar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), una herramienta clave para un presidente que gobierna en minoría.

Además, se prevé que se impulsen las interpelaciones a Guillermo Francos, Karina Milei y Mario Lugones, y que se trate el reparto a las provincias del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), de alto interés para los gobernadores.

Con el escenario político caldeado, el Gobierno intenta bloquear el quorum y, para eso, multiplica llamados a gobernadores aliados. La consigna es clara: evitar que sus legisladores bajen al recinto cuando suene la chicharra.

Espert se convirtió en criptonita política para oficialistas y aliados. Nadie quiere defenderlo ni compartir con él la foto en el recinto. En el Gobierno creyeron que su renuncia como candidato bonaerense y como presidente de la Comisión de Presupuesto bastaría para enfriar el escándalo, pero se equivocaron: hoy fue imputado formalmente por el fiscal federal Fernando Domínguez a partir de una denuncia de Juan Grabois.

La oposición planea mantener el tema vivo y llevarlo a cada sesión hasta fin de año. “Tenés que pedirle la renuncia”, le advirtió un peso pesado de Unión por la Patria (UP) al presidente de la Cámara.

Desde el Pro, en tanto, crece la presión para que Espert se aparte. Le sugieren a Menem que lo convenza de pedir licencia, pero el titular de Diputados espera instrucciones de la Casa Rosada.

Hay, además, dos pedidos formales para removerlo y retirarle los fueros: uno presentado por Victoria Tolosa Paz (UP) y otro por Facundo Manes (UCR). Sin embargo, la mayoría de los bloques evita avanzar: “Dejaría un precedente peligroso, después estaríamos votando exclusiones todos los meses”, advierten tanto en UP como en LLA.

Si la Justicia profundiza la investigación o surgen nuevos detalles sobre su vínculo con Machado, el escenario podría cambiar. En caso de renuncia o destitución, su banca sería ocupada por Hugo Bontempo, un dirigente liberal cercano a Roberto Cachanosky, hoy crítico del Gobierno.

Los exlibertarios del bloque Coherencia anticiparon que lo único que aceptarán es el apartamiento de Espert. “Si tiene alguna indisposición para ser diputado, que renuncie”, dijo Marcela Pagano a , y añadió: “Yo atravesé un embarazo complicado sin pedir licencia. Hay personas enfermas que no lo hicieron. ¿Por qué dársela a él estando sano?”. Aseguró que planteará su posición en el recinto.

El orden del día incluye varios temas sensibles, pero solo algunos tienen dictamen para votarse. El más relevante es la reforma de la ley que regula los DNU, que elimina la llamada “sanción ficta”, es decir, la convalidación automática de los decretos si el Congreso no se pronuncia. El nuevo texto fija un plazo de 90 días para que ambas cámaras los ratifiquen; si no lo hacen, quedarán derogados. Además, bastará con que una sola cámara los rechace para invalidarlos, y no ambas, como exige la norma actual. El proyecto tiene media sanción del Senado y, si Diputados lo aprueba, se convertirá en ley, aunque todo indica que Milei lo vetará.

También está previsto votar la designación de la Defensora de los Derechos del Niño, María Paz Bertero, identificada con el sector “verde”, junto a Eduardo Robledo y Héctor Vito como adjuntos. El oficialismo cuestiona el proceso que llevó adelante la radical Natalia Sarapura y evalúa impugnarlo. De avanzar, podría erosionar más los vínculos con aliados circunstanciales. María Sotolano, aliada de Jorge Macri, votó a favor esta terna.

Otra discusión latente es la posibilidad de interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, que mencionan presuntas coimas en el organismo. También al jefe de Gabinete por no reasignar las partidas correspondientes a la emergencia en Discapacidad, que el Presidente dejó en suspenso.

Finalmente, como anzuelo para mantener a los referentes de los gobernadores hasta el final, la oposición buscará aprobar el nuevo esquema de coparticipación del ICL, que aumentaría los recursos provinciales. El proyecto ya cuenta con media sanción del senado y se convertirá en ley si Diputados avanza, aunque se descuenta que será vetado por Milei.

El escándalo de Espert profundizó los roces entre LLA y Pro, su principal aliado. Los amarillos critican la falta de reflejos del Gobierno y la ausencia de un comité de crisis para contener los daños.

La tensión se acentuó tras la salida de Espert como candidato bonaerense, que obligó al oficialismo a apuntalar la postulación de Diego Santilli, un dirigente de Pro que en 2023 fue rival de Milei en la provincia, nada menos que aliado de Horacio Rodríguez Larreta. El desenlace choca con la estrategia que impulsa Karina Milei, empeñada en mantener la pureza partidaria y evitar aliados al frente de las listas. En esa lógica, la secretaria general de la Presidencia prefirió perder apoyos antes que ceder lugares, incluso en distritos donde una alianza con gobernadores o fuerzas locales hubiese fortalecido el bloque oficialista.

La misma lógica se repite en el reemplazo de Espert al frente de la Comisión de Presupuesto. El Presidente ya anticipó que el cargo será para Alberto “Bertie” Benegas Lynch, un diputado de su círculo más cercano, aunque en el Congreso dudan de su experiencia para conducir una comisión clave en pleno debate por el Presupuesto 2026. En ese ámbito conviven legisladores con fuerte trayectoria técnica, como Germana Figueroa Casas o Luciano Laspina, del Pro, a quienes el oficialismo decidió dejar al margen. Desde el entorno de Menem aseguran que el macrismo mantendrá la secretaría del cuerpo, una suerte de premio consuelo tras un desplante evidente.

Luego de un intenso raid mediático, Federico “Fred” Machado recibió este mediodía la noticia que menos esperaba: la Corte Suprema hizo lugar al pedido de extradición y en los próximos días será trasladado a Estados Unidos. A partir de ese momento, el empresario se comunicó varias veces con sus abogados, en Argentina y en Estados Unidos. Quería saber cómo y cuándo se realizará el viaje. “Puede ocurrir en cualquier momento”, intentaron calmarlo sus defensores a la distancia. Nadie se imaginaba que unas horas después iba a terminar en una dependencia de la Policía Federal.

Su media hermana, Malena Esther Igoldi, que vive a pocos metros de su casa, tuvo un rol clave desde el comienzo de la causa en Estados Unidos. Es abogada y fue la persona que acercó al estudio de Francisco Oneto y Roberto Rallin.

“Cuando empezó todo, primero lo defendió un abogado de Viedma, de apellido Segovia, y luego una amiga de Malena le hizo el contacto con Rallin”, contó una persona del círculo íntimo del empresario.

A partir de ese momento, los abogados que representan al presidente Javier Milei viajaron varias veces a Viedma.

Machado cumplía con prisión domiciliaria desde septiembre de 2021 en la casa de su madre, ubicada a 16 kilómetros de la capital de Río Negro. Ahí tenía de vecinos a sus hermanos: el exjuez provincial Fabio Igoldi y Malena Igoldi. Ambos lo contenían y hacían de nexo con los abogados y con el resto de la familia.

Tras el fallo de la Corte Suprema, solo restan trámites formales. “El artículo 36 de la ley de cooperación internacional en materia penal establece que una vez culminada la etapa judicial del proceso de extradición, el expediente se gira al Poder Ejecutivo para materializar la entrega del extraditable. En la práctica, el Presidente delega la facultad de firmar la extradición en el ministro de Relaciones Exteriores”, explicó una fuente de la defensa de Machado.

Efectivamente, el Gobierno anunció a través de un comunicado que el Presidente instruyó a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete a “instrumentar los pasos administrativos y diplomáticos” para cumplir con la extradición. Seguramente también intervendrá el Ministerio de Seguridad, que coordinará con Estados Unidos los detalles del traslado.

El diputado Juan Grabois, que denunció a Machado ante la justicia federal de San Isidro, objetó que la defensa de Machado esté a cargo de los abogados de Milei: “Cualquier demora en firmar la extradición por parte de Milei, habida cuenta que comparte abogado con Fred Machado, va a ser una muestra clara de que la complicidad no se acaba en el narcodiputado José Luis Espert”.

Allegados a la defensa de Machado rechazaron cualquier incompatibilidad y destacaron que el mismo estudio jurídico tiene otros procesos de extradición que podrían merecer la intervención del Poder Ejecutivo. “Cuando Fred llegó al estudio, Javier todavía no tenía un proyecto politico”, dijo esa misma fuente ante una consulta de .

Machado confirmó hoy que su contacto inicial fue con Rallin, que a su vez era socio de Oneto. El empresario también le restó importancia a esa supuesta incompatibilidad con sus abogados. “No tiene nada que ver, es como que vos compartas abogado con tu vecina. El abogado no es el que autoriza al Presidente”, dijo en una entrevista con Radio con Vos.

Cómo sigue el proceso

Los abogados de Machado en Estados Unidos intentan cerrar por estas horas un acuerdo con los fiscales del caso para intentar atenuar la acusación y que se computen los años en prisión domiciliaria. “Hay una negociación en marcha”, se limitaron a decir desde la defensa. Esa negociación no demora ni condiciona el proceso de extradición.

Machado está acusado de fraude, conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero. En ese expediente surgió la transferencia de 200 mil dólares a Espert para “asesorar” a la empresa guatemalteca Minas del Pueblo.

En las entrevistas que dio este martes, Machado ratificó ese pago, pero se negó a confirmar si el contrato era por 1 millón de dólares. “No me acuerdo”, repitió en diferentes reportajes. El contrato no se terminó de ejecutar por la pandemia y sus problemas judiciales.

La Justicia de Estados Unidos ya condenó a la socia de Machado, Debra Mercer-Erwin. En cambio, la hija de Mercer-Erwin, Kayleigh Moffet, se declaró culpable de conspirar para lavar activos y de conspirar para infringir las leyes de exportación de Estados Unidos, y logró evitar el juicio oral.

Los tiempos de la extradición de Mechado ahora dependen del Poder Ejecutivo.

“El artículo 36 del Tratado establece un plazo de 10 días para que se convalide la entrega, normalmente lo que ocurre es que se dejan pasar los 10 días y se tiene por convalidado por el transcurso del tiempo”, explicaron cerca del empresario.