El supuesto testaferro de Pablo Toviggino, Luciano Pantano, tenía una tarjeta corporativa de la AFA con un consumo mensual promedio de $50 millones.

Según pudo confirmar TN, entre los gastos de la tarjeta aparecen el pago de los Telepase de los autos de lujos que se registraron en la mansión de Pilar, que está siendo investigada por la Justicia.

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Luciano Pantano, junto a su madre Ana Conte, es uno de los titulares de Real Central SRL, la empresa que adquirió la propiedad que perteneció a Carlos Tevez.

De acuerdo con los documentos incorporados, esa vivienda figura en distintos momentos a nombre de diferentes integrantes del entorno Pantano, todos relacionados con Real Central SRL, la firma señalada en la causa como presunta pantalla que está a nombre de Luciano Pantanoy Ana Lucía Conte, madre (jubilada) e hijo (monotributista).

Los registros muestran que Pantano ingresó inicialmente como “propietario/residente” de la mansión ubicada en los lotes 306 y 265 de Ayres Plaza, con fecha de titularidad del 4 de diciembre de 2021.

Con el paso del tiempo, esa condición cambió: los documentos relevados indican que desde el 4 de enero de 2023 el inmueble comenzó a figurar a nombre de Diego Fabián Pantano, bajo la misma categoría de “propietario/residente”.

Ese corrimiento formal de la titularidad es uno de los elementos que se analizan en el expediente. La hipótesis que se examina es si el traspaso responde a una maniobra para disimular la verdadera propiedad del bien.

A esa línea se suma otro dato que figura en la documentación judicial: la hija de Pablo Toviggino también aparece registrada como propietaria o residente de la misma vivienda.

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Para los investigadores, se trata de un elemento más que refuerza la conexión entre la familia Pantano y la mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.

El expediente incorpora además registros de personas invitadas a la mansión, que vuelven a vincular ambos círculos familiares.

En la nómina figura Máximo Toviggino, hijo del dirigente, así como Norberto José Pantano, otro hermano de Luciano y Diego. Según consta en los documentos, ambos aparecen asentados como invitados habituales al domicilio de Ayres Plaza.

El juez Marcelo Aguinsky resolvió el 26 de diciembre pasado suspender la feria judicial de enero para continuar con la investigación. Pantano y Conte intentan pasar la causa a un juzgado de Campana pero el magistrado aseguró que le corresponde a él continuar con el expediente.

En los últimos días, el juez ordenó otras medidas de pruebas, como el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al inmueble para verificar si en los días previos al allanamiento hubo traslados de autos de alta gama y caballos.

También se va a realizar un operativo en la empresa Flyzar, la dueña del helicóptero, que deberá proporcionar el listado de pilotos, pasajeros y vuelos que hizo el helicóptero en cuestión.

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El juez decidió también convocar al nuevo director de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, para intensificar las pesquisas en torno a sociedades comerciales que compraron la estancia de Pilar y que estarían conectadas con altos funcionarios de la AFA.

Pablo Toviggino, Chiqui Tapia, AFA

superaron ampliamente el promedio mensual habitual.,Gabriela Origlia,Coparticipación,Congreso Nacional,Conforme a,Coparticipación,,$51.000 millones. Tras la advertencia de Macri, un gobernador dice que irá a la Corte para reclamar una deuda de la Nación,,La deuda de la Nación con la Ciudad. Jorge Macri dijo que no descarta «volver a la Corte” para reclamar por la coparticipación,,Por suba del gasto, el superávit primario cayó 79% en las provincias

La modificación de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional ya encendió las alarmas de la oposición que buscará convocar a la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia.

La misma se puede autoconvocar sin la necesidad de que la citación la concreten las autoridades de las cámaras legislativas, Martín Menem, desde Diputados; o Victoria Villarruel por el Senado.

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El lilito Maximiliano Ferraro solicitó la pronta convocatoria de la comisión y posteó en las redes sociales: “Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas”. Además, reclamó que los cambios se traten en el Congreso: “Por qué no discutir un tema tan relevante con debate plural, contralor efectivo y el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?”.

La Comisión de Inteligencia

Hasta el 9 de diciembre, la comisión fue presidida por el senador de la UCR, Martín Lousteau, quien venció su mandato y se incorporó a la Cámara de Diputados. La misma está integrada por 14 miembros, siete representantes por cada cámara legislativa.

Actualmente, están designados 11 legisladores. Por el Senado, Beatriz Ávila del bloque Independencia; Eduardo de Pedro de UxP; Martín Gorerling Lara del Pro; Florencia López de UxP y Edith Terenzi de Despierta Chubut.

Por la Cámara baja, Gabriel Bornoroni y Cesar Treffinger de La Libertad Avanza; Mariela Coletta de Provincias Unidas; Blanca Osuna y Rodolfo Tailhade de UxP; Cristian Ritondo del Pro.

Restan aún designar un diputado y dos senadores y elegir sus autoridades.

Por otro lado, deberá actuar la comisión Bicameral de Trámite Legislativo que tiene competencia para expedirse sobre la validez o invalidez de los DNU y elevar sus resoluciones al plenario de las Cámaras para su expreso tratamiento. La misma está presidida por el diputado desarrollista del MID, Oscar Zago.

Ambas comisiones son permanentes y podrán autoconvocarse en cualquier momento del año, sin aguardar un llamado presidencial a sesiones extraordinarias.

Varios legisladores ya están anticipando reuniones en enero para, en principio llevar adelante, no solo un primer contacto con la norma dictada por el Poder Ejecutivo, sino tener la posibilidad de solicitar oficialmente algún pedido de informes al organismo de Inteligencia.

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Más opiniones desde el Congreso

Desde Unión por la Patria (UxP), Jorge Taiana planteó: “Básicamente, es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo que ya hacen y a lo que quieren hacer. La consecuencia será un Estado policial”.

Además, alertó: “El Gobierno está avanzando en su objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional, como impulsan desde hace años desde el Comando Sur”.

Mientras que el exdiputado Alejandro Topo Rodríguez entendió que, “(Javier) Milei está creando un peligroso aparato parapolicial. Se trata de una superestructura de control, espionaje y persecución, que tendrá capacidad para detener personas e investigar a cualquier ciudadano, violando garantías constitucionales y por fuera del sistema judicial vigente”.

Desde el Senado. La cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, dijo: “Un tema tan relevante como es la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser discutido en el Congreso de la Nación. Ese es el escenario en el que debe tratarse y no ser impulsado a través de un DNU”.

Ricardo Alfonsín, exdirigente de la UCR, pidió la intervención de la justicia: “Si hay temas que sí o sí deben ser dialogados, debatidos, consensuados, este es uno de ellos. Es obvio que Milei no quiso hacerlo. Y esto es muy grave, porque no hay razones para el uso del DNU. Debería ser impugnado en la Justicia, y porque conozco el poco aprecio de Milei por los valores republicanos y democráticos”.

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El decreto publicado en el Boletín Oficial también dispone que todas las actividades de inteligencia pasen a tener carácter “encubierto”, por su sensibilidad y para reducir el “riesgo estratégico nacional”.

En ese marco, la contrainteligencia queda “definida de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos”, dejando atrás prácticas del pasado vinculadas a persecución política, espionaje doméstico o control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos.

Otro punto central es la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), cuya existencia —según el Ejecutivo— generaba superposición con los organismos del Estado Mayor Conjunto. Con ese cambio, el Gobierno afirma que busca un esquema más eficiente, integrado y coherente en materia de defensa.

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