El oficialismo en la Cámara de Diputados frenó sus ímpetus y postergó hasta después de Semana Santa la sesión para debatir la reforma de la ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado. Los libertarios accedieron a convocar a una doble audiencia pública el 25 y 26 de este mes, lo que les permite ganar un mes de tiempo para asegurar los votos para su aprobación.

Los bloques opositores contrarios a la reforma celebraron la convocatoria a audiencias públicas -un reclamo que llevaron hoy al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales- y la postergación del debate en el recinto. No se sorprendieron de que el oficialismo decidiera levantar el pie del acelerador: sostienen que, así planteada, la reforma de la ley vigente será judicializada y especulan que el oficialismo busca ganar tiempo ya sea para disuadir a los legisladores dudosos o bien para explorar posibles modificaciones al texto.

“Nosotros también ganamos tiempo: hasta la semana pasada la decisión del oficialismo era impulsar un debate exprés y llevarlo al recinto para ser aprobado a libro cerrado dentro de 15 días. Con las audiencias públicas tendremos la posibilidad de instalar en la opinión pública nuestras razones para rechazar esta reforma y, en lo posible, ganar la pulseada”, indican los detractores del proyecto.

Lo cierto es que los principales interesados en la aprobación de la nueva ley de Glaciares -los gobernadores de las provincias cordilleranas– deberán esperar al menos un mes hasta que el proyecto llegue al recinto. Son ellos los que apuran la sanción de la reforma ya que ésta les confiere potestades como autoridad de aplicación para delimitar qué territorios glaciares y periglaciares cumplen funciones de reserva de agua estratégica. En aquellos territorios donde la autoridad de aplicación compruebe que no cumplen esta función, la provincia podrá habilitar la realización de proyectos productivos, entre ellos, mineros.

No faltan las voces suspicaces que especulan que la decisión del Gobierno de demorar el debate de la ley en la Cámara de Diputados responde a una cuestión política. “La Casa Rosada ya tiene los votos para aprobar la ley, pero no se la quiere entregar tan fácil y rápido a los gobernadores. Se la está cobrando ‘en cuotas’. Por eso la posterga adrede, para tenerlos amarrados”, deslizaban en el peronismo.

Lo cierto es que el oficialismo, a diferencia de otras oportunidades, no mostró resistencia alguna a los reclamos opositores para que se convoque a audiencias públicas. “Es una obligación, no solo en virtud del artículo 41 de la Constitución Nacional y del Acuerdo de Escazú, sino también porque así lo exige la Ley General de Ambiente”, planteó Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

Desde Unión por la Patria, la diputada Sabrina Selva asintió. “Nuestra propuesta es que sea una audiencia pública, transparente y federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas que están en juego con esta reforma de la ley de Glaciares. Que la participación sea totalmente abierta”, enfatizó.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Nicolás Mayoraz, accedió a los reclamos sin chistar. “No vamos a dejar a nadie sin participación”, enfatizó, y por consenso se acordó un cronograma que arrancará el 25 de este mes, con una audiencia pública presencial, para continuar al día siguiente de forma remota.

El fiscal federal Sebastián Lorenzo Basso, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA, solicitó la captura nacional e internacional de un nuevo imputado por el ataque terrorista a la mutual judía, perpetrado el 18 de julio de 1994.

Como adelantó , se trata de Alí Asghar Hejazi, un alto jerarca iraní acusado de ser uno de los principales autores intelectuales del atentado.

En paralelo, la fiscalía exigió que se agilicen las notificaciones a los demás prófugos para avanzar definitivamente hacia la etapa de juicio oral y público en ausencia.

Alí Asghar Hejazi era el delegado personal y la “mano derecha” del entonces líder supremo de Irán, Alí Khamenei. De acuerdo con la investigación, presidía desde 1989 el Comité Vijeh (Comité Especial), el órgano gubernamental clandestino que se encargó de recopilar información, elaborar la propuesta del ataque a la AMIA y fijar la fecha para su ejecución.

Su nivel de involucramiento en el planeamiento fue directo. El dictamen del fiscal Basso detalla que Hejazi viajó personalmente a Buenos Aires en marzo de 1993 para evaluar la viabilidad de la operación y cerciorarse de la fiabilidad de los agentes locales.

Para no levantar sospechas, ingresó a la Argentina bajo el estatus de misión oficial de la organización Propaganda Islámica con supuestos fines culturales, cuando su verdadera agenda estaba centrada en la inteligencia y el terrorismo.

Una vez que el Comité Vijeh aprobó el plan, fue el propio Hejazi quien coordinó su implementación tras obtener el visto bueno de Khamenei.

La imputación contra el jerarca iraní está sustentada en la reconstrucción judicial que incluye múltiples declaraciones testimoniales de exfuncionarios y desertores de la inteligencia iraní, sumado a pruebas documentales como fichas migratorias y manifiestos de vuelo que corroboran su presencia física en el país durante la etapa de planeamiento.

Por todo esto, el fiscal Basso solicitó que Hejazi sea procesado como autor o partícipe de homicidio calificado por odio racial o religioso y por el uso de un medio idóneo para causar estrago. Asimismo, lo acusa de colaborar activamente en el patrocinio de la organización armada libanesa Hezbolá, brazo ejecutor del ataque.

Ante la evidencia de que Hejazi reside en Irán y no se presentará a una citación judicial, Basso requirió al juez federal Daniel Rafecas que dicte su inmediata orden de captura vía Interpol, lo declare en rebeldía y habilite la realización del juicio en ausencia a su respecto.

Esta solicitud se enmarca en la Ley 27.784, que permite el juicio oral en ausencia, contra imputados prófugos. Para concretar el juicio oral, la ley exige que los acusados sean fehacientemente notificados de la existencia del proceso en su contra.

Dado que los prófugos iraníes y libaneses ostentan un “acabado conocimiento” de la causa por su alta exposición internacional, el fiscal solicitó medidas innovadoras para cumplir con la formalidad del aviso.

Entre las directivas pedidas al juez para notificar a cabecillas como Mohsen Rabbani o Alí Akbar Velayati, se incluyen, utilizar las vías diplomáticas a través de Cancillería para intimar a los Estados de Irán y el Líbano.

También sugirió enviar notificaciones a los lugares de trabajo conocidos de los imputados, dejar constancia del juicio en ausencia en las circulares rojas vigentes de Interpol o contactar a los prófugos a través de sus redes sociales verificadas, incluyendo cuentas de la plataforma X, perfiles de Facebook, canales de YouTube e incluso números de WhatsApp vinculados a ellos.

Para el Ministerio Público Fiscal, la defensa de los acusados tiene a su disposición todas las herramientas legales, por lo que “no existe obstáculo procesal que impida continuar el avance hacia la etapa de juicio oral y público”, un ámbito vital para debatir las responsabilidades tras más de tres décadas de impunidad.