POLITICA
Milei todavía puede ganar, pese a las diez plagas de Egipto

Es muy conocido el papel determinante que Machiavello asignaba a la suerte en el éxito político. Para él era el 50% del problema. A Javier Milei y su equipo ese factor se le ha vuelto, desde hace unos meses, resbaladizo. Sospechas de corrupción que ganan verosimilitud con el paso de los días, entre otras cosas, porque la aparición de cada nuevo escándalo imprime un efecto de realidad al anterior.
Empezó con $Libra; siguió con el sospechoso avión que trajo a Laura Arrieta con valijas que nunca se revisaron; se agregaron los audios de Diego Spagnuolo sobre presuntos sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad; hasta que, cuando ya se había calentado la atmósfera electoral, se denuncia al principal candidato oficialista en el principal distrito del país por haberse financiado hace unos años con fondos que, se presume, habrían procedido del narcotráfico. Y todavía falta, como hizo notar un gracioso en la red X, que después de Milei en el Movistar Arena, cante Federico “Fred” Machado, el generoso mecenas de Espert, en los tribunales de Texas.
El daño producido a las filas del oficialismo o, si se quiere una formulación más cursi o épica, “a las ideas de la libertad”, la conducta pasada de Espert y sus pésimas explicaciones presentes, es difícil de calibrar. No sólo por lo que significa en sí mismo su comportamiento. También por el panorama al que se incorpora. El de Espert es el primer caso resonante de contaminación de la política nacional con el crimen organizado.
Lo protagoniza nada menos que quien fue, hasta ayer, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Es decir, la voz económica del Gobierno en la Cámara de Diputados. El escándalo aparece días después de que se conmueva el país por el crudelísimo asesinato de tres jóvenes en medio de un ajuste de cuenta entre narcotraficantes. Al mismo tiempo que Rosario sigue emitiendo novedades sobre jueces federales como Marcelo Bailaque, mezclado con la banda de Los Monos.
Un tornado que acaba de sacudir al controvertido empresario Fernando Whpei, que se declaró arrepentido en la causa en que se juzga a Bailaque. Sobre este telón se recorta la figura de Espert, defendido por el mismo gobierno que postuló para la Corte al juez Ariel Lijo. Es decir, al juez que mantiene dormida la causa sobre el vergonzoso ingreso de los Eskenazi a YPF.
Las autoridades de esa empresa, encabezadas por Miguel Gutiérrez, golpearon la puerta del juzgado durante la gestión de Mauricio Macri. Nadie les respondió. Ahora lo hacen el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el de Chubut, Ignacio Torres, con el patrocinio del exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Se verá si Lijo abre la puerta. ¿O deberá pedir permiso a la familia Eskenazi antes de hacerlo? El silencio del juez ha sido indispensable para que los Eskenazi pudieran vender sus presuntos derechos sobre YPF al fondo Burford y, al mismo tiempo, cobrar a través de ese fondo, varios miles de millones de dólares como indemnización por la estatización de la empresa.
Es posible que este via crucis institucional no mortifique tanto al Gobierno como el otro, el que afecta a la especialidad de la casa. El descontrol de las variables económicas: precio del dólar y cotización de los bonos, que se registra en el índice de riesgo-país. Ese frente es tan decisivo que el equipo económico, con Luis “Toto” Caputo a la cabeza se mudó a Washington para acelerar el salvataje prometido por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La secuencia de desventuras es tan sistemática e inoportuna que muchos militantes libertarios comienzan a sospechar sobre la existencia de una mano oculta. Un genio maligno que organiza tanta desventura. Difícil de creer. Si en la Argentina hubiera alguien con la capacidad de manejar así la relojería, la inflación mensual no seguiría siendo superior al 2%.
Sin embargo, el fenómeno que llama la atención no es el ataque de las diez plagas de Egipto sobre el oficialismo. Más sorprendente es que, desde el corazón de la Casa Rosada, se mira el paisaje general con bastante optimismo. Dicho de otro modo: allí creen que el próximo domingo 26 van a ganar. Hay algo todavía más raro, y es que tal vez tengan razón.
La razón sobresaliente de ese modesto entusiasmo indica un cambio significativo. Los principales brujos de la tribu libertaria no creen, como sucedía hace un año, que la victoria será sólo hija de un idilio con una parte importante de la sociedad. Ahora confían más en otra variable: la falta de alternativa. Milei y su partido están en condiciones de obtener una victoria porque no hay una opción aceptable para sus simpatizantes que, al mismo tiempo, sea competitiva. Hay que prestar atención a esta forma de pensar, porque así piensa “la casta”. Cuando la legitimidad se va erosionando, los mecanismos formales y las opciones concretas, en otras palabras, la ingeniería electoral, compensan lo que se perdió por desencanto.
Esta manera de razonar la elección nacional se vuelve crucial en la provincia de Buenos Aires. Allí La Libertad Avanza (LLA) enfrenta a Fuerza Patria, es decir, al peronismo kirchnerista. La última vez en que se produjo ese duelo, las listas de Milei fueron derrotadas por una diferencia de 14 puntos porcentuales. Ese resultado provocó un giro copernicano en la vida pública y fue determinante para el pesimismo de los mercados financieros. No sólo por la magnitud de la caída. También por la identidad del vencedor. La probabilidad de que en 2027 se produzca un reflujo intervencionista modelará los próximos dos años del gobierno libertario. Y, por supuesto, desalentará la inversión privada. Sobran argumentos, por lo tanto, para demostrar la importancia de las próximas elecciones bonaerenses.
Entre los dirigentes de esa provincia que responden a Milei hay algunos que están convencidos de que LLA recuperará el terreno perdido y hasta puede aspirar a la victoria. Apuntan, para comenzar, a que el próximo 26 los votos no peronistas se concentrarán en la opción libertaria. Es decir, a esos ciudadanos ya no se le ofrecerán alternativas aceptables. El 7 de septiembre, varios intendentes que en otras elecciones integraban la boleta de Juntos por el Cambio armaron sus propias listas. Fueron con sus propias siglas o se integraron en Somos Buenos Aires. Fue el caso de Manuel Passaglia en San Nicolás; Javier Martínez en Pergamino; Pablo Petrecca en Junín, por citar algunos de ellos. ¿El que votó esas propuestas, que son antikirchneristas, qué lista va a votar ahora?, se preguntan esos estrategas de LLA.
Además, en esta nueva confrontación el PJ ya no contará con la movilización de los intendentes a favor de sus listas de concejales. Y habrá un factor más jugando a favor del gobierno nacional: el miedo al triunfo kirchnerista. En la Casa Rosada especulan con que muchos bonaerenses que se oponen al peronismo de Cristina Kirchner y Axel Kicillof dejaron de concurrir a los comicios porque están desencantados con Milei o, es también posible, no entendían la importancia de lo que se estaba eligiendo.
La victoria del PJ en septiembre puede haber sido para ellos un gran despertador que los impulse a votar el 26. El ejemplo más reciente fue el del pasaje de las primarias a la primera vuelta de 2019. Mauricio Macri, que en la primera competencia había sacado 8.121.000 votos, en la segunda obtuvo 10.800.000. Sumó más de 2.700.000 votos y todo el mundo admite que fue por la alarma que encendió la victoria de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en las PASO. El voto se concentró de tal manera que Roberto Lavagna retrocedió en unos 350.000 votos y José Luís Espert, perdió más de 100.000 de los 500.000 votos que había cosechado en las primarias. Ya empezaba a despilfarrar los ahorros de Machado.
Los cerebros electorales de Milei esperan que en Buenos Aires se verifiquen los mismos movimientos. Menos abstención y más concentración. Dicen que, en privado, Cristina Kirchner sospecha que puede suceder lo mismo y que por ese motivo sigue siendo crítica del desdoblamiento que dispuso Kicillof. En otras palabras, ella calcula que, al adelantar las elecciones provinciales, el gobernador despertó el gen antiperonista o anti-kirchnerista de una parte importante del electorado que, tal vez, ya no está encantada con Milei. El rescate de Trump a la vapuleada economía de su amigo ya forma parte del debate interno norteamericano.
Hay una iniciativa en curso que para todos los analistas de opinión puede impactar a favor del oficialismo: que se conozcan los detalles del auxilio de Donald Trump a Milei antes del domingo 26 y que tenga un efecto positivo sobre el índice de riesgo y el comportamiento del mercado cambiario. Observadores independientes especulan con que esa novedad podría impulsar a antiguos votantes de Pro, a los que el Presidente comenzó a despertar antipatía, a concurrir a las urnas y poner su voto a favor del paisajista Diego “Colorado” Santilli o Karen Reichardt.
En la lista de infortunios que han castigado al oficialismo en estos días figura también la dificultad de encabezar su lista bonaerense con Santilli, en reemplazo de su antiguo ahijado Espert. Abrazado a un criterio bastante previsible, que ya había imperado en otras provincias y hasta había sido avalado por la Corte Suprema, el juez Alejo Ramos Padilla cubrió esa vacante haciendo que todos los candidatos ascendieran una posición. De ese modo se preservaba la esencia de la política de género, que es la alternancia dentro de la nómina. La derivación es que la lista quedaría presidida por Reichardt. LLA no está conforme con esa interpretación y prefiere la del decreto reglamentario que indica que cada candidato que se ausenta debe ser reemplazado por el siguiente del mismo género. Así ascendería Santilli.
Habrá que ver si los que prefieren a Santilli defienden bien sus intereses. Es verdad que en 2021 este candidato demostró que podía sacar casi 40% de los votos. Pero Reichardt puede tener la ventaja de ser una outsider, ajena a esa casta de la que Santilli forma parte desde su adolescencia. Jorge Taiana, el candidato peronista, ya optó: anoche desafió a un debate a Karen Reichardt, aunque llamándola por su nombre de nacimiento, Karina Celia Vázquez. Empezó el show. Cuidado con Karen.
La nueva forma de votación, con una boleta única que contiene todas las opciones partidarias, también es un electrón loco para predecir los resultados. Encuestadores experimentados, como Hugo Haime, afirman que entre las personas que consulta hay un 25% que dice desconocer el nuevo método. Es gente de pocos recursos que, en general, tiende a votar al peronismo.
Los mismos argumentos que el oficialismo esgrime para explicar su posible recuperación y, para algunos pocos, inclusive su triunfo en la próxima elección bonaerense, se escuchan en el caso de varias provincias del interior. Los libertarios alegan que, ahora que está en juego el gobierno nacional, el papel de los dirigentes locales será menos gravitante. Es decir, los gobernadores, que se beneficiaron con desdoblamientos que convertían las elecciones provinciales en disputas desligadas el cuadro general, serán ahora las víctimas de alización.
Esta visión general hace juego con los pronósticos de los analistas de opinión pública más confiables. Entre ellos se especula con que habrá un empate entre LLA y el peronismo. Algunos sospechan que puede haber un triunfo de LLA por un margen pequeño que, en el extremo, podría estirarse a 5 puntos. Para poner números sólo indicativos: 37-32, 36-33, un resultado parecido a esos. La presentación de los votos puede ser engañosa la noche del escrutinio. Porque el PJ irá fragmentado en varias denominaciones. Una de ellas es Fuerza Patria. Para entender cómo se formarán los bloques que hoy lidera el kirchnerismo habrá que sumar formaciones con distinto nombre. Por un momento puede haber desconcierto.
El mapa será también variado. Celeste, violeta, más la expresión de los gobernadores de Provincias Unidas que, calculan los expertos, podrían reunir un 10% de los votos nacionales. En términos territoriales hay que imaginar una división en tercios, de unas 7 provincias por facción.
Los que intentan imaginar el funcionamiento del Congreso, infieren que un resultado como el que están indicando las encuestas, en el escenario más optimista para el Gobierno, otorgaría a Milei entre 95 y 103 diputados, de los cuales entre 67 y 71 serían de su propio partido. Hasta ahora el trabajo más minucioso para estas especulaciones es el que realizó Raúl Timerman con su consultora La Sastrería.
Esta aritmética, que es la más ventajosa para LLA, presenta un oficialismo con capacidad de veto, pero que no controla el quorum ni siquiera sumando a sus aliados. La física parlamentaria que suponen estos límites debe ser inscripta en una economía distinta de la que se conoció en los dos primeros años de Milei. El Gobierno consiguió el apoyo de muchas fuerzas políticas ajenas, a las que en muchos casos maltrató, porque las expectativas que generaba en el electorado eran promisorias.
Como siempre ha sucedido en la Argentina, un factor importante para sembrar optimismo en el electorado es la política cambiaria. Como observa el politólogo de Santa Bárbara, “el gobierno que se jactaba de hacer o mantener ajustes en un año electoral, es el mismo gobierno que conserva un dólar artificialmente bajo por las elecciones. Un plan platita, pero en dólares”.
Esta estrategia terminó colapsando, tanto en el mercado de cambios como en el mercado de deuda, mucho antes de las elecciones. Todavía no se conocen las condiciones macroeconómicas que impondrá el Tesoro de los Estados Unidos para la ayuda que piensa suministrar. Ni siquiera se conoce en qué consiste esa ayuda. Menos aún qué coordinación tendrá con el programa ya suscripto, e incumplido, con el Fondo Monetario Internacional.
Lo que queda cada día más fuera de duda es que aquella estrategia cambiaria se volverá insostenible. Que el Banco Central deberá acumular reservas. Y que eso se reflejará en un precio más elevado para el dólar. Es decir, se reflejará en otro clima político. Para sintetizar, el contexto será menos amigable para la misma operación que la Casa Rosada no supo hacer en momentos más brillantes: ganar amigos.
Carlos Pagni,Conforme a
POLITICA
Un régimen penal juvenil para la opinión pública

El jueves 12 la Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo régimen penal juvenil. Dos narrativas se disputan la explicación sobre lo sucedido. La primera, la de los impulsores del proyecto, es que la política ha “saldado una deuda histórica” con la sociedad, que en porcentajes abrumadores inundaba las encuestas con respuestas afirmativas a la pregunta de si bajar la edad de imputabilidad a 13 o 14 años. La segunda, proveniente del progresismo, achaca a los representantes haber sucumbido ante la ira de una turba punitivista e irreflexiva.
Ambas narrativas comparten una premisa discutible: que los diputados se hayan limitado a hincarse ante la opinión pública. Las encuestas, con un 60, 70, 80% de respuestas a favor de bajar la edad, pueden parecer terminantes. Sin embargo, el tránsito de una encuesta a una política pública no es lineal: una ardua tarea interpretativa separa las dos o tres respuestas binarias que pueden obtenerse de una encuesta y la complejidad de una política pública que debe enfrentar los dilemas del mundo real. La opinión pública es genérica y abstracta; la redacción de una ley, en cambio, exige definiciones, especificaciones, detalles. Sobre estas decisiones, entonces, deberemos juzgar al Congreso.
Hagamos el ejercicio de tomar las encuestas por lo que dicen que valen: una enorme mayoría de los encuestados cree que a los 13 o 14 uno entiende la criminalidad de ciertos actos y puede recibir un reproche estatal al respecto. No sabemos por qué hechos, con qué garantías, ni con qué penas, y hasta donde sé no ha habido un esfuerzo serio por entenderlo. Es difícil, entonces, guiarse por estas encuestas al momento de diseñar un sistema concreto.
Nos queda, entonces, lo que han dicho los miembros del Gobierno que se han erigido en voceros de este reclamo. Sus figuras más visibles han militado este proyecto con un eslógan sin mucho sentido: Delito de adulto, pena de adulto (¿cuáles serían los “delitos de niño”?). Cuando buscan explicarlo, sin embargo, siempre lo ejemplifican con los mismos delitos: homicidio y robo con armas. Una asesora presidencial lo dijo con todas las letras: “Se aplica a delitos graves. No estamos hablando de una simple travesura, sino de delitos graves como robo a mano armada, violaciones, asesinatos… Delitos que del otro lado tienen una víctima real que merece justicia”. Evidentemente, de lo que se trata aquí es de castigar delitos gravísimos.
Otros aspectos del discurso oficialista dan más pistas sobre el tipo de ley que, en su concepción, debería sancionarse. Por ejemplo, ha sido muy frecuente la apelación a unirse a otros países de la región, que han fijado su edad de punibilidad en 12, 13 o 14 años. Además, la mayoría de los diputados oficialistas han enfatizado la necesidad de “resocializar” a los adolescentes que han cometido delitos, permitiéndoles salir de su situación y encontrar un lugar legítimo en la sociedad.
Si estas motivaciones son sinceras, sin embargo, el proyecto votado no las honra. La Cámara Baja ha sido víctima de una dinámica política patológica, conocida como polarización de grupos: cuando un grupo ha adoptado una decisión, se premia a quienes impulsen ir en esa dirección y se castiga a los que planteen prevenciones o matices. El Senado tiene una oportunidad de mejorarlo; no para acercarlo a lo que piden sus detractores sino, precisamente, para hacerlo más parecido a lo que ellos mismos dicen defender.
En primer lugar, ¿por qué no limitar la pena de prisión a los delitos más graves? Alcanza con imaginar las infracciones al Código Penal que podría cometer cualquier adolescente de cualquier estrato social para darnos cuenta de que su aplicación automática sería ilógica: un graffiti podría ser delito de daños; truchar consumiciones en un boliche, delito de estafa; lastimar a alguien en una pelea en un boliche, lesiones graves, y así. Es difícil asumir que una mayoría cree que la pena de prisión para estos casos sea una respuesta racional o proporcionada.
Sin embargo, el proyecto actual mantiene la pena de prisión para todos los delitos del Código Penal. Es cierto que se prevén algunas salvaguardas para que los adolescentes puedan evitar la prisión, por ejemplo, si es su primera imputación, pero está siempre como amenaza incluso para los delitos más leves. El proyecto prevé, también, que los fiscales puedan optar por no perseguir ciertos delitos (el llamado “principio de oportunidad”), pero, inexplicablemente, lo hacen de tal modo que es más severo con los adolescentes que con los propios adultos. El Senado fácilmente podría corregir estos aspectos. Si es necesario, podría invocar incluso justificaciones presupuestarias o pragmáticas: un proyecto que prevé castigar todos los delitos, incluso los más leves, no solamente es más irracional, también es más lento y caro.
En segundo lugar, si es necesario acercar la legislación argentina a la de los países vecinos, podrían imitarse otros aspectos tanto o más importantes que la edad de imputabilidad. El proyecto, por ejemplo, mantiene las escalas de pena de los adultos, con un límite superior de 15 años de prisión. Esta asimetría es paradójica: se reduce, de hecho, la pena de los delitos más graves, mientras la de los más leves se mantiene igual. En contraste, los países que suelen mencionarse como modelo no solo tienen máximos más bajos (tres años en el caso de Brasil, cinco o diez en Chile y Uruguay, ocho en Colombia), sino que también reducen proporcionalmente la pena junto con la edad. El Senado podría proponer imitar a nuestros vecinos también en esto.
Finalmente, si la vocación de la mayoría es lograr la resocialización de los adolescentes que han cometido delitos, la clave estará en la partida presupuestaria (hoy insuficiente) que permita la implementación del proyecto, especialmente por parte de las provincias con la deseable asistencia del Estado Nacional. Sin embargo, hay una modificación que puede incluirse fácilmente: prohibir que los adolescentes conserven un registro de antecedentes penales, que lo obligaría a dar explicaciones a cualquier empleador futuro cuando realmente esa posibilidad de resocialización exista.
Se trata de reformas concretas, poco ambiciosas y fácilmente justificables para legisladores de cualquier partido político. Se trata también, uno puede permitirse creer, de normas que serían apoyadas por una mayoría de la sociedad si existiera un debate público robusto al respecto, y no simplemente una lectura temerosa de las encuestas.
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POLITICA
Ante una oposición impotente, el Gobierno profundiza su estrategia para aprobar las próximas reformas

Los libertarios festejaron en la madrugada del viernes la aprobación de la reforma laboral en Diputados y no perdieron el tiempo: antes del mediodía ya habían conseguido el dictamen para darle sanción definitiva en el Senado con apenas un cambio la semana que viene.
El oficialismo viene de cosechar resonantes victorias en las sesiones extraordinarias del Congreso y busca mantener la buena racha: antes de que la oposición pueda salir de su desconcierto planean sancionar el proyecto de modernización laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, avanzar con una propuesta para el financiamiento para las universidades, modificar la ley de Glaciares y validar legislativamente el acuerdo comercial con Estados Unidos.
La nueva configuración de la mesa política libertaria mejoró notablemente la performance del oficialismo en el Congreso. Patricia Bullrich al mando de las negociaciones en el Senado le aportó al Gobierno más flexibilidad a la hora de negociar los proyectos. Por ejemplo, no dudó en eliminar el capítulo de Ganancias para que los gobernadores apoyen la reforma laboral en la Cámara alta y tampoco tuvo pruritos para retirar el artículo sobre las licencias médicas por accidentes y enfermedades.
En tándem, el ministro del Interior Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem consolidaron un canal de diálogo con los gobernadores -aceitado con Aportes del Tesoro Nacional y transferencias de obras- que le permitió al oficialismo ampliar su base de aliados. Las provincias jugaron un rol clave para asegurar el quórum de la reforma laboral, incluso las que después votaron en contra del proyecto, como Catamarca, y colaboraron para bajar la edad de imputabilidad a 14 años y ratificar el acuerdo Mercosur-UE.

El “principio de revelación” le abrió paso a la “rosca” tradicional y los resultados fueron rotundos. Un antes y un después si se compara con el escenario legislativo hostil que enfrentó el Gobierno en la segunda mitad del año pasado, cuando se vio obligado a recurrir tres veces al veto presidencial para luego perder ante las insistencias del Congreso.
Ahora los libertarios se encaminan a cumplir dos de sus objetivos inmediatos: ser el primer país del Mercosur en ratificar legislativamente el acuerdo con la UE y aprobar la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad antes de que termine febrero, lo que permitirá que el presidente Javier Milei incluya estos logros en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo.
Sin embargo, el oficialismo no planea dormirse en los laureles y apuesta a aprovechar al máximo la falta de respuesta opositora. La semana que viene comenzará en el Senado otro debate que traerá polémica: la reforma de la Ley de Glaciares.
Este proyecto fue prenda de negociación con las provincias como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, que venían reclamando por esa iniciativa para potenciar los emprendimientos mineros, especialmente las exportaciones de cobre.

La ley actual define a los glaciares como bienes de carácter público y extiende la protección al ambiente periglacial, es decir, a las áreas de suelos congelados que regulan los recursos hídricos. Dado que prohíbe expresamente actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura ajena a la investigación científica, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias, muchas provincias plantean que interfiere con la explotación de sus recursos naturales.
Según el Gobierno, el nuevo proyecto ordenará el marco normativo, eliminará interpretaciones arbitrarias y fortalecerá el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.
Es decir, cuando un glaciar o ambiente periglacial esté incluido en el Inventario Nacional de Glaciares, se presumirá que forma parte del objeto protegido por la Ley de Glaciares, pero si una provincia determina que no cumple con funciones hídricas, dejará de estar protegido por la norma y se eliminará del Inventario, lo que habilitará la explotación productiva en el lugar.
Por otro lado, la Casa Rosada ya envió y espera aprobar en las primeras semanas de marzo un nueva ley de financiamiento universitario, que apunta a reformular la ley 27.795. Ese proyecto fue vetado por Milei pero luego la oposición consiguió insistir con su sanción en el Congreso. Sin embargo, nunca se aplicó completamente porque desde la Casa Rosada argumentaron que no estaba contemplado de dónde saldrían esas partidas presupuestarias.

“Lo de ahora es un punto medio entre lo que reclamaban los rectores y lo que quería el Gobierno, es algo mucho más lógico”, dijo a Infobae un integrante de la mesa política.
En concreto, el proyecto propone actualizar los gastos de funcionamiento según la inflación observada (IPC-INDEC) por encima del 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”. Es decir, si la inflación efectiva supera ese 14,3%, el crédito para las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26 se ajustará para preservar el incremento real.
Respecto a las remuneraciones, el artículo 5° fija una recomposición 2025 paga en 2026 para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025—en total, 12,3%—y ordena al Ejecutivo convocar paritarias obligatorias al mes de sancionada la ley, con periodicidad no mayor a tres meses. “Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente”, expresa la norma.
Finalmente, el Gobierno trabaja contrarreloj para enviar a Diputados el acuerdo comercial con Estados Unidos, lo cual conlleva dificultades extra porque se deberán modificar varias leyes para poder cumplir con lo pactado.
En las filas libertarias confían en que los gobernadores volverán a garantizar la ratificación del acuerdo porque, al igual que con el tratado Mercosur-UE, tendrán como prioridad abrir nuevos mercados para sus economías regionales y atraer inversiones para desarrollar proyectos productivos que generen empleo. De hecho, el acuerdo con la UE obtuvo el respaldo de cerca de la mitad del bloque Unión por la Patria, donde primaron los intereses provinciales.
En la apertura de sesiones del 1 de marzo, el presidente Milei podrá exhibir resultados concretos en al menos dos temas históricamente postergados, como la modernización laboral y la baja de la edad de imputabilidad. Ambas cuestiones fueron parte de la agenda de distintos partidos durante décadas, pero fueron los libertarios los que consiguieron destrabar los acuerdos necesarios para convertirlas en ley.
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POLITICA
Cavallo dijo que el Gobierno debe “declarar la convertibilidad del peso” y explicó cómo bajar las tasas de interés

El exministro de Economía Domingo Cavallo analizó el plan económico del Gobierno y aseguró que, si bien “ha tenido logros”, existen falencias en aspectos vinculados a los créditos. Advirtió que el Poder Ejecutivo debe transformar el peso en una moneda convertible, remover controles de cambio cuanto antes y explicó la necesidad de reducir las tasas de interés: “Hay que eliminar la represión financiera”.
“Cuanto antes declaren la convertibilidad del peso mejor. Es decir, que remuevan todos los controles de cambios y dejen funcionar libremente el mercado cambiario, sin que tenga que intervenir el Banco Central en la compra y venta de todo tipo de divisas, sino que solo tome acción cuando quiera acumular reservas. Después, si quiere influir sobre el tipo de cambio, tienen que tener las reservas suficientes”, expresó Cavallo en diálogo con TN.
Según señaló, el esquema de bandas mediante el cual el dólar flota no es erróneo, pero posee muchas restricciones y controles de cambio, sobre todo para las acciones de naturaleza, que hacen que las tasas de interés se mantengan “inestables y preponderantemente altas”.
En este sentido, también destacó la importancia de eliminar Ingresos Brutos porque “encarece al crédito”. “Una economía sin crédito a tasas razonables no puede funcionar bien”, agregó.
Cavallo sostuvo que, en sus dos años de gestión, el Gobierno tuvo logros que se deben reconocer, aunque declaró: «Falta una secuencia adecuada de las reformas. Ha logrado bajar la inflación de niveles de hiperinflación a tasas moderadas, lo que es medianamente sencillo. Lo difícil es pasar a una estabilidad completa y sostenible“.
En ese momento, el exministro de Economía durante el menemismo se refirió al cruce que tiempo atrás tuvo con el presidente Javier Milei, cuando opinó sobre el valor del tipo de cambio y el mandatario le respondió. “Se enojó conmigo porque yo había dicho que, en mi opinión, el dólar estaba atrasado y lo usaban para acelerar la baja de la inflación, pero eso iba a traer consecuencias más adelante. No sé por qué se enojó, el argumento que yo hacía era a favor de que tuvieran éxito con el plan de estabilización”, dijo.
Acto seguido, Cavallo analizó la administración de Milei en materia económica y recalcó sobre el valor actual del dólar que no es un tipo de cambio de equilibrio de un mercado que funcione con total libertad y sin represión financiera. “Sostengo que hay que transformar al peso en una moneda convertible y que todos puedan pasarse entre ambas divisas, pero que den lugar a crédito, para que los bancos puedan prestar. Hay que tratar de que presten a mediano y largo plazo”.
A modo de cierre, afirmó que, para 2027 -año en que se realizarán las elecciones presidenciales-, la tasa de inflación mensual podría ser “bastante baja, así como lo fue en 1993 después de la convertibilidad” e insistió: “Se puede llegar a eso pero, primero, hay que eliminar los desajustes de precios relativos y dejar que la moneda sea convertible”.
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