SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En plena reconfiguración del escenario político libertario en Río Negro, la diputada nacional Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) perdió la presidencia de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados. Fue un desplazamiento que indica que el karinismo no piensa en ella para ocupar puestos relevantes.

La electa senadora renunció a su banca tras la polémica sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico –quedó salpicada por su relación estrecha con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, el narco extraditado a Estados Unidos-, aunque retuvo su banca en Diputados, donde tiene mandato hasta 2027.

Allí presidía la Comisión de Energía, aunque no fue ratificada en su rol: al constituirse la comisión esta semana, el oficialismo propuso al mendocino Facundo Correa Llano. En la reunión de ayer, de la que participó la rionegrina, no se hizo referencia a la presidenta anterior.

De hecho, en octubre del año pasado, y luego de que se expusiera en los medios su detención y condena por narcotráfico en Estados Unidos (fue hallada culpable en 2002 en Florida, logró anular la sentencia y que ordenaran un nuevo juicio, pero la acusación se cerró formalmente en 2017), dos parlamentarios elevaron pedidos para que fuera removida de la presidencia de la Comisión de Energía y Combustibles.

Uno de los proyectos de resolución fue de la diputada nacional del PRO representante de Chubut, Ana Clara Romero, quien afirmó: “No podemos tener a una chanta en un lugar tan estratégico para el país”. Agregó que la materia de la comisión “exige un marco de estabilidad, confianza y previsibilidad que claramente el prontuario de la actual presidenta dista de brindarle”.

El diputado santafesino Esteban Paulón también presentó un proyecto en el mismo sentido: “Los vínculos de la candidata libertaria y diputada Lorena Villaverde con la trama narco de Machado, y sus amenazas al periodista Nicolás Wiñazki la inhabilitan para seguir al frente de la comisión de Energía. Como miembro de esa comisión pido su remoción inmediata”, sostuvo.

También el exdiputado Facundo Manes reclamó su exclusión: “Tenemos que construir transversalmente un ´No pasarán´ al narcotráfico, que es la amenaza más fuerte que tiene hoy el sistema democrático en América Latina», dijo.

Al constituirse las comisiones legislativas esta semana, el diputado cordobés Gabriel Bornoroni propuso a Correa Llano para la presidencia de Energía. El diputado del bloque oficialista y presidente de LLA Mendoza dijo tras asumir: “Es un honor y una gran responsabilidad en un momento donde la energía es clave para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina”.

Nuevo embargo

La Justicia de Río Negro embargó recientemente a Villaverde por 31 millones de pesos en una causa por venta de terrenos.

La jueza Vanessa Kozaczuk respondió así a la demanda presentada por Alejandro Kanjer, un damnificado que aseguró haber firmado un contrato para adquirir un terreno en Tajamar, propiedad de Villaverde. Kanjer dijo que las tareas de infraestructura pactadas no se concretaron y que no pudo avanzar en la escrituración de su lote.

El caso se suma al de diversos damnificados que compraron lotes en el desarrollo inmobiliario en Las Grutas. En diciembre pasado, el juez de Bariloche Santiago Morán dispuso el embargo de la dieta de Villaverde como diputada nacional y el medio aguinaldo hasta cubrir unos 40 millones de pesos.

Villaverde está acusada por daños y perjuicios en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. En sus fundamentos, el fallo de Morán subrayó el incumplimiento contractual y cobro de un canon locativo derivado de esa falta de entrega.

En el caso del damnificado barilochense, la operación de compra del lote en cuestión se concretó en 2022. Si bien el desarrollo contaría con calles internas de ripio, provisión de agua potable, electricidad y alumbrado público, a tres años de la firma el comprador no había recibido aún su terreno. Los servicios pactados tampoco se habían realizado.

En agosto de 2025, el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de San Antonio Oeste dictaminó otro embargo preventivo de hasta 50 millones de pesos contra Villaverde. Frente a otras dos demandas, la diputada de LLA homologó acuerdos con dos mujeres damnificadas: para evitar el juicio, accedió a pagar 12 millones y 10 millones en dos cuotas mensuales, respectivamente.

En otros expedientes similares que se abrieron por perjuicios vinculados con el loteo Tajamar de Las Grutas, Villaverde había afirmado que la pandemia demoró las obras y extendió los plazos de entrega de los terrenos.

La diputada Marcela Pagano y su pareja el abogado Franco Bindi, de lazos con el mundo de la inteligencia, tuvieron un revés judicial. La Cámara Federal de Casación les denegó un recurso extraordinario contra el fallo que les rechazó presentarse como imputados y acceder al expediente en la causa en que se investigan las grabaciones clandestinas que dieron origen al caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Se trata de las compras de medicamentos para discapacitados con supuestos sobreprecios y de manera cartelizada, por la que está procesado el extitular de la Andis Diego Spagnuolo.

Este expediente se originó en la filtración de supuestas grabaciones de Spagnuolo en las que admitía el pago de coimas y hablaba de que Karina Milei cobraba un 3 por ciento de los pagos.

Apenas estalló el escándalo, el Gobierno apuntó a Pagano como la sospechosa de haber granado esos audios y a su marido Bindi, un abogado que representó intereses de Venezuela en la Argentina y se lo asoció con las negociaciones con el gobierno de ese país para el retorno del gendarme Nahuel Gallo.

Ante los rumores que ligaban a Pagano y Bindi con la filtración de los audios de la causa Andis, ambos se presentaron para ser considerados imputados y acceder al expediente de ese supuesto espionaje ilegal. Se lo negaron en primera instancia, en la Cámara Federal y fueron entonces a la Cámara Federal de Casación.

Ahora la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, denegó el recurso extraordinario interpuesto por Pagano y su pareja, contra el rechazo de su queja.

Con este recurso, la pareja quería que se revise una decisión de denegarles el acceso al expediente y permitir que se presenten con un abogado defensor, ya que no se encuentran formalmente imputados en la causa.

La causa se inició el 1 de septiembre de 2025 mediante una denuncia del Ministerio de Seguridad en la que se puso en conocimiento que se filtraron audios ilegales, que fueron grabados en el ámbito de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei y en el Congreso, vinculados a Martín Menem.

Los hechos denunciados consisten en la producción, manipulación y difusión sistemática de grabaciones atribuidas a funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

Las conductas formarían parte del ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante la posible violación a la ley de Inteligencia Nacional Nro. Ley 25.520, señala la denuncia que tiene el fiscal Carlos Stornelli.

Según la denuncia, el propósito de los autores era influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las elecciones legislativas que tuvieron lugar en 2025.

De momento, la resolución de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la decisión de las instancias anteriores de mantener por fuera del expediente a la dupla Pagano-Bindi.