POLITICA
En su pedido de refugio, “Fred” Machado aseguró que en EE.UU. lo vinculan al narco por un “estereotipo”
Federico “Fred” Machado se enfrenta a un inminente traslado a Estados Unidos. En su intento de frenarlo, el empresario acusado de fraude y narcotráfico solicitó que se le conceda el carácter de “refugiado” en la Argentina, pese a ser nacional. Cuando realizó el pedido, argumentó que el país norteamericano lo perseguía injustamente. Según él, por motivos de procedencia y color de piel.
Machado dijo que encajaba con un “estereotipo de delincuente narcotraficante: latino (argentino), inmigrante, vinculado con el transporte transfronterizo“, y que por eso lo buscaban en un contexto de violación ”sistemática de los derechos humanos de sus ciudadanos en toda investigación de delitos relacionados con el narcotráfico, como asimismo persecución por motivos de raza y nacionalidad”.
El empresario, que había desarrollado un proyecto minero en Guatemala (“Minas del Pueblo”), sostuvo que el sistema penal estadounidense, en su afán por ganar la llamada “guerra contra el narcotráfico”, convierte a los imputados en “materia prima que alimenta el sistema judicial”.
En Estados Unidos, Machado firmó un acuerdo de cooperación. En ese sentido, relató que el fiscal Ernest González le comunicó que si no cooperaba lo suficiente “no sería difícil encontrar elementos con que imputarme esos cargos”.
Esto, según Machado, no fue más que una “extorsión: o colaboraba con ellos entregando información (que con el tiempo sería lo mismo que decir ‘entregando gente’, en referencia a mis inversores) o iba preso”.
Sumado a ello, según Machado, la fiscalía fue directamente contra su derecho de defensa: dijo que un agente, llamado Jack Stevens, llegó a enviarle un correo electrónico pidiéndole que firmara un documento para relevar a su abogado del secreto profesional.
El relato de Machado se volvió más insólito cuando describió la supuesta fragilidad de las pruebas en su contra y el “desprecio” por las que demostraban su proclamada inocencia. Al revisar la documentación obtenida tras solicitar el discovery, aseguró que la única prueba incriminatoria era un chiste.
“Un mensaje de texto de tono evidentemente humorístico”, que él había enviado a una socia y que los agentes, en un principio, habían reconocido como una broma, pero que “ahora, de pronto, supongo que porque no tenían cómo justificar los cargos, había adquirido un carácter incriminatorio”.
“La única comunicación consignada en el expediente relacionada con el narcotráfico era un mensaje de texto de tono evidentemente humorístico que yo le había enviado a Mercer, referido a un video viralizado en las redes sociales donde se ve despegar de una pista clandestina uno de sus aviones que presuntamente había sido decomisado por las autoridades guatemaltecas y estaba sin volar. ‘Ahí va tu avión’, le había escrito en el mensaje de texto que los agentes encontraron en mi teléfono móvil cuando lo puse a su disposición en la primera reunión”, relató Machado.
Machado aseguró que se sometió a una prueba de polígrafo con un exanalista de la CIA donde “no hubo en el resultado absolutamente ningún indicio de que yo estuviera mintiendo, ni de que tuviera relación con el narcotráfico”. Estos resultados, que “no podían haber sido más favorables”, fueron “ignorados de manera alevosa por la fiscalía”, dijo.
Según Machado, la presión y la exigencia de un “servilismo” bajo el eufemismo de “cooperación” resultaron ser una “lógica irresoluble” que lo condujo a un colapso mental. “Fue auténtica y real tortura: no podía dormir, no podía pensar y todos los ámbitos de mi vida y relaciones personales sufrieron un tremendo deterioro”, afirmó.
En su pedido de refugio en la Argentina, Machado documentó informes psiquiátricos. La tensión culminó en un episodio de desesperación: después de ser obligado a participar en una videollamada con sus inversores diciéndoles frases “de película clase B del tipo ‘Ahora sí que la hicimos’, ‘Nunca antes habíamos ganado tanto’”, el agente Stevens concluyó que, pese a los “silencios de incomprensión” de los inversores, estaban “convencidos al mil por ciento de que estaban involucrados”.
Machado llegó a considerar que “el único camino era matarme”. Finalmente, relató que la situación se tornó aún más “peligrosa” cuando el fiscal Ernest González hizo público el caso, acusándolo en una conferencia de prensa de ser parte de una banda internacional.
Tras la declaración, la prensa argentina y guatemalteca llegó a mencionarlo -según dijo- “en términos de capo narcotraficante, al punto de mencionarse como un hecho que me había quedado con las rutas al cártel de Sinaloa, lo que me llenó de terror: ahora podía también asesinarme cualquier sicario que creyera la versión”.
Ante la certeza de que ser extraditado “volverá a hundir[lo] en la vorágine irracional de amenazas, persecución y ataques”, Machado pidió que el Estado le brinde protección bajo el estatuto de refugiado, dado que el Tratado de Extradición con EE.UU. no le permite optar por ser juzgado en tribunales argentinos.
Camila Dolabjian,Conforme a
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) ratificó una jornada de protesta nacional que afectará diversos servicios públicos y privados este viernes 27 de febrero. La decisión surgió tras un encuentro de delegados en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) con el objetivo de coordinar la resistencia frente al proyecto oficial que debate el Poder Legislativo.
Sí. El FreSU concretará una huelga total de actividades durante esa jornada en todo el territorio nacional. La protesta coincide con el inicio del tratamiento legislativo de la reforma laboral en la Cámara de Senadores.
Esta coalición, que agrupa a sectores del transporte, empleados estatales y movimientos sociales, exige la anulación del proyecto normativo y pide una recomposición salarial urgente para los trabajadores. Los gremios que integran el espacio garantizan la efectividad de la medida.
Cada agrupación integrante posee la facultad para decidir su forma de reclamo según el convenio específico de su actividad. La paralización de tareas busca visibilizar el rechazo a las políticas económicas de la administración central.
La columna principal de manifestantes iniciará su recorrido a las 10 de la mañana del viernes. El punto de encuentro fijado por los organizadores se sitúa en la intersección de Avenida de Mayo y Salta, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde ese lugar, las columnas caminarán hacia las puertas del edificio del Congreso para presionar a los senadores durante el debate parlamentario. La consigna oficial de la convocatoria expresa: “En contra de la reforma laboral, por nuestro derechos y por aumentos de salarios ya”. Esta convocatoria quedó firme luego de la asamblea del pasado lunes 23 de febrero en la sede gremial de la calle Salta.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó el martes 24 de febrero su adhesión formal al paro nacional y a la marcha. Rodolfo Aguiar, secretario general de la entidad, justificó la acción callejera: “Tenemos que evitar que se apruebe una ley que va a profundizar la precarización de todos los trabajadores porque se trata de una norma que sólo beneficia a los empleadores”.
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la CTA Autónoma también sumaron su respaldo a la jornada. Ambas centrales obreras aportarán sus estructuras para fortalecer la presencia en la vía pública. Se suma la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.). Esta organización representa a los empleados del sector aceitero y garantiza el cese de tareas en sus plantas industriales.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) optó por un esquema diferenciado para esta fecha de protesta. El sindicato que conduce Abel Furlán convocó a sus afiliados a marchar hacia la zona del Poder Legislativo, pero omitió el dictado de un cese de actividades general en las fábricas.
Esta decisión marca una distancia táctica con otros componentes del FreSU. El referente metalúrgico busca presionar a la conducción de la central obrera mayoritaria para endurecer el plan de lucha contra las reformas gubernamentales.
Furlán expresó su postura durante un acto previo sobre la Avenida de Mayo: “Tal vez la semana que viene haya otra sesión en el Congreso. Por eso vamos a exigirle a la CGT un paro de 36 horas con movilización”.
La intención del dirigente apunta a que la entidad madre del sindicalismo abandone la estrategia de huelgas sin presencia en las calles. La semana pasada, la Confederación General del Trabajo cumplió su cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei, aunque evitó la concentración masiva de personas en la vía pública.
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El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, advirtió que “la nueva criminalidad exige un Código Penal actualizado en la Argentina”. Así lo sostuvo durante una entrevista con Infobae al regreso, donde repasó la necesidad de modernizar el sistema legal para enfrentar los desafíos que imponen los delitos actuales, muchos de los cuales no existían cuando se redactó la norma vigente.
Según explicó Borinsky, el país opera con un Código Penal que acumula más de cien años y una Ley Penal Juvenil que data de la dictadura militar, sancionada en 1980. El magistrado remarcó que ninguna de estas leyes fue debatida en democracia. “No está bien que tengamos una ley que es de la época de la dictadura militar. No está bien que tengamos una ley que no fue debatida en democracia, en un marco que es el propio, que es el del Congreso”, señaló. De acuerdo con el juez existe la urgencia de firmar “un nuevo contrato con la sociedad”, que defina con claridad los límites entre lo permitido y lo prohibido, y establezca consecuencias jurídicas acordes a los tiempos actuales.
La entrevista ahondó en el debate en torno a la edad de imputabilidad de los menores. Para Borinsky, el eje de la discusión no debe centrarse en un número específico, sino en el modo en que el Estado asume la educación y reinserción de los jóvenes en conflicto con la ley. El juez recordó una conversación con el papa Francisco en la que el pontífice le advirtió: “Lo primero que hay que pensar con los chicos es en el día después”. En ese sentido, agregó: “Hoy el debate se lo lleva la marca, se la lleva la edad. Tenemos que pensar cómo lo vamos a integrar. Es un chico y cometió un delito, después discutamos cuál es ese número, pero pensemos en cuál es la política de Estado”.
El magistrado insistió en que la legislación vigente ubica la edad de imputabilidad en dieciséis años, un parámetro que –según sus palabras– quedó desactualizado frente a la realidad regional y mundial. “El continente no hay nadie que tenga esa edad. Todos los países tienden a la baja. Por otras particularidades de los menores: que empiezan a manejar, que pueden invertir en la Comisión de Valores, que pueden ir a votar”, explicó.
El desafío, planteó, radica en diseñar una política integral que combine sanciones con mecanismos de acompañamiento social, psicológico y deportivo, siempre bajo un método democrático.
La discusión sobre la actualización del Código Penal no se limita a cuestiones técnicas. Borinsky alertó que en los últimos años surgieron modalidades delictivas que no existían cuando se sancionó la norma original, como el narcotráfico, el sicariato, el cibercrimen, la pornovenganza, la estafa piramidal, el motovehículo y la salidera bancaria. “La sociedad te pide: ‘Che, esto es importante, esto nos está afectando a todos, esto es lo que está pasando hoy en la calle todos los días’. Bueno, le damos más importancia”, indicó.
En otro tramo de la entrevista, Borinsky relató su intervención en el caso que involucró a la expresidenta Cristina Kirchner. El juez precisó que debió analizar la sentencia dictada por el tribunal oral federal, en el marco de una causa donde había quince personas acusadas y una sentencia de casi mil quinientas fojas. “Nosotros no hacemos el juicio; lo que nosotros hacemos es analizar si esa sentencia está bien o mal dictada en función de los planteos e impugnaciones que hacen las partes. Y a su vez, ese fallo que he dictado, la Corte Suprema también lo convalidó, que esa es la tranquilidad”, manifestó.
Por último, en cuanto al impacto de las nuevas figuras penales, Borinsky detalló que el nuevo Código Penal incorporará delitos económicos, fiscales, aduaneros y cambiarios, así como manipulación genética, moving laboral, discriminación, delitos de odio, delitos informáticos, delitos en el deporte y terrorismo, incluyendo el financiamiento. El texto también sumará la ley de responsabilidad empresarial y tipificará el genocidio y el delito de lesa humanidad como imprescriptibles.
POLITICA
Trabajadores toman una fábrica de Tierra del Fuego y se agudiza el conflicto industrial en la provincia
Trabajadores tomaron una fábrica de aires acondicionados en Río Grande, Tierra del Fuego, por demoras en el pago de salarios y el temor a inminentes despidos. Es un nuevo síntoma de la crisis industrial que atraviesa la provincia tras la retracción del consumo y la apertura de las importaciones. En el gobierno provincial apuntan contra Javier Milei por los embates a la economía local y los problemas de empleo en el distrito.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció que Aires del Sur tiene paralizada la planta desde diciembre y que sus 140 trabajadores no cobran desde entonces. “En estos momentos, con casi dos meses sin percibir el salario, están peligrando los alquileres de la gente, la alimentación de los hijos”, aseguró en declaraciones radiales Esteban Lewin, delegado gremial en la empresa afectada.
El sindicalista agregó: “Durante el período vacacional estaban haciendo trabajos de refacciones. Primero pidieron una semana más para esas refacciones, después otras. Luego dejaron de pagar unos premios que correspondían, abonaron solo el 25% del sueldo y ya no hubo más diálogo. No se presentaron a las audiencias con el Ministerio de Trabajo”.
Ante la falta de respuesta, los empleados reclaman contra el cierre definitivo de la fábrica y la pérdida de más de un centenar de puestos de trabajo. Según pudo saber , Roberto Ceretti, presidente de la empresa, ya presentó una nota solicitando que se declare la quiebra directa de Aires del Sur por el cese de pagos generalizado.
“Se denuncia el fracaso definitivo del plan de continuidad productiva controlada oportunamente presentado y la inviabilidad de la empresa”, dice el escrito al que pudo acceder este medio. “La actual administración asumió la conducción de la sociedad en el mes de noviembre de 2025, encontrando una estructura económica y financiera profundamente deteriorada, producto de un modelo de financiamiento comercial deficitario, agravado por las condiciones del mercado desde fines del 2023″.
En redes sociales, la filial de Río Grande de la UOM convocó a una nueva movilización afuera de la fábrica para este jueves a las 15.30.
De confirmarse, el cierre de la fábrica sumaría más presión a una provincia donde el empleo privado no deja de retroceder. “Estamos tratando que se solucione [el conflicto] porque serían más pérdidas de trabajo de las que llevamos, sobre todo en Río Grande donde es un desastre la situación”, dijo el gobernador Gustavo Melella a .
A diferencia de lo que sucedía hace 15 años -según relataron vecinos de Ushuaia a -, la industria local dejó de representar una salida laboral segura. En los últimos años, se extendió la modalidad de contratación temporal por pocos meses -lo que a nivel local se conoce como “contratos basura”-, lo que favoreció cierta precarización e inestabilidad laboral en el distrito.
La caída en la venta de celulares y dispositivos electrónicos -en buena medida por la escalada inflacionaria del último gobierno kirchnerista y la pérdida de poder adquisitivo que persiste hasta estos días- habría motivado recortes de personal en fábricas fueguinas. La electrónica es uno de los principales rubros de la provincia austral.
En este contexto, a mediados del año pasado, la UOM y representantes de las empresas electrónicas locales firmaron un acuerdo de estabilidad laboral para la preservación del empleo en la provincia. Las partes se habían comprometido a levantar medidas de fuerza a cambio de que se dejaran sin efecto despidos y ceses de contratos. Ese pacto caducó el 31 de diciembre, lo que agudizó la incertidumbre respecto del futuro del empleo en la provincia.
“La situación hoy de la industria tiene que ver con dos grandes aspectos. Una, principalmente, es la baja del consumo. En la Argentina, si vos decidís pagarte tus remedios, vivir, comer, si casi no llegas a cumplir con tus obligaciones, no te vas a estar comprando ni un celular, ni un televisor ni un aire acondicionado”, sostuvo Melella a este medio.
Y agregó: “En segundo lugar, están las últimas disposiciones del tema aranceles que favorecen la importación y golpean a nuestra industria también. Las medidas nacionales llevan a la muerte de la industria nacional”. Desde el 16 de enero, rige la quita de aranceles para la importación de celulares, lo que -estiman en la provincia- acentuará en los próximos meses la crisis en la producción local.
A la reciente apertura de las importaciones para celulares, se prevé que el año que viene se sume el vencimiento de las medidas antidumping impuestas en 2016 para equipos de aires acondicionados de origen chino, lo que podría afectar a otras empresas que como Aires del Sur se dedican a la producción de estos bienes. En julio de 2022 -a través de la resolución 543/2022- se habían prorrogado por cinco años estas normas proteccionistas.
Hay una antecedente poco alentador. En 2024 se levantaron las medidas antidumping que restringían la importación de microondas, lo que habría reducido a menos de la mitad la producción local.
Además de la industria tecnológica y de electrodomésticos, en el gobierno de Melella también advierten sobre el retroceso del sector textil. Según cifras de la administración fueguina, de 952 trabajadores de esta actividad en diciembre de 2023, el mes pasado solo quedaban empleados 284. Y estiman que, en el último año, se perdieron alrededor de 6200 puestos de trabajo entre industria, construcción, comercio y turismo.
En este escenario, y en medio de la toma de Aires del Sur, la senadora nacional de Fuerza Patria Cristina López volvió a cruzar al gobierno nacional por sus políticas económicas de libre mercado y advirtió sobre el efecto que podría tener la reforma laboral en el crecimiento del desempleo en su distrito.
“‘Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos’. Y Milei cumple. 140 trabajadores de Aires del Sur ocupan la planta en defensa de sus puestos de trabajo. 50 trabajadores de Telecomunicaciones Fueguinas fueron despedidos la semana pasada”, escribió en sus redes sociales en un posteo en el que citaba despidos en otras industrias de Tierra del Fuego como Mirgor y Newsan. “Todo esto sin la reforma de la esclavitud laboral. Imaginen lo que va a pasar cuando la aprueben”, concluyó.
López fue la única senadora de su provincia que se opuso a la reforma impulsada por Casa Rosada. Los otros dos legisladores fueguinos, Agustín Coto y Belén Monte de Oca -ambos de La Libertad Avanza-, votaron a favor de la iniciativa. En la Cámara baja, en tanto, los oficialistas Santiago Pauli y Miguel Rodríguez apoyaron el proyecto, mientras que Jorge Araujo y Andrea Freites, del PJ, lo rechazaron.
En cambio, Agustín Tita, hombre cercano al gobernador Melella, no asistió a la sesión, pero, al igual que sus compañeros del PJ, se mostró en contra de la reforma. En su cuenta de X (exTwitter), compartió un escrito en el que los mandatarios de Tierra del Fuego, Buenos Aires (Axel Kicillof), Formosa (Gildo Insfrán), Santiago del Estero (Elías Suárez), La Rioja (Ricardo Quintela) y La Pampa (Sergio Ziliotto) argumentaban su rechazo al proyecto libertario.
“Tal como sucedió con anteriores experimentos de flexibilización laboral, esta reforma no generará más empleo ni promoverá la formalización; por el contrario, facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará riesgos e incertidumbre hacia los trabajadores”, decía el texto difundido.
embates a la economía local,View this post on Instagram,relataron vecinos,preservación del empleo en la provincia.,últimas disposiciones del tema aranceles,acentuará en los próximos meses,resolución 543/2022,January 14, 2026,industria tecnológica,reforma laboral,pic.twitter.com/R072JmH2nF,February 23, 2026,única senadora de su provincia que se opuso,apoyaron el proyecto,no asistió a la sesión,esta reforma no generará más empleo,Abigail Contreiras Martínez,Tierra del Fuego,Gustavo Melella,Empleos,Conforme a,Tierra del Fuego,,En campos y también en zonas urbanas. El ataque a un niño reavivó un problema que hace décadas crece en la Patagonia,,“Fue una masacre”. Perros salvajes mataron a 30 llamas en un establecimiento ganadero,,Manuscrito. Una biografía del viento
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