POLITICA
La Justicia rechazó el pedido del Gobierno para reimprimir las boletas en PBA y se mantendrá la foto de Espert

El Gobierno recibió un nuevo revés en su intento de borrar a José Luis Espert de las boletas que se usarán el próximo 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires. La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir todas las BUP y, de esta manera, quedará la foto del ex candidato, que debió renunciar por haber recibido una transferencia de USD 200 mil dólares de Fred Machado, un empresario preso acusado de tener vínculos con narcotraficantes.
Para la justicia electoral, “resulta material, temporal y jurídicamente inviable” realizar de nuevo el proceso de impresión de boletas. Además, apuntaron sobre el riesgo de comprometer la realización misma del acto electoral.
El fallo fue firmado por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.
El conflicto se desató tras la presentación de los apoderados de La Libertad Avanza, quienes comunicaron la renuncia de José Luis Espert y otros dos de sus candidatos a diputados nacionales —, Lucía Elizabeth Benardoni y María Gabriela Gobea—. En ese marco, habían solicitado la reimpresión de todas las boletas únicas papel (BUP) para adecuarlas al nuevo orden de la lista. La Junta Electoral, al considerar que la petición podía afectar intereses de las demás fuerzas políticas y alterar la logística y los costos del operativo electoral, corrió traslado del planteo a todas las agrupaciones y requirió informes técnicos al Ministerio del Interior y al Correo Oficial de la República Argentina.

Justamente, el resto de las agrupaciones políticas manifestaron su oposición a la reimpresión. Entre los argumentos esgrimidos, la apoderada de Unión Federal, Margarita Lavié, subrayó que la implementación de la BUP se basó en el principio de ahorro y eficiencia, y que autorizar la reimpresión en la provincia más extensa del país implicaría un gasto doble injustificable. Por su parte, la apoderada de Potencia, María Gabriela Hernández, advirtió que el proceso de impresión ya se encontraba culminado y en etapa de distribución, y que el Código Electoral no contempla la reimpresión de boletas por renuncia de candidatos. El primer candidato de Nuevo Buenos Aires, Gabriel Santiago Cúneo, recordó el antecedente de 2015, cuando una candidata renunciante permaneció en la boleta utilizada en los comicios.
Por su parte, desde la Justicia señalaron que los informes técnicos resultaron claves para tomar la decisión. Según señaló el Ministerio del Interior, el costo de una eventual reimpresión alcanzaba una cifra de $12.169.655.000, lo que representa casi la totalidad de los recursos disponibles para gastos electorales.
Si bien la cartera aseguró contar con crédito presupuestario suficiente tras readecuaciones, aclaró que el proceso completo de reimpresión demoraría al menos cinco días por lote, con una capacidad máxima de entrega de 3.300.000 boletas diarias, y que la totalidad de los ejemplares solo podría estar lista nueve días después de aprobadas las muestras definitivas. El Correo Oficial precisó que para garantizar la distribución oportuna del material electoral a las 38.760 mesas del distrito, debía recibir el material con una antelación mínima de diez días al comicio, y que cualquier retraso tornaría imposible asegurar la entrega completa.

La Secretaría Electoral del distrito informó que ya se habían impreso y entregado 14.432.516 boletas únicas, actualmente en proceso de control y preparación para su distribución. El informe detalló que la impresión comenzó el 24 de septiembre y que el control de los talonarios involucró a más de cien agentes durante jornadas de diez horas diarias.
De esta forma, los jueces firmantes resolvieron: “Rechazar la solicitud formulada por la alianza “La Libertad Avanza” tendiente a disponer la reimpresión de la totalidad de las boletas únicas papel (BUP) del distrito Buenos Aires para la elección general del 26 de octubre de 2025, por resultar material, temporal y jurídicamente inviable, conforme los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes».
Y sumaron: “Declarar que las boletas únicas papel ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia como instrumento de votación oficial, debiendo ser utilizadas en el acto electoral del próximo 26 de octubre en todo el territorio del distrito Buenos Aires”.
Así las cosas, el próximo 26 de octubre, en el cuarto oscuro de los centros de votación de la provincia de Buenos Aires, las boletas de LLA tendrán la cara de José Luis Espert y de quien quedó como cabeza de lista Karen Reichardt.
POLITICA
Quién es Raúl Horacio Ojeda, el juez K que suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral de Javier Milei

El juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado del Trabajo N°63, dictó un fallo que suspende 82 artículos de la reforma laboral aprobada por el Congreso, hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre los pedidos de inconstitucionalidad planteados por la CGT.
El magistrado cuenta con un perfil académico como docente de la UBA y autor de textos especializados, y entre 2004 y 2012 se desempeñó como asesor del ex ministro de Trabajo, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Tomada en asuntos legislativos.
En su trayectoria, Ojeda manifestó posiciones críticas hacia ciertas normativas, llegando a calificar de “nefasta” a la ley de riesgos del trabajo en una conferencia universitaria en 2022. Durante esa charla, el magistrado defendió la aplicación de la norma más favorable para el trabajador y sostuvo que “el derecho a huelga sale del Pidesc, que es una norma universal de derechos humanos”.
La Justicia puso en pausa la reforma laboral: suspendieron 83 artículos por la presión de la CGT
Además, es vocal del Grupo de Estudio de Derecho Social, una organización que declara confiar en la ciencia jurídica como un medio para la “realización de la justicia social”.
El magistrado, que reemplazó a la jueza María Alejandra D’Agnillo tras su renuncia en 2024, fue objeto de una recusación por parte de Hugo Moyano en 2020 en una causa vinculada a multas gremiales.
Con este nuevo fallo, Ojeda paraliza gran parte de la modernización laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, argumentando que en ocasiones no hace falta plantear la inconstitucionalidad sino “la inaplicabilidad de ciertas normas por el sistema del artículo 9 de ley de contrato del trabajo”.
La decisión judicial fue ratificada por la CGT como un respaldo a la organización sindical frente a las reformas vigentes.
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POLITICA
Crece el nerviosismo en el grupo de gobernadores aliados a Milei por las “promesas incumplidas”

CÓRDOBA.- “Estamos empezando a ponernos nerviosos”, afirman desde una de las gobernaciones peronistas que más cooperaron en el Congreso con La Libertad Avanza (LLA). Y el nerviosismo es contagioso. El rol de los legisladores que responden al tucumano Osvaldo Jaldo, al catamarqueño Raúl Jalil y al salteño Gustavo Sáenz es clave para que, con sus presencias o ausencias, el oficialismo nacional avance con leyes que le son de interés. El nerviosismo que mencionan se vincula con que, una vez más, hay “promesas incumplidas” por la Casa Rosada a lo que se suma la pérdida de recursos por la caída de la recaudación y, por ende, de la coparticipación.
Los tres mandatarios conforman un núcleo dialoguista que la Casa Rosada suele priorizar. Antes de las elecciones legislativas tomaron distancia con los libertarios, pero después volvieron a las alianzas. En el caso de Sáenz, además, viene profundizando sus críticas al kirchnerismo y confrontando directamente con Cristina Kirchner.
LLA volverá a necesitar de su ayuda para avanzar en las reformas que ingresaron al Congreso en los últimos días. “Todo lo que mandan tiene que ver con lo que les interesa a ellos, no abren el juego a las provincias. Cero federalismo. Ningún guiño a temas que son de interés del interior”, plantea uno de los gobernadores del NOA a . Por ejemplo, el jueves pasado el Ejecutivo envió la “Ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger desde 2024, que propone la eliminación de más de 70 normas.
Poco antes de conversar con este diario, según cuenta el gobernador norteño, había tenido un diálogo tenso con un funcionario nacional a quien venía buscando hacía varios días por un reclamo específico. “La mayoría de las veces no saben lo que pasa en las provincias, no vienen al interior, no conocen en detalle los problemas que muchas veces se atraviesan”, enfatiza.
Respecto de los reclamos por infraestructura −liderados por el arreglo de las rutas− la respuesta de Nación pasa porque ya se autorizaron licitaciones, las que continuarán en el marco del proyecto Red Federal de Concesiones, que prevé transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de tramos de la red vial nacional con el objetivo de reducir el déficit y equilibrar las cuentas públicas.
Sáenz, Jaldo y Jalil tuvieron varias reuniones con el ministro del Interior, Diego Santilli. Mantienen buen diálogo institucional con él, pero advierten que en cuestión de fondos debe esperar que lo habiliten.
En las últimas semanas viene planteando la preocupación de las provincias por el debilitamiento de su frente fiscal. Los economistas que siguen sus números estiman que ya habrían caído en déficit. En febrero, los giros de coparticipación nacional a Salta, Tucumán y Catamarca registraron una caída real interanual de 3,2%, 5% y 5,3%, respectivamente. Aunque esas contracciones están por debajo del promedio general.
En lo que va del año, Salta recibió $7500 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y Catamarca con $2500 millones. Para Tucumán no hubo ATN.
Al igual que en el resto de las jurisdicciones, la menor disponibilidad de recursos complica las negociaciones salariales con los sindicatos provinciales. Incluso dos de las tres provincias aliadas en el NOA −Salta y Catamarca− cuentan con proyectos mineros, uno de los sectores de la economía que muestra datos de crecimiento.
Desde los tres distritos insisten en que con la caída del poder adquisitivo aumentan las demandas sobre servicios provinciales como educación y salud, por lo que también deben incrementarse esas partidas. Además, enfatizan, ya vienen financiando otros programas de los que la Nación se retiró.
El mendocino Alfredo Cornejo, aliado electoral de LLA, cuestionó el régimen de coparticipación por favorecer a provincias sin actividad económica propia y reclamó un paquete integral de reformas. Habló en la Insurance Week, organizada por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro.
Sobre la coparticipación, Cornejo aseguró que el esquema vigente es “perverso” porque penaliza a las provincias que generan actividad económica y recaudan ingresos propios, mientras subsidia a aquellas que no lo hacen. A su entender, esta distorsión estructural no puede analizarse de forma aislada. Enfatizó que Mendoza lleva “años de equilibrio fiscal” en un contexto en que eso era “contracultural”.
“La Argentina no puede depender de un presidente, sino de un sistema institucional sólido”, añadió. Como un mérito de Nación es el haber instrumentado reformas “sin ruptura de contratos, lo que envía una señal positiva al mercado”.
jueves pasado el Ejecutivo envió,preocupación de las provincias por el debilitamiento de su frente fiscal,Gabriela Origlia,Salta,Gustavo Sáenz,Tucumán,Conforme a,Salta,,»Generó trabajo». Habló Nicole Pocovi, la novia que se casó en una zona protegida de Salta: señaló a la dueña y al guardaparques,,Así fue el rescate. Un gendarme salvó a cinco monos silvestres que eran trasladados en una caja de manera ilegal,,4 días de fiesta. Este es el permiso de la lujosa boda en la Quebrada de las Conchas que Salta denuncia como falso
POLITICA
Inminente paquete de reformas del Gobierno: la mesa política acelera las negociaciones por proyectos clave para cambiar la agenda mediática

A un mes de cumplirse el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, el Gobierno comenzó a dar muestras de reactivación en los proyectos legislativos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La finalidad es comenzar a mostrar gestión y proactividad en una agenda mediática que está signada -en términos políticos- por los diferentes sucesos que rodean al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Los siguientes pasos en materia de agenda política fueron abordados ayer a la tarde en Casa Rosada en la reunión de mesa política encabezada por Karina Milei y Adorni, donde estuvieron Santiago Caputo (asesor presidencial), Luis Caputo (ministro de Economía), Diego Santilli (ministro del Interior), Patricia Bullrich (jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado), Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Eduardo “Lule” Menem (armador nacional) e Ignacio Devitt (secretario de Asuntos Estratégicos).
El encuentro duró algo más de dos horas, lo cual da cuenta de la reactivación de estas gestiones políticas. Según confirmó una altísima fuente de Gobierno, habrá una primera etapa en las próximas semanas donde el foco pasará particularmente por la Cámara de Diputados. “Nuestra idea es que las negociaciones se enfoquen en la Ley de Glaciares, clave para el Presidente. La semana que viene se reactivan las exposiciones”, afirman.
El próximo paso para el oficialismo de La Libertad Avanza es decidir una fecha para que se retome el plenario informativo sobre esa iniciativa, que tuvo más de 100.000 inscriptos a pocos días de haberse abierto esa convocatoria. La idea del Gobierno es pedirle a cerca de ocho gobernadores -quienes comandan los territorios que se beneficiarían por el incremento de la actividad minera que dispone el proyecto- para que convenzan a legisladores de que voten afirmativamente. También hay diferentes funcionarios que se preparan para hablar ante los diputados nacionales para dar detalles técnicos de cómo se aplicará la normativa en caso de salir.
Si el oficialismo libertario no avanzó antes con la Ley de Glaciares es porque no tenían los votos asegurados para llevarlo al recinto. En el Gobierno consideran que deben gastar los recursos de negociación que tienen para estas semanas en la sanción definitiva de la normativa. Javier Milei considera fundamental que se destraben las condiciones para efectivización de inversiones en el país en el marco de los cuestionamientos de sectores opositores por la política laboral e industrial de la Casa Rosada. El Ministerio de Economía estima 30.000 millones de dólares en inversiones mineras para la próxima década, principalmente en cobre.
El siguiente paso será el del proyecto “Hojarascas”, orientado a derogar más de setenta normas consideradas obsoletas. El texto busca eliminar la acumulación de legislación “inútil” o que no se aplicó, la cual, a los ojos de los ideólogos de esta Ley, entre ellos Federico Sturzenegger, sólo genera “burocracia y sobrecostos”. Ejemplos incluyen regulaciones sobre la microfilmación de documentos oficiales, la obligación de poseer un “carnet de mochilero”, la criminalización de denuncias contra el Estado en organismos internacionales y el establecimiento de fondos, premios y organismos que dejaron de operar o nunca se constituyeron en la práctica.
En mesa política también se definió algo que será novedoso en las próximas horas: seguramente mañana se conocerá un borrador de una primer proyecto que antecederá a la reforma del Código Penal. Es decir, será una iniciativa previa antes de los cambios profundos que preveía impulsar el Gobierno meses atrás a través de un único proyecto de más de 900 artículos.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, decidió adelantar un paquete con nuevas tipificaciones e incrementos de penas para que tengan la posibilidad de salir de manera más rápida y no queden atados al resto de modificaciones penales que el Gobierno tiene en carpeta desde hace al menos un año.
Al día de hoy, el borrador de este nuevo proyecto estaba terminando de ser confeccionado. En tanto, el documento que se dará a conocer por estos días tendrá artículos que incorporarán un “criterio de interpretación Pro-Víctima” que obligue a los jueces a interpretar “en favor de estos”. Como un ejemplo, los casos de participación de la víctima buscan a pasar de ser opcional a obligatoria, con rol en decisiones como la suspensión del juicio a prueba (Probation), que requiere de su consentimiento.
A este paquete de medidas se le suman nuevos tipos penales en los delitos migratorios, la incorporación de las estafas piramidales como modalidad particular, la tipificación de los robos de “viudas negras”, motochorros y de las salideras y entraderas. También se busca crear un delito específico para la tenencia de armas en cárceles, aumentos de las penas por picadas y por daño animal; entre otros.
¿Qué pasará con el resto de la reforma del Código Penal? Desde 2024 que la anterior conducción del Ministerio de Justicia había armado una mesa con jueces, fiscales y catedráticos -liderados por el juez Mariano Borinsky– para terminar un paquete con modificaciones integrales. Seguramente, Mahiques quiera hacer algunos cambios y darle una impronta propia a ese proyecto. En la Casa Rosada afirman que no es cierto que el proyecto de reforma no tenga un incremento de penas por causas de corrupción. “Es absolutamente falso”, afirman.
En el oficialismo buscarán acelerar con la presentación de la reforma política en las próximas semanas. “Esto lo vamos a reactivar de acá en adelante”, afirmó uno de los miembros de la mesa política a Infobae. La Libertad Avanza (LLA) no solo apuesta a implementar cambios en el diseño de la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires sino que busca además modificar la forma en la que se financian los partidos políticos para “distribuir de manera más eficiente el costo que representa el sostenimiento de las actividades de campaña”. De cualquier manera, el aspecto central de la reforma es la eliminación de las PASO.
En el Senado la prioridad pasará por el tratamiento de las postulaciones de 50 jueces, cinco defensores, un fiscal y seis conjueces para cubrir 62 de las más de 300 vacantes que persisten en el Poder Judicial de la Nación. El primer envío fue hecho ayer por el ministro Mahiques a través de la firma de las candidaturas hechas por Milei.
Respecto de la situación interna, en el encuentro de ayer se habló de que Manuel Adorni “sigue 100% firme en el cargo”. El funcionario ha sido blanco de críticas de la oposición y de denuncias judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito, asunto que cobró notoriedad tras la información surgida sobre la compra de una casa en un country en 2024, y la adquisición de un departamento en el barrio de Caballito, donde reconoció que vive desde hace algunos meses.
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