POLITICA
Los movimientos sociales se rearman, realizan una profunda autocrítica y sostienen: “hay que pensar en un plan de contingencia”
“Mi mayor preocupación es que nos pongamos a pensar un plan de contingencia ante el vacío de poder que observo”, advierte sin rodeos Esteban “Gringo” Castro, sentado en una mesa del pequeño bar al aire libre ubicado en la Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, a metros del Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires.
El ex secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Reconoce que las organizaciones sociales fueron golpeadas con fuerza desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Buena parte de ellas fueron y la aplicación de políticas contra los piquetes aplicadas por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; y Sandra Pettovello, su par de Capital Humano, que aplicó mano dura sobre las estructuras de los movimientos populares favorecidos con subsidios, alimentos para distribuir y cargos en niveles jerárquicos en el ex Ministerio de Desarrollo Social, ahora reducido a secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Las denuncias sobre los “comedores que no existen-, y los procesamientos a dirigentes del Polo Obrero, entre ellos su líder indiscutido, Eduardo Belliboni, por dejar sin comida que recibían del Estado a los que no asistían a marchas y cortes y presuntamente desviar fondos que recibían del gobierno para uso político, los deslegitimó ante un sector de la sociedad.
El dirigente del Movimiento Evita, ferviente católico y devoto de la Virgen de Luján habla con calma. Lo caracteriza su tono bajo y abundante barba blanca. Solo el brillo de sus ojos claros demuestran la alarma que contienen sus palabras: “Trato de discutirlo esto, pero no veo que todo el mundo piense como yo. O no ven vacío de poder, o no importa si hay una convulsión social”.
La cita, sin eufemismos, marca el tono de una conversación atravesada por la preocupación y el desencanto. “No hay voluntad de evitar que todo explote. Hay que construir un plan de contingencia, indudablemente. Contingencia y resistencia política. Resistencia y salida”, enfatiza Castro, quien reclama políticas urgentes “que incluyan el salario social complementario y la alimentación garantizada. Hoy hay problemas de salud por falta de alimentación. Eso tiene que estar garantizado”.
Con la calma tensa de quien conoce desde adentro el pulso de los barrios populares, el referente del Movimiento Misioneros de Francisco insiste, una y otra vez, en la ausencia de respuestas institucionales ante el deterioro social y la avanzada del gobierno de La Libertad Avanza contra las organizaciones. “Hoy habría que sentarse a discutir un plan de contingencia, para que no haya convulsión social. Hay hambre, hay bronca, hay odio”, diagnostica. Su voz, por momentos entrecortada por la tos o la indignación, vuelve sin tregua sobre el riesgo de un estallido: “La prevención te garantiza que eso no pase. El Estado está ausente y no veo que las políticas estén pensando en frenar lo que se viene”.
Autocrítica y nuevos desafíos
El propio Esteban “Gringo” Castro no elude el ejercicio crítico al repasar las causas del desgaste que atraviesan hoy los movimientos sociales de la Argentina. El dirigente, con más de dos décadas en la primera línea de la organización popular y el sindicalismo social, reconoce: “Nosotros trabajamos muy bien durante el gobierno de Mauricio Macri, en cuanto a la unidad y la lucha que fuimos dando. Pero los otros cuatro años -se refiere al gobierno de Alberto Fernández-, que nos agarraron dos años de pandemia, el problema que tuvimos es que no fortalecimos el sindicato”, se refiere a la Unión Trabajadores de la Economía Popular de la cual era el principal responsable.
Para el fundador de la agrupación Frente patriótico, ese déficit fue letal: “El sindicato necesitaba ser fortalecido en las ramas, en las regionales. Todo eso no lo pudimos desarrollar”, remarca, reconociendo que la disputa interna por el rumbo organizativo debilitó a la UTEP y a la heterogénea constelación de grupos territoriales. A su juicio, parte del problema residió en un exceso de centralidad política por sobre la consolidación gremial: “Hubo una priorización de la política, de la dirigencia de los movimientos populares, una priorización de ver cuestiones más políticas que gremiales. No supimos cómo construir el gremio”.
El “Gringo” agrega ejemplos concretos que cristalizan la autocrítica: “Nosotros teníamos un proceso inflacionario muy grande y para mí teníamos que ir a plantear a las grandes corporaciones, que son las formadoras de precio, que así no se puede. Discutir, aunque fuera, cuáles son los costos para producir y a cuánto tendrían que vender”.
También reconoce lo que quedó pendiente: “No logramos hacer gestualidad en ese sentido, porque los trabajadores, todos somos trabajadores, tienen que ver la lucha salarial y también la lucha por los precios, por la carestía de la vida. Y esos fueron dos elementos que no fortalecimos”.
– ¿El gobierno de Milei, a través de la ministra Pettovello los castigó muy fuerte por desmanejos con los alimentos, con el programa Potenciar Trabajo…
– Nunca fui “gerente de la pobreza”, como nos llamó, y nunca sentí que mis compañeros lo fueran. Pero es cierto que hubo una vinculación con el Estado. La ministra decía que una auditoría demostraba que no recuerdo que porcentaje de comedores a los que asistíamos no existían. El gobierno ahora tuvo que reconocer que esa auditoría, como tal, nunca se hizo. Son noticias que no se difunden, pero que es real.
El estigma mediático y la ofensiva estatal conforman, para Castro, una parte central del deterioro que afecta hoy a los movimientos sociales. La etiqueta de “gerentes de la pobreza“, impulsada desde el discurso oficial y amplificada por los medios, caló hondo en la percepción pública y debilitó el sentido de pertenencia en los barrios.
El dirigente entiende este fenómeno como parte de una campaña para deslegitimar a las organizaciones sociales y sindicales. “Lo que se logró con Macri fue el salario social complementario, una conquista de los trabajadores”, explica.
Sin embargo, el cambio de ciclo político también supuso una modificación conceptual decisiva. “Cuando viene el gobierno de Alberto, lo que dice es: ‘bueno, ahora se va a llamar Potenciar Trabajo’. Y Potenciar Trabajo es un programa. Pero la verdadera conquista es el salario social complementario. Se dejó de hablar de salario social complementario y, por lo tanto, empezó un sector de la sociedad a decirnos de vuelta, por ejemplo ‘planeros’”.
Castro no esconde su frustración ante la pérdida de legitimidad conseguida en años de lucha. “El salario social complementario es, conceptualmente, muy bueno. Todos los que no tienen trabajo asalariado, todos los que no están registrados como asalariados, merecen un salario social complementario porque trabajan, pero no tienen derechos laborales”, argumenta. Esas reivindicaciones, a su entender, han quedado debilitadas por la ofensiva estatal y por la falta de un respaldo más firme desde adentro de las propias organizaciones.
La estigmatización, entonces, tiene consecuencias materiales: erosiona el tejido interno de los movimientos y profundiza la fragmentación social. “Ese concepto se fue dilapidando y hoy estamos, o por lo menos un grupo de nosotros está de vuelta planteando: hay que volver al salario social complementario”.
En este contexto, Castro está en la reconstrucción de la unidad de todos los movimientos populares para lograr, por un lado, armar una contingencia de unidad nacional ante la convulsión social que avizora puede llegar a estallar, ante el vació de poder provocado por el presidente Milei y su equipo económico.
Por otro lado, articula con otros espacios populares un plan de lucha ya votado por la mesa directiva de la UTEP que fue consensuado en asambleas barriales. Por ejemplo, el despliegue a modo de protestas de ollas populares en 400 puntos del país con distintas organizaciones, entre las más numerosas la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que encabeza Juan Carlos Alderete.
“Lo que empieza a avanzar es el narcotráfico”
Para Esteban “Gringo” Castro, el salario social complementario no fue solo una herramienta de asistencia: representó una conquista histórica de los trabajadores excluidos del circuito formal del empleo. “El salario social complementario era la mitad del salario mínimo, vital y móvil. Te permitía aunque sea aporte jubilatorio y, de alguna manera, tener tu obra social como monotributista social”, explica.
Sin embargo, la posterior transformación del programa y la desaparición de la lógica salarial desdibujaron sus efectos estructurales. A tentender de Castro, esa dilución abrió la puerta para el avance de un Estado que ya no reconoce a los sectores populares ni como sujetos de derecho ni como interlocutores.
Para el dirigente social, pero también para otros referentes de la economía popular como Emilio Pérsico, principal referente del Movimiento Evita; Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, o Nicolás Caropresi, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, organización social fundada por Juan Grabois, frente al desguace del salario social y la ausencia de una mirada territorial planificada, los vacíos que se abren en los barrios más frágiles amenazan con ser ocupados por dinámicas mucho más sombrías. Castro lo describe así: «En territorio, si no están los movimientos populares, los intendentes, las agrupaciones, lo que empieza a avanzar es el narcotráfico» y aclara: Lo que no reemplaza de ninguna manera lo que nosotros hacíamos. Nosotros trabajamos con amor. Vos tenés que ver lo que es una mujer desarrollando una olla popular durante veinte años, dándole de comer a cientos de personas. El narco no está pensando en eso. El narco está vendiendo droga y haciendo mierda a los pibes».
Para los dirigentes populares ese diagnóstico compartido muestra que el desmantelamiento de los mínimos consensos sociales no solo genera necesidades insatisfechas, sino que además habilita lógicas de descomposición territorial que difícilmente se reviertan sin una decisión estatal fuerte y políticas de contención concretas.
Debilitamiento de la protesta callejera
La presencia del miedo como estrategia de gobierno es uno de los diagnósticos más crudos de Esteban “Gringo” Castro. El dirigente observa cómo la política de represión y el hostigamiento desde el inicio de la gestión de Javier Milei han modificado radicalmente el clima de la protesta en las calles. “El Gobierno hizo un trabajo de amedrentamiento de entrada”, señala. “Llegabas a la estación y había parlantes que decían: ‘Ojo, porque te quedas sin el programa de gobierno’. Hubo un inicio de proceso represivo que podía ser cada vez más fuerte. Eso alguna influencia tiene”. Este clima disuasorio, agrega, colaboró con la merma en la convocatoria: “Las marchas actuales de los movimientos sociales, de la UTEP misma, no son tan numerosas como antes”, reconoce.
El temor, sin embargo, no se reduce solo a la amenaza física o la pérdida de beneficios. El escenario de represión está acompañado por la negación del diálogo institucional. “El Gobierno no tiene intenciones de coordinar con los movimientos populares. Los que estamos en los barrios somos los movimientos populares. Pero ellos no quieren coordinar”, explica. Ante la pregunta de si ese corte del vínculo es la única explicación para la caída en la movilización, Castro responde con sinceridad: “Cuando hay coordinación, vos tenés garantizado el alimento para los comedores, el salario social complementario, aunque sea congelado. Cuando sentís que todo eso desaparece y sólo hay amenaza, se genera aún más miedo”.
– Pero, ¿eso no sería mayor incentivo para que la gente salga a manifestarse, al menos para reclamar esas garantías?
– Eso a veces puede ser un incentivo, pero ¿qué tendría de malo? Si igual no te alcanza, salís. Si te alcanza, no salís… Pero no se sale por todo este proceso de miedo: si no tenés vinculación alguna con el Gobierno nacional, te está mostrando todo el tiempo que te va a reprimir y además te amenaza con sacarte lo poco que queda. Hoy, viajar del conurbano a la capital es imposible, no hay recursos. Mucha gente no puede ni siquiera movilizarse. Los compañeros pagaban su boleto para viajar o para movilizarse. Antes, cuando la negociación fallaba, podía haber una movilización, pero ahora hay un clima muy complicado. Que no se esté movilizando ahora favorece el discurso del gobierno. Ahora podemos transitar tranquilos por la Avenida 9 Nueve de Julio. La sociedad está dividida, y muchos lo piensan así, hasta que les toque vivir la otra cara de la exclusión.
La fragmentación del universo laboral y la pérdida de referencia política configuran, para Castro, una de las peores amenazas actuales para la Argentina. El diagnóstico es duro y va más allá de la coyuntura: “Hoy tenés la mitad de la población económicamente activa, once millones de personas, sin derechos laborales. Incluí ahí a todos los chicos que trabajan en el campo, las aplicaciones: ahí no hay patrón, no tenés derechos laborales. Tenés que laburar doce, quince horas para sacar una moneda”, dice y detalla: Esa fragmentación es letal para el país. No hay correlato político. No hay muchos políticos que hablen de ese tema, de tener fragmentada a la clase trabajadora”.
Las respuestas desde el campo político y estatal han sido, a su juicio, insuficientes y abstractas. “Hay alguno que dice: ‘bueno, si construimos un gobierno popular nosotros le vamos a dar trabajo a todos’, pero no hay definición política de cómo resolver el problema de la mitad de la clase trabajadora que no tiene derechos laborales”. El “Gringo” insiste en que, mientras tanto, “la agenda real—como el salario social complementario—prácticamente no está en discusión en la política”.
El peligro del vacío de poder
Uno de los ejes más insistentes y alarmantes del análisis del dirigente del Movimiento Evita es el vacío de poder en el que, según él, ha caído la Argentina. Caso advierte sobre la fragilidad institucional y la ausencia de una estrategia política capaz de prevenir una crisis profunda: “Me parece que hoy estamos en una situación muy riesgosa, en el sentido de que se empieza a visualizar un vacío de poder. Las veces que hubo vacío de poder, hubo algún tipo de convulsión social”.
Para Castro, la diferencia con otras épocas es que la implosión social actual podría no tener ninguna conducción ni planificación. “La gente no tiene remedio, le pide a los intendentes, no tiene para comer, se está tratando de contener como se puede, pero cuando hay vacío de poder es muy peligroso”, señala con preocupación. Sostiene que el gobierno de Javier Milei no solo no busca evitar un estallido, sino que parece apostar por ese caos: “No tiene ninguna intención de construir un plan de contingencia para que no haya convulsión social, sino que al revés, parecería que lo incentiva”.
En un alto en su relato, Esteban “Gringo” Castro, pareja de Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, también dirigente del Movimiento Evita, reflexiona sobre la otras formas de manifestarse de los ciudadanos y que para parte de la política pasa desapercibida: “La multitudinaria peregrinación a Luján del domingo, compuesta por unas dos millones de personas de todos los estratos sociales, fue una maravillosa muestra de fe y manifestación pacífica”.
A través de su relato, el militante social y político recuerdas comentarios de fieles y en este caso, vecinos que “fueron a ganarse un mando y no vendieron nada porque no hay un peso”. Y da un ejemplo: “Un hombre se me acerco para decirme que perdió cien mil pesos, había hecho en su casa empanadas y no se las compró nadie. Pero eso le pasó a todos, no solo a él”, dice preocupado.
– ¿Estamos cerca de una explosión social?
– Yo no te puedo decir porque tendría que ser adivino, pero me preocupa el vacío de poder. Cuando hay vacío de poder, tampoco visualizo desde la política qué salida tiene. No visualizo.
La preocupación no es gratuita: Castro describe la necesidad de conformar espacios multisectoriales, incluir desde gobernadores hasta la iglesia, empresarios y movimientos populares, todos sentados a una mesa para diseñar una salida urgente. “El martes pasado salimos a hacer ollas populares en plazas, reclamando alimento y salario social, que eso fortalecería un plan de contingencia. Pero veo que ni siquiera se discute este tema en los ámbitos donde más falta hace. Es muy difícil discutirlo en medio de un proceso electoral”.
Y persiste en su advertencia: “Es urgente que la política se siente a pensar en un plan de contingencia, porque hay hambre, bronca, odio, y si no se actúa rápido puede ser mucho peor”.
Para el militante católico los puntos básicos de del plan de contingencia son:
–El salario social, que es la mitad del salario mínimo vital y móvil.
–La alimentación: hoy hay problemas de salud por falta de alimentación. La alimentación tiene que estar garantizada, vía olla popular, comunitariamente, individualmente el que puede llegar a fin de mes, pero tiene que tener garantías.»
Castro insiste en que la urgencia es doble: contener la emergencia y, al mismo tiempo, plantear una resistencia política que no abandone el reclamo por una salida inclusiva. “Hay que construir una mesa donde estén desde empresarios, sindicalistas, movimientos populares, gobernadores, intendentes, todo lo que se pueda juntar a construir una salida”.
Como advierte Castro, la fe y la solidaridad barrial continúan siendo el último dique ante la descomposición social, incluso en los momentos más críticos: “Hay mucha fe en nuestro pueblo y eso es un elemento central para salir también”, dice, esperanzado.
La Confederación General del Trabajo (CGT) hizo una presentación formal ante la Justicia para intentar frenar la reforma laboral.
La cúpula de la CGT presentó un amparo judicial ante el Juzgado Contencioso N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico.
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Se trata del mismo juez que había desarticulado en su momento el decreto de desregulación que había decretado Milei a principio de 2024.
El planteo está firmado por el triunvirato de la CGT y por los líderes de los distintos sindicatos que forman parte de la central obrera.
La presentación judicial llega luego de que el lunes pasado la CGT marchara a Tribunales y presentó ante la Justicia un recurso para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral, que recibió sanción definitiva el viernes último en el Senado y aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, había asegurado Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar con el periodismo en la puerta de los tribunales de la calle Talcahuano.
En un comunicado difundido tras la presentación, la central sostuvo que su reclamo de inconstitucionalidad se fundamenta en la afectación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional.
“La mal llamada ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, señaló el texto. Según la CGT, la nueva norma vulnera el principio de Progresividad o No Regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en derechos laborales adquiridos.
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También considera que se viola el Principio Protectorio, basado en la “desigualdad estructural entre empleador y trabajador” y orientado a restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la parte más débil.
En esa línea, el escrito advierte que se afectan derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social, entre otros.
La central cuestionó además aspectos concretos de la reforma. Sostuvo que la normativa permite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”.
Asimismo, objetó la eliminación de “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y transgredieron la ley” y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se abonen en cuotas y a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
CGT, reforma laboral
POLITICA
Milei inicia una nueva gira internacional: cumbre y almuerzo con Trump, inauguración del Argentina Week y visita a Chile
El presidente Javier Milei comenzará este viernes una nueva gira internacional de casi una semana en la que participará de una cumbre de mandatarios latinoamericanos propiciada por Donald Trump, con quien el argentino tendrá luego una reunión aparte. Posteriormente, encabezará el inicio del Argentina Week en Nueva York y hacia el final del viaje participará de la ceremonia de investidumbre de José Antonio Kast en Chile.
Se trata de un viaje que tiene como propósito seguir afianzando sus lazos con Estados Unidos, así como con otros líderes del centro hacia la derecha latinoamericanos. Además, la realización del evento de promoción de inversiones en la Argentina, a realizarse en Nueva York, va a concentrar una intensa actividad de parte de varios integrantes del Gabinete, que viajarán por su cuenta para disertar frente a empresarios.
La Casa Rosada comunicó la agenda oficial del presidente Milei en este viaje internacional abarca una serie de encuentros y actividades clave en Estados Unidos y Chile.
Este viernes 6 de marzo, Milei partirá a las 14:00 desde Buenos Aires en un vuelo especial con destino a Miami, donde arribará a las 22:30 (hora argentina). El Presidente estará acompañado por una comitiva reducida compuesta por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller Pablo Quirno.
El sábado 7, el mandatario participará a las 12:00 (hora local) en la Cumbre “Escudos de las Américas”. Se trata de una reunión de Trump con mandatarios latinoamericanos que busca crear un espacio de concertación bajo el liderazgo de Estados Unidos.
Además de Milei, participarán Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura -Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar -Trinidad y Tobago.
La cumbre de Miami tiene un solo objetivo geopolítico: quebrar el plan diseñado por Xi Jinping para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina. En particular, el foco está en evitar que China pueda ser capaz de acceder fácilmente a estos recursos y que, por el contrario, Estados Unidos tenga un trato preferencial en ese trade por mayores inversiones.
Por ese motivo, el norteamericano no invitó a importantes líderes regionales como Lula da Silva (Brasil) y Claudia Sheinbaum (México), quienes, pese a la divergencia ideológica que tienen con el republicano, mantienen canales abiertos con la Casa Blanca.
El dato a destacar es que, después de realizarse ese encuentro, Trump le ofreció a la Casa Rosada hacer un almuerzo de trabajo ofrecido a las 13:15 para continuar reforzando el alineamiento geopolítico entre ambos países.
No es menor que el pasado domingo, durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, Milei afirmara que el Atlántico Sur será el campo de batalla estratégico de las próximas décadas y expresara su voluntad de transformar la relación con Estados Unidos bajo el liderazgo republicano en una “política de Estado”. En su discurso declaró que se debe “crear el siglo de las Américas: Make Americas Great Again, desde Alaska hasta Tierra del Fuego”.
Al concluir ambas actividades, Milei será distinguido en la Hispanic Prosperity Gala, y a las 19:30 partirá rumbo a Nueva York para presentar tres días después el inicio del Argentina Week.
En ese interín, para el domingo 8 solo está prevista una actividad en la mañana para visitar la tumba del Rebe Lubavitch, la cual ya visitó en otras ocasiones desde que es Presidente, ya que es uno de los referencias espirituales. En tanto, el lunes 9 de marzo, el jefe de Estado disertará a las 13:00 en la Yeshiva University y, por la noche, participará en la Gala Anual J100 de The Algemeiner, donde ofrecerá unas palabras.
El martes 10 a las 8:50 tendrá un encuentro con Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, y a las 9:00 ambos inaugurarán la Argentina Week 2026, el foro en el que participarán más de 300 altos empresarios, diversos integrantes del Gabinete y una decena de gobernadores argentinos para promocionar diferentes sectores estratégicos.
La actividad es organizada por la Embajada Argentina, el JP Morgan y el Bank of America. Según indican fuentes del Gobierno, el objetivo es fortalecer la relación con inversores internacionales en rubros como tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia, industria farmacéutica y nuclear.
A la delegación ejecutiva se sumará una comitiva de gobernadores de provincias argentinas, incluidos Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).
Más tarde, a las 12:00, partirá hacia Santiago de Chile, donde arribará a las 23:30. El miércoles 11, a las 12:00, asistirá a la ceremonia de traspaso del mando presidencial en Valparaíso, en la que asumirá José Antonio Kast, y a las 15:00 iniciará el regreso a Buenos Aires, con llegada estimada a las 17:00.
Lo realmente significativo podría darse al día siguiente. Una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo confirmó días atrás a Infobae que es “altamente probable” que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, viaje a la Capital Federal la próxima semana. El 12 de marzo es la fecha probable de un encuentro con el Presidente y el canciller Pablo Quirno.
Sería un suceso de altísimo simbolismo político. Desde el primer ataque coordinado hacia Irán del último sábado, Rubio se encuentra ante el escenario internacional más tenso de los últimos años y el mayor desde que asumió su cargo, que tiene como función principal la de dirigir la política exterior estadounidense.
La visita plasmaría la estrecha afinidad entre ambas administraciones, algo que ya se plasmó en el salvataje financiero que la Casa Blanca realizó durante el período electoral del año pasado, así como en el viaje que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hizo a la Argentina justo en el marco del anuncio de las tarifas globales de Trump.
Argentina,Diplomacy / Foreign Policy,North America,United States
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La Justicia analiza un informe sobre el supuesto desvío de $1900 millones de las fotomultas en la causa que investiga a un exministro de Kicillof
El escándalo vinculado al exministro de Transporte bonaerense Jorge D‘Onofrio, procesado por presunto lavado de dinero con el sistema de fotomultas y la VTV, generó numerosas denuncias que se convirtieron en al menos tres expedientes que se tramitan en la Justicia federal.
En uno de estos casos se investiga si una serie de municipios desviaron millones de pesos de las fotomultas a la Universidad Nacional de San Martín, que no habría estado registrada como proveedora para intervenir en el proceso.
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Se trata del expediente que lleva adelante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, que conduce Juan Manuel Culotta.
Según pudo saber TN, la Justicia investiga los convenios que 11 municipios firmaron con esa casa de estudios para la administración del cobro de multas por infracciones de tránsito. Entre las jurisdicciones están La Matanza, Roque Pérez, Olavarría y General San Martín.
Meses atrás, el juez Culotta encargó un informe a la Unidad Investigativa contra la corrupción de la Policía Federal para que analizara los convenios con el objeto de determinar la existencia о no de irregularidades en las contrataciones entre los actores mencionados en el expediente, es decir, entre las municipalidades, la Universidad de San Martin, la Fundación de la Universidad de San Martin y la empresa Tránsito Seguro, del empresario Leandro Camani.
En esa documentación consta una declaración de Pablo Sanguinetti, Director de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, que confirmó los convenios entre 11 municipios y la Universidad de San Martín para administrar el sistema de cobro de multas; la prestación de servicios por empresas privadas (Tránsito Seguro); y la distribución de fondos sobre los ingresos por multas entre PBA, municipios, la universidad y la firma de Camani.
Sanguinetti está imputado en la causa que investiga el fiscal Garganta por coordinar la gestión de los gestores que reducían las multas a cambio de dinero. Esa causa la inició el propio empresario Camani.
La normativa establece que de la generación de una multa, el 20% corresponde a la Provincia de Buenos Aires y el resto a los municipios que, a su vez, deben contratar a las empresas privadas que presten el servicio de cámaras.
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Sin embargo, la Justicia investiga si estos 11 municipios desviaban la plata de la fotomulta a la Universidad de San Martín para que luego esta le pague a las firmas proveedoras del servicio. Se cree que, tan solo en 2024, se habrían desviado unos $1900 millones.
En este sentido, el informe que recibió Culotta, establece que se identificaron actas complementarias vinculadas a convenios de asociación estratégica celebrados entre la Fundación UNSAM Innovación y Tecnología (FUNINTEC) y la firma Tránsito Seguro S.A., en el marco de la implementación del Programa de Seguridad Vial en distintos municipios bajo análisis.
En dichas actas, se otorga participación directa a la empresa Tránsito Seguro S.A. en la ejecución de tareas operativas que, conforme al objeto contractual original, habrían correspondido a la Universidad Nacional de San Martín. En rigor, esas tareas eran trasladadas a la Fundación de la universidad y luego tercerizada a Transito Seguro S.A.
De esta forma, según el informe, se verificó una cadena contractual escalonada del convenio principal celebrado entre municipio y universidad, que derivó en un segundo convenio entre la UNSAM y su Fundación (FUNINTEC), y de allí, una tercera instancia contractual mediante actas complementarias que habilitan la participación de Tránsito Seguro S.A. en tareas técnicas, logísticas y administrativas originalmente previstas para la universidad.
Asimismo, de la documentación bancaria se obtuvo una imagen que da cuenta de la existencia de transferencias realizadas desde cuentas bancarias titularizadas por la Fundación UNSAM Innovación y Tecnología hacia la firma Tránsito Seguro S.A., instrumentadas a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
En concreto la subcontratación se dio entre la Fundación de la Universidad San Martin con la empresa TRANSITO SEGURO. Pero para que haya podido intervenir la Fundación, tanto los municipios como la UNSAM hicieron uso de la cláusula del convenio que requería plena conformidad de ambos para la participación e integración de terceros.
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En la denuncia original, se señaló que la Universidad de San Martín no sería proveedora registrada, ni tiene por qué serlo, por lo que no está claro cuál es su aporte en el proceso ya que las cámaras eran aportadas por las empresas.
Según la denuncia, los contratos entre las Universidades Nacionales con empresas privadas como Secutrans S.A. son nulos, ya que el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto 1023/2001, y modificado luego por el Decreto 204/2004, en su artículo 25, inciso D apartado 8, “dispone que en las contrataciones directas entre organismos del Estado, está expresamente prohibida la subcontratación del objeto del contrato en servicios de seguridad, logística o salud, siendo que esta prohibición fue ratificada por el Decreto n° 641/2018″.
Asimismo, se menciona que el Decreto 1091/2024 “termina para siempre con la contratación de universidades para hacer fotomultas”.
La respuesta de Tránsito Seguro
En diálogo con TN, desde Tránsito Seguro afirmaron que en el expediente el organismo a cargo de la auditoría no detectó en el informe ningún tipo de irregularidad y se citaron a los oficiales autores del informe a prestar declaración del mismo.
A su vez, el Tribunal de Cuentas (que entre sus funciones audita y controla cuentas municipales) informó que “no existen observaciones vinculadas a la temática que nos ocupa en los Fallos de cuentas de los Municipios de La Matanza, Roque Pérez, Junín, General Rodríguez, 9 de Julio y San Isidro”.
Por otro lado, marcaron que Tránsito Seguro SA es una firma especializada en el procesamiento de infracciones de tránsito, con amplia experiencia en la implementación de sistemas tecnológicos destinados al control vial en distintos municipios y provincias del país, con equipamiento debidamente homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, así como registrado en el Registro de Proveedores de Tecnología del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.
“Llamativamente, inician las citadas actuaciones en el marco de una causa que tramita en el Juzgado Federal de La Plata a cargo del Dr. Kreplak, originada en el año 2011, en la cual cito textual se investigaban inconsistencias en la recaudación de multas, y se encontraban mencionados CECAITRA y la UTN. Al ser poca la información que tenía de esa causa, fue consultado (Sanguinetti) si en la actualidad aún existían estas situaciones, por lo que puso en conocimiento que advirtieron que en la actualidad había inconsistencia en la recaudación con otros actores, en donde intervenían Universidades y Fundaciones, vinculadas con dos proveedores de tecnológicas y determinados municipios. Los proveedores de tecnologías se llaman “TRANSITO SEGURO” y “SECUTRANS”, esta última no se encuentra seguro de que participe pero es del mismo grupo que “Transito Seguro”. Las empresas citadas por el Sr. Sanguinetti, si bien no tenían nada que ver con lo investigado así como tampoco se han detectado irregularidades en el curso de la investigación, no han sido señaladas casualmente por el ex funcionario hoy imputado, sino debido a la denuncia realizada por Leandro Camani en representación de SECUTRANS, denuncia que ha motivado no solo la salida de todo el gabinete del ex Ministro D´onofrio (inclusive quien origina la presente causa, el Sr. Sanguinetti), sino también el procesamiento de los mencionados en la causa FSM 23688/2024 por lavado de dinero en el Juzgado Federal de Campana, así como la imputación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito en la UFIJ 11 de La Plata (P-00-056058-23/00 caratulada “Quattrochi, Mario y otros s/ Fraude en perjuicio de la Administración Pública“,
Tanto la empresa TRANSITO SEGURO SA como SECUTRANS S.A. han aportado toda la documentación requerida por el Juzgado, así como los Municipios en los cuales presta servicios, sin que a la fecha se hallan detectado cualquier tipo de iregularidades. Es importante remarcar que de las auditorías realizadas por el Honorable Tribunal de Cuentas, así como del informe realizado por la División Anticorrupción de la PFA, no surgen observaciones en ninguno de los municipios referidos», agregaron en el comunicado.
Desde la Universidad de San Martín explicaron a TN que la casa de estudios tiene un Programa de Formación y Gestión de la Seguridad Vial aprobado por su Consejo Superior y que por tal motivo varios municipios de la Provincia de Buenos Aires solicitaron la suscripción de convenios de colaboración para el desarrollo del programa e implementación del Plan de Seguridad Vial Municipal a fines de mejorar la gestión para reducir siniestros.
En este sentido, desde la casa de estudios sostuvieron que el trabajo de la facultad con los municipios se basó en lo siguiente:
- Campañas de concientización y capacitaciones en distintos municipios.
- Gestión administrativa para la provisión de equipos, instalación y mantenimiento preventivo, correctivo y actualización tecnológica para fotomultas.
Por otra parte explicaron que la Universidad no tiene la obligación de estar inscripto en ningún registro de proveedores, ya que la UNSAM desarrolla la gestión administrativa para la gestión de las fotomultas, subcontratando a la empresa Tránsito Seguro S.A. para el aporte de la tecnología necesaria. Esta empresa está debidamente inscripta y tiene los permisos correspondientes para la prestación de los servicios realizados.
Distintas empresas del sector cuestionan supuestos beneficios del Ministerio de Transporte bonaerense en la utilización de radares al empresario Leandro Camani. En este sentido, aseguran que en los últimos días se publicaron en el boletín oficial provincial resoluciones firmadas por el director provincial de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa de la Provincia, Jorge Orzali, autorizando de manera exprés a los municipios de General Pueyrredón, Punta Indio, Dolores, Exaltación de la Cruz y Mar Chiquita, a la instalación de 15 equipos de constatación de infracciones. En el entorno de Camani niegan de forma rotunda esta información.
foto multas, Provincia de Buenos Aires
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