A horas de una sesión clave en el Congreso, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expuso un clima de extrema tensión dentro del peronismo por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El mandatario afirmó que legisladores y dirigentes justicialistas habrían recibido presiones para no acompañar la iniciativa oficialista, que busca modificar las condiciones de contratación y los esquemas de litigiosidad laboral.

La discusión parlamentaria, prevista para esta semana en el Senado, se convirtió en un test político tanto para la administración de Javier Milei como para la cohesión interna del Partido Justicialista. En ese marco, Sáenz aseguró que algunos sectores partidarios advirtieron sobre posibles intervenciones en estructuras provinciales si los representantes del espacio se apartan de la postura de rechazo.

Según el gobernador, la herramienta de disciplinamiento sería el control del sello partidario en cada distrito, un factor decisivo en la política local. En muchas provincias, el PJ continúa siendo la principal plataforma electoral, por lo que una intervención implicaría perder estructura territorial, financiamiento y capacidad de competir en elecciones.

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La disputa se concentra especialmente en el bloque de senadores conocido como Convicción Federal, integrado por legisladores vinculados a gobernadores del interior. Ese grupo mantiene una posición autónoma respecto de la conducción kirchnerista y su voto puede resultar determinante en un escenario de paridad.

Desde hace semanas dialogan tanto con la oposición interna como con la Casa Rosada, priorizando la situación económica de sus distritos.

En el oficialismo creen que el acompañamiento de las provincias será decisivo para la aprobación del proyecto. Por eso, en paralelo a la discusión legislativa, el Gobierno multiplicó contactos con mandatarios provinciales para garantizar apoyos. Las conversaciones incluyen financiamiento, programas nacionales y asistencia fiscal, en un contexto de fuerte ajuste del gasto público.

Los mandatarios dialoguistas argumentan que la reforma laboral puede favorecer la llegada de inversiones y mejorar la creación de empleo en economías regionales golpeadas por la recesión. El kirchnerismo, en cambio, considera que la iniciativa implica una pérdida de derechos laborales y busca bloquearla en el recinto.

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A la presión política se suma la sindical. La CGT convocó a una movilización frente al Congreso durante la sesión y anticipó un clima de fuerte tensión. Si bien la central obrera evitó anunciar un paro general, distintos gremios ya advirtieron que podrían adoptar medidas de fuerza en caso de aprobarse la ley.

El escenario dejó a muchos legisladores en una posición incómoda: entre la estrategia partidaria, la presión sindical y la negociación con el Gobierno. Cada voto podría tener consecuencias en el vínculo con la Nación o en la estructura interna del propio peronismo.

Para Milei, la reforma laboral representa su primer gran intento de aprobar una transformación estructural en un Congreso sin mayorías propias. Para el PJ, en cambio, la votación funciona como una prueba de unidad tras la derrota electoral y las disputas por el liderazgo interno.

Con la sesión convocada y la tensión en aumento, la decisión final dependerá de un puñado de senadores del interior. En la Casa Rosada reconocen que el resultado será ajustado y que el apoyo de las provincias puede inclinar la balanza.

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El Tren de Aragua parece haber elegido a la provincia de Corrientes como una posible base de operaciones en la región. Es en esa jurisdicción que se encontró mayor presencia de grupos e individuos relacionados con la organización terrorista que tiene vínculos con el régimen chavista de Venezuela.

El fiscal federal coordinador del distrito, Carlos Schaefer, indicó a Infobae que la elección de esta provincia por parte de la organización criminal se puede entender gracias a su ubicación geográfica. Según explicó, “la cuestión limítrofe” con Brasil, Paraguay y Uruguay es un factor a considerar.

Sin embargo, “no tenemos un dato preciso” de qué motiva la elección, confesó. Otro elemento que sumó es que la provincia permite moverse con algo más de anonimato, fuera de los centros urbanos principales. La intención podría ser “pasar desapercibidos y ubicarse en una zona limítrofe para, según entiendo, recibir a otros miembros de la organización”.

La banda de Yiyi

En 2023, un procedimiento realizado en la Ruta Provincial 43 de esta provincia culminó con la captura de Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”. Regenteaba una gavilla compuesta por trece personas. Once de ellas son de nacionalidad venezolana. Hay un colombiano y un argentino. El esquema estaba dividido en dos células. Una a cargo de su primo. La otra, de su pareja.

Boscán Bracho vivía en un country de lujo en la ciudad de Corrientes. Allí estaba una parte de su estructura criminal. La restante actuaba en Ezeiza y La Plata.

Interpol había emitido una “alerta roja” sobre el jefe de la banda. En Venezuela lo buscan por varios delitos. Entre ellos, extorsión y asociación para delinquir, homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles. También terrorismo, tráfico de armas y municiones y obstrucción de la libertad de comercios.

En Corrientes llamó la atención que haya comprado una propiedad rural de 15 hectáreas de tierras improductivas a un precio de USD 75 mil y que, además, la pagó en efectivo. La pesquisa judicial descubrió que, mientras estuvo operativo, la banda adquirió campos. También se hizo con propiedades en countries y hasta locales comerciales. Uno de ellos era un centro de estética de uñas en La Plata.

“Yiyi” ingresó a la Argentina con identidad falsa en 2019. Para la Justicia, su arribo marcó el inicio de las actividades del Tren de Aragua en el país.

Se lo procesó por ser miembro de la organización criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El resto de la banda tiene, en su mayor parte, las mismas acusaciones. Está alojado con el rótulo de “extrema peligrosidad” en Ezeiza. Pasa 20 horas al día recluido en su celda. Su expulsión del país está aún en trámite.

En diciembre del 2025, la Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos de toda la gavilla. Casi en paralelo, la Prefectura detuvo a otro supuesto integrante del Tren de Aragua en la provincia.

Los “lobos solitarios”

Uno de estos se llama José Féliz Peñalver Veliz y se lo detectó el sábado 20 de diciembre de 2025, “justo el fin de semana posterior a que se hayan ratificado los procesamientos de la organización” de Yiyi, señaló el fiscal Schaefer.

El hombre fue detenido en Ituzaingó. Intentaba llegar por vía fluvial a Paraguay. Cuando la Prefectura lo detuvo, dijo que le habían robado sus documentos. Fue arrestado.

Se inició entonces una pesquisa internacional para dar con sus datos. Los informes que arribaban a la Justicia Federal de Corrientes eran alarmantes.

El hombre de 35 años formó parte del Ejército venezolano. Tenía una causa pendiente por homicidio en su país. Además, se lo expulsó de los Estados Unidos a comienzos del 2025 por estar indocumentado, portar un arma blanca y tener tatuajes y otros elementos que lo vinculaban con el Tren de Aragua.

Cuando se le hicieron los controles de rutina en Estados Unidos, se le detectaron más de 20 cicatrices en el cuerpo y una bala alojada en el abdomen. Se justificó alegando su condición de militar.

A la Argentina ingresó por Salta a través de un paso clandestino. La Justicia encontró en sus redes sociales un video donde enviaba su “respeto al Tren”. Fue expulsado del país la semana pasada. Estaba alojado en el penal de Marcos Paz.

Menos de 40 días después, se detuvo a otro venezolano relacionado al Tren de Aragua. Esta vez lo ubicaron en Ita-Ibaté. También había traspasado las fronteras nacionales de manera clandestina. Tiene 32 años y se le identificó como Delvis Joel Ascanio Salazar.

“Peñalver Veliz tenía un tatuaje: una pipa como la de Nike. Este tiene otro tipo de tatuajes que podrían vincularlo. Pero no podemos hacer una acusación solo por eso”, puntualizó el Fiscal Federal. “Los estamos encontrando como lobos solitarios”, reseñó luego el funcionario judicial.

La preocupación de los integrantes de la Justicia no se detiene en la penetración del Tren de Aragua. “También detuvimos a una asociación ilícita colombiana que operaba con el ‘gota a gota’, un préstamo usurario a ciudadanos comunes que muchas veces terminan pagando con la vida”, aseveró.

El valor de la decisión política

A la hora de señalar fortalezas del proceso de lucha contra el crimen organizado en general y en particular frente al Tren de Aragua, Schaefer destacó dos factores: la voluntad de acción política y el compromiso de la ciudadanía.

“Hay una decisión política. A este tipo de organizaciones hay que combatirlas a partir de una determinación que surja del Poder Ejecutivo (y que se proyecte) a todas las fuerzas de seguridad abocadas a eso. Se trata de la prevención de un delito grave”, evaluó.

En esa línea, puso énfasis en valorar que el Estado nacional haya declarado al Tren de Aragua como organización terrorista. “Eso facilita las cosas”, enfatizó.

La decisión se tomó durante el 2025 a través de la Resolución 186/2025 firmada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Por medio de esa normativa, el Tren de Aragua quedó incluido en el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET).

El Ejecutivo nacional llegó a esta determinación luego de considerar que la organización representaba “una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”.

De conformidad con informes “de carácter reservado”, se advirtió que el Tren de Aragua desarrollaba conductas vinculadas con el narcotráfico, el tráfico de personas y el contrabando. Entre sus actividades ilícitas también se contaban el secuestro, la extorsión y el lavado de activos.

“En numerosas ocasiones se vale del terror para lograr sus objetivos”, evaluó la cartera de Seguridad.

La complejidad y el alcance del abordaje de las conductas criminales ligadas al crimen organizado “demandan un esfuerzo a nivel nacional para concebir estrategias de intervención adecuadas”, estimó el Ministerio. Así, se permitiría optimizar la asignación de recursos y mejorar los resultados de las investigaciones. Estados Unidos y otros países también impusieron la misma calificación a la organización.

El compromiso social

Por otro lado, Schaefer colocó en la columna de las preocupaciones que los integrantes de estas bandas pueden ingresar con facilidad al país.

Pese a esto, el fiscal dijo que es primordial también proteger a la estructura judicial que investiga los delitos. Por eso se han tomado “medidas para resguardarnos, sobre todo los que estamos más cerca de este tipo de situaciones”, expresó.

Por último, dudó de que exista un conocimiento extendido en la sociedad del peligro que representan este tipo de organizaciones. “Es importante que la comunidad lo sepa. Tiene que estar atenta y alerta a quién se instala en sus lugares. Preguntarse a qué se dedican esas personas, porque a veces ni siquiera tienen una actividad y poseen un montón de bienes”, concluyó.

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Envuelto en una polémica por corrupción y sobreprecios, presentó su renuncia como director de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), Demian Reidel. El asesor de Javier Milei, había sido nombrado por el Presidente en abril del 2025.

Según una denuncia en su contra, la empresa que administra y opera las centrales nucleares en todo el país, habría contratado servicios de limpieza para Atucha y Embalse a un costo más alto que en otras licitaciones.

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En los últimos días, el directorio de la compañía estatal había desplazado a dos de sus hombres de confianza por las denuncias de sobreprecios, lo que derivó en el alejamiento de Reidel.

Desde la firma anunciaron que el reemplazante del hombre cercano a Milei, será Juan Martín Campos, quien quedó a cargo de NASA tras una reunión de accionistas este lunes.

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Anteriormente, el ahora extitular del organismo había quedado bajo sospecha de corrupción, luego de saldar deudas personales por 825 millones de pesos en apenas 18 días en el cargo.

Reidel negó las acusaciones a través de sus redes sociales, y declaró que todos sus movimientos financieros formaban parte de su declaración jurada.

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