POLITICA
La CNE no puede resolver la reimpresión de boletas porque aún no consultó a los otros partidos políticos

Tras habilitar la postulación de Diego Santilli como cabeza de lista de los candidatos a diputados nacionales por el frente de La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires, la Cámara Nacional Electoral dejó en suspenso la cuestión de si se reimprimen o no las boletas únicas para dicha jurisdicción.
Según la CNE, todavía falta dar un paso clave para fallar a favor o en contra de la apelación del Gobierno para reimprimirlas, que es consultar la posibilidad con los otros partidos y frentes políticos que participan en la contienda electoral que se desarrollará el 26 de octubre.
La Cámara Nacional Electoral habilitó a Diego Santilli a liderar la lista libertaria en Buenos Aires
A dos semanas del comicio, esta demora compromete los tiempos para que las nuevas boletas lleguen a toda la provincia.
En su resolución, la CNE habilitó días y horas para tratar el caso dada la urgencia, pero ordenó devolver el expediente a la Junta Electoral Bonaerense por el error procesal: no se habían corrido los traslados correspondientes a las partes antes de conocer la apelación.
La Cámara recordó que la cuestión constituye una cuestión de orden público, ya que involucra a todas las fuerzas políticas del distrito y afecta al proceso electoral. Por esta razón, sostuvo que antes de avanzar debe garantizarse el principio de bilateralidad y el derecho de defensa previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional: todas las partes deben ser notificadas y tener la oportunidad de responder.
En caso contrario, la CNE advirtió que, de no cumplirse ese paso, cualquier decisión podría ser nula al violar garantías constitucionales.
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POLITICA
Qué dijo Martín Menem sobre Florencia Carignano

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó de forma pública la conducta de la legisladora Florencia Carignano durante el debate por la reforma laboral en el Congreso. La diputada de la oposición desconectó los micrófonos de la consola técnica para frenar la discusión del proyecto oficialista y Menem calificó la maniobra como un acto vandálico.
El titular de la Cámara baja utilizó términos duros para referirse a la conducta de la representante de Unión por la Patria y sostuvo que el accionar de la legisladora representa un retroceso en el respeto a las instituciones. En diálogo con Radio La Red, el dirigente expresó: “Entiendo que las sesiones se calientan. Me parece un acto vandálico. Me parece nefasto que Carignano reivindique su actitud, ella tiene que entender las reglas democráticas. Debería haber pedido disculpas. El partido por el que fue electa perdió. Se votó una ley que no le gusta y se la tiene que comer, se la tiene que bancar”.
El presidente de la Cámara apoya la iniciativa para remover a la legisladora de su cargo tras el incidente, ya que considera que las conductas de este tipo exigen sanciones ejemplares dentro del Poder Legislativo. “Creo que Carignano debe ser expulsada pero los números no están. Ese tipo de conductas deben ser sancionadas. Es un acto vandálico que podría tener la consecuencia de poder suspender la sesión”, sostuvo el dirigente libertario.
En la misma linea, mencionó el estado actual de las normas internas del Congreso y señaló que el reglamento requiere una actualización profunda para evitar estos episodios: “Entiendo que la temperatura sube, los temas en disputa son caliente. Tenés un espacio que gobernó mucho tiempo y fracasó, y un espacio nuevo que genera resultados. Se genera un clima denso en el Congreso. Yo condeno cualquier actitud que esté por fuera del reglamento. Pero para condenar esas cosas tenemos que modificar el reglamento, está desactualizado. Pero no tengo facultades para eso, tiene que ir a comisión con un proyecto de resolución. Dos tercios no tiene nadie. Vamos a intentar ir purificando de a poco el sistema. De fondo, las conductas no dejan de ser un problema moral”.
La falta de una mayoría de dos tercios impide el avance inmediato de la expulsión. Menem reconoció que ningún bloque político posee esa fuerza numérica en la actualidad.
El escándalo se desató en la previa del tratamiento de la reforma laboral, cuando los diputados de la oposición denunciaron que el bloque oficialista buscó un debate con pocos oradores. Varios legisladores se acercaron al estrado de la presidencia para manifestar su descontento y en ese entonces, Carignano desconectó los cables de audio de una consola. La diputada libertaria Lilia Lemoine grabó la situación con su dispositivo móvil. En el registro audiovisual se escucha la advertencia de Lemoine: “¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Quedaste grabada”.

Carignano mantuvo su postura firme ante las críticas del oficialismo y reivindicó su decisión de interrumpir el funcionamiento de los micrófonos. La diputada declaró: “Lo volvería a hacer para que no se trate esa ley de mierda”. También utilizó términos despectivos contra los integrantes de la bancada oficialista al llamarlos “descerebrados”.
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POLITICA
La AFA fijó domicilio en la provincia de Buenos Aires para evadir el pedido de auditoría de la IGJ

El gobierno de Axel Kicillof convalidó el traslado de la sede de la Asociación del Fútbol Argentino a la provincia de Buenos Aires, en una decisión que profundiza el enfrentamiento con la Inspección General de Justicia. La IGJ había objetado el cambio de jurisdicción y mantiene abierta una investigación sobre la conducción del fútbol argentino.
La entidad que encabeza Claudio Tapia atraviesa semanas de fuerte exposición pública, con denuncias por presuntas irregularidades contables, el uso de sociedades comerciales vinculadas a la conducción y cuestionamientos sobre el destino de fondos.
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En ese contexto, la IGJ solicitó formalmente ante el Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores en la AFA. El planteo se produjo luego de que el organismo considerara insuficiente la documentación presentada por la asociación ante los requerimientos oficiales.
En el Gobierno sostienen que la intención es supervisar los libros contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, además de obtener información detallada sobre las sociedades comerciales constituidas en los últimos años bajo la estructura de la AFA.
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El Ministerio de Justicia comunicó que el pedido responde a la “gravedad de las irregularidades detectadas” y que la decisión final sobre la intervención quedará bajo su competencia. En el Ejecutivo anticipan que, de avanzar la medida, los veedores serían un contador y dos abogados.
Entre los puntos centrales de la auditoría figura la revisión integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo la adquisición de inmuebles, el equipamiento, la contratación de autoridades y los convenios celebrados con terceros. También se analizarán las relaciones comerciales y financieras con empresas vinculadas a la comercialización de derechos deportivos y operaciones financieras.

La decisión se produce luego de que la IGJ advirtiera que la AFA no presentó el balance correspondiente a 2025, pese a los requerimientos formales y los plazos otorgados. El organismo sostiene que la documentación fue entregada de manera parcial y que aún faltan detalles sobre ingresos y egresos del último ejercicio.
La estrategia de mudarse a la Provincia
El abogado de Tapia, Gregorio Dalbón, difundió que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense había ratificado la mudanza de la AFA y rechazado la competencia del organismo nacional sobre la entidad.
La resolución provincial fue interpretada en la Casa Rosada como un intento de desactivar el alcance de la IGJ y trasladar la discusión al ámbito judicial. En el Gobierno consideran que esta situación “no altera el proceso en curso” y que continuarán con el procedimiento previsto.
Según trascendió, la disposición de la Provincia se firmó horas después de que la IGJ notificara formalmente a la AFA. Además, el documento no precisaría con exactitud el domicilio de la nueva sede en el partido de Pilar, un punto que ya había sido objetado por el organismo nacional.
Días atrás, la IGJ había rechazado el pedido de traslado de la sede social a jurisdicción bonaerense. Tras una inspección en el lugar señalado como nuevo domicilio, los funcionarios concluyeron que no existían allí oficinas ni instalaciones operativas de la entidad.
Desde el organismo de control entendieron que no se trató de un cambio efectivo de sede, sino de una modificación de jurisdicción administrativa. Esa interpretación es la que sostiene ahora la disputa entre Nación y Provincia.
AFA, IGJ, Provincia de Buenos Aires
POLITICA
¿Hay paro el viernes 27 de febrero?

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) ratificó una jornada de protesta nacional que afectará diversos servicios públicos y privados este viernes 27 de febrero. La decisión surgió tras un encuentro de delegados en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) con el objetivo de coordinar la resistencia frente al proyecto oficial que debate el Poder Legislativo.
Sí. El FreSU concretará una huelga total de actividades durante esa jornada en todo el territorio nacional. La protesta coincide con el inicio del tratamiento legislativo de la reforma laboral en la Cámara de Senadores.
Esta coalición, que agrupa a sectores del transporte, empleados estatales y movimientos sociales, exige la anulación del proyecto normativo y pide una recomposición salarial urgente para los trabajadores. Los gremios que integran el espacio garantizan la efectividad de la medida.
Cada agrupación integrante posee la facultad para decidir su forma de reclamo según el convenio específico de su actividad. La paralización de tareas busca visibilizar el rechazo a las políticas económicas de la administración central.
La columna principal de manifestantes iniciará su recorrido a las 10 de la mañana del viernes. El punto de encuentro fijado por los organizadores se sitúa en la intersección de Avenida de Mayo y Salta, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde ese lugar, las columnas caminarán hacia las puertas del edificio del Congreso para presionar a los senadores durante el debate parlamentario. La consigna oficial de la convocatoria expresa: “En contra de la reforma laboral, por nuestro derechos y por aumentos de salarios ya”. Esta convocatoria quedó firme luego de la asamblea del pasado lunes 23 de febrero en la sede gremial de la calle Salta.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó el martes 24 de febrero su adhesión formal al paro nacional y a la marcha. Rodolfo Aguiar, secretario general de la entidad, justificó la acción callejera: “Tenemos que evitar que se apruebe una ley que va a profundizar la precarización de todos los trabajadores porque se trata de una norma que sólo beneficia a los empleadores”.
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la CTA Autónoma también sumaron su respaldo a la jornada. Ambas centrales obreras aportarán sus estructuras para fortalecer la presencia en la vía pública. Se suma la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.). Esta organización representa a los empleados del sector aceitero y garantiza el cese de tareas en sus plantas industriales.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) optó por un esquema diferenciado para esta fecha de protesta. El sindicato que conduce Abel Furlán convocó a sus afiliados a marchar hacia la zona del Poder Legislativo, pero omitió el dictado de un cese de actividades general en las fábricas.
Esta decisión marca una distancia táctica con otros componentes del FreSU. El referente metalúrgico busca presionar a la conducción de la central obrera mayoritaria para endurecer el plan de lucha contra las reformas gubernamentales.
Furlán expresó su postura durante un acto previo sobre la Avenida de Mayo: “Tal vez la semana que viene haya otra sesión en el Congreso. Por eso vamos a exigirle a la CGT un paro de 36 horas con movilización”.
La intención del dirigente apunta a que la entidad madre del sindicalismo abandone la estrategia de huelgas sin presencia en las calles. La semana pasada, la Confederación General del Trabajo cumplió su cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei, aunque evitó la concentración masiva de personas en la vía pública.
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