POLITICA
El Gobierno firmó la extradición de “Fred” Machado y se acerca su traslado a los Estados Unidos
El Gobierno realizó los actos administrativos correspondientes para disponer la extradición de Fred Machado, el empresario juzgado en Estados Unidos por delitos como asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos. El nombre del acusado se hizo público por su financiamiento en la campaña presidencial de 2019 del actual diputado nacional, José Luis Espert. Aquella revelación significó que el dirigente político desistiera de su postulación a renovar su banca por la provincia de Buenos Aires.
Fuentes oficiales confirmaron que se firmó una resolución conjunta entre la Jefatura de Gabinete (cartera que tiene bajo su órbita a la Dirección Nacional de Migraciones) y la Cancillería que se comunicó directamente al Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén, que días atrás había resuelto declarar procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos para continuar con su situación procesal.
Esta decisión ya se firmó el jueves y quedó efectiva todo pese a no haberse publicado en el Boletín Oficial. Esto se debe a que, a diferencia de otras resoluciones, no se trata de un acto administrativo de alcance general, sino uno de alcance particular.
La semana pasada, la Oficina del Presidente había anunciado a través de un comunicado de que se habían instruido a las principales carteras intervinientes a que tomaran las decisiones legales para comenzar el proceso de extradición del presunto narcotraficante.
“El Gobierno Nacional ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde se investiga la comisión de delitos federales”, comienza el comunicado.
Y agrega: “El Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley”.
Hace una semana, el máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los argumentos presentados por la defensa de Machado y avaló el pedido de extradición formulado por la justicia estadounidense. Según el fallo, la solicitud cumple con los requisitos de cooperación internacional en materia judicial, lo que permitió confirmar el proceso iniciado a raíz de la petición de las autoridades de Estados Unidos.
Esa resolución de la Corte dejó la decisión en manos del Poder Ejecutivo, que la viabilizó horas después. En ese marco, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, adelantó que Machado será custodiado por las fuerzas federales.
La afirmación de la funcionaria surgió en medio de un cruce con el dirigente Juan Grabois en la red social X. “Le voy a poner custodia a Machado. Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes”, escribió Bullrich.
El origen de la causa
La causa se originó cuando un Gran Jurado Federal del Distrito Este de Texas dictó un auto de procesamiento contra Machado y otras ocho personas. El expediente detalla que el empresario argentino enfrenta cinco cargos principales: el primero lo acusa de integrar una organización criminal dedicada a la posesión, con intención de distribuir, de al menos cinco kilogramos de cocaína; los cargos segundo y tercero amplían la imputación a la fabricación y distribución de la misma cantidad de droga, presumiendo su importación ilegal a Estados Unidos, y lo señalan como cómplice en estos delitos; el cuarto lo vincula a una asociación ilícita para cometer lavado de dinero; y el quinto lo implica en una conspiración para perpetrar fraude electrónico.
Durante el proceso, la defensa, representada por Norberto Oneto y Roberto Rallin, presentó diversas objeciones. Alegaron la inexistencia de “doble incriminación”, cuestionaron la imparcialidad del juez federal interviniente por rechazar pruebas ofrecidas y negar la recusación solicitada, y denunciaron una supuesta violación al principio de igualdad de armas, ya que en el juicio participaron tres funcionarios del Ministerio Público Fiscal frente a solo dos defensores. Además, plantearon la inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley 24.767, que delimita el alcance del juicio de extradición, e invocaron el principio de “ne bis in idem”.
En el marco de la investigación, Machado fue vinculado al diputado José Luis Espert, quien recientemente renunció a su candidatura legislativa por La Libertad Avanza tras conocerse sus lazos económicos con el empresario. Según consta en la causa, Espert habría recibido una transferencia de aproximadamente USD 200.000 en concepto de asesoría para un proyecto minero de una empresa controlada por Machado en Guatemala. Además, se le atribuye haber realizado cerca de treinta vuelos en aviones privados financiados por el empresario durante su campaña presidencial de 2019, por un monto estimado en USD 350.000.
La defensa también solicitó que se requiriera a la justicia estadounidense información sobre la situación procesal de la coimputada Kayleigh Moffet y su posible impacto en el pedido de extradición. El último informe de la Secretaría Judicial consignó que el juzgado requirente informó la condena de Moffet —mediante un acuerdo— por los cargos 4 y 5, y de Debra Mercer Lynn Erwin —tras juicio— por los cargos 1, 2, 4 y 7. Además, Estados Unidos reiteró su interés en la extradición de Machado.
Entre los fundamentos del fallo firmado este martes, la Corte Suprema sostuvo que “de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, se confirma la sentencia apelada en cuanto declaró procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos de América para ser sometido a proceso por los cargos uno, dos, tres, cuatro y siete de la Quinta Acusación de Reemplazo de fecha 5 de mayo de 2021”.
La decisión final sobre la extradición recayó así en el Poder Ejecutivo, que resolvió minutos antes de las 16 horas conceder la extradición para que el empresario sea trasladado.
Duelo en la Quinta de Olivos por la muerte de uno de los perros del presidente Javier Milei. Se trata de Robert. cuyo nombre fue puesto en honor a un economista llamado Robert Lucas.
Los perros ocupan una página importante en la vida del mandatario. Tras la muerte del verdadero Conan, el can que marcó a fuego la vida del economista, tuvo otros cinco. Todos ellos con nombres de pensadores económicos de signo liberal.
Además de Robert, quien hoy dejó nuestro plano de la existencia, los otros perros de Milei son Milton (por el economista Milton Friedman), Murray (por Murray Rothbard), Conan (versión clonada) y Lucas (por Robert Lucas, al igual que Robert). Todos ellos fueron clonados y tienen un tope de vida de ocho años.
El presidente les asignó a cada uno de estos canes una misión especial. Milton, muestra el futuro; Murray, elabora el enfoque filosófico; Conan, arma la estrategia; Lucas, “el angelito”, presumiblemente muerto, “nos cuida a todos”.
Robert, el perro que falleció en en el mes de febrero, según el presidente, lo ayudaba a ver sus fallas y le contenía emocionalmente “al tiempo que pelea contra la oscuridad”.
Dicho can atravesaba serias vicisitudes en su salud ya que tenía un tumor muy difícil de operar. Sin embargo, el presidente decidió someterlo a una intervención quirúrgica que, al fin y al cabo, sobrevivió técnicamente, aunque murió 48 horas después.
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POLITICA
Tras las gestiones del Gobierno, regresan los primeros argentinos varados en Dubái por la guerra
La espera en medio de la tensión bélica finalizará para decenas de argentinos, que están cada vez más cerca de regresar al país tras haber quedado varados en Dubái por la guerra en Medio Oriente. Este viernes el Gobierno confirmó que el domingo y el lunes saldrán desde la ciudad árabe dos vuelos que repatriarán a los primeros de los más de 630 compatriotas que pidieron ayuda para salir de la zona de conflicto.
Será en dos vuelos de la empresa Emirates Airlanes que despegarán en el aeropuerto de Dubái y harán escala en Río de Janeiro, Brasil, antes de finalizar su recorrido en Buenos Aires.
Las gestiones con el gobierno árabe y la compañía aérea fueron encabezados por el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y el embajador en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri.
A seis días del inicio de la escalada bélica en Medio Oriente, ya son más de 630 los argentinos que pidieron escapar de la zona de conflicto a través de diversos canales consulares, según detallaron a Infobae desde Cancillería.
Si bien los primeros vuelos de regreso partirán de Dubái, los varados, en su mayoría, son personas que quedaron varadas en Israel y Qatar.
Como el espacio aéreo está cerrado tras el ataque de Estados Unidos e Israel y la represalia de Irán, desde el Gobierno le habían anticipado a este medio que las sedes diplomáticas gestionan con las aerolíneas para que, a medida que salgan vuelos y haya cupos, suban los argentinos de acuerdo a un “esquema de priorización”, como pueden ser situaciones particulares de menores de edad o personas con problemas de salud.
En las últimas horas, las diferentes embajadas argentinas en Medio Oriente actualizaron las notificaciones en medio del conflicto bélico, sobre todo en relación a diversas rutas terrestres hacia países que cuenten todavía con vuelos regulares.
El miércoles, el canciller Pablo Quirno explicó cómo es la asistencia diplomática. “Nos estamos ocupando desde el consulado y la embajada en posicionarnos en los diferentes vuelos. El espacio aéreo está cerrado y se abre esporádicamente. El lunes estuvieron cerrados el 99% de los vuelos; el martes, un 98%; y hoy (por el miércoles) se abrió un 68%, con lo que los espacios son limitados. Nosotros recomendamos esperar en Dubái, porque estamos trabajando con las compañías aéreas que tienen vuelos de regreso. Pero solo allí hay 1.500 varados de todo el mundo”, afirmó en diálogo con LN+.
Más allá de esta gestión oficial, varios argentinos varados en Medio Oriente relataron en las últimas horas las complicaciones para obtener información precisa sobre los pasos a seguir. Virginia Luca, entrevistada por Infobae en Vivo, permanece varada junto a su esposo en la ciudad de Sharjah, en Emiratos Árabes.
Según señaló, la embajada recomendó a quienes no poseen ticket directo a la Argentina que se trasladen a Omán o Arabia Saudita por sus propios medios. Las autoridades locales, en cambio, ordenaron que nadie se mueva. “No hay un registro de cuántos somos ni dónde estamos”, expresó.
“No tenemos nada. El planteo es: esperamos a ver si se abre y usamos el pasaje que tenemos o nos arriesgamos a cruzar la ruta solos, a ir a Omán, que tampoco sabemos cuánto tiempo nos va a demandar poder adquirir un vuelo que podamos pagar”, detalló.
Gobiernos de todo el mundo instrumentaron operativos para organizar el regreso de sus ciudadanos. Según diversos reportes, se tuvieron que cancelar al menos 12.903 vuelos entre el sábado y el lunes, es decir, cerca del 40% de las conexiones programadas. De acuerdo con Cirium, una empresa de análisis de la aviación, los vuelos en la región representan unos 900.000 asientos diarios, de lo que se podría deducir que el número de viajeros afectados superaría fácilmente el millón.
POLITICA
Tras la llegada de Mahiques, el Gobierno acelera el envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales y confía en tener los números en el Senado
El recambio en el Ministerio de Justicia, con la llegada de Juan Bautista Mahiques como nuevo titular y de Eduardo Viola como secretario del área —en reemplazo de Sebastián Amerio— generó los primeros movimientos para normalizar las vacantes en el Poder Judicial de la Nación que son arriba de 300.
El mecanismo es claro. El Poder Ejecutivo debe elegir a cada candidato para cubrir los cargos disponibles a partir de las ternas que envía el Consejo de la Magistratura, luego de los concursos y evaluaciones. Una vez tomada la decisión, eleva la propuesta al Senado para su aprobación.
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La instancia clave en la Cámara alta es la Comisión de Acuerdos. Está encabezada por el libertario Juan Carlos Pagotto e integrada además por otros cuatro oficialistas: Patricia Bullrich, Agustín Coto, Juan Cruz Godoy y Nadia Márquez.
La comisión tiene 17 integrantes. La mayoría pertenece a sectores dialoguistas de la oposición: tres radicales (Carolina Losada, Mariana Juri y Maximiliano Abad), un senador del PRO (Martín Goerling Lara) y uno de Provincias Unidas (Carlos Espínola).
También participan representantes de fuerzas provinciales: Flavia Royón (Salta), Carlos Arce (Misiones) y Beatriz Ávila (Tucumán). A ellos se suma Sandra Mendoza, del bloque Convicción Federal que lidera Carolina Moisés, recientemente separado del interbloque Popular que conduce José Mayans.
Los tres lugares restantes corresponden al kirchnerismo, que aún no definió a sus representantes ni confirmó si integrará la comisión.
Con esta composición, en la Casa Rosada confían en poder aprobar rápidamente los pliegos en la comisión que conduce Pagotto y habilitar su tratamiento en el recinto.
En ese contexto, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, presidido por Ricardo Gil Lavedra, emitió un comunicado en las últimas semanas. Allí advirtió que “la enorme cantidad de vacantes judiciales pone en serio riesgo la normal prestación del servicio de justicia”.
Además, reclamó que “el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación constitucional y remita los pliegos pertinentes al Senado de la Nación para su tratamiento”.
Las designaciones en la Justicia
El proceso de designación de jueces se desarrolla exclusivamente en el Senado, la Cámara que, según la Constitución, tiene la facultad de otorgar el acuerdo para nombramientos de jueces, embajadores, procurador general, defensor del Pueblo y ministros de la Corte Suprema.
Para designar jueces federales, primero interviene el Consejo de la Magistratura, organismo que integran representantes de los tres poderes del Estado y que preside el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Tras el concurso correspondiente, el Consejo define una terna de candidatos. Esa terna es vinculante para el Poder Ejecutivo, que debe elegir a uno de los postulantes y enviar su pliego al Senado.
Luego interviene la Comisión de Acuerdos, que realiza una audiencia pública y puede emitir uno o más dictámenes. Esos dictámenes se elevan al recinto, donde el Senado vota la aprobación o el rechazo del candidato por mayoría simple de los presentes.
El procedimiento es diferente para designar ministros de la Corte Suprema. En ese caso no interviene el Consejo de la Magistratura. Si bien Mahiques reconoció que hay que completar la Corte -hoy en tres miembros- adelantó que no es un prioridad inmediata.
El Poder Ejecutivo propone directamente al candidato y envía su pliego al Senado. Allí se abre un proceso de audiencias públicas y participación ciudadana, que permite presentar apoyos, impugnaciones y preguntas para el postulante.
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Después de esa instancia, la Comisión de Acuerdos firma los dictámenes correspondientes y los envía al recinto. Para aprobar un juez de la Corte se requiere el voto de los dos tercios de los senadores presentes.
Si participan los 72 senadores, el candidato necesita al menos 48 votos afirmativos.
Esas mayorías no fueron alcanzadas el año pasado por los postulantes propuestos por el presidente Javier Milei para la Corte Suprema.
El juez Ariel Lijo obtuvo 23 votos a favor y 43 en contra, mientras que el catedrático Manuel García-Mansilla consiguió 20 votos positivos y 51 negativos, en la sesión del 3 de abril de 2025.
Las nuevas mayorías
El escenario político en el Senado cambió tras el recambio legislativo del 10 de diciembre. La Libertad Avanza logró construir mayorías que le permitieron aprobar varios proyectos del presidente Javier Milei durante las últimas sesiones extraordinarias.
El bloque oficialista, encabezado por Patricia Bullrich, cuenta con 21 senadores. A ellos se suman aliados de sectores dialoguistas.
Entre ellos están los diez integrantes de la UCR que conduce Eduardo Vischi, tres senadores del PRO y representantes de fuerzas provinciales: el Frente Renovador de la Concordia misionero (dos bancas), Independencia de Beatriz Ávila, Despierta Chubut de Edith Terenzi y Primero los Salteños de Flavia Royón.
A ese grupo de 39 legisladores podrían sumarse, según cada debate, la neuquina Julieta Corroza, los dos senadores de Provincias Unidas, los santacruceños de Por Santa Cruz que responden a José María Carambia y los tres miembros de Convicción Federal que conduce Carolina Moisés.
Con ese esquema, el oficialismo podría alcanzar hasta 47 votos en determinadas votaciones.
Esa cifra lo dejaría a solo un voto de los dos tercios necesarios para aprobar un futuro ministro de la Corte Suprema, que hoy tiene dos vacantes, o para avanzar en la normalización de la Procuración General, cargo que desde hace años ocupa de manera interina Eduardo Casal.
En paralelo, el Poder Ejecutivo mantiene activa su mesa política. Está integrada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el subsecretario general de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
A ese espacio podría sumarse el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para coordinar la estrategia oficial en torno al futuro del Poder Judicial.
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