POLITICA
Concesiones viales: procesaron a tres “facilitadores profesionales” de la corrupción kirchnerista
Nueve años después de iniciada la investigación, y tras sortear múltiples obstáculos, el juez federal Sebastián Casanello procesó a tres “facilitadores profesionales”, acusados de participar en maniobras de lavado de activos derivados de actos de corrupción atribuidos a un extitular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) durante el kirchnerismo.
Los procesamientos alcanzaron a Daniel Pérez Montero, Mario Alberto Ribeiro Ricci y Eduardo Roca, quienes continuarán en libertad, pero embargados por cifras multimillonarias, por los roles que al parecer asumieron en las maniobras para ocultar y blanquear bienes para Gustavo Gentili y su familia, tanto en la Argentina como en Uruguay.
Gentili, dos de sus hijos y un presunto testaferro se encuentran ya con procesamientos confirmados por la Cámara Federal y se encaminan a un juicio oral por, entre otros activos, dos departamentos de 200.000 y 238.000 dólares en Montevideo y la simulación de un préstamo por otro US$ 1 millón, también con escala en Uruguay. La maniobra incluyó, además, la compra de una firma llamada Febaro SA, cuyas acciones terminaron en las manos de Gentili y su segunda esposa, Laura Andino, quien también era funcionaria pública.
Gentili y Ricardo López Naón, al igual que Andino y otros acusados –Jorge Luis Pinto, Jorge Donnini, José María Gentili, Miguel Ducoté, César Obliglio y Gustavo González– deberán afrontar un juicio oral por presuntas maniobras delictivas y de lavado que también abarcan ganado y campos, maquinaria agrícola, bonos, dólares y euros, diamantes, rubíes y otros objetos de lujo, además de autos antiguos y de colección.
Según reconstruyeron los sabuesos judiciales, el movimiento de dinero fue constante y con un menú amplio de opciones –desde bonos a efectivo–, tanto en el país como en Uruguay, sin declararlo jamás ante las autoridades tributarias argentinas. Así quedó reflejado en los mensajes que Ricardo López Naón intercambió –y que recuperó la Justicia– con alusiones a “la tarasca” y “los alfajores” que llevaban y traían para concretar operaciones comerciales.
En esa línea, López Naón le envió un correo electrónico a un colaborador tras la compra de uno departamento en Montevideo en la que evidenció que el supuesto origen lícito de los fondos en danza no era más que una fachada. “Técnicamente es una donación del padre”, le confió, “pero no lo podemos decir porque si se escarba, explota todo!!!!”.
Ahora, el juez Casanello avanzó sobre un abogado argentino y dos operadores financieros uruguayos que participaron como “facilitadores profesionales” en las maniobras bajo sospecha, Roca, Pérez Montero y Ribeiro Ricci, y cuyos procesamientos había revocado la Cámara Federal en 2023, tras estimar que no había pruebas suficientes para procesarlos.
Casanello reconstruyó que las maniobras bajo sospecha incluyeron una operación de “préstamo simulado” entre la firma argentina Febaro SA, controlada por Gentili y su esposa, y la financiera uruguaya Aspen Trading Corp., de la que Pérez Montero era socio principal. Ese mutuo, firmado en Montevideo el 12 de julio de 2013, sirvió para justificar el ingreso de 670.000 bonos Boden 2015 −por un valor aproximado a un millón de dólares− en una cuenta de Febaro SA en el Citibank. Los fondos, según determinó el juez, provenían de ganancias ilícitas generadas durante la gestión de Gentili en el Occovi.
En su resolución, el juez citó como “hecho acreditado” que la operatoria se articuló mediante un contrato de mutuo ficticio entre Aspen Trading Corp. y Febaro SA, que sirvió para ingresar bonos argentinos por vía de Uruguay. La firma uruguaya, según el expediente, no verificó ni la identidad real de los beneficiarios finales ni la condición de funcionario público de Gentili, pese a tratarse de un cliente extranjero con indicadores de alto riesgo.
Casanello detalló, además, que el dinero reciclado a través de Febaro se usó para remodelar la casa familiar en el country San Jorge Village, pagar obras a una arquitecta y financiar un emprendimiento ganadero junto a un hermano de Gentili, José María. Y que otra porción se transfirió a Uruguay y se destinó a la compra de un inmueble conocido como “Diamantis”. En ese circuito financiero, el juez detectó la participación activa de Pérez Montero y Ribeiro Ricci, quienes actuaron como “facilitadores profesionales” del esquema de lavado, valiéndose de sociedades de bolsa y financieras radicadas en Montevideo.
El juez sostuvo que ambos operadores uruguayos incumplieron las normas de prevención de lavado vigentes en su país. Según documentación remitida por el Banco Central del Uruguay (BCU), la sociedad DPM Corredor de Bolsa SRL –vinculada a Pérez Montero– fue sancionada por “graves incumplimientos” en su sistema de control, entre ellos la falta de identificación de clientes de alto riesgo, la ausencia de monitoreo de operaciones y la nula justificación del origen de los fondos. Esos hallazgos reforzaron la hipótesis sobre la complicidad financiera que permitió canalizar dinero negro hacia cuentas de apariencia legal.
En la resolución, Casanello también abordó el rol de Roca en otra maniobra atribuida a Gentili: la adquisición encubierta del 60% de la constructora Sycic SA junto a un exsubadministrador de Vialidad Nacional Sandro Férgola. Según las pruebas recolectadas durante la investigación, Roca intervino en la estructuración de contratos y sociedades pantalla que disimularon la identidad de los verdaderos compradores y el origen de los fondos, mientras Sycic obtenía beneficios del propio organismo que Gentili dirigía. El juez concluyó que el letrado habría actuado como pieza clave en la legalización aparente de los presuntos negocios delictivos.
En ese contexto, Casanello decretó embargar a Pérez Montero y a Ribeiro Ricci por 900 millones de pesos a cada uno, y a Roca por 212,3 millones de pesos, tras tomar como parámetro las sumas involucradas en la operatoria bajo sospecha, que “no habría sido posible sin la colaboración consciente y funcional de quienes, desde la estructura financiera o jurídica, aportaron su pericia para dotar de apariencia legítima al dinero de procedencia ilícita”.
Hugo Alconada Mon,Casos de corrupción,Lavado de activos,Conforme a,Casos de corrupción,,Rosario. La causa contra el exjuez Bailaque sumó un nuevo arrepentido y ahora apunta a un misterioso operador judicial,,Fraude por US$5,5 millones. Condenaron a Julio de Vido, Baratta y Nicolás Dromi por la compra de gas licuado,,“Era de alguien de arriba”. Confirman la validez de un audio de Báez que asocia a los Kirchner con su fortuna: “Era de alguien de arriba”
POLITICA
LLA destacó el anuncio de Jorge Macri sobre créditos hipotecarios, pero volvió a reclamar la eliminación del IVC
El anuncio de una nueva línea de créditos hipotecarios con tasa subsidiada para la clase media en la Ciudad de Buenos Aires por parte del jefe de Gobierno, Jorge Macri, generó una inmediata reacción de La Libertad Avanza que, aunque destacó la medida, señaló que “es parte de la agenda de Javier Milei” y volvió a reclamar el cierre definitivo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
Según informó este miércoles Jorge Macri, los nuevos prestamos permitirán financiar hasta el 75% del valor de una vivienda, con un máximo de 80 metros cuadrados cubiertos y un valor tope de USD 2.800/m². El préstamo tendrá un monto máximo de $100.000.000, con una tasa subsidiada de 7,5% más UVAs (Unidad de Valor Adquisitivo, índice ajustable por inflación), dos puntos por debajo del promedio vigente en el mercado. El Banco Ciudad, entidad bancaria pública de la Ciudad, será el encargado de la instrumentación, y se utilizarán fondos provenientes del IVC, el organismo que hasta ahora concentraba sus recursos en la urbanización de villas y asentamientos.
Tras el anuncio, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, expresó: “Previo al inicio de las sesiones hicimos públicos exactamente estos mismos proyectos que hoy empieza a anunciar el jefe de Gobierno. Nos alegra que, una vez más, se alinee con las ideas del Presidente, Javier Milei. Son las ideas que venimos impulsando desde el primer día y es hora de que se implementen en la Ciudad”.
Nicolás Pakgojz, ex funcionario y actual legislador porteño del mismo espacio, amplió la postura opositora: “Jorge, qué bueno que se inspiren en nuestras ideas, pero con proyectos a medias tintas no alcanza: hay que eliminar el Instituto de Vivienda e ir a fondo con las reformas que necesitan los porteños. La libertad sigue avanzando en la Ciudad de la mano del modelo de Milei”.
La propuesta formal de La Libertad Avanza, presentada días antes en la Legislatura porteña, solicita el cierre definitivo del IVC y la reasignación de todos sus recursos a la Jefatura de Gabinete local. El proyecto indica que los fondos se destinarán exclusivamente a políticas de acceso a la vivienda, recortando la estructura burocrática, que según el bloque opositor absorbe más del 30% del presupuesto en sueldos y gastos administrativos. Además, la iniciativa busca modificar la carta orgánica del Banco Ciudad, entidad bancaria pública de la Ciudad, para que sus utilidades se destinen a bonificar tasas y reducir gastos de créditos hipotecarios, en vez de financiar el funcionamiento del organismo.
La respuesta oficial llegó rápido. Desde el gobierno porteño, y ante la consulta de Infobae, rechazaron el planteo libertario: “Declaración de deseos desde la tribuna vs ejecución real; narrativa vs gestionar/gobernar; son charlatanes”. Un legislador macrista fue más allá: «Comenzó la campaña; este muchacho debería explicar cómo pasó de ser un larretista furioso que financiaba villas con el IVC a un domado de LLA”.
Durante la presentación del programa, Jorge Macri defendió la nueva orientación del crédito: “Tener la casa propia va a dejar de ser una aspiración para ser una realidad. Durante mucho tiempo, los recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos. Esa política fracasó. Y además, generó una injusticia. Porque mientras a unos pocos se les regalaron casas, miles de familias, parejas, jóvenes y personas que viven de su trabajo, mes a mes, priorizan el alquiler por sobre muchas otras cosas. Nosotros queremos terminar con esa injusticia”.
El jefe de Gobierno también resaltó el impacto potencial: “Esta línea de créditos busca incluir a la clase media, que durante años estuvo fuera del sistema por la falta de acceso al financiamiento. Queremos que más porteños puedan proyectar su futuro y acceder a su primera vivienda”. El anuncio se realizó en la sede del Banco Ciudad, con la presencia de funcionarios del gabinete porteño y representantes del sector inmobiliario.
El trasfondo del debate remite a la redefinición de prioridades en la política habitacional porteña. De acuerdo con el gobierno porteño, el IVC concentró en los últimos años su presupuesto en obras de urbanización y mejora en barrios populares, con resultados dispares en materia de acceso efectivo a la vivienda. La decisión actual de destinar parte de estos fondos al financiamiento hipotecario para sectores medios implica un cambio sustancial en la asignación de recursos públicos.
La iniciativa de La Libertad Avanza, en tanto, busca profundizar esa transformación. Según el texto del mencionado proyecto, el objetivo es “eliminar el gasto superfluo en burocracia y direccionar cada peso disponible a la solución efectiva del problema habitacional en la Ciudad”. El bloque opositor sostiene que la eliminación del IVC permitiría aumentar la cantidad y el monto de los créditos disponibles, además de reducir el costo para los beneficiarios.
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POLITICA
Caso Sueños Compartidos: Mauricio Macri declaró como testigo y recordó un llamado de Alberto Fernández “intimándolo” a ejecutar el programa
Por su rol como jefe de gobierno porteño durante el kirchnerismo, el expresidente Mauricio Macri declaró como testigo en el juicio oral de Sueños Compartidos, el programa de viviendas sociales que fue ejecutado a través de la fundación Madres de Plaza de Mayo y sobre el que pesan acusaciones de desvíos millonarios y fraude al Estado.
“Recuerdo vagamente un llamado de Alberto Fernández [jefe de gabinete por ese entonces] intimándole a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos”, sostuvo el expresidente, que llegó a los tribunales de Comodoro Py a las 9 y 30 y se fue una hora después.
“El ministro [Esteban] Bullrich me dijo en ese momento que habían cobrado más del doble de lo que se había ejecutado, por lo cual no tenía sentido seguir pagando”, rememoró Macri. “Finalmente, el ministro Bullrich no aceptó pagar y esa discusión continuó con la ministra [María Eugenia] Vidal”, agregó ante los jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), Adriana Paliotti, Adrián Grünberg y Daniel Obligado, que participó de modo virtual.
La maniobra que comenzó a ser juzgada hace dos semanas en los tribunales de Comodoro Py es la de un presunto otorgamiento irregular de convenios entre los años 2008 y 2011 que involucra a funcionarios nacionales y provinciales del kirchnerismo y miembros de la fundación Madres de Plaza de Mayo, de acuerdo con la acusación fiscal.
Sentados en el banquillo de los acusados están los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ligados al manejo del programa dentro de la fundación; los exfuncionarios kirchneristas Julio de Vido, José López -detenidos ambos en otros procesos-, Abel Fatala y Luis Rafael Bontempo, entre otros. Hebe de Bonafini, por su parte, que fue presidenta de Madres de Plaza de Mayo, era una de las acusadas, pero falleció en 2022.
La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo en aquel entonces de José Francisco López, transfirió $748.719.414 para la ejecución de las obras convenidas, aunque el monto originalmente comprometido ascendía a $ 1.295.218.967. De esa suma, se habrían sustraído $206.438.454, lo que equivale a más del 23% del financiamiento total otorgado.
La declaración de Macri fue breve. No pudo aportar muchas precisiones sobre el programa -tuvo lugar hace más de 15 años, dijo-, pero sostuvo que recordaba como “traumático” trabajar con la fundación que dirigió Hebe de Bonafini. El debate comenzó 15 años después del estallido del caso y al filo de la prescripción.
Al ser consultado sobre la situación habitacional de la Ciudad de Buenos Aires en aquella época, Macri sostuvo: “Siempre el mismo problema, ¿no?. Villas que crecían al ritmo de las falacias que había en el conurbano y la gente se movilizaba a nuestras villas. Hicimos un enorme trabajo de urbanización”.
La semana pasada, Sergio Schoklender, quien comandó el programa, responsabilizó a Hebe de Bonafini de desviar los fondos destinados a las obras para ser utilizados para hacer política y militancia en favor del kirchnerismo.
Sostuvo que todas las desgracias del programa Sueños Compartidos se debían a que Bonafini “no era capaz de decirle que no a los pedidos de Néstor y Cristina Kirchner”.
Admitió que llegaron a tener “muchos problemas” para cobrar porque “la política se gastaba lo que nos tenía que dar a nosotros”.
Los hermanos Schoklender ganaron notoriedad pública mucho antes de quedar involucrados en la causa. En 1981, fueron condenados por el parricidio de sus padres, un caso de altísimo impacto público por aquellos años. Tras su liberación, a mediados de la década del 90′, Sergio se vinculó con Hebe de Bonafini y comenzó a trabajar en la fundación, de la que luego fue apoderado. Finalmente, con la explosión del caso, terminaría enfrentado con Hebe y la organización.
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POLITICA
Imputaron a dos ex miembros de Camioneros por un fraude en Mar del Plata y el caso podría complicar a más dirigentes
La investigación judicial sobre una presunta estafa por USD 10 millones en el hotel 15 de Diciembre en Mar del Plata, propiedad del Sindicato de Camioneros, avanzó con la imputación de Claudio Balazic y Paulo Villegas, dos dirigentes del gremio que habían sido apartados de su cargo por Hugo Moyano hace seis meses.
El expediente, radicado en la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos a cargo del fiscal Carlos David Bruna, examina supuestos sobreprecios en servicios y alimentos del establecimiento sindical y fuentes judiciales confirmaron que a ambos se les notificó la formación de la causa para evitar posibles planteos de nulidad dado que a principios de mes se inició la pericia contable para determinar posibles hechos ilícitos.
Todavía no se avanzó con otras medidas de prueba, aunque ya se recolectó documentación y se recibieron testimonios del personal del hotel, mientras el Sindicato de Camioneros aportó un perito a la causa.
En la justicia marplatense no se descarta que haya más imputados en el curso de la investigación, aunque nadie tiene precisiones acerca de cómo podría afectar a Moyano el avance de la causa sobre el supuesto fraude.
Cuando la denuncia judicial fue presentada por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, se informó que el administrador del hotel sindical fue separado de su función y denunciado, aunque su abogado defensor sostuvo que no tenía autonomía de decisión. Entre las pruebas que evalúa la justicia figuran cheques firmados por los directivos removidos.
La presentación que motivó la apertura de la causa judicial fue efectuada el 12 de septiembre de 2025 por irregularidades detectadas en las cuentas del hotel del sindicato, de 12 pisos y ubicado en Santa Fe 2373, que permanece cerrado debido a obras de remodelación. El establecimiento fue inaugurado oficialmente en 2006 por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
En octubre pasado, luego de presentarse la denuncia judicial en Mar del Plata, Hugo Moyano echó a Paulo Villegas, secretario Tesorero, y al secretario Administrativo del gremio, Claudio Balazic.
La tensión en Camioneros por la denuncia judicial y el desplazamiento de los dos dirigentes del secretariado fue creciendo porque hubo indicios de que respondía a la dura interna del sindicato: a la semana del apartamiento de Balaziz y Villegas, se arrojaron volantes con la leyenda “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” frente a la sede del gremio.
Aparicio, apodado “Feúcho”, es secretario Gremial de Camioneros y considerado un hombre clave en la estructura del sindicato, con una cercanía histórica con Pablo Moyano, de la misma forma que, según trascendió en su momento, los dos dirigentes echados también habrían sido estrechos allegados al hijo mayor de Hugo Moyano: hay quienes sospechaban que, más allá de la denuncia judicial, todo pudo haber sido una maniobra con la que el líder sindical se sacó de encima a Villegas y Balazic, neutralizando una supuesta operación en las sombras desplegada en favor de Pablo.
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