A casi un mes de haber asumido al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques está cerca de completar la renovación en los organismos que dependen de su cartera, algunos de los cuales cumplen funciones clave dentro de la estructura del Estado, como la prevención de lavado de dinero o la investigación de posibles causas de corrupción dentro de la propia administración nacional.

Apenas llegó al cargo, el ex fiscal de la ciudad de Buenos Aires -que en realidad se pidió licencia en esa función para poder cumplir sus nuevas tareas- decidió reemplazar a todas aquellas personas que estaban en lugares relevantes dentro de su área, para reemplazarlas por gente de su confianza.

De hecho, una de las primeras medidas que tomó el funcionario fue, justamente, pedirles las renuncias a los titulares de la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuración del Tesoro, entre otros.

En muchas de esas entidades los cambios ya se hicieron efectivos, mientras que en otras las modificaciones fueron anunciadas, incluso de manera oficial, en algunos casos, pero todavía no se hicieron efectivas, ya sea por los tiempos políticos o por los procesos que se requieren cumplir previamente.

Gabriela Zangaro, ya al mando de la OA

Una de las dirigentes que ya se encuentra cumpliendo plenamente su trabajo es Gabriela Zangano, quien fue nombrada por Mahiques como la sucesora de Alejandro Melik en la OA, lo que se formalizó el viernes pasado mediante el Decreto 194/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Se trata de una letrada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Derecho Penal con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico que comenzó en 1989.

Realizó el Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Salvador, completó el Posgrado en Derecho Penal en la Universidad Católica Argentina y profundizó su formación en Derecho Penal Tributario en su aplicación al área de Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de acuerdo a lo que indica consejo.jusbaires.gob.ar.

El organismo es, según se explica en su web, el encargado de “fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia”.

En este lugar estaba Melik, una figura cercana al ex ministro, Mariano Cúneo Libarona, que entre sus acciones más relevantes tuvo la firma de una resolución que recomendaba interpretar el accionar del presidente Javier Milei en el marco del caso $Libra “como un acto de comunicación individual o privada”.

Matías Álvarez, el elegido para la UIF, que debe superar primero con los filtros

En esta institución, que se ocupa del “análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos”, entre otras cuestiones, es impulsado Matías Álvarez.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes de Justicia, su nombramiento “está todavía con el proceso formal” que incluye “una audiencia pública a fin de mes donde la gente puede presentar objeciones”.

Tal como había detallado este medio, la designación del titular de la UIF no es un proceso sencillo, sino que requiere de varios pasos administrativos que suelen demorar mucho tiempo y que están establecidos en el artículo 9 de la Ley 25246.

El área se encuentra acéfala desde la salida de Paul Starc, que ocurrió a principios de este año, y aunque Cúneo Libarona había propuesto a Ernesto Gaspari para este lugar, su trámite nunca llegó a completarse.

Ahora, el Gobierno convocó a la audiencia pública para el 22 de abril, desde las 10:00, en la sede del Ministerio y encabezada por el propio Mahiques, quien recibirá hasta 48 horas antes de esa fecha los pedidos de participación de todo aquel interado en opinar sobre la carrera de Álvarez.

El abogado está formado en la persecución de delitos complejos y cuenta con una amplia trayectoria en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), donde se desempeña desde diciembre de 2023 como fiscal federal coadyuvante.

La Procuración

En un primer momento, se dijo que la salida de Cúneo Libarona no iba a implicar cambios en esta área; luego, se anunció que finalmente sí iban a haber novedades, pero las mismas no se comunicaron hasta un día después, en medio de rumores de reestructuración del organigrama.

Finalmente, el ex Secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quedó allí junto a Santiago Castro Videla, que estaba al frente del área y quedó como subprocurador.

La IGJ fue para Alejandro Ramírez

El 11 de marzo pasado, el Gobierno aceptó la renuncia presentada por Daniel Vítolo como inspector general de Justicia y nombró en su lugar a Alejandro Horacio Ramírez, un aogado y magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral.

Esta decisión no estuvo libre de polémica tampoco, ya que en su carta de despedida, el ahora ex funcionario lamentó no haber llegado a completar investigaciones en “ámbitos considerados intocables”, en una clara referencia a la causa contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Incluso, una de las últimas medidas de Vítolo fue enviar un segundo pedido para que el Ministerio designe veedores encargados de auditar nuevos negocios vinculados a esa institución deportiva.

Tras su salida y la llegada de Ramírez, el trámite continuó su curso y tan solo cinco días después el Gobierno habilitó la auditoría sobre el funcionamiento contable y administrativo de la AFA, eligiendo para llevar adelante esta tarea a los mismos expertos que había recomendado la gestión anterior.

Más recientemente, y ya en el marco de la denuncia por presunta retención indebida de aportes, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la prohibición de salida del país para los dirigentes Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Ariel Toviggino.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, el próximo anuncio oficial

Por último, aunque todavía no se hizo efectivo por cuestiones administrativas, ya está decidido que Leonardo Szuchet va a reemplazar a Joaquín Mogaburu en la subsecretaría de DDHH.

“El cambio es un hecho. Ambos involucrados ya lo saben”, confirmó a este medio una fuente de la cartera que conduce Mahiques, que de esta forma también avanza en un área muy sensible.

El nuevo funcionario es un abogado penalista que ya ocupó puestos en esta misma Secretaría durante la administración de Mauricio Macri, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Nación.

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“El Coloso va a tener que esperar”, señaló un diputado que suele recorrer despachos del oficialismo y la oposición en referencia a los pedidos legislativos de Federico Sturzenegger.

El ministro de Desregulación insistía para que el bloque de La Libertad Avanza le otorgara prioridad al proyecto de Ley Hojarasca, ya que es la segunda vez que impulsa este texto.

No obstante, en el intento de abrir paso a lo que más interesa al Gobierno, la propuesta, que lleva dos años sin tratamiento parlamentario, deberá aguardar al menos dos semanas más. “El bloque libertario se reunió ayer y definió que la semana próxima pondrá todo su empeño en avanzar rápidamente con el dictamen y la aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares, norma que el Ministerio de Economía reclama señalando las posibles inversiones mineras que esto podría atraer”.

En ese marco, el cronograma que se proyecta en el ámbito parlamentario de La Libertad Avanza comienza el martes con una nueva convocatoria al plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde inicialmente se había pensado en una reunión informativa con los gobernadores de las provincias mineras y, en el mismo encuentro, dictaminar.

Ahora, la intención del oficialismo es que concurran ministros de esas provincias para que expongan desde una perspectiva técnica y cerrar el dictamen con las firmas, ya que cuentan con los votos necesarios. “Una vez conseguido esto, ingresar el llamado a sesión especial para el miércoles de la semana siguiente con un único tema, la Ley de Glaciares”.

Para Hojarasca, se prevé que el giro sea solo a la comisión de Legislación General y que se realice en una única reunión de carácter informativo, aunque con una posible novedad: existe la chance de que el propio Sturzenegger asista para defender la propuesta.

La ley en sí no presenta mayores inconvenientes, salvo un artículo específico que propone eliminar el financiamiento estatal directo a la Federación Argentina de Municipios (FAM) y al Círculo de Legisladores, obligándolos a sostenerse con recursos propios.

La FAM, que representa al 70% de los municipios del país, reclama que el Ejecutivo no avance con el recorte de fondos, ya que esto afectaría la autonomía de los gobiernos locales, que en ocasiones dependen de los gobernadores.

Respecto al recorte para el Círculo de Legisladores, ya advirtieron que esto podría ocasionar problemas de otra naturaleza, entre ellos la eliminación del libre tránsito y estacionamiento para los vehículos de diputados y senadores. “Parece una pavada, pero esto te puede complicar una sesión. Cada vez que sesionamos se cierra el Congreso por las fuerzas de seguridad y hay diputados que no llegan porque se les complica movilizarse y estacionar. Los legisladores tienen reuniones con diferentes sectores de la economía por lo que se movilizan por todos lados, quitarles esas obleas es generar un incordio innecesario”, explicó un diputado aliado al oficialismo.

En este contexto, el bloque de La Libertad Avanza resolvió que la ley enviada por “El Coloso” deba esperar un tiempo antes de ser tratada. En el entorno del ministro expresan su descontento y consideran que no es conveniente que se discuta tan cerca del 29 de abril, fecha prevista para que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su informe de gestión en el Congreso.

A pesar de los reclamos, la decisión ya está tomada y La Libertad Avanza concentra sus esfuerzos en Glaciares. El resto tendrá que esperar.

La Casa Rosada busca alejar los ruidos mediáticos que atormentan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de una reactivación de las gestiones políticas. Si bien el ministro coordinador se encargará de mostrar dinamismo en el frente gubernamental, muchos al interior del Gabinete afirman que serán otros los que encabecen el proceso para generar agenda desde afuera: esto se dará en el Congreso de la Nación a través del tratamiento de distintas iniciativas que buscarán ocupar la tapa de los medios de comunicación.

Para la semana que viene, los alfiles libertarios en la Cámara de Diputados planean sesionar el miércoles 8 para tratar la modificación sobre la Ley de Glaciares y el proyecto Hojarasca. En particular, el primero ha traído controversia por el nivel de rechazo de ciertos sectores de la oposición: por caso, más de 100.000 personas buscaron anotarse para exponer en la audiencia previo a su tratamiento en comisiones. Esto no impediría que el oficialismo logre alzarse con la sanción definitiva.

El proyecto impulsado por el Gobierno tiene el apoyo de las provincias mineras, ya que permitirá la incursión de explotaciones de diferentes minerales en áreas que actualmente son consideradas periglaciares. “Con el apoyo de esos gobernadores, otros aliados de las provincias y los bloques afines sentimos que vamos a tener los votos para poder aprobarla”, afirma una fuente de alto rango en la Cámara de Diputados.

El vínculo que Nación pueda seguir estableciendo con un grupo de gobernadores se presagia vital para que el Gobierno pueda mantener una agenda propositiva en materia de reformas. Sin ellos, al oficialismo le resultaría imposible poder aprobar proyectos en el Congreso.

En la toma de decisiones políticas del Gobierno consideran que las alianzas con los distintos gobernadores que le han brindado apoyo a La Libertad Avanza siguen intactas. “Creemos que tenemos hasta agosto para poder continuar con la dinámica que tuvimos desde las sesiones extraordinarias”, afirman en ese círculo. Pese a que el presidente Javier Milei consignó que el 2026 sería el año más reformista de su gestión, durante el mes de marzo el Congreso permaneció prácticamente sin actividad.

Para retomar los vínculos con los gobernadores, Milei adoptó una postura concesiva y firmó ayer un decreto en el que autoriza un desembolso de hasta $400.000 millones en concepto de adelantamiento de fondos de coparticipación para 12 jurisdicciones. Este saldrá el próximo lunes en el Boletín Oficial.

El paquete de adelanto autorizado por el Ejecutivo tiene como destinatarias a provincias alineadas o en diálogo frecuente con el oficialismo, como Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones, pero también a distritos con fuerte oposición al gobierno central, entre ellos La Rioja y Tierra del Fuego, junto a Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz.

Las gestiones políticas detrás de estos acuerdos son atribuidas internamente al ministro del Interior, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo. Uno desde el lado político y otro desde el punto de vista del cuidado fiscal.

“Fue una buena jugada la del adelanto financiero a las provincias. Le sirve al Gobierno para ordenar la relación fiscal y financiera con los gobernadores que todos los meses les piden adelanto de copa (sic). Fija un límite, lo cual es bueno. La mala es que las provincias están para atrás. No hay ninguna provincia que esté bien”, afirma una fuente que trabaja en esta materia junto al Gobierno.

Y es que la medida se adopta luego de que, en marzo, el reparto automático de impuestos registrara una baja del 11,3% respecto a febrero, agravando la situación de las cuentas provinciales y forzando a los gobernadores a buscar alternativas para evitar un mayor endeudamiento. La aprobación de este mecanismo anticipado es la respuesta a ocho meses consecutivos de deterioro en la recaudación y busca contener la crisis fiscal que se profundiza a nivel subnacional. En las provincias se quejan de que la recaudación total es de 1 billón de pesos menos en el trimestre si se la compara con la del año anterior.

“Eso se ve en la recaudación provincial. La situación es dramática, están todos preocupados sean del color que sea. Están todos con los frentes abiertos y las paritarias incendiadas”, afirman. El adelanto de coparticipación es uno de los pocos recursos que tenía a disposición el Gobierno como para aliviar el estado de ciertos gobernadores. En rigor, busca evitar que la crisis provincial derive en un incremento de la deuda externa subnacional.

El mecanismo, que ya había sido instrumentado para Entre Ríos en enero de 2026, responde a la evaluación puntual de la situación fiscal de cada provincia y establece la devolución del monto recibido antes de finalizar el año, con una tasa de interés del 15%. La política busca impedir que las administraciones locales acudan al crédito externo, donde el costo financiero oscila entre 30% y 45%.

El hundimiento de los recursos coparticipables tuvo un impacto transversal e inmediato. De acuerdo con los cálculos de Politikón Chaco que obtuvo Clarín, durante marzo las transferencias sumaron $5,05 billones, cifra que en términos constantes implica una pérdida superior a $1,15 billones para el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en el primer trimestre de 2026. Estas cifras sitúan al actual comienzo de año como el segundo más bajo, solo superado por el resultado de 2024.

Pese a todo, ni Nación ni las provincias tienen un margen fiscal suficiente como para reclamarse mutuamente. “Las vacas flacas son para todos”, dice un funcionario del Gobierno Nacional.

El nivel de desesperación de ciertos gobernadores es tal que hasta los más lejanos al mileísmo han debido ceder en algunos aspectos de su política pública. Infobae adelantó el mes pasado que el fueguino Gustavo Melella impulsaría la adhesión de su provincia al RIGI -una de las políticas insignia impulsadas por Milei- para buscar mayores inversiones a su provincia en medio de una difícil situación financiera que atraviesa su gestión.

La flexibilización en los vínculos con Nación también alcanza a la gobernación de La Rioja que comanda Ricardo Quintela. Días atrás, uno de sus hombres de mayor confianza y secretario general, Ricardo Herrera, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Las versiones son disímiles según el caso. En la provincia afirman que fue una reunión cuasi protocolar entre dos personas que se conocen desde hace décadas, mientras que los libertarios afirman que se solicitó para reclamar por fondos para su provincia.

Circuló por estas horas que Nación se habría dispuesto a dar partidas presupuestarias a cambio de que Quintela implemente la Boleta Única Papel, se adhiriera al RIGI y aplique una normativa de transparencia en el manejo de los fondos públicos para su administración. El representante riojano no habría garantizado ninguna de estas opciones. Pese a todo, La Rioja fue una de las provincias que recibirán adelantos de coparticipación. Mientras tanto, en la gobernación esperan una resolución de la Corte Suprema respecto a un reclamo por USD 1.200 millones de fondos retenidos de manera presuntamente indebida por el Estado Nacional.