POLITICA
Signos de ruptura en la CGT: qué hay detrás de la feroz interna por la que dos jefes sindicales casi terminan a las piñas
El camino hacia la nueva CGT se está complicando casa vez más en la medida en que se acerca el congreso del 5 de noviembre, donde se elegirán sus autoridades hasta 2029. Ya se conformaron dos grandes bloques sindicales que pugnan por influir en la elección del futuro triunvirato. Es algo tradicional en la dinámica del gremialismo, pero esta vez hay claros signos de ruptura que amenazan con dinamitar el objetivo de la unidad.
La pelea llegó hasta tal punto que el miércoles pasado, en un encuentro de 7 líderes cegetistas, realizado en UPCN, dos dirigentes que hasta ahora eran aliados en el mismo sector como Héctor Daer (Sanidad) y Gerardo Martínez (UOCRA) tuvieron una discusión a los gritos en la que se levantaron de sus sillas y casi terminan a las piñas.
El detonante del fuerte enfrentamiento, que ya rompió la vieja alianza mayoritaria que predomina en la CGT desde hace décadas, fue la intensa campaña que inició un grupo de dirigentes, liderado por Martínez y Andrés Rodríguez (UPCN), para llevar a Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) al futuro triunvirato cegetista, como emergente de la renovación generacional en la central obrera.
Pero le está presentando batalla otro grupo, que terminó de delinearse este jueves durante una reunión en Sanidad, donde figuran los reciclados “Gordos” Daer y Armando Cavalieri (Comercio), más Rodolfo Daer (Alimentación), Luis Barrionuevo (gastronómicos) y Roberto Fernández (UTA), unidos por el rechazo al ascenso de Jerónimo, a quien le cargan el hecho de pertenecer a un “sindicato chico” (tiene 16 mil afiliados), un pasado al lado de Pablo Moyano y otros temas incomprobables y ajenos al ámbito político-sindical.
En el fondo, sospechan que Jerónimo es una pieza clave que desplegará Gerardo Martínez en el tablero sindical para que la nueva CGT tenga una impronta dialoguista. Tampoco hay ninguna certeza al respecto. Hay quienes creen que ya se entabló una suerte de duelo personal entre Daer y Martínez, que en el último semestre se distanciaron y mostraron posturas antagónicas. El jefe de Sanidad se endureció ante Javier Milei luego de haber militado en el ala más negociadora y el líder de la UOCRA se tornó más proclive a dialogar con el Gobierno.
Más que Jerónimo en sí mismo, el problema de Daer y sus aliados con el jefe de los empleados del vidrio es que creen, sin prueba alguna, que se trata de un protegido de Martínez que pondrá la CGT al servicio del mileísmo (negado de manera tajante por sus adversarios).
Desde el otro sector, deslizan que Daer no se resigna a perder protagonismo y buscaría complicar la elección de la nueva CGT para ofrecerse al final como prenda de unidad y continuar como el único titular cegetista (algo que desmienten cerca del dirigente de Sanidad).
Aun así, parece lógico que ninguno de los sindicalistas con mayor peso en la CGT quiera perder incidencia en las decisiones de la central obrera que nacerá el 5 de noviembre. En ambas fracciones internas se acumulan demasiados años de manejar la política cegetista casi a su antojo. Y lo que viene después de las elecciones requerirá de ciertas garantías de una estrategia de la CGT subordinada a determinados objetivos políticos.
Héctor Daer, por ejemplo, es uno de los dirigentes más comprometidos con el proyecto político de Axel Kicillof y seguramente procurará que la CGT evite la tentación de negociar con la Casa Rosada para sintonizar con el objetivo del peronismo de volver al poder en 2027.
A su vez, Gerardo Martínez es uno de los líderes sindicales menos cercanos al sueño presidencial del gobernador bonaerense (tiene en mente una alianza de mandatarios provinciales no sólo del PJ) y, a la vez, defiende el diálogo tripartito para consensuar soluciones (no es casual que haya sido elegido por sus pares como representante de la CGT en el Consejo de Mayo).
Así como Martínez, Rodríguez y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), miembros del sector independiente, promueven a Jerónimo para el triunvirato, los hermanos Daer y Cavalieri impulsan para ese mismo cuerpo a Jorge Sola (seguro), actual secretario de la CGT que acaba de lucirse con el moderno acto por el 17 de octubre.
Los primeros lograron en las últimas semanas estructurar una nueva corriente que apoya a Jerónimo y se nutre de muchos sindicatos medianos y chicos (aunque ahora aseguran tener el aval de José Voytenco, líder de UATRE, una de las organizaciones más numerosas). Los segundos le restan importancia a esos respaldos (“algunos de esos gremios no tienen delegados al congreso de la CGT o no podrían participar porque no pagan las cuotas”) y afirman que cuentan con 800 de los 1300 congresales, por lo que pueden imponer sus decisiones (“somos los accionistas mayoritarios”, se jactó uno de ellos).
Los dirigentes que rodean a Jerónimo también apuestan fuerte: “Bueno, presenten una lista y compitamos para ver quién gana una votación en el congreso”, fue el desafío que planteó Andrés Rodríguez a Héctor Daer incluso antes de que todo se desbarrancara en el tenso encuentro realizado esta semana en UPCN.
La alianza de “Gordos” y barrionuevistas barajó además algunos nombres para la futura CGT. A los Daer y Cavalieri les gustaría Jorge Sola como único secretario general, pero aceptarían un triunvirato sin Jerónimo y con esta composición: Sola, Maia Volcovinsky (judiciales) y Gustavo Vila, hijo y secretario adjunto del titular del Sindicato de Carga y Descarga, Daniel Vila.
Los “Gordos” llegaron a proponer sin éxito el nombre de Héctor Morcillo, líder de la Federación de Trabajadores de la Alimentación, para conducir la CGT porque se trata de un dirigente de la industria, uno de los sectores que hoy está en crisis, para darle batalla al gobierno de Milei.
El que por ahora mira más de lejos este cuadro explosivo es Hugo Moyano. Es partidario de que Octavio Argüello (Camioneros) continúe en el triunvirato y dio señales confusas sobre Jerónimo, a quien conoce demasiado porque estuvo aliado a su hijo Pablo hasta que se alejó y pasó a ser apadrinado por Gerardo Martínez.
¿Cómo sigue esta historia signada por las peleas? Aunque ya se quebraron relaciones personales de muchos años, nadie cree que se formalice una ruptura. “Hay tiempo para arreglar hasta la mañana del mismo día del congreso de la CGT”, advirtió un jefe sindical con años de “rosca”.
Pero también es cierto que se consolidó un escenario de fractura que será difícil de revertir: todos tienen en mente casi un mismo modelo de CGT (que se endurezca ante el Gobierno), pero discrepan en los nombres de sus líderes y en el diseño de la estrategia cegetista (sobre todo, en quiénes retendrán el poder real).
Por eso los “anti-Jerónimo” afirman que recién volverán a reunirse después de las elecciones del 26 de octubre: el armado de la nueva CGT, advierten, cambiará en función del resultado en las urnas. Si Milei pierde, irán por una central obrera “fuerte, creíble y que salga a la calle”. Si gana, dejarán alguna puerta abierta para una eventual negociación. Porque, como se sabe desde siempre, los sindicalistas suelen ser tan afectos a la división interna como al más puro pragmatismo.
POLITICA
Un grupo de dirigentes radicales presentó un amparo contra el DNU que reformó la Ley de Inteligencia
Un grupo de exdiputados nacionales, integrado por Leopoldo Moreau, Federico Storani, Luis Changui Cáceres, Ricardo Alfonsín, Manuel Garrido, Eduardo Santín y Ricardo Terrile, presentó ante la justicia una nueva acción de amparo en rechazo al DNU del presidente Javier Milei que modificó la Ley de Inteligencia. Lo hizo con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025.
En la presentación judicial se destaca que, “las normas impugnadas lesionan de manera actual e inminente derechos y garantías fundamentales de la totalidad de la ciudadanía, entre ellos el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, de asociación, de participación política y de peticionar a las autoridades”.
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Asimismo, los firmantes solicitaron “como medida cautelar urgente la suspensión inmediata de la aplicación y efectos de las normas impugnadas, hasta tanto recaiga sentencia definitiva, en resguardo de la tutela judicial efectiva y frente al riesgo cierto de producción de daños de imposible o muy dificultosa reparación ulterior”.
En su presentación, los exlegisladores destacaron que los artículos e incisos de la ley modificada por DNU habilitan “tareas de contrainteligencia, recolección de información y su intercambio sin control judicial previo ni delimitación precisa de alcances subjetivos y materiales”. Y subrayaron: “La sola entrada en vigencia del DNU impugnado produce efectos jurídicos inmediatos, al ampliar de forma automática las facultades de los organismos de inteligencia y habilitar la realización de tareas de contrainteligencia, recolección e intercambio de información sin control judicial previo”.
También plantearon que las reformas al sistema de Inteligencia implementadas por la administración de Javier Milei, como la disolución de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) con el DNU 614 del 2024 y la creación de la Secretaría de Inteligencia del Estado, “sin debate legislativo ordinario, pone de manifiesto la falta de previsión, estabilidad y razonabilidad normativa en una materia de alta sensibilidad constitucional, y refuerza la necesidad de que dicho régimen sea objeto de deliberación y decisión por el Congreso de la Nación”.
Asimismo reafirmaron la inconstitucionalidad de la norma y dejaron en claro que, “las disposiciones introducidas por el DNU 941/2025 afectan de manera directa, actual y estructural un conjunto de derechos y garantías constitucionales cuya vigencia resulta indispensable para el funcionamiento del sistema democrático. No se trata de eventuales riesgos futuros, sino de lesiones que derivan de la sola vigencia del régimen normativo impugnado”.
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Nuevos rechazos al decreto presidencial
En los últimos días los diputados del interbloque Unidos, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, de la Coalición Cívica y el socialista Esteban Paulón también presentaron un amparo contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia y pidieron que “se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable”.
“Es un interés bien concreto, personal, inmediato y sustancial el que intentamos preservar: el de hacer posible nuestro derecho político a actuar como legisladores, en el ámbito del órgano que integramos, y a fin de persuadir en determinado sentido a nuestros colegas y determinar la aprobación o rechazo de proyectos de ley con nuestro voto”, indicaron.
Mientras que la bancada del Justicialismo en el Senado, conducida por José Mayans, rechazaron la implementación de la medida para cambiar la norma de Inteligencia, ya que considera que no existe necesidad ni urgencia para su dictado.
Además, según comentaron, “el Presidente de la Nación tenía la posibilidad de modificar la ley de Inteligencia Nacional mediante la elaboración de un proyecto que podía incluir en el temario de las sesiones extraordinarias. Sin embargo, prefirió eludir la búsqueda de consensos necesarios firmando un DNU que vulnera nuestra Constitución Nacional. Esto demuestra una vez más el desprecio del presidente Milei por las Instituciones de la República y es un claro intento por avanzar sobre las libertades democráticas”.
DNU, inteligencia, amparo
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó este martes una acción de amparo colectivo para que “se declare la nulidad absoluta, ilegalidad e inconstitucionalidad” del DNU 941/2025 que reformó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplió sus facultades, por ejemplo, para detener a personas sin una orden judicial.
El escrito, que se suma a las presentaciones realizadas el lunes por diputados de la Coalición Cívica y el Socialismo, y este mismo martes, por dirigentes ligados a la UCR, señala tres motivos centrales por los cuales el DNU del presidente Javier Milei es nulo, a la vez que apunta contra dos peligros principales que acarrea su aplicación.
Entre las tres razones para reclamar la nulidad, el CELS destaca primero que “no hay ninguna explicación sobre la urgencia ni los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo decidió promover una reforma tan significativa de la Ley de Inteligencia a través de un DNU”. Luego, advierte que el Poder Ejecutivo “tiene prohibido legislar en materia penal y, con este DNU, habilita a agentes de inteligencia a detener personas sin orden ni control judicial posterior”. En tercer lugar, señala que “los contenidos que regula resultan no solo ilegales por los derechos que afecta, sino además arbitrarios y desproporcionados”.
A la hora de marcar los ejes problemáticos del DNU, destaca en primer lugar el “desmantelamiento de las prohibiciones históricas a los agentes de inteligencia”, a través de dos mecanismos. El primero es la “ampliación de las facultades de intervención bajo los paraguas de ‘investigaciones de inteligencia’ o bajo la figura de acciones de contrainteligencia”.
El CELS explica que la ley que modifica el DNU impedía que las agencias de inteligencia influyeran en la situación institucional, política, social y económica del país, en la política exterior, en la vida interna de los partidos políticos, en la opinión pública, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
“Este DNU −advierte− excluye de esta prohibición histórica a las actividades de contrainteligencia, cuyo alcance ha sido también redefinido y ampliado en forma arbitraria excediendo lo que históricamente se conocía como esta clase de actividades. Así, con esta reforma, cualquier actividad de inteligencia puede ser calificada como contrainteligencia quedando habilitada la SIDE a intervenir e influir en todos los ámbitos sociales, políticos e individuales que hasta ahora no tenía permitido».
El segundo mecanismo cuestionado es el que le da a la SIDE acceso “a toda la información que tiene el Estado sobre las personas, por motivos ajenos a cuestiones de seguridad nacional”. En ese punto, indican que el nuevo artículo 10 quinquies propuesto en el DNU habilita a las agencias de inteligencia a requerir datos personales a cualquier organismo del Estado nacional o de las provincias sin control externo y sin necesidad de demostrar la proporcionalidad y compatibilidad de esa intromisión con una finalidad legítima vinculada a la seguridad nacional.
También apuntan que el artículo 4.5 habilita a la SIDE a divulgar esa información a otras entidades nacionales o extranjeras sin necesidad de una orden judicial previa.
El segundo eje problemático, en el que insistieron todas las presentaciones judiciales y las críticas de constitucionalistas cuando se conoció el DNU 941/2025, tiene que ver con la facultad para detener personas sin orden ni control judicial.
“La autorización de facultades de carácter punitivo o represivo como estas implica una violación a la prohibición que pesa sobre el Poder Ejecutivo para legislar en materia penal (art. 99, inc. 3, C.N.)”, indica la presentación, para enfatizar que el DNU apela a una “definición vaga, amplia e imprecisa”, la de “investigación de inteligencia” y de “actividades de interés”, para facultar esas detenciones.
“Esto hace que se habiliten detenciones sin que exista una hipótesis concreta de delito ni un piso mínimo de sospecha acerca de la participación de la persona a la que los agentes de inteligencia pretenden detener”, advierten.
“En definitiva, todas estas modificaciones no son meros ajustes de estructuras administrativas, sino que implican intervenciones restrictivas directas o invasiones sobre nuestros ámbitos de autonomía y acción social, decididas por un instrumento de baja calidad democrática”, completa el CELS.
En la presentación, la entidad pide habilitar la feria judicial y solicita como medida cautelar urgente que se suspenda la aplicación de los artículos 4, 17, 18 y 19 por su afectación directa a derechos constitucionales y humanos.
SIDE,UCR,Javier Milei,Conforme a,SIDE,,“Vigilancia estatal”. Dirigentes ligados al radicalismo presentaron un amparo contra el DNU que reconfiguró la SIDE,,Duras críticas. Fores y el Club Político Argentino sumaron su rechazo al DNU que reforma la ley de inteligencia,,Rechazo. La oposición busca voltear el decreto que reforma la SIDE pero deberá esperar al menos hasta febrero
POLITICA
La Cámara de Representantes de EEUU reactivó Caucus Argentina, un espacio de trabajo en temas de interés común
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha oficializado la reactivación del Caucus Argentina, una instancia que, según comunicó el embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, representa un avance en la cooperación bilateral entre ambos países. Esta reapertura, que coincide con un contexto político estadounidense marcado por el debate interno sobre reformas fiscales y migratorias, introduce una agenda de trabajo orientada a fortalecer la colaboración en sectores estratégicos como defensa, seguridad, energía y minería. El relanzamiento del grupo, discontinuado en enero de 2023, fue celebrado por Oxenford como un “hito histórico” y el resultado de un trabajo conjunto con los legisladores estadounidenses Michael Rulli y Darren Soto, quienes asumen ahora la co-presidencia del Caucus.
La iniciativa se produce en un momento en que la relación bilateral entre la República Argentina y Estados Unidos adquiere un carácter prioritario para ambos gobiernos. De acuerdo a lo expuesto por Oxenford en su comunicación pública, el Caucus Argentina funcionará como un canal para profundizar los lazos institucionales y facilitar la coordinación de proyectos conjuntos. El diplomático destacó que, desde el inicio de su gestión en la capital estadounidense, mantuvo encuentros con numerosos legisladores interesados en el proceso de transformación que impulsa el ejecutivo argentino bajo el liderazgo de Javier Milei, con especial atención al potencial que tienen los Congresos de ambos países para ampliar la cooperación en áreas clave.
La reactivación del grupo parlamentario ocurre mientras la administración de Donald Trump, consolida su posición en la región luego de la captura del ex dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Además, se da mientras el presidente Javier Milei trabaja para fortalecer un bloque de países alienadas con la política internacional norteaméricana. Pese a la intensa actividad legislativa interna, la restitución del Caucus Argentina fue señalada por el embajador como una herramienta central de diplomacia parlamentaria, destinada a “difundir el proceso de reformas estructurales” que desarrolla el gobierno argentino y a explorar nuevas oportunidades de colaboración “en beneficio de ambos países”.
Según Oxenford, la reapertura del Caucus Argentina responde a un contexto de “nivel sin precedentes de la relación bilateral” y a la “profundidad de la alianza estratégica” que vincula actualmente a los dos Estados. El diplomático subrayó que la existencia de este grupo constituye una “valiosa plataforma” para fortalecer el trabajo de la Embajada Argentina en Washington con el Congreso y para fomentar un diálogo permanente entre legisladores de ambas naciones. Además, remarcó el papel de la diplomacia parlamentaria en la promoción de reformas estructurales y la identificación de oportunidades de cooperación que trascienden la agenda tradicional.
En palabras del embajador, la reactivación del Caucus fue posible gracias a las gestiones realizadas junto a los representantes Rulli y Soto, a quienes agradeció públicamente por asumir la co-presidencia y por el “firme compromiso” con el fortalecimiento de la relación bilateral. Oxenford precisó que, desde su arribo a Washington, los legisladores estadounidenses han mostrado un “marcado interés” en el proceso de transformación argentino, especialmente en lo relativo al rol de los poderes legislativos en la ampliación de la cooperación en defensa, seguridad, energía y minería, entre otras áreas.
La decisión de restablecer el Caucus Argentina se da, además, en un marco de alta actividad legislativa en la Cámara de Representantes, que en paralelo se encuentra abocada al debate y votación de un paquete fiscal y migratorio de alto impacto. Mientras el liderazgo republicano busca los consensos internos para aprobar leyes, el relanzamiento de este grupo de amistad con Argentina incorpora un elemento adicional a la agenda bilateral, situando al país sudamericano en el radar de prioridades estratégicas en Washington.
El embajador enfatizó que este mecanismo no solo refuerza el trabajo institucional de la Embajada, sino que contribuye a la promoción de un “mayor intercambio entre legisladores” y a la consolidación de un diálogo “sustantivo y permanente” entre los poderes legislativos de ambos países.
North America,Government / Politics,WASHINGTON
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