POLITICA
El peronismo se presentó en la Justicia para que se evite un recuento nacional de votos
El Partido Justicialista (PJ) le reclamó a la Cámara Nacional Electoral (CNE) que ordene al Gobierno realizar el recuento de votos de las elecciones legislativas del próximo domingo solo por distrito y que no se incluya un resultado nacional. Ocurre que la denominación “Fuerza Patria” no está presente en las 24 jurisdicciones, a diferencia de lo que sucede con la alianza oficialista La Libertad Avanza, y un conteo nacional perjudicaría al justicialismo.
En la presentación, a la que accedió , el PJ objetó recuento que quedaron expuestos en un simulacro hecho por la Dirección Nacional Electoral (DINE) el sábado, en el que se incluyó “una consolidación de votos a nivel nacional -utilizando los datos del cargo diputados nacionales- que agrupa las alianzas bajo criterios que no supieron explicar”, según se lee en la presentación del PJ, firmada por los apoderados partidarios Eduardo Cergnul, Patricia García Blanco, Eduardo López Wesselhoefft y Agustina Vila.
Según argumentaron desde el partido que preside Cristina Kirchner, “la próxima elección es nacional de distrito y no de distrito único, [lo] que habría justificado la sumatoria de los votos de candidaturas que se eligen por distrito República Argentina, agrupando las alianzas de igual nombre”.
“La consolidación de un resultado nacional es incorrecta y cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es arbitrario. Los resultados deben informarse, distrito por distrito, sin acumular. La metodología propuesta excede las responsabilidades de la Dirección Nacional Electoral, cuya función debe limitarse a contar y hacer público los resultados oficiales de la elección, por lo que, de lo contrario, estaría distorsionando la información y alterando la interpretación, por terceros, del resultado provisorio. Lo pretendido excede sus misiones, funciones e incumbencias”, se sostuvo en el texto presentado por los apoderados del PJ ante la CNE, que integran los jueces Daniel Bejas (presidente), Alberto Dalla Via (vicepresidente) y Santiago Corcuera (juez de Cámara).
En su planteo, los apoderados del peronismo criticaron que en el simulacro “se realizó un cálculo de asignación de bancas sobre los votos consolidados agrupados a nivel nacional, procedimiento que no resulta aplicable, ni compatible con la lógica, ni con la normativa vigente, en tanto que el resultado electoral, como la proyección de asignación de bancas (en caso de autorizarse), deben efectuarse sobre los resultados correspondientes a cada provincia”.
Según el pedido del PJ a la Justicia Electoral, “una consolidación nacional no tiene sustento fáctico, atento a que, desde lo constitucional y jurídico, no hay una elección nacional, de distrito único, por realizarse”. Si bien en su presentación los responsables jurídicos del partido aclararon que la lectura nacional puede realizarse “desde lo partidario o lo periodístico”, subrayaron que “el Estado Nacional, a través de la DINE, no puede apartarse de sus competencias e inmiscuirse en recuentos o lecturas políticas de las cuales debe mantenerse al margen”.
El pedido del PJ es que la Cámara Nacional Electoral “haga saber a la Dirección Nacional Electoral que, únicamente, deberá informar los resultados de los escrutinios de los votos de cada distrito electoral, absteniéndose de acumularlos nacionalmente, bajo ningún parámetro, ya que lo contrario no tiene base normativa y genera confusión en la ciudadanía”.
Un recuento nacional perjudicaría al peronismo y beneficiaría a La Libertad Avanza. El sello electoral del Gobierno está presente en todas las provincias; Fuerza Patria, en cambio, tiene presencia en 13 provincias y, en el resto, compite bajo otras denominaciones similares. En ese sentido, la alianza “Fuerza Entre Ríos”, que lideran como candidatos Guillermo Michel y Adán Bahl, obtuvo un fallo de la Cámara Nacional Electoral que le permite vincular su alianza a “Fuerza Patria”, a pesar de no compartir el nombre.
Los distritos en los que Fuerza Patria no está presente son Chubut (Unidos Podemos), Entre Ríos (Fuerza Entre Ríos), Formosa (Frente de la Victoria), La Pampa (Defendemos La Pampa), La Rioja (Federales Defendamos La Rioja), Mendoza (Frente Justicialista Mendoza), San Juan (Fuerza San Juan), San Luis (Fuerza Pueblo), Santa Cruz (Fuerza Santacruceña), Santiago del Estero (Fuerza Patria Peronista) y Tucumán (Tucumán Primero).
Desde el Gobierno, a última hora de ayer se mostraban sorprendidos por la presentación que se aprestaba a realizar el peronismo y se concretó esta mañana. La calificaron de “chicana”. Para un alto funcionario nacional, “se trata de una chicana, porque la confrontación real es entre el PJ y La Libertad Avanza” y “lo cuente o no lo cuente la Cámara Nacional Electoral, se van a contar cuántos diputados sacó cada uno”.
En el oficialismo agregaban, con tono de ironía, que “tal vez tienen algún temor de quedar muy abajo”, y por esa razón el peronismo acudía a la Justicia. Un funcionario explicó: “El escrutinio es el que hace la Justicia. La Dirección Nacional Electoral realiza un escrutinio provisorio e informativo, con los criterios que considera que tienen interés. El resultado global entendemos que genera interés, más allá de no tener ningún valor ni implicar nada en sí”.
Según informó la Dirección Nacional Electoral, el sábado, en la sede del Correo Argentino ubicada en el barrio porteño de Barracas, se realizó un simulacro “en el que se evaluó de manera satisfactoria el funcionamiento del sistema de transmisión, recuento provisional de votos y difusión de resultados electorales”.
En un párrafo de su comunicado, la DINE (que conduce Luz Landívar) especificó que el simulacro “contempló instancias específicas de control, tales como procedimientos de digitación, tratamiento de incidencias, ingreso y egreso de personal, totalización de resultados y fiscalización desde los 24 distritos”.
Landívar sostuvo que “el operativo abarcó los 24 distritos electorales del país y contempló la transmisión de más de 108.992 telegramas desde más de 14.370 locales de votación equipados con kit de transmisión y desde más de 950 sucursales electorales digitales”.
“El simulacro alcanzó el nivel más alto de transmisión desde los establecimientos de votación de la historia”, sostuvo Landívar, antes de que el peronismo difundiera su oposición al ensayo electoral que llevó adelante la DINE el sábado en el Correo Argentino.
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POLITICA
Kicillof se mostró con la cúpula policial e intendentes en medio del debate por ley penal juvenil
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la apertura del Congreso Provincial de Seguridad en la Escuela de Policía Juan Vucetich de Berazategui y firmó la adhesión de seis nuevos municipios al programa Entramados, en un contexto nacional marcado por el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal juvenil en la Cámara de Diputados y mientras el resto de las gobernaciones observa y monitorea lo que sucedió en la provincia de Santa Fe, con epicentro en la ciudad de Rosario, donde se vivieron días de tensión ante la revuelta policial que este jueves decantó en la remoción del jefe de la fuerza de esa ciudad, Guillermo Solari y obligó al gobernador Maximiliano Pullaro a firmar un decreto que eleva el salario inicial del policía a $1.350.000.
Kicillof estuvo este jueves en la Escuela Vucetich junto a la cúpula de la Policía bonaerense, intendentes del conurbano e interior y funcionarios provinciales, para abrir el congreso de Seguridad provincia y firmar la adhesión de nuevos municipios al programa Entramados, con el que se busca prevenir y acompañar a jóvenes en riesgo de acción delictiva. Todo, mientras la Cámara de Diputados de la Nación, debate la reforma al régimen penal juvenil, que busca bajar la edad de pena de 16 a 14 años. “El que mata, el que lastima, queda encerrado, tenga la edad que tenga. Pero también sabemos que para prevenir el delito hay que mejorar la calidad de vida, y eso implica más justicia social, trabajo e inversión de un Estado eficiente”, expresó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.
El acto reunió a la conducción de la Policía bonaerense, intendentes del conurbano y funcionarios provinciales. Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Seguridad; el jefe de la Policía, Javier Villar, y el superintendente de Fuerzas de Operaciones Especiales, Walter Chiucaloni. El mandatario destacó que el encuentro busca exponer las políticas implementadas en materia de seguridad en los últimos seis años: “Comenzamos a revertir muchos años de deterioro y desprestigio de nuestra Policía, que no contaba con las herramientas ni la capacitación necesarias, y lo seguimos haciendo incluso ahora, con mucho más esfuerzo, luego de que el Gobierno nacional nos quitara ilegalmente los fondos que nos corresponden”.
Además, mandó un mensaje a la administración de Javier Milei. “Le aviso a los libertarios: para tener mejor policía hay que invertir más y hay que tener más Estado. La Policía es el Estado también».
Durante el encuentro, los intendentes Juan Fabiani (Almirante Brown), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas) y Eva Mieri (Quilmes) junto al secretario de Seguridad de Avellaneda, Alejo Chornobroff formalizaron la incorporación de sus distritos al programa Entramados. Esta iniciativa ya suma treinta municipios y apunta a la prevención y abordaje del delito juvenil a través de una intervención sociocomunitaria del Estado.
Según el documento firmado por los intendentes, Entramados representa una política integral que pone el foco en la prevención y en el acompañamiento de los jóvenes en riesgo, priorizando la intervención estatal temprana y articulada con municipios, provincias y organizaciones comunitarias. El texto enfatiza la necesidad de políticas basadas en evidencia, que aborden las trayectorias educativas interrumpidas, la fragilidad de las redes familiares, la exposición a la violencia, el acceso limitado a dispositivos de salud mental y la falta de alternativas en el mercado laboral. Según explicaron desde el área de Seguridad, a diferencia del enfoque punitivo, Entramados busca evitar que los jóvenes inicien carreras delictivas y fortalecer la presencia estatal para ofrecer respuestas y oportunidades a quienes más lo necesitan.
Por ello, contexto del acto de este jueves estuvo atravesado por la discusión sobre el régimen penal juvenil. En 2025, en la provincia de Buenos Aires se aprehendieron cerca de 5.000 menores de 16 años, de los cuales 19 fueron por homicidio. Según la administración de Kicillof, el proyecto impulsado por el Gobierno nacional pone el foco en esos casos y plantea penas de adultos para adolescentes, sin ofrecer políticas activas para el resto de los jóvenes en situación de riesgo.
Kicillof criticó a los sectores que promueven ajustes presupuestarios y sostuvo que “para tener una Policía mejor hay que contar con un Estado que invierta más y mejor”. Además, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, firmó un convenio para destinar 5.093 millones de pesos a la construcción de 57 viviendas para personal policial en Azul, con servicios completos de infraestructura.
El moniroteo sobre las condiciones de trabajo del personal policial se profundizó en estos días ante lo sucedido en Santa Fe. Kicillof ya padeció en su primer tramo de gobierno una revuelta policial en septiembre del 2020. Esa acción de efectivos de la bonaerense tuvo su epicentro en Puente 12, La Matanza; La Plata -con una protesta a escasos metros de la residencia del gobernador- la Quinta de Olivos y otros puntos del conurbano. Devino en que el entonces presidente Alberto Fernández creáse el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, para que Kicillof pueda, entre otros ítem, mejorar el salario de la policía. La actual gestión nacional eliminó dicho fondo.
Axel Kicillof
POLITICA
La Cancillería contrató a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger para dar cursos de inglés
A través de un procedimiento administrativo que tuvo distintos pasos, la Cancillería renovó un contrato vigente desde 2018 con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para el dictado de cursos de inglés al personal diplomático. La firmante del contrato por la entidad educativa es María Josefina Rouillet, directora ejecutiva de la AACI y esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Según la información, publicada originalmente por la agencia de noticias NA y confirmada por fuentes oficiales, “la contratación se tramitó mediante una adjudicación simple por especialidad”. Debido al vínculo entre Rouillet y Sturzenegger, por el que la esposa del ministro es considerada persona políticamente expuesta, intervinieron la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), quienes dieron el aval para la operación luego de la firma de un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad educativa, por el cual las partes se comprometen a no solicitar ni aceptar dinero o cualquier tipo de dádiva derivada del vínculo. El contrato, a propuesta este año de la propia Roulliet, asciende a poco más de $113 millones, y abarca el dictado de clases y cursos para un total de 132 agentes a capacitar desde marzo a noviembre de este año, entre cursos regulares, talleres y test de nivelación.
Según informó el cable de la agencia noticiosa, en la tramitación del expediente intervinieron distintos estamentos de la Cancillería, como la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, más la Dirección del Instituto del Servicio Exterior (Isen). La disposición de adjudicación fue emitida por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, y el acto administrativo autorizó expresamente a la Dirección de Compras y Contrataciones a suscribir la orden de compra correspondiente y le delegó la facultad de aplicar eventuales penalidades por incumplimientos contractuales.
El portal COMPR.AR registra, además, una contratación previa de 2024, en la que no figura agregado un pacto de integridad. Desde el Gobierno afirmaron que, en el momento de la firma del contrato, a principios de ese año, “Sturzenegger no era ministro”, aunque sí fungía como asesor del presidente Javier Milei en la instrumentación de la ley Bases.
Conocida la información, y en el mismo sentido, el canciller Pablo Quirno defendió la contratación a través de las redes sociales. “!No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal. En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, quien revisó todo”, escribió el canciller en su cuenta de X. El jefe de la diplomacia nacional afirmó que el matutino Página 12 “escribió la nota que generó las dudas desde el título aunque leyendo la propia nota te das cuenta que ha sido todo manejado de manera correcta”.
Otros altos funcionarios prefirieron explicar a este diario, en estricto off the record, que “todo surge por hacer las cosas bien” a través del Pacto de Integridad. Sostuvieron que se trata del “mismo monto acordado en 2018” (cuando gobernaba Cambiemos, con Mauricio Macri) y actualizado por la inflación, además de sospechar de una “operación” del kirchnerismo contra Sturzenegger “por impulsar proyectos como la reforma laboral”.
Desde ese sector, la senadora Juliana Di Tullio (FPV-Buenos Aires), calificó el contrato como “un choreo de acá a Júpiter”, e ironizó al afirmar que “la familia de Sturzenegger capaz que es la única que tiene la “especialidad” de hablar inglés, digamos todo”. Prometió hacer “la denuncia correspondiente”, aunque desde el Gobierno reiteraron que “se dieron todos los pasos legales” en la contratación de la entidad educativa con sede en la calle Suipacha al 1300.
Federico Sturzenegger,Cancillería,Conforme a,Federico Sturzenegger,,Media sanción. Sturzenegger defendió los cambios de la reforma laboral: indemnizaciones, horas extra y licencia por enfermedad,,La situación económica. Se perdieron 180.000 empleos privados registrados durante la gestión Milei,,“No hay efecto sobre el empleo”. Sturzenegger volvió a atacar a la UIA y reiteró su defensa de la apertura económica
La investigación judicial por presuntas maniobras irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se prepara para una etapa decisiva. En las próximas semanas, la Justicia avanzará con la apertura y análisis forense de teléfonos celulares, computadoras y servidores incautados durante los allanamientos realizados en oficinas de la droguería Suizo Argentina.
La medida fue dispuesta dentro del expediente que ya acumula 19 procesados por administración fraudulenta, cartelización y sobreprecios en la provisión de medicamentos de alto costo destinados al programa Incluir Salud. Los investigadores buscan determinar si la empresa tuvo un rol más relevante del que aparece formalmente en las contrataciones estatales.
Sospechas de un “proveedor oculto”
La hipótesis principal apunta a que algunas droguerías de menor tamaño que resultaron adjudicatarias en licitaciones restringidas no contaban con estructura suficiente para cumplir los contratos. En varios allanamientos se hallaron depósitos vacíos, escaso personal e infraestructura mínima, lo que llamó la atención de los peritos.
Ante ese escenario, la fiscalía intenta establecer si Suizo Argentina funcionaba como proveedor real de los medicamentos que debían entregar esas firmas. Es decir, si las empresas ganadoras actuaban como intermediarias mientras la provisión efectiva se realizaba desde una compañía con mayor capacidad logística.
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Según la reconstrucción del expediente, entre 2024 y 2025 se concretaron más de veinte procesos de compra con órdenes millonarias. Dos de las droguerías investigadas concentraron la enorme mayoría de las adjudicaciones, mientras otras también registraron un crecimiento abrupto de ventas al Estado sin antecedentes comerciales equivalentes.
Chats, audios y un nombre clave
El foco judicial también se dirige hacia un abogado vinculado a la firma, mencionado reiteradamente en conversaciones telefónicas incorporadas a la causa. En escuchas y mensajes se lo alude mediante un apodo y, para los investigadores, podría haber actuado como nexo entre proveedores y funcionarios del organismo.
Un audio agregado al expediente muestra a un exfuncionario comentando a un empresario que esa persona “ya estaba al tanto” de determinadas decisiones administrativas. La fiscalía sospecha que existía coordinación previa en procesos de compra y en cambios internos dentro del organismo.
Incluso, en una de las comunicaciones aparece la supuesta aprobación para desplazar a una funcionaria técnica que cuestionaba contrataciones, además de la recomendación de incorporar personal cercano al grupo empresario.
Desde Suizo Argentina negaron cualquier irregularidad. Voceros legales señalaron que la venta de medicamentos entre droguerías es una práctica habitual del mercado y remarcaron que, de haber existido operaciones comerciales, no correspondían a las licitaciones bajo sospecha.
También rechazaron la idea de que la firma necesitara triangular operaciones. “La compañía tiene una porción importante del mercado y vende directamente al Estado”, afirmaron desde su entorno jurídico.
Cambio de juez y prueba clave
El juez federal, Ariel Lijo.
El análisis de los dispositivos será central para la causa. Los peritos buscarán recuperar correos electrónicos, historiales de mensajería, registros de facturación y comunicaciones internas que permitan reconstruir la cadena comercial y las decisiones administrativas.
El expediente cambió recientemente de manos tras un sorteo en la Cámara Federal y ahora quedó a cargo del juez Ariel Lijo. Antes de apartarse, el magistrado anterior había dictado los procesamientos y describió un esquema que incluía direccionamiento de contrataciones, posibles retornos económicos y empresas interpuestas.
Mientras las defensas plantean nulidades, los investigadores consideran que el contenido de los equipos secuestrados podría confirmar —o descartar— la existencia de una estructura organizada para intervenir en compras públicas de medicamentos. El resultado de esas pericias será determinante para definir responsabilidades penales y la eventual ampliación de imputaciones.
La entrada Coimas en la ANDIS: la Justicia peritará teléfonos y servidores de Suizo Argentina se publicó primero en Nexofin.
Ariel Lijo,Coimas en ANDIS,Incluir Salud,Suizo Argentina
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