Claudio “Chiqui” Tapia lo hizo. Su estrategia judicial, de concentrar todas las causas contra la AFA en el juzgado federal de Campana de Adrián Gonzalez Charvay, se concretó. Al menos, por ahora, hasta que la Cámara Federal de Casación decida si ese será el destino final de los expedientes o si deben regresar a la justicia de la Capital Federal.

Es que hoy el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, se inhibió y envió a González Charvay en Campana una parte de su expediente donde investigaba a la AFA por supuesto fraude por transferencias a empresas fantasmas de 300 millones de dólares cobrados en Estados Unidos.

Lo mismo hizo la semana pasada la jueza de instrucción Paula Petazzi, que llevaba una denuncia similar de fraude, realizada por el agente FIFA Guillermo Tofoni. Petazzi también se había declarado incompetente y enviado el expediente a Campana, a solicitud del propio juez González Charvay.

Tofoni apelará la medida de Petazzi, aunque la fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, en su dictamen se mostró favorable a que la causa vaya a Campana. “La inhibitoria requerida no sólo obtura la persecución penal múltiple, sino que también favorece a la correcta y más rápida administración de justicia, sin poner en riesgo los demás tramos de la amplia hipótesis delictiva que persigue esta causa”, escribió.

Estas dos causas de fraude por supuesto desvío de unos 300 millones de dólares cobrados por la AFA en los Estados Unidos que involucra al empresario Javier Faroni y su mujer, se suman el expediente que ya está en Campana donde se averigua quiénes son los verdaderos dueños de la mansión en Pilar, que se le adjudica a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Se sospecha que esa quinta, valuada en 20 millones de dólares, es producto del lavado de dinero. La quinta se trataría del bien adquirido con el dinero producto del fraude, que está ahora a nombre de supuestos testaferros, en la hipótesis fiscal.

Este juzgado de Campana es donde la AFA quiere que queden todos sus expedientes, pues piensa que le irá mejor allí que en otras jurisdicciones. Apuesta a que el juez los favorezca.

La última palabra de todos modos la tiene la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces de Casación, Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky, deberán resolver si el caso, donde se investiga a los verdaderos dueños de una mansión de Pilar valuada en 20 millones de dólares, tramita en Campana con el resto de las causas o si lo hace en la justicia federal porteña o en la penal económico de la Capital Federal.

Esta decisión de competencia seguramente arrastrará al resto de las causas contra la AFA.

Pero la definición de la Cámara de Casación se viene demorando. Se aplazó una audiencia citada para esta semana porque Elisa Carrió pidió apartar a la jueza Ledesma. Y por otro lado, los propios denunciados pidieron aplazarla porque hay un recurso extraordinario en trámite.

Asimismo, el fiscal ante la Casación, Mario Villar, advirtió que el inicio de la causa de Campana se realizó mediante un mail, sin denuncia ni requerimiento fiscal, lo que permite que el acusado elija al juez que lo investiga.

Todo esto será resuelto por los jueces de la Cámara de Casación en por lo menos dos semanas, ya que la actividad judicial se aplazó por las Pascuas y el Pesaj.

En la causa de la Quinta de Pilar, Luciano Pantano aparece como dueño de la mansión. El imputado es un monotributista que fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown.

Figura -con su madre,Ana Conte– como propietario de la sociedad Real Central SA, dueña del predio de Villa Rosa, con helipuerto, pista ecuestre, pileta, gimnasio y un galpón con 45 autos de colección y de alta gama.

Ahora, los jueces Armella y Petazzi resolvieron acumular en Campana a ese expediente los casos por lavado de activos y uso de sociedades “fantasma” en el exterior.

El centro del escándalo radica en un presunto “despojo total para la AFA de alrededor de 300 millones de dólares”.

Según la hipótesis que unifica los expedientes, la cúpula directiva integrada por el presidente y su tesorero Toviggino, en presunta complicidad con Érica Gabriela Gillette y Javier Horacio Faroni, habrían orquestado maniobras de vaciamiento mediante la sociedad estadounidense TourProdEnter LLC.

Esta firma fue contratada para gestionar de manera exclusiva la comercialización de partidos amistosos, derechos y patrocinios de la Selección Nacional.

A cambio, la empresa retenía una comisión del 30% que “no tendría justificación alguna” y oficiaba como vehículo para canalizar el dinero hacia sociedades fantasma radicadas en el extranjero, evitando que los fondos millonarios ingresaran a las cuentas oficiales y balances de la AFA, de acuerdo con la hipótesis bajo investigación.

El argumento por el cual Armella envió esta causa a la justicia federal de Campana es que entendió que existe una clara relación “objetiva y subjetiva” entre ambos hechos.

Ambas causas convergían en investigar el accionar de la firma estadounidense TourProdEnter LLC, de Érica Gillette y Javier Faroni, y el presunto desvío de fondos hacia sociedades “fantasma” en Florida, Estados Unidos.

Asimismo, ambas pesquisas apuntaban a dilucidar la licitud de los pagos realizados por la AFA a la empresa Real Central S.R.L. y el rol de sus directivos, Luciano Pantano y Ana María Conte.

Resaltó que de continuar con una instrucción paralela sobre los mismos sucesos, se afectaría la garantía constitucional que prohíbe la doble persecución por los mismos hechos y se corre riesgo de dictar sentencias contradictorias.

Tras destacar que se trata de un asunto de economía procesal y optimización de recursos, resaltó el antecedente de la jueza Paula Petazzi y el aval de la fiscal Incardona.

En las últimas 48 horas, Irán fue un tema central en la agenda internacional de la administración libertaria a cargo de Javier Milei. A un ritmo vertiginoso se pasó de declarar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán a recibir una advertencia del gobierno de los ayattolahs. Enseguida, horas después, el Gobierno avanzó con la expulsión del encargado de negocios de la embajada de Irán en el país, Mohsen Soltani Tehrani.

Al pedido de expulsión se le sumó la declaración de persona non grata a Tehrani y se le fijó como plazo 48 horas.

El Gobierno resolvió avanzar sin pausa en el distanciamiento con Irán.

Tehrani era la última representación de Irán en el país y su expulsión es el “paso previo” a romper relaciones diplomáticas, según detallaron fuentes del Poder Ejecutivo.

Si bien la decisión quedó acotada a la expulsión de Tehrani, en los hechos es una ruptura de relaciones.

La embajada de Irán en Buenos Aires está encabezada por un encargado de negocios desde agosto de 1994, un mes después del atentado a la AMIA, en el que fueron asesinadas 85 personas y en el que ese país está sindicado como responsable del ataque.

Tehrani, por su parte, era desde 2021 el máximo representante diplomático de Irán en la Argentina.

La decisión conocida este jueves va en línea con la lógica geopolítica que Milei tiene desde su llegada al poder, que se expresa en una condena al terrorismo y en completa alineación con Estados Unidos e Israel, que están en guerra desde el 28 de febrero pasado con Irán.

La expulsión llevó la firma del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, con quien Milei compartió el acto minutos antes de que se conociera la medida.

El encuentro entre el Presidente y el canciller tuvo lugar en la ceremonia por la conmemoración por el 44 aniversario de la guerra de Malvinas y cuando la decisión sobre lo que sucedería con Tehrani ya estaba tomada.

Tras la declaración contra la Guardia Revolucionaria, Irán había sostenido en una declaración que Milei y Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con los ataques de EE.UU. e Israel.

Argentina, por su lado, no tiene ya representación en Teherán, capital de Irán. “Está evacuada”, explican las fuentes al describir el status de la sede.

En la actualidad, todos los temas de Irán se toman desde una representación argentina en Bakú, Azerbaiyán, según detallaron las mismas fuentes.

La advertencia de Irán, trasmitida desde su Embajada en Uruguay, marcó el último límite para el Gobierno nacional. “Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, había advertido el régimen islámico en un comunicado desde Montevideo.

Cuando se la conoció, el Gobierno concretó la decisión de expulsar el último eslabón diplomático en el país.

A partir de entonces empezaron a correr las 48 horas para que Tehrani deje el país. Irán tiene su sede diplomática sobre la avenida Figueroa Alcorta.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que la República Argentina declaró persona non grata al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán, quien debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”, informó la cartera dirigida por Quirno.

Allí luego se consignó: “La decisión se adopta en respuesta al texto difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades. Dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas l derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”.

Esto se suma, según se indicó, a la negativa de Irán a “cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA, así como a su reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables”.

“Resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina”, aseguró el comunicado.

Por último afirmó: “La Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la Justicia. La República reafirma su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como con el pleno respeto del derecho internacional”.

La decisión con la que Irán condenó que la Argentina haya declarado a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista estuvo anclada en la postura que dieron a conocer vía Uruguay.

“Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre la Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, expresó el régimen.

Consideraron que la declaración es un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”. Y advirtieron que Javier Milei y el canciller Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con los ataques de EE.UU. e Israel que comenzaron el 28 de febrero.

El gobierno argentino incorporó esta semana al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento. Su inclusión implica no solo su declaración como organización terrorista, sino también el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad, y la prohibición de la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional.

La Guardia Revolucionaria es un conglomerado militar, político y económico que fue fundado como una fuerza militar paralela al ejército regular de Irán en 1979, tras la Revolución Islámica. Hoy está presente en todos los estamentos, incluso en la política: de las 290 bancas de la Asamblea Legislativa, unas 30 pertenecen a oficiales superiores.

A mediados del mes pasado, luego de que Milei en Estados Unidos dijera que Irán “es el enemigo” y afirmara ser el mandatario “más sionista del mundo”, el periódico ligado al régimen Tehran Times publicó en su tapa una amenaza a la Argentina.

La columna de opinión, firmada por Saleh Abidi Maleki, tenía como título “Milei, ¿quo vadis? [Milei, ¿a dónde vas?]» y afirmaba que el gobierno libertario se convirtió en un “instrumento” de Israel y Estados Unidos.

“Las declaraciones de Milei, presidente de la Argentina, en los últimos meses, especialmente tras la agresión militar ilegal de Estados Unidos y el régimen sionista a Irán, revelaron una vez más una realidad amarga y peligrosa. El gobierno argentino se ha convertido en un instrumento del régimen sionista y de Estados Unidos para impulsar el proyecto de iranofobia”, decía parte del texto publicado por Tehran Times.