POLITICA
Qué dijo Patricia Bullrich sobre el traslado de Lázaro Báez

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció este domingo sobre el traslado del empresario Lázaro Báez. La funcionaria ofreció detalles del operativo que movilizó al contratista, condenado por corrupción, desde la Unidad Penitenciara N°15 de Río Gallegos hasta la cárcel de Ezeiza por orden judicial, en respuesta a denuncias sobre su paradero.
En una entrevista con Luis Majul en LN+, la funcionaria desmintió las versiones y denuncias sobre una presunta desaparición del empresario. La familia de Báez realizó la denuncia, difundida en redes sociales por Diego Brancatelli, quien aseguró que los abogados desconocían la situación. Bullrich ofreció otra versión de los hechos.
Gustavo Barabino Winfo
“La Justicia le ordenó al Servicio Penitenciario el traslado de Lázaro al CP1, la cárcel de Ezeiza. Por una cuestión determinada, que la pista no estaba en condiciones, una parte del trayecto se hizo en un auto especial y la otra en avión. El abogado fue avisado”, explicó la ministra.
Subrayó que el movimiento del empresario entre las dos unidades penitenciarias se realizó de manera correcta. “Fue trasladado en regla de un penal a otro”, afirmó y añadió que el Gobierno esperó para responder a las acusaciones. “Ante las denuncias, esperamos -antes de desmentir- para demostrar que siempre generan mentiras”, sostuvo.
La decisión del regreso del empresario a la cárcel de Ezeiza la tomó el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez. El magistrado rechazó durante la semana una acción de hábeas corpus que presentó la defensa de Báez, que solicitaba la prisión domiciliaria por sus delicadas condiciones de salud.
Vázquez consideró que las actuales condiciones de detención del empresario no agravan su estado de salud. No obstante, solicitó la realización de los estudios cardiológicos requeridos en hospitales locales. Dispuso finalmente el traslado a Buenos Aires en función de su cuadro general.
gentileza
Desde Córdoba, donde acompañará al presidente Javier Milei este lunes en un acto de campaña, Bullrich también se refirió a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre. La candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires cuestionó el accionar de algunos partidos que buscaron confundir al electorado.
“Apoyamos a nuestros candidatos en Córdoba, que están un poco preocupados porque acá ha habido una maniobra del sector del peronismo que puso una boleta casi idéntica a la de LLA”, dijo la funcionaria. “Acá en Córdoba hay un fake que se hace llamar ‘Partido Libertario’, con el mismo color que el nuestro, y la Justicia lo dejó pasar. Por eso hay que aclarar que LLA va en la 13° posición en la boleta de Córdoba», precisó.
Mauro V. Rizzi
La coalición de Fuerza Patria, liderada por Cristina Kirchner y Axel Kicillof, planea un reclamo ante la Justicia electoral para un conteo de votos diferenciado por provincias. Bullrich criticó la posibilidad de que otros partidos peronistas sumen sus votos al total del kirchnerismo sin una alianza formal.
“El que no es de Fuerza Patria… ¿quién lo suma? ¿Con qué criterio se puede sumar a alguien que va con otro partido que no es de Fuerza Patria? Hubieran hecho la alianza antes. Si no, se genera una situación desigual”, criticó.
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POLITICA
Comenzó la audiencia pública sobre la modificación de la ley de Glaciares entre reclamos e impugnaciones

La audiencia pública por la modificación de la ley de glaciares comenzó con un pedido de impugnación de parte de legisladores de la oposición aduciendo que no se cumple con la ley que habilita la ponencia de la sociedad civil y de las organizaciones de la sociedad civil en la Cámara de Diputados.
El reclamo que lleva la firma de los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías; se presentó en la previa sosteniendo que las audiencias resultan “inválida por las graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo, las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)“.
La presentación que se realizó al presidente de la Cámara, Martín Menem, obtuvo respuesta del diputado de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, quien, al principio, señaló que “un grupo de diputados presentó una impugnación. Esta impugnación se le dará curso por los canales administrativos. Las presentaciones judiciales fueron todas rechazadas. La justicia federal de misiones dijo que el procedimiento es válido. Las medidas cautelares todas fueron rechazadas. La impugnación no la voy a leer y tampoco los fallos judiciales”.
No existe un canal administrativo al respecto, por lo que esto generó el primer conflicto del día.

El segundo fue el plazo. Mientras el plenario de comisión había definido que las exposiciones iban a ser de 5 minutos, los que hoy pudieron ingresar se encontraron con que el plazo para exponer era de 4 minutos, lo que generó el reclamo de parte de los expositores y los diputados de la oposición.
Mientras iban exponiendo los autorizados a ingresar -se anotaron más de 120.000 expositores y sólo se aceptó la presencia de 200-, mientras transcurría la primera hora de la audiencia diputados del peronismo frenaron la audiencia para reclamar que la seguridad de la Casa no dejaba ingresar a los expositores. Luego de varios minutos de discusión, el diputado Mayoraz tuvo que retirarse del recinto para ir junto a los legisladores de Unión por la Patria para habilitar el ingreso de aquellos que estaban anotados para exponer.
La mayoría de los expositores que se opone a la modificación de la norma hizo referencia a la restricción a la audiencia de los más de 120.000 inscriptos, anunciaron en casi todos los pasos que buscarán impugnar judicialmente la iniciativa y, en buena parte de los casos, apuntaron contra los diputados del oficialismo a quienes acusaron en repetidas veces de “reírse” de las exposiciones.
Entre medio de tantos discursos que fueron señalando las razones por las cuales no se debía modificar la ley de glaciares, a favor del cuidado del agua y que “sólo 12 provincias definan sobre la totalidad del agua de los argentinos”, sólo el ministro de producción de San Juan apoyó el proyecto de LLA. Gustavo Fernández, quien fue abucheado en parte de su exposición, hizo referencia a que su provincia no tiene conflicto con el agua por las mineras sino “porque el kirchnerismo en los últimos 20 años abandonó las obras de mantenimiento del riego”, lo que generó aplausos del oficialismo. Pasado los 4 minutos, y mientras intentaba seguir hablando, los diputados de los bloques de la oposición le gritaron que se había acabado su tiempo. En ese clima se vive la audiencia.
Por el lado de los sectores que se oponen, el momento cúlmine estuvo de la mano de Marta Maffei, la ex diputada del ARI y autora de la ley original que el oficialismo intenta modificar. “El Senado votó un proyecto que deroga las claves de la ley actual, omite todos los recaudos legales y constitucionales», dijo la docente que formó parte de la Carpa Blanca a finales de los 90. “Esta audiencia es de una profunda ilegitimidad. Un puñado de diputados pretende sanear lo que quieren hacer convocando a esta farsa”, dijo la ex legisladora frente a los gritos de “mentira” que salían del bloque libertario y que Maffei respondía. Visiblemente enojada, señaló que su presencia “no convalida esta farsa” y que se reservaba el derecho de llevar adelante las acciones legales que crea necesarias. “Este es un proyecto regresivo y discrecional para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua”, finalizó.
La otra gran figura fue Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz, quien señaló que se hacía presente “por una gran preocupación que es el agua. No es una mercancía, es un derecho que se le está quitando al pueblo”.
Otro de los más aplaudidos fue Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). El abogado ambientalista y magíster en Derecho Ambiental, no solo señaló la falta de legalidad de la audiencia por incumplir con las normas establecidas sino que el hombre que negoció “durante 8 años” el Acuerdo de Escazú —el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe—, dijo que con la modificación no se genera seguridad jurídica porque “van a ver cientos de demandas con esta ley”. Luego de hacer un recorrido sobre los fallos a favor de la ley vigente, Nápoli dijo que “no necesita modificarse ni interpretarse, necesita ser cumplida”.
En otro momento de la audiencia, y mientras se iban encadenando exposiciones en contra, el abogado ambientalista Enrique Viale mencionó “las multinacionales que se verán beneficiadas con la nueva Ley de Glaciares: Vicuña, Barrick Gold y Glencore”. Luego, anunció que “mañana denunciaré a la senadora Flavia Royón por incompatibilidad con la función publica y cohecho”. La acusó de trabajar para el gigante Río Tinto. “No representa a Salta, representa a las mineras”, advirtió Viale.
Noticia en desarrollo
Senado
POLITICA
El Senado tratará la designación de Crexell como embajadora en Canadá y la promoción de militares

Mientras todavía siguen soportando las réplicas por los escándalos que salpican al Gobierno -el caso $LIBRA y los avatares turísticos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni-, el oficialismo intentará retomar la actividad legislativa en el Senado con el tratamiento en la Comisión de Acuerdos de la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá y de los ascensos de los jefes y de más de un centenar de efectivos de las Fuerzas Armadas.
La reunión está citada para este jueves, a las 14.30, y el kirchnerismo promete convertir a la Comisión de Acuerdos en una nueva caja de resonancia para sus denuncias sobre un supuesto pago de coimas para la aprobación de la Ley Bases por parte de la administración libertaria de Javier Milei.
El temario también incluye los ascensos al rango superior de los actuales jefes del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich, y de la Armada y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Dalle Nogare, respectivamente.
La figura de Crexell, que siempre negó las imputaciones, quedó en el centro de la polémica cuando en pleno debate de la Ley Bases en el Senado se filtró en los medios de comunicación que el Poder Ejecutivo iba a nominarla como embajadora ante la Unesco, organización de las Naciones Unidas para la educación, la cultura y las ciencias con sede en París.
De manera inmediata, el kirchnerismo usó el caso como una prueba del supuesto pago de canonjías a cambio del voto a favor de la primera ley impulsada por el gobierno libertario.
Las acusaciones se convirtieron en una denuncia penal que terminó desestimada en octubre de 2024 en un fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 “por inexistencia de delito”. El dictamen judicial fue impulsado por el fiscal Daniel Rafecas quien, ante la vista del juzgado, concluyó que no había ninguna conducta reprochable.
“Tanto el hecho de que la senadora Crexell haya brindado su voto positivo a la ‘Ley Bases’, como los actos administrativos que hasta la fecha se hayan dictado en pos de la eventual designación de la nombrada en otro cargo, resultan ser conductas dentro de los parámetros legales y atinentes a las funciones públicas de sus intervinientes, sin que surjan del legajo otros elementos objetivos que permitan tacharlas de ilícitas, por lo que no les cabe reproche penal alguno”, opinó el representante del Ministerio Público.
Sin embargo, y aferrado al caso del senador entrerriano Edgardo Kueider, que fue detenido con varios miles de dólares sin declarar cuando intentaba cruzar de Brasil a Paraguay en la zona de la triple frontera, el bloque kirchnerista del Senado sigue hostigando a Crexell., que dejó de ser senadora en diciembre último.
Así lo hizo durante la sesión de la semana pasada, cuando la riojana Florencia López planteó una cuestión de privilegio en la que afirmó que el envió del pliego que nomina a la exsenadora como embajadora en Canadá “es la configuración (sic) del pago de la coima por el voto de la senadora Crexell de la ley Bases”.
“Hoy viene el Poder Ejecutivo a pagar una coima que le prometió a la senadora Crexell en el momento que se votó la ley bases en este recinto, por eso no podemos permitir la consumación del delito de cohecho activo y de cohecho pasivo dispuesto en el artículo 256 del CP, porque nosotros somos testigos calificados de que se produjo ese delito acá”, denunció López.
Le salió al cruce la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), quien tras informarle a López sobre el falló que exoneró a Crexell pasó al ataque y acusó a la senadora opositora de mentir.
“La acusación que acaba de hacer la senadora no sólo viola el principio de inocencia de la exsenadora (Crexell) sino que cae en una flagrante mentira al decir que hubo una coima en ese tratamiento”, afirmó Bullrich en directa respuesta a la intervención de López.
La designación de Crexell será el último tema de la reunión. Antes, la Comisión de Acuerdos tratará un paquete de ascensos militares, entre los que se destacan os ascensos de los jefes del Ejército, de la Armada y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
En el caso de Zarich (Ejército) será promovido al cargo de teniente general. Por su parte, Romay (Armada) y Dalle Nogare (Estado Mayor Conjunto) serán ascendidos al rango de almirante.
El paquete se completa con tres pliegos ómnibus con ascensos de 73 contraalmirantes de la Armada, de 66 promociones en el Ejército (generales de brigada, coroneles y tenientes coroneles)y de 38 efectivos de la Fuerza Aérea (comodoros y vicecomodoros).
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POLITICA
La Justicia rechazó un pedido de “Chiqui” Tapia para salir del país por 60 días

La Justicia rechazó un pedido del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para salir del país durante 60 días. La medida la dispuso el magistrado Diego Amarante en la causa que investiga la retención de $19.300 millones en impuestos y aportes previsionales.
Los abogados de Tapia hicieron una presentación en este juzgado, que analizó el pedido y consideró que no correspondía otorgarle este permiso al jefe de la AFA que pretendía salir del país durante 60 días a un destino indeterminado. Desde el juzgado entendieron que no había datos concretos en el pedido elevado por Tapia.
Amarante consideró que “el análisis de las constancias acompañadas para sustentar el pedido permite concluir que las mismas no logran acreditar la necesidad ni la urgencia del mecanismo excepcional pretendido”.
El juez mencionó que la defensa de Tapia pidió en la presentación que se le autorizara al dirigente deportivo su salida por 60 días del país, a partir del próximo 20 de marzo, “oportunidad en la que vence el plazo para el cual ya ha sido autorizado bajo las condiciones y obligaciones oportunamente dispuestas”.
Mencionó que la defensa “invocó el derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional amparado por la Constitución Nacional y tratados internacionales, señalando que toda limitación a la libertad ambulatoria debe aplicarse con criterio restrictivo y proporcional”.
Además, que el pedido “se ajusta a los estándares procesales vigentes al fundarse en la inexistencia de un peligro real de fuga o de obstaculización, permitiendo mantener el control judicial sin imponer cargas desproporcionadas al imputado ni al órgano jurisdiccional”.
Sumado a que “el arraigo del imputado y su conducta procesal irreprochable, remarcando que se puso a derecho de inmediato y cumplió estrictamente con las obligaciones impuestas por esta judicatura”, y que “el pleno sometimiento a la jurisdicción se verificó objetivamente con su comparecencia a prestar declaración indagatoria, acto en el cual ejerció su defensa material sin que se registraran incidentes o dilaciones de ningún tipo atribuibles a su parte”.
Además del aporte de “diversas constancias vinculadas a las invitaciones y compromisos institucionales de Tapia que justifican la urgencia el permiso solicitado”, y que “se hizo referencia a precedentes jurisprudenciales de otros tribunales donde se autorizaron medidas de similar tenor”.
Los argumentos de la Justicia para rechazar un pedido de Claudio “Chiqui” Tapia para salir del país por 60 días
El juez advirtió que “la indeterminación de los destinos y la falta de una agenda cerrada en la solicitud de autos obstaculizan el objetivo de velar por la constante sujeción del encausado a la jurisdicción de este tribunal, máxime cuando no se advierte el supuesto desgaste jurisdiccional invocado por la defensa, habida cuenta de que este tribunal ha dado respuesta oportuna y célere”.
Amarante advirtió además que “la imprecisión de los motivos alegados, sumada a la falta de actualidad de la documentación y los antecedentes de conducta reseñados, impiden realizar el examen de proporcionalidad necesario para flexibilizar la medida vigente”.
El magistrado mencionó que “si bien recientemente este tribunal concedió autorizaciones para salir del territorio nacional a Tapia, la solicitud actual se proyecta bajo una modalidad genérica que difiere sustancialmente de los permisos excepcionales y acotados que fueran materia de pronunciamientos anteriores”.
Claudio Tapia, AFA
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