El economista Carlos Pérez, director de la Fundación Capital, proyecta para este año un escenario caracterizado por la demora en la baja de la inflación y un crecimiento económico limitado. Su análisis destaca la persistencia de desafíos estructurales vinculados a las reservas internacionales, la política monetaria y la evolución del consumo y el empleo.

En diálogo con Infobae en Vivo, el economista detalló los principales obstáculos que enfrenta la economía nacional. Según su evaluación, las dificultades para acumular reservas y la falta de dinamismo en sectores clave condicionan la posibilidad de una recuperación sólida. Pérez remarcó que el país pasó de un déficit comercial energético en 2022 a un superávit en 2025, pero subrayó que el contexto internacional, marcado por tensiones bélicas, sigue afectando de manera negativa el panorama local.

En su repaso de los desafíos económicos, el economista identificó dos ejes centrales: la necesidad de mejorar la posición de reservas internacionales y la urgencia de reactivar el crecimiento económico. “Los desafíos económicos eran, por un lado, que tenés que mejorar ostensiblemente la posición de reservas internacionales y, por el otro lado, la Argentina tiene que crecer”, puntualizó el especialista durante la conversación. La escasez de reservas, indicó, se refleja en la multiplicidad de definiciones sobre el concepto y en la magnitud de la brecha con los compromisos asumidos por el país ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pérez precisó que, a mediados del año pasado, el desvío negativo respecto de las reservas exigidas por el FMI ascendía a 3.000 millones de dólares, mientras que para fin de año esa cifra superó los 10.000 millones. Actualmente, la diferencia permanece en niveles similares. “Dejó de ensancharse el desvío, pero el desvío sigue siendo de más de diez mil millones de dólares”, explicó.

El economista aclaró que el Gobierno dejó de vender dólares y comenzó a comprarlos, aunque esa compra se utiliza principalmente para el pago de deuda externa. “Bienvenido que no se ensanchó la brecha, pero sigue siendo la brecha, el desvío respecto de las metas con el Fondo Monetario Internacional de más de diez mil millones de dólares, que es un número importante”, afirmó.

La dinámica de las reservas no es el único aspecto problemático que observa Pérez. El economista también se refirió a la evolución de la actividad económica y advirtió sobre la falta de crecimiento genuino durante 2025. “El año 2024 fue una V corta. La actividad económica cayó mucho el primer semestre y rebotó el segundo semestre, que se extendió hasta febrero de 2025. Desde febrero de ese año, la economía en general entró en una meseta”, evaluó. Según su visión, el incremento estadístico del Producto Bruto Interno (PBI) surge del rebote registrado después de la caída, pero desde ese momento la economía no exhibe expansión real.

El especialista describió un escenario heterogéneo, donde algunos sectores como la energía, la minería, el agro y la intermediación financiera muestran resultados favorables, aunque no generan empleo de calidad ni son intensivos en mano de obra. Por el contrario, áreas como la industria y la construcción, que tradicionalmente impulsan la ocupación y el poder adquisitivo, continúan en dificultades. “Hay sectores que andan muy bien, que no son muy empleo intensivos: energía, minería, agro, intermediación financiera… Y ves sectores que sí son empleo intensivo, que están mal, que no traccionan, que es industria, las distintas ramas de la industria y la construcción”, describió.

La calidad del empleo y el deterioro del salario real constituyen también un foco de preocupación, según su análisis. El director de la Fundación Capital destacó que el consumo, responsable de aproximadamente el 70% del PBI, no logra promover la recuperación porque el empleo pierde calidad y el salario real disminuye. Además, alertó sobre el aumento de la morosidad en los créditos otorgados a las familias. “La mora en enero del 2025 era 2,7 %. Y en enero del 2026 es 10,6 %. Casi se cuadruplicó la irregularidad”, señaló. Este fenómeno, advirtió, limita la capacidad de los bancos para ofrecer nuevos préstamos y condiciona el motor principal del crecimiento: el consumo interno.

Sobre la política económica, Pérez repasó el discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias y las medidas implementadas por el Gobierno de Javier Milei. El economista resaltó que el presidente ratificó una postura fiscal y monetaria restrictiva, orientada a recuperar el proceso de desinflación, aunque reconoció que ese objetivo aún no se alcanzó plenamente. “El proceso de desinflación está, lamentablemente, con una pausa”, sostuvo. Además, consideró que las reformas estructurales, como la desregulación económica, la mejora del capital humano y la apertura comercial, solo tendrán efectos positivos en el largo plazo.

El diagnóstico de Pérez incluyó un análisis de la política cambiaria y de tasas de interés. El especialista observó que el Banco Central adoptó recientemente una estrategia más pragmática, con una baja de la tasa de interés y una actitud compradora en el mercado de dólares. “El mix de política cambiaria y política monetaria, el mix de tipo de cambio y tasa de interés, es un mix más que busca no solo la desinflación, sino que busca el crecimiento económico”, explicó. En cuanto a la tasa de interés, remarcó que el piso nominal anual se ubica en 20%. El tipo de cambio, en tanto, bajó de 1.450 a 1.380 pesos entre fines de 2025 y el primer trimestre del año, mientras que la inflación acumuló un 9% en ese período.

Detalló además que la evolución de la actividad económica se analiza a través de distintos escenarios. La organización proyecta dos caminos posibles para este año: uno con 70% de probabilidad de ocurrencia y otro con 30%. Para el escenario base, la estimación prevé una inflación anual de 31,5% y un crecimiento del 2,5%. “Nosotros ahí estamos proyectando una nominalidad en línea con la inflación del año pasado, treinta y uno y medio por ciento de inflación. Un crecimiento modesto del dos y medio por ciento en ese escenario”, precisó.

En materia sectorial, Pérez insistió en que los sectores más dinámicos no contribuyen de manera significativa a la mejora del empleo ni al bienestar general. El consumo sigue siendo el principal componente del PBI, pero su rendimiento se ve perjudicado por la caída del salario real y el aumento de la carga financiera sobre los hogares.

En la parte final de su exposición, el analista repasó la dinámica inflacionaria reciente. Señaló que la inflación mensual promedio del 2025 del primer trimestre estuvo entre 5% y 6%, pero en el mismo período de este año se ubicó en 9%. “Lo más probable es que haya una desinflación que se demora y un crecimiento económico modesto”, sintetizó.

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Tras la reunión del Consejo del Empleo, actualizaron las cifras que impactan en prestaciones sociales y haberes de beneficiarios de Anses

26/03/2026 – 10:42hs

El salario mínimo, vital y móvil llegará en abril 2026 a $357.800. La cifra forma parte de una escala de actualizaciones mensuales que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil fijó mediante la Resolución 9/2025.

La medida establece aumentos escalonados hasta agosto de 2026, cuando el mínimo alcanzará los $376.600. La decisión llegó después de que fracasaran las negociaciones entre sindicatos y empleadores.

La presidente alterna del Consejo, Claudia Silvana Testa, firmó la resolución ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre los representantes de trabajadores y empresarios en la mesa paritaria.

Los valores horarios para trabajadores jornalizados también subirán mes a mes. En agosto de 2026 llegarán a $1.883 por hora.

Cuánto será el salario mínimo cada mes hasta agosto

La nueva escala de valores del SMVM futura quedó definida de la siguiente manera:

• Abril: $357.800
• Mayo: $363.000
• Junio: $367.800
• Julio: $372.400
• Agosto: $376.600

Cada ajuste mensual representa un incremento de entre $4.400 y $5.400 respecto al mes anterior. La suba acumulada entre marzo y agosto alcanzará los $24.200.

El cronograma busca compensar la pérdida de poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente. También actúa como piso de referencia para millones de trabajadores.

Qué planes sociales se actualizan con el salario mínimo

El nuevo valor del SMVM redefine el universo de beneficiarios en distintos programas del Estado. Las Becas Progresar son uno de los casos más claros.

Para acceder a estas becas, el ingreso familiar del beneficiario no puede superar tres veces el salario mínimo, por lo que cada actualización modifica quiénes pueden acceder y quiénes quedan afuera del programa.

Muchas asignaciones y planes sociales toman el SMVM como referencia para establecer montos y condiciones de acceso. El nuevo piso también influye en las paritarias de sectores con trabajadores no registrados.

El Consejo del Salario cumple un rol clave en esta instancia. Sus decisiones sobre el SMVM impactan en millones de trabajadores y beneficiarios de programas sociales.

Cada ajuste busca reflejar el equilibrio entre la situación macroeconómica, la inflación registrada y el nivel de empleo formal en el país.

Cómo impacta en la prestación por desempleo de Anses

El fondo de desempleo se calcula sobre el 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados antes de la desvinculación laboral. Pero Anses establece pisos y topes según el salario mínimo vigente.

Para febrero de 2026, el tope mínimo será de $170.500 y el máximo de $341.000. En marzo, estos valores se ajustarán a $173.400 y $346.800, respectivamente.

Durante el cobro de la prestación, los beneficiarios acceden al régimen de asignaciones familiares. No perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni la asignación por embarazo.

La duración del beneficio depende de la antigüedad y los aportes acumulados en el Sistema Único de Seguridad Social:

• De 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas
• De 12 a 23 meses de aportes: 4 cuotas
• De 24 a 35 meses de aportes: 8 cuotas
• Con 36 meses o más de aportes: 12 cuotas

Además del dinero, quienes cobran la prestación mantienen las asignaciones familiares (SUAF), el acceso a la Obra Social y los beneficios de la Tarifa Social en la tarjeta SUBE.

El pago se interrumpe automáticamente si el titular vuelve a trabajar en relación de dependencia o accede a una jubilación, sin necesidad de dar aviso previo a Anses.

El conflicto por la transparencia en el manejo de fondos públicos sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. Un grupo integrado por unos 50 productores rurales del partido de Necochea inició acciones judiciales contra el gobierno municipal. Estos productores impulsaron una demanda colectiva para exigir información precisa sobre la recaudación y el destino de la tasa de red vial, un tributo que grava a quienes tienen campos en la región y que, según el presupuesto local, representa una suma significativa para las arcas del municipio.

El grupo de productores, con representación legal de Pablo Abdón Torres Barthe, decidió avanzar por la vía judicial luego de agotar los canales administrativos. El pedido formal, presentado ante la municipalidad, buscó acceder a datos oficiales sobre el monto exacto recaudado en concepto de tasa de caminos rurales y, especialmente, en qué se emplean esos recursos. Ante la falta de respuesta del gobierno local tras vencer los plazos administrativos, resolvieron acudir a la Justicia mediante una acción de amparo colectivo por acceso a la información pública.

El reclamo en Necochea se inscribe en una estrategia que ya se desplegó en otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Movimientos similares surgieron en municipios como Henderson, Baradero, Azul y General Alvarado, donde productores rurales también recurrieron a la Justicia para exigir rendición de cuentas sobre el manejo de la tasa vial. La particularidad del caso necochense radica en la magnitud de la demanda y en el volumen de fondos involucrados, dado que la cifra anual recaudada resulta considerable y el costo por hectárea es uno de los más altos en el territorio provincial.

La tasa de red vial en Necochea asciende a $1.500 por hectárea por mes, lo que representa unos $18.000 por hectárea al año. El cobro de este tributo afecta de manera directa a la producción agrícola y ganadera, que reclama una correlación entre lo que aportan y los servicios recibidos. Según los productores, el estado de la red de caminos rurales resulta deficiente, a pesar de los fondos que se recaudan con destino específico para su mantenimiento.

La presentación judicial no cuestiona, en esta primera etapa, el monto del tributo, sino que se centra en exigir acceso a información pública. El objetivo inmediato consiste en obtener datos oficiales sobre la recaudación y el gasto vinculado a la tasa de caminos. Los productores buscan conocer con precisión cuánto dinero ingresa al municipio por este concepto y en qué partidas se aplica. De este modo, aspiran a auditar el flujo de fondos y a detectar posibles desvíos o usos no autorizados de los recursos que la normativa local establece para la red vial.

El abogado Pablo Abdón Torres Barthe representa legalmente a los productores en este proceso. En declaraciones públicas, expresó que el pedido de acceso a la información constituye el primer paso para luego, en una etapa posterior, analizar la posibilidad de impugnar el valor de la tasa o incluso impulsar acciones judiciales de índole económica o penal si se detectan irregularidades en el manejo de los fondos.

La acción de amparo colectivo presentada por el grupo de productores se ampara en el marco legal vigente, que habilita este tipo de reclamos cuando las autoridades no responden en tiempo y forma a los pedidos de información pública. Según la normativa, si transcurren treinta días sin que el municipio otorgue acceso a los datos requeridos, los ciudadanos quedan habilitados para recurrir a la Justicia y exigir transparencia mediante el fuero contencioso administrativo.

El caso de Necochea cobró relevancia debido al volumen del reclamo y al peso específico de la producción rural en la economía local. El partido cuenta con unos 1.400 kilómetros de caminos, de los cuales aproximadamente 400 son de jurisdicción provincial. Las quejas de los productores se enfocan en el mal estado de los caminos, que genera dificultades para el traslado de cosechas, insumos y personas, e impacta en la actividad agropecuaria.

El conflicto por la tasa vial se encuadra en un contexto más amplio de reclamos de diversos sectores rurales bonaerenses. Los productores sostienen que las tasas recaudadas deberían destinarse de manera exclusiva a la mejora y el mantenimiento de los caminos rurales. En Necochea, además, existe una sobretasa del 30% sobre la tasa de caminos rurales, cuyo destino declarado es la promoción y prevención de la salud. Según el presupuesto municipal, esta sobretasa representa una recaudación superior a los $1.550 millones.

Las dudas sobre el cumplimiento de los destinos específicos de las tasas cobradas crecieron luego de incidentes ocurridos en el partido. Uno de los hechos que impulsaron el reclamo judicial fue el fallecimiento de una mujer en el pueblo de La Dulce, dentro del partido de Necochea, por falta de médico y de ambulancia. El caso expuso la tensión entre lo recaudado y los servicios efectivamente prestados por el Estado local, tanto en materia de infraestructura vial como en salud.

Los productores rurales advirtieron que el desvío de fondos recaudados con fines específicos puede tener consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los habitantes de la zona. La pregunta central que impulsó la demanda se enfoca en la lógica de la recaudación: “¿Para qué se recauda si después no se brindan los servicios?”, plantearon en su reclamo. El eje del conflicto no se limita a los caminos sino que abarca áreas sensibles como la salud, donde la asignación de recursos resulta vital.

La movida judicial promovida en Necochea podría expandirse a otros distritos del interior bonaerense. Existen productores rurales de partidos como Rojas y Rauch que evalúan sumarse a la estrategia colectiva de exigir transparencia sobre el manejo de los recursos de la tasa vial. La experiencia previa en municipios como Henderson y Baradero mostró que este tipo de reclamos puede obtener fallos favorables en la Justicia, fortaleciendo la demanda de información pública como herramienta de control ciudadano.

El proceso iniciado en Necochea tiene como objetivo central la obtención de pruebas oficiales sobre el destino de los fondos recaudados a través de la tasa de caminos. Una vez que los productores accedan a la información, podrían avanzar en nuevas etapas judiciales para cuestionar el valor de la tasa, exigir compensaciones económicas o incluso impulsar investigaciones penales si detectan irregularidades o desvíos en el uso de los recursos públicos.

El reclamo también apunta a conocer en detalle cuánto dinero de los fondos que envían el gobierno provincial y nacional se asigna efectivamente a la red de caminos rurales. El volumen de recursos transferidos desde otras jurisdicciones y su impacto en el presupuesto local representa otro de los aspectos bajo análisis por parte de los productores.

Hasta el momento se espera que la intendencia de Necochea, a cargo de Arturo Rojas, de cuenta de la notificación formal sobre la acción de amparo colectivo. Mientras tanto, el conflicto suma adhesiones y se posiciona como un caso testigo en la discusión por el financiamiento y la transparencia en el mantenimiento de la red vial rural en la provincia de Buenos Aires.

Los productores de Necochea insisten en que el acceso a información pública es un derecho fundamental y que la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos debe ser una práctica habitual de las administraciones locales. El reclamo por la transparencia se convierte, así, en una demanda compartida por sectores rurales de distintos puntos de la provincia, que buscan garantizar la adecuada prestación de servicios esenciales para la producción y la vida en el interior bonaerense.

Los representantes legales del colectivo de productores sostienen que el camino judicial resulta una herramienta legítima para exigir transparencia y control sobre el destino de los recursos públicos. La acción de amparo colectivo presentada en Necochea se suma a una serie de procesos similares que, en los últimos años, marcaron la agenda de reclamos rurales en la provincia de Buenos Aires.