La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó la tramitación del amparo solicitado por una mujer para acceder a asistencia médica con el fin de poner fin a su vida.

La mujer padece una enfermedad incurable y progresiva e inició la acción judicial en diciembre de 2024 contra el Ministerio de Salud bonaerense, solicitando “la provisión de asistencia médico sanitaria, así como los fármacos e insumos necesarios para morir, ello como única alternativa de alivio a la situación en la que se encuentra”.

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En el fallo, al que tuvo acceso TN, la demandante describió su padecimiento como una enfermedad “incurable, progresiva y degenerativa” con más de 20 años de evolución, que le genera “padecimientos físicos, psíquicos y espirituales (…) de una crueldad inconmensurable que se agudiza día a día”.

Manifestó que los dolores que siente le resultan intolerables y que las condiciones de avanzado deterioro en que se encuentra hacen que su “existencia sea incompatible con la dignidad mínima que cualquier persona merece”.

La mujer aseguró no poder poner fin a su vida por sus propios medios debido a impedimentos físicos y reclamó el derecho a una “muerte asistida”, “suicidio asistido o eutanasia activa”, invocando derechos constitucionales como la dignidad, la intimidad, la autonomía de la voluntad y la prohibición de tratos crueles.

En primera instancia, un Juzgado de Moreno rechazó el amparo por inadmisible, argumentando que el trámite excepcional no es apto para un debate profundo sobre la tensión entre el derecho a la vida y la muerte digna, y que implicaría ordenar a terceros cometer un delito de homicidio. El juez citó la Ley de Derechos del Paciente (26.529), la Ley de Cuidados Paliativos (27.678) y la Ley de Prevención del Suicidio (27.130), concluyendo que el ordenamiento jurídico protege “de manera casi irrestricta la protección de la vida humana”.

En la misma línea, la Cámara confirmó la decisión al sostener que existe una ausencia de base normativa para autorizar la “interrupción de la vida por la acción de un tercero”.

Con insistencia, la mujer apeló esa decisión argumentando arbitrariedad en el rechazo in limine y aseguró que no busca una “expresa autorización para interrumpir la vida”, sino “ayuda humanitaria que sea necesaria para poder morir, como única y última alternativa que hace dignificante a mi persona padeciente”.

Tras analizar el caso, la Corte bonaerense, declaró fundado el recurso de la mujer y revocó el rechazo por considerar que violó el acceso a la justicia. Para los jueces, la Cámara incurrió en “una profunda contradicción” al reconocer la sensibilidad del caso, mientras “clausura despóticamente el asunto en su instancia inaugural”.

Para los magistrados, el amparo es idóneo ante la “gravedad y flagrancia del sufrimiento” y la ausencia de otras vías que eviten daño irreparable.

“Existe una tensión entre los derechos a la vida, a la autonomía de la voluntad y a una muerte digna”, se lee en la sentencia donde los jueces reconocieron la falta de base normativa expresa para la eutanasia, pero entendieron que el rechazo preliminar impide un control de constitucionalidad difuso.

“La ponderación constitucional que reclama de la judicatura es aquella dirigida a resolver la tensión que puede existir entre su derecho a la vida y su dignidad como persona humana”, explicaron.

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Es por eso que los jueces ordenaron darle curso al amparo a través de un nuevo juzgado de primera instancia. Al respecto, el fallo aclaró que esta decisión invita a un debate profundo, pero no garantiza que la práctica sea autorizada.

En ese marco, se remarcó que es el Congreso el que debe avanzar con una nueva normativa para este tipo de caso: “La satisfacción del interés de la demandante requeriría una modificación legislativa profunda, necesariamente precedida de un amplio debate social y de profesionales especializados”.

En otro pasaje de la sentencia, los jueces remarcaron que la mujer cuenta con cobertura del PAMI y, en todo el devenir de la causa, “no media ni una constancia de la efectiva prestación ni de un “servicio social” ni de “asistencia médica” y mucho menos “integral”. “Esta ausencia o silencio resulta casi tan cruel como la enfermedad misma y no puedo dejar de sorprenderme —no sé si por la veleidad o por la irresponsabilidad— de quien debe velar por el bienestar y la atención de nuestros adultos mayores».

Eutanasia, Justicia, muerte digna.