Sin negar su contenido, el exdirector de la Agencia de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo se refirió a los audios que describen un presunto esquema de coimas en el organismo que tuvo a su cargo hasta la explosión del caso, a mediados de agosto.

Lo hizo a través de su abogada, la defensora oficial Florencia Plazas, en un escrito presentado ante la Cámara Federal, en el que pide que se revoque una decisión del juez Sebastián Casanello, se declare la nulidad de las grabaciones y se dicte su sobreseimiento.

En la presentación, la defensa de Spagnuolo se limita a señalar que los audios no pueden constituir el inicio de una investigación penal por violar garantías constitucionales, al haber sido grabados y distribuidos sin consentimiento.

Sin embargo, Spagnuolo no reconoce como propia la voz de las grabaciones y no hay referencia alguna al supuesto esquema de corrupción que describen los audios.

“Sin que ello implique adoptar algún tipo de admisión con relación a la atribución de esas comunicaciones a mi defendido –dice su abogada–, lo cierto es que el modo en que habrían sido obtenidas no puede convalidar el inicio de un proceso penal respetuoso de las garantías constitucionales, en tanto se trataría de grabaciones obtenidas de manera subrepticia y oculta”.

“De allí que la captación no consentida de esas supuestas grabaciones constituyan una violación del derecho a la intimidad, como también de la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones”, agrega.

La presentación se da en el marco de un incidente planteado por la defensa de los hermanos Kovalivker, Emmanuel y Jonathan, y su padre, Eduardo, dueños todos de la Suizo Argentina, la droguería que está siendo investigada en la causa por el presunto pago de coimas a funcionarios de la Agencia, una trama en la que también estarían involucrados la hermana del presidente, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, de acuerdo a las grabaciones.

El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, solicitó en primer término la nulidad de las grabaciones y de todo lo actuado, pero el juez Casanello, siguiendo el dictamen del fiscal Franco Picardi, rechazó el planteo, alegando, en parte, que la causa se encontraba en secreto de sumario y el abogado no podía negar algo que desconocía.

En esa oportunidad, Spagnuolo, que estaba siendo defendido por otro abogado, evitó pronunciarse sobre el tema. Pero ahora, que cuenta con una nueva defensa y el debate se trasladó a la Sala II de la Cámara Federal tras la apelación de los dueños de la Suizo, sí lo hizo: se plegó al planteo de la familia Kovalivker, con argumentos propios.

En ese marco, la defensora Plazas solicitó que se excluyeran los audios y “todo lo obrado en consecuencia”, puesto que la investigación, dijo, carece de un “cauce independiente” respecto a las grabaciones, cuya legitimidad cuestiona.

“Sin desconocer el principio de libertad probatoria que rige en el proceso penal, bajo ese dogma no puede habilitarse el ingreso de elementos […] que hayan sido obtenidos en vulneración de derechos constitucionales”, dice la abogada.

Más planteos

En una apelación paralela, los Kovalivker insistieron con otro planteo ya rechazado en primera instancia, en el que piden la excepción de falta de acción. Según sostienen, el objeto de esta causa ya fue investigado en una anterior, donde Casanello, en línea con el dictamen del fiscal Carlos Rívolo, dictó el archivo.

En este nuevo expediente, el juez Casanello rechazó esta postura, argumentando que el archivo en aquella causa no clausuraba definitivamente la posibilidad de investigar, además de que el objeto de una y otra causa es distinto.

Pero el abogado Magram apeló la decisión y la defensa de Spagnuolo se adhirió al planteo, al sostener que el “núcleo de lo denunciado es idéntico” en ambas causas.

Los recursos de los Kovalivker y de Spagnuolo están en manos de los jueces de la Sala I de la Cámara, Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, que deberán resolver la contienda.

La causa volvió a quedar bajo secreto de sumario y hace 15 días el fiscal Picardi ordenó 25 allanamientos en simultáneo en droguerías y domicilios particulares. Se dispuso el secuestro de teléfonos, computadoras y cualquier otro dispositivo electrónico de almacenamiento de datos.

WASHINGTON.- Mientras confía en que luego de las elecciones del domingo se aquieten las turbulencias financieras, el Gobierno avanza con su agenda en Estados Unidos de búsqueda de inversiones y dólares frescos. En los últimos días, hubo reuniones en Washington enfocadas en ese sentido, una de ellas con la participación del embajador designado por Trump, Peter Lamelas, que desembarcaría en Buenos Aires a principios del mes próximo.

El Gobierno atraviesa un momento crítico. El auxilio financiero del Departamento del Tesoro quedó bajo los flashes del mundo y el demorado anuncio por el acuerdo comercial en medio del revuelo en el país norteamericano por la ayuda de Donald Trump a su aliado Javier Milei. El domingo, por último, las elecciones definirán el margen de acción política del Gobierno.

Mientras tanto, en Washington los encuentros avanzan. La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés), principal agencia de desarrollo del gobierno, señaló esta semana que mantuvo “reuniones productivas” con las autoridades argentinas para discutir inversiones estratégicas en una variedad de industrias, incluidos “minerales críticos e infraestructura”, que ademas podrían ayudar a “reducir el perfil de deuda” de la Argentina.

“Esperamos continuar las conversaciones con el equipo de la Argentina sobre posibles inversiones”, añadió el DFC en un posteo en X, que fue replicado por el secretario de Finanzas y canciller designado, Pablo Quirno, y por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según analistas consultados por , Quirno, que desde el lunes próximo reemplazará a Gerardo Werthein al frente del Palacio San Martín, le podría imprimir un enfoque más económico y financiero a la Cancillería, con una mayor coordinación con el Ministerio de Economía al haber trabajado como el virtual número dos de Caputo en el último tiempo.

“Una Argentina fuerte y estable, bajo el liderazgo de Milei, es un interés estratégico directo de Estados Unidos, que promueve tanto la seguridad económica como al. A través de una mayor cooperación y la participación del sector privado, podemos construir un crecimiento duradero y apoyar un futuro próspero para los pueblos estadounidense y argentino», completó el DFC, que destacó el plan del secretario del Tesoro, Scott Bessent, para auxiliar el Gobierno durante “este periodo crítico”.

En el pasado, según destacó la agencia Reuters, el DFC también ha ayudado a proporcionar los llamados canjes de deuda a países como Ecuador, Belice y El Salvador, donde los gobiernos se comprometieron a aplicar ciertas políticas para reducir sus deudas.

Que el DFC haga referencia a ese tipo de inversiones en la Argentina no es un dato menor en el actual contexto internacional. “Puede ser de mucha ayuda para el desembarco de más inversiones en esos sectores”, señaló una fuente a la .

La agencia también está supervisando el acuerdo de minerales críticos que Trump alcanzó con Ucrania a principios de este año. El presidente norteamericano, además, firmó el lunes con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras en respuesta a la escalada con China por las restricciones a esas exportaciones impuestas por el régimen.

Carlos DeJuana, managing director para el hemisferio occidental y Europa de energía y minerales críticos del DFC, fue de hecho uno de los participantes de una cena el lunes pasado organizada por el Business Council for International Understanding (BCIU), en Washington, de la que participaron Lamelas; el embajador argentino, Alec Oxenford; representantes de distintas empresas, y tres congresistas republicanos, entre otros. DeJuana dijo al presentarse que estaba encantado de volver a trabajar con la Argentina.

En ese encuentro, organizado en el flamante restaurante argentino Brasero Atlántico en el barrio de Georgetown, Lamelas se mostró muy entusiasta sobre la posibilidad de que lleguen nuevas inversiones a la Argentina, según supo . Mientras ultima los últimos detalles de su llegada al Palacio Bosch, fue enfático al hablar del potencial del país, como ha mostrado en las últimas semanas en sus redes sociales.

Lo escuchaban directivos de la petrolera norteamericana Chevron, del grupo multinacional minero Rio Tinto y del grupo de inversión privada Integra Capital, patrocinadores del evento en off the record en el que se discutieron las oportunidades estratégicas de la Argentina “derivadas de la transformación del entorno empresarial liderada por Milei”.

En su exposición, que duró cerca de 20 minutos, Oxenford resaltó la estabilización de la macroeconomía argentina, los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el potencial del país para la llegada de inversiones en sectores como minería, energía y tecnología, que podrían ser impulsores de la balanza comercial.

Los representantes de las empresas -que degustaron empanadas, carne con chimichurri y vino argentino, y chocotorta de postre- se mostraron optimistas sobre las oportunidades de negocios en la Argentina, más allá de las turbulencias preelectorales que están sacudiendo al país.

En la cena sobrevoló un tema ineludible: el acuerdo comercial negociado desde hace meses por los equipos de Werthein y de la embajada en Washington con las autoridades norteamericanas, pero que cuyo anuncio se viene demorando más de lo pensado. “Sale en uno o dos días”, confiaron el lunes en la mesa, pero hasta hoy aún no había novedades al respecto.

Fuentes cercanas a las negociaciones con Washington expresaron que tal vez el timing no sea ahora el mejor, a raíz de las crecientes críticas internas al gobierno de Trump por el auxilio financiero a Milei. El “momento ideal” hubiera sido durante la reunión del 14 de octubre entre ambos presidentes en la Casa Blanca, señalaron. Puede que Werthein deje la Cancillería el lunes sin ser quien anuncie el acuerdo por el que tanto bregó.

En ese marco, en el encuentro en Washington también hubo referencias a la posibilidad de que Estados Unidos cuadriplique la cuota de importación de carne argentina hasta las 80.000 toneladas, un plan de Trump para bajar los precios en el mercado interno que ha generado críticas de distintas asociaciones de ganaderos locales y de varios legisladores republicanos de estados productores de carne.

La congresista republicana Beth Van Duyne se refirió en la mesa a las quejas de los sectores ganaderos en su estado, Texas. Lamelas matizó el plan al señalar que lo que se definiría sería una redistribución de cupos, con menos importaciones de carne de Brasil, país al que Trump le aplicó un arancel del 50% a sus exportaciones.

También estaban sentados a la mesa -bajo un imponente caldén artificial colgado del techo, homenaje al árbol característico de La Pampa- los representantes republicanos Rich McCormick (Georgia) y María Elvira Salazar (Florida), quien se refirió a Milei como un “gran aliado” de Estados Unidos en América Latina en la lucha contra las dictaduras de la región.

Por su parte, Francisco Javier Díaz Verdugo, jefe de Relaciones Gubernamentales en la minera BHP -que desarrolla proyecto de cobre en la Argentina junto a Lundin Mining-, destacó las inversiones en el país y que tienen expectativas sobre la demanda global de ese metal.

Benjamin Schwartz, director general de Asociaciones y Políticas de Infraestructura de OpenAI, se refirió al ambicioso proyecto de hasta 25.000 millones de dólares junto a Sur Energy para construir un centro de datos en algún lugar de la Patagonia.

También participaron del encuentro Peter Tichansky, presidente y CEO de BCIU; Paula Uribe, directora de Relaciones Gubernamentales para América Latina de Rio Tinto; Mariana Sánchez Ramírez, de asuntos gubernamentales internacionales de Chevron; Savannah Ryan, vicepresidenta y directora de relaciones con inversores y mercado de Integra Capital.

Otros asistentes fueron Miguel Braun, director ejecutivo para la Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Sam Oswald, policy advisor en Estados Unidos de la minera Glencore; Will Kinzel, jefe global de asuntos gubernamentales de la firma de inversión global The Carlyle Group; Jorge Rincón Romero, senior manager de Newmont Corporation, una de las mayores compañías de explotación de minas de oro, y Juan Corteletti, jefe de Misión Adjunto en la embajada argentina en Estados Unidos.