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La Corte Suprema instó a justificar debidamente las prisiones preventivas de los represores

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La Corte Suprema de Justicia instó hoy a los tribunales inferiores a justificar las prisiones preventivas dispuestas en causas de lesa humanidad, al advertir que para prolongar las detenciones “es necesario acreditar, mediante indicios concretos” que existen peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento en la investigación para disponer esos encierros.

Por más “aberrantes” que sean los hechos juzgados, “un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”, sostuvo el máximo tribunal.

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Se trata de un reclamo permanente de las asociaciones de represores detenidos por delitos de lesa humanidad para que se flexibilicen las condiciones de sus prisiones preventiva, pues argumentan que por su edad, estado de salud o su actual situación, no existe un peligro de que se fuguen o que entorpezcan sus causas.

Esta decisión en una causa particular pareciera que acompaña ese reclamo y es una invitación a que los defensores de presos en prisión preventiva por delitos de lesa humanidad reiteren sus reclamos ante los tribunales, en busca de hacer cesar sus encierros, sobre la base de este precedente.

“La limitación de la libertad personal durante el proceso sin motivación suficiente o motivada únicamente en el reproche de ciertas conductas, por más aberrantes que puedan ser −como el caso de los delitos de lesa humanidad que, justo es recordarlo, esta Corte ha sentenciado y confirmado condenas en numerosas oportunidades−, desvirtúa la naturaleza cautelar de la prisión preventiva y la convierte en una verdadera pena anticipada”, sostuvo el máximo tribunal.

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Indicó que “el castigo de los culpables presupone, precisamente, que se haya establecido previamente esa calidad [culpables]. Un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”, sostuvo el máximo tribunal.

La resolución de la Corte Suprema fue dictada con el voto de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y los conjueces Abel Sánchez Torres (Cámara Federal de Córdoba) y Alejandro Tazza (Cámara Federal de Mar del Plata), mientras que el juez Ricardo Lorenzetti votó en disidencia, declarando el recurso inadmisible, sin entrar a analizar la cuestión y dejando firme la nueva prórroga.

Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los tres integrantes de la Corte SupremaRodrigo Nespolo

El caso analizado por la Corte fue el de Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, 72 años, un civil que integró la banda parapolicial conocida como Concentración Nacional Universitaria (CNU), que en el período inmediato anterior a la última dictadura (1973−1976) secuestró y asesinó militantes populares que pertenecían a organizaciones peronistas y de izquierda.

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Además, el fallo incluyó un cuestionamiento directo a la Cámara Federal de Casación Penal, que no había habilitado la instancia de apelación, sin tomar en cuenta que “la prisión preventiva, transcurrido el plazo máximo previsto en la ley 24.390, es la ‘excepción de la excepción’ y que para justificarla se deben valorar debidamente los diversos elementos de hecho y de derecho relevantes indicados por la Corte y que caracterizan al caso concreto”.

“Por lo tanto, corresponde descalificar la sentencia para que se dicte un nuevo pronunciamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en otras actuaciones respecto de la privación de la libertad del imputado”, sostuvo la Corte.

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En rigor, el fallo no implica que Castillo acceda la libertad, ya que tiene una condena a perpetua en otra causa. Sino que se analizó su situación en el expediente que analiza los crímenes cometidos en “1 y 60” y “Comisaría 8va” de La Plata.

La prisión preventiva tiene como tiempo límite los dos años, según la Ley 24.390, aunque de manera justificada se puede extender a los tres años si la complejidad de la causa lo requiere.

En esta causa, Castillo fue detenido el 2 de diciembre de 2013 y hasta el día de hoy se le fue renovando su prisión preventiva. La última prórroga fue dictada en mayo de 2025, es decir, el acusado lleva casi doce años detenido en prisión preventiva.

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El 18 de mayo de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata dio comienzo al debate oral y público en esta causa, que continúa en trámite.

La propia Corte Suprema había establecido que “cualquier restricción a la libertad antes de la condena no puede fundarse en la mera invocación del especial deber de cuidado para neutralizar toda posibilidad de fuga’ en esta clase de procesos en los que se juzgan delitos calificados de lesa humanidad, pues aquella pauta jurisprudencial estaba destinada a orientar el examen circunstanciado antes que a eximir a los magistrados de realizarlo”.

Frente a ello, dijo ahora el voto de mayoría de la Corte, que corresponde intervenir para “impedir que el lenguaje utilizado por el tribunal en los referidos precedente se convierta en un comodín que sirva para denegar, sin una razón constitucionalmente admisible, la libertad o la concesión de beneficios procesales como el aquí analizado”.

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El fallo subrayó que “no basta que la investigación o trámite de una causa sea compleja para justificar” per se la prolongación de la prisión preventiva de un imputado si no concurren también los requisitos” de peligro de fuga o entorpecimiento en la investigación.

“El hecho de que el imputado, quien goza de la presunción de inocencia que consagran la Constitución Nacional y la ley, esté acusado de gravísimos delitos que deben ser debidamente juzgados, no justifica por si solo la imposición de una medida tan gravosa de restricción preventiva de la libertad, ni mucho menos su extensión por un plazo excesivamente prolongado, que en el sub examine ya se ha extendido por más de once años”, afirmaron los jueces para el caso de Castillo.

“Ello así, toda vez que el legítimo interés general del Estado en reprimir el delito no puede ser esgrimido como pretexto para anular las garantías de los imputados ni para justificar la imposición de un adelantamiento de la pena a extramuros de la Constitución Nacional”, señaló la Corte.

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E insistió en que “no debe olvidarse que la ley fundamental no permite tratar a un imputado como si fuese un condenado y que las garantías de los imputados son restricciones que el Estado debe honrar, sin excepción, pues no serían garantías si pudieran ser obviadas por los jueces cuando lo consideren necesario para disuadir o reprimir el delito”.

Además, la Corte recordó que, en el precedente “Acosta” que la mayoría de los tribunales citan para justificar las prórrogas de detenciones en las prisiones preventivas, se advirtió que “el deber de afianzar la justicia y de castigar los gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos en el país no autoriza per se a prorrogar la prisión preventiva por más de tres años, pues ello importaría ignorar las exigencia de justificación que está Corte ha diseñado e implicaría la violación del deber de racionalidad de los actos republicanos que impide que los jueces puedan caer en arbitrariedad para determinar la duración máxima de la prisión preventiva“.

“La jurisprudencia de este Tribunal es clara: cuando los tribunales deben analizar si prorrogan la prisión preventiva de un imputado más allá de los plazos máximos previstos en la ley, deben tener en cuenta que se trata de una medida excepcionalísima, que bajo ningún punto de vista puede basarse exclusivamente en la gravedad del hecho atribuido”, dijo la Corte.

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Jorge «Tigre» AcostaArchivo

Y remarcó que “en el caso de que los jueces adopten tal medida excepcionalísima, deben cumplir con una rigurosa carga argumentativa que justifique por qué se restringe tan severamente el derecho de los imputados a transitar el proceso penal en libertad pues, en función del principio de inocencia y la garantía de juicio previo del artículo 18 de la Constitución Nacional, la prisión preventiva debe estar sólidamente fundada en razones tan graves como la medida adoptada”.

Los jueces añadieron: a efectos de sostener la detención cautelar más allá de los plazos previstos en la ley 24.390, en base al posible ‘riesgo de fuga’ del imputado, “es preciso valorar las circunstancias particulares que puedan condicionar su capacidad para intentar eludir la acción de la justicia (como su edad y sus condiciones físicas y mentales), para de ese modo determinar si sigue siendo razonable presumir que aquel cuenta con posibilidades concretas de eludir una eventual pena privativa de la libertad, que amerite mantener como única medida adecuada la de encierro en un establecimiento penitenciario por un plazo tan prolongado”.

Además, “para justificar la prolongación de la prisión preventiva es preciso valorar si el encausado se encuentra, o no, en condiciones de entorpecer la investigación, a cuyo efecto es ineludible tener en cuenta el grado de avance que ostente la pesquisa, las medidas de prueba que resta realizar y la evidencia pendiente de producción, así como conductas previas de aquel (conductas obstructivas, ocultamiento o destrucción de pruebas, amenazas a testigos, etc.) a partir de las cuales sea razonable inferir que su libertad puede tener incidencia sobre el proceso”.

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“La ausencia de elementos de juicio en tal sentido no puede ser suplida mediante alusiones genéricas al riesgo de fuga o entorpecimiento”, destacó.

Tras recordar que rol ocupaba Jorge “Tigre” Acosta en la ESMA, la Corte subrayó que “cuando un tribunal considere que un imputado por delitos de lesa humanidad conserva influencia para frustrar el accionar de la justicia, sea a través de encubridores o partícipes desconocidos que formaron parte del aparato mediante el cual se cometieron estos delitos −tal como se dijo en “Acosta”− o de cualquier otro modo, deben señalarse las circunstancias concretas a través de las cuales, según un juicio racional de probabilidad, dicha influencia podría materializarse”.


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Hermetismo, recelos internos y ministros incómodos en una semana muy adversa para el Gobierno por Adorni y $LIBRA

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La Casa Rosada, eje de profundas diferencias entre los dos sectores mayoritarios que componen el oficialismo, lució prácticamente hermética en los últimos días. Incómodos, la mayoría de los funcionarios evitaban mostrarse y optaban por el silencio, en buena parte de los casos.

Fue el resultado de haber quedado envuelta la vorágine de dos polémicas consecutivas: la que alcanzó al presidente Javier Milei con las revelaciones de la causa $LIBRA y el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con denuncias y requerimientos judiciales incluidos.

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El affaire de Adorni provocó un fuerte revuelo interno, desde que incluyó a su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial para viaje de Estado a la Argentina Week, en Nueva York, y se conoció que fue a Punta del Este en un chárter durante el último feriado por carnaval. Además, reveló que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal por supuesto enriquecimiento ilícito que presentó la diputada Marcela Pagano.

Pese al hermetismo, distintas fuentes consultadas coincidieron en que el caso de Adorni parecía haber permeado más en la sociedad que los nuevos datos que se conocieron en torno a $LIBRA. Lo reconocían más como algo más cercano y tangible.

Milei se saluda a Eduardo Bolsonaro en Hungría, adonde viajó para participar de la cumbre de la CPAC Presidencia

“La verdad es que no fue una buena semana”, se sinceró ante un funcionario de alto rango del Ejecutivo ante el escenario de los últimos días. Otro integrante del elenco de Milei la definió como “regular”.

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En la Casa Rosada evaluaron que tuvieron dificultades en retomar el control de la agenda pública. “Cada vez que pensamos que la espuma bajaba, volvió a subir”, reconoció otra importante fuente del Ejecutivo. Es más: algunos delizaron críticas sobre la estrategia comunicacional que se desplegó desde el corazón libertario ante la sucesión de escándalos. “El manejo no sé si fue el ideal”, reconoció una fuente.

En Balcarce 50 remarcaron que Milei necesita recuperar el manejo de la agenda y mostrar un Ejecutivo activo para dejar atrás el mal momento que generaron $LIBRA y el Adornigate. “Tenemos que mostrar agenda, hechos, gestión, generar noticias. Esto es porque no hay otra cosa”, decía un funcionario violeta.

Por lo pronto, Adorni se sintió respaldado por el Presidente. En su entorno coinciden en que nunca se barajó la salida del funcionario. En ese punto, más allá de la desmentida del propio Adorni primero y del Presidente después, concuerdan desde todas las tribus que componen el espacio libertario.

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En el corazón violeta, donde abundan las diferencias entre el sector que responde a Karina Milei y el del principal asesor presidencial, Santiago Caputo, afirman que el punto nunca estuvo en evaluación. Es más, la defensa a Adorni se mostraba hasta las últimas horas del viernes como la más férrea desde todos los sectores. “Karina no le va a soltar la mano a Manuel”, señalaron.

Los hermanos Milei y Manuel Adorni, en el CongresoSoledad Aznarez

La versión mediática que sorprendió en la noche del miércoles y afirmaba que la salida de Adorni estaba en análisis pareció cerrar, al menos por un momento, la profunda grieta entre ambos campamentos.

En en el seno de LLA afirmaron que los altos mandos del Ejecutivo procuraron “trabajar más coordinados”, pese a la interna que hay entre Karina Milei y Caputo, para enfrentar las críticas por el caso de Adorni y la causa $LIBRA.

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Pese a las buenas intenciones y que hubo comunicaciones entre ambos campamentos, no hubo mucho trabajo coordinado. De hecho, en Casa Rosada, admitían que la estrategia de defensa de Adorni estuvo delineada por su propio equipo, en el que influye Javier Lanari, mano derecha del exvocero. Además, señalan que no hubo pedido de colaboración al ala del caputismo.

Los trascendidos que pusieron en duda la continuidad de Adorni en la gestión profundizaron la desconfianza. Si bien algunos funcionarios hablaban de una maniobra de la oposición para desgastar a Milei, los “celestiales” que responden al asesor presidencial deslizaron que sospechaban de Martín y Eduardo “Lule” Menem, pero sin siquiera mencionarlos. Desde allí lo desmentían categóricamente. “Los Menem lo adoran a Manuel. Jamás harían algo así”, rebatían.

En un intento por sacar el conflicto de la interna, en las distintas terminales apuntaban también hacia afuera: “Esperábamos estos movimientos de la oposición para más adelante”, dijo uno de los consultados.

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Por lo pronto, y sin certezas de lo que puede suceder en los próximos días, ni siquiera en las horas que siguen, en el Gobierno confían en apuntar a mostrar una agenda proactiva y lograr retomar el control, lo que al menos en los últimos días les fue, por demás, esquivo.

La casa de la familia Adorni en Exaltación de la Cruz

reveló,Cecilia Devanna,Conforme a

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La Justicia argentina dio otro paso en la causa por posible daño ambiental de la planta de hidrógeno en Uruguay

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Frente a lo que algunos ya denominan una “nueva Botnia”, por su similitud al conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de la pastera sobre el río Uruguay, la Justicia de Entre Ríos emitió una resolución en la que se pronunció a favor de avanzar en la demanda por daños ambientales contra la planta de biocombustibles situada en Paysandú, en territorio uruguayo, a solo tres kilómetros de la ciudad de Colón.

Así se desprende del dictamen de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, al que tuvo acceso Infobae, que resolvió que el reclamo contra el Estado uruguayo y la multinacional chilena HIF Global SA debe tramitarse ante un juzgado federal local, y no de manera directa por la Corte Suprema de Justicia.

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El dictamen, firmado el 18 de marzo por la fiscal María Josefina Minatta, se pronunció por la medida interpuesta por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, los tres integrantes de Fuerza Patria.

Para los legisladores, la instalación de la planta en cuestión no está cumpliendo con la normativa que debe aplicarse al caso, esto es, la establecida en el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia-UPM”, que tensó la relación bilateral y coincidió con los mandatos de los entonces presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez.

Un trabajador inspecciona un área de la planta de hidrógeno limpio Haru Oni de HIF Global en Punta Arenas, Chile, 27 de septiembre, 2024. REUTERS/Joel Estay

Con la nueva resolución, se abre un camino para que medidas preventivas, como el reconocimiento judicial de las costas y el análisis de las aguas, sean tratadas por el juzgado federal local.

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El reclamo ambientalista contra la nueva planta viene creciendo en las últimas semanas. Días atrás, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, planteó que la refinería de combustibles sintéticos frente a la costa argentina “tiene que relocalizarse”.

Sin embargo, hasta el momento no hubo avances concretos desde el lado argentino. En ese contexto se inscribe la resolución de la fiscal Minatta.

«La inacción y falta de gestión de Frigerio llevó a esta situación de tener que solicitarle a la justicia que, en el marco de la ley y los tratados internacionales, se actúe y tomen medidas. Frigerio quería distraer a los vecinos de Colón con fuegos artificiales; ahora deberá ponerse a trabajar de manera seria y profesional”, cuestionó el massista Guillermo Michel.

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El senador Adán Bahl (izquierda) y el diputado Guillermo Michel (centro), del Frente Renovador de Sergio Massa

Los fundamentos de la Fiscalía

La presentación judicial advirtió que la instalación de la planta en Paysandú podría generar contaminación y otros impactos negativos sobre la localidad argentina, por tratarse de una zona fronteriza. Pero antes de involucrarse en esos aspectos y en la cuestión de fondo, debía resolverse la competencia judicial sobre cuál era el tribunal competente para tramitar la cuestión.

En ese marco, la fiscal Minatta debía analizar si la demanda podía ser tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en instancia originaria, es decir, como única y primera instancia de resolución, o si debía canalizarse ante un juzgado federal ordinario.

Para fundamentar su postura, la fiscal repasó que el acceso directo a la Corte Suprema en causas civiles solo es posible en situaciones excepcionales, como cuando intervienen provincias argentinas, embajadores o diplomáticos extranjeros.

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La reunión entre autoridades uruguayas y argentinas por la planta de hidrógeno verde que se proyecta para Paysandú (Cancillería Uruguay)

Desde la jurisprudencia, la resolución señala que el máximo tribunal “ha dicho reiteradamente que los Estados extranjeros y sus representaciones diplomáticas no están habilitados a litigar directamente ante la Corte Suprema en este tipo de causas”. La Constitución establece taxativamente cuáles son los reclamos de competencia originaria. Y citó antecedentes del propio tribunal, entre ellos, el precedente “Sojo”.

De esta manera, el dictamen reconoce el derecho de los particulares a acudir a la Justicia para proteger intereses colectivos, como el ambiente, y precisa que esa demanda no habilita a saltear las instancias judiciales.

Un conflicto de voltaje diplomático

El caso implica una nueva pelea entre Argentina y Uruguay por eventuales daños ambientales en el litoral, lo que reabre viejas heridas recientes, como el litigio que llegó hasta la Corte Internacional de la Haya por la pastera de Botnia-UPM.

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La planta de HIF Global está proyectada a 15 kilómetros del centro urbano de Paysandú, en Uruguay, en cercanías del Área Protegida Islas del Queguay y a solo cuatro kilómetros en línea recta del centro urbano y la costanera de Colón.

El proyecto contempla la construcción de instalaciones destinadas a la producción de hidrógeno “verde”, junto con áreas de almacenamiento químico, plantas energéticas asociadas y un uso intensivo del recurso hídrico. Representará una inversión de más de 5 mil millones de dólares, y el complejo tendría la capacidad de producir 876 mil toneladas de e-metanol y 313 mil toneladas de e-gasolina.

Por el momento, la tensión está relativamente contenida y con un canal de diálogo abierto. Ambos países vienen sosteniendo reuniones bilaterales, entre ellas, como la del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con el gobernador Frigerio. También hubo bilaterales con las representaciones diplomáticas de las dos fronteras entre los cancilleres Pablo Quirno y Mario Lubetkin.

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Esa vocación de entendimiento la expresó el presidente Orsi, al ponderar que hay voluntad de Argentina de negociar y la expectativa de “lograr acuerdos” por el proyecto de hidrógeno verde en Paysandú.

Lo cierto es que, junto a la demanda judicial del peronismo, hay chispazos latentes. Frigerio insiste en evitar la instalación de “una nueva Botnia” y “repetir el tremendo mal paso que dio la Argentina” hace 20 años. En la misma sintonía, el intendente de Colón, José Luis Walser planteó también que se “debe relocalizar, sí o sí, la planta”, y en caso contrario se recurrirá a la Justicia.

Desde el lado uruguayo, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, criticó a Frigerio y pidió ser “cuidadosos en el tono y en las formas”, al reivindicar el diálogo como vía de resolución. “El conflicto de Botnia nos tuvo que dejar como enseñanza que si la irracionalidad le gana al diálogo, las poblaciones quedan de rehenes”, afirmó el jefe comunal del país vecino.

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Rogelio Frigerio, en una reunión con Yamandú Orsi

Como si fuera un fantasma del pasado, la discusión sobre cómo afrontar y mitigar los daños ambientales de este tipo de proyectos productivos reaparece una y otra vez. Curiosamente, la primera planta de UPM en Uruguay, ubicada Fray Bentos, tuvo la semana pasada el primer derrame de ácido sulfúrico en el puerto de la ciudad.

El incidente se registró 17 años después de que entrara en funcionamiento.

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Carlos Stornelli: “Hay muchísimas pruebas coincidentes. No se trata de los cuadernos, sino de todo lo que se pudo probar”

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El fiscal federal Carlos Stornelli, quien investigó el caso de los cuadernos de las coimas, quedó en el centro de las denuncias de Cristina Kirchner esta semana, cuando fue indagada en el juicio oral como sospechosa de ser la jefa de la organización dedicada a cobrar sobornos para conceder contratos de obra pública. La expresidenta lo llamó “mafioso” y lo acusó de extorsionar testigos.

En una entrevista con , Stornelli rechazó las acusaciones, explicó que la justicia lo sobreseyó de todos los cargos y consideró que las denuncias son una “estrategia para desacreditar la investigación”.

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Sentado en un sillón de su despacho del quinto piso de Comodoro Py 2002, el fiscal federal está rodeado de papeles que crecen como torres sobre su escritorio. Encima de un armario sobresalen dos relojes. Son elegantes, antiguos, como los que se colocan sobre las repisas y durante la entrevista sonarán con gongs y campanas para marcar las horas y las medias horas. Stornelli es un fanático de esos aparatos antiguos.

Fiscal federal Carlos Stornelli

Es prudente cuando contesta sobre las pruebas que se obtuvieron y si vaticina una condena: “Puedo hablar de la convicción que me llevó a elevar la causa a juicio. Lo demás está en manos de la doctora [Fabiana] León, que es una gran fiscal y va a llevar el juicio de una manera brillante”

-¿Cristina lo calificó públicamente de mafioso. ¿Cómo le responde?

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-No respondo a ese tipo de cosas. Además, no son nuevas; se dijeron y se hicieron cosas peores a lo largo de los años. Estoy acostumbrado y no les doy importancia. Es una táctica y una estrategia para distraer la atención sobre algo que sucedió y que quizás no pasó muy advertido: que algún imputado eligió no dar explicaciones. Yo sabía que eso iba a pasar porque tampoco lo había hecho en la instrucción.

-¿La idea es erosionar y desacreditar la causa?

-Sí, obvio. Es la reedición de un operativo fallido, que quizás estuvo plasmado en un libro de corta vida. Además de ser una operación, rápidamente se pudo establecer cómo había sido armado. No es más que una reedición de los mismos argumentos que se vienen utilizando desde 2019.

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– ¿Cómo le contaría esa historia a la gente para que entienda que esto fue un operativo que salió mal?

Lo importante no es el operativo en mi contra, sino entender que son tácticas para desviar la atención. La verdadera atención debe estar en el inicio de un juicio enorme, en el que se han ganado todos los planteos en todas las instancias. Las opiniones que se puedan tener sobre mí no deben distraer de lo verdaderamente importante, que es el inicio del juicio.

El Tribunal Oral Federal N° 7, que lleva adelante el juicio por los cuadernos de las coimasCaptura

A partir de estas acusaciones hubo una investigación sobre usted. ¿Esto era una estrategia coordinada para voltear la causa?

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-Todas las acusaciones fueron desechadas. Intervinieron numerosos jueces y en muchos casos llegaron hasta la Corte Suprema, donde también fueron rechazadas. Otras denuncias que me han hecho corrieron la misma suerte. Obviamente, era una estrategia para voltear la causa que, por lo visto, no tuvo éxito, con la intención de desviar la atención hacia temas ya resueltos y alejarla de la verdad, que es el juicio.

-¿Qué evidencias son irrefutable en el expediente y no tienen discusión?

-Si hay un juicio, es aventurado decir que no hay discusión, porque ahora viene el debate sobre la prueba. La prueba que reunimos con el juzgado fue suficiente para dictar los procesamientos y llevar las causas a juicio. Esto no fue un capricho del doctor [Claudio] Bonadío, ni de una voluntad personal; intervinieron numerosos jueces en instancias superiores y otros colegas de grado resolvieron en el mismo sentido. Hay muchísimas pruebas coincidentes con las que se completó el plexo probatorio.

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-En esta última etapa se cuestionó la cadena de custodia de los cuadernos. ¿Pudieron asegurar la integridad de esa prueba?

La prueba consiste en unos cuadernos que al principio se recibieron en fotocopias y fotografías de alta definición, producto de una investigación periodística de , además de filmaciones sobre cómo los recibió el periodista Diego Cabot. Unos meses más tarde aparecieron seis de los ocho cuadernos originales y se comprobó que los facsímiles y fotografías coincidían plenamente con los originales.

-¿Por qué esta causa es sólida y tiene que ser juzgada?

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-Es una causa muy grande porque abarca maniobras producidas a lo largo de varios años. Hay numerosísimas pruebas coincidentes. No se trata solo de los cuadernos, sino de todo lo que se pudo probar a partir de ellos: muchísimas testimoniales, peritajes y demás. Toda la prueba ha sido contundente para verificar las hipótesis delictivas por las cuales enviamos la causa a juicio.

– ¿El caso revela una situación de corrupción estructural en la Argentina?

-Sí.

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-¿Este sistema sigue vigente?

La corrupción es atinente a la administración pública en general; no es patrimonio exclusivo de un partido político, ni de una gestión gubernamental. Las administraciones públicas son enormes y siempre hay focos de corrupción en alguna parte. Cuando me toca una causa, investigo como lo he hecho a lo largo de toda mi carrera.

-¿Por qué es tan difícil llegar a una condena o a una sentencia firme en estas causas?

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-Hay varias respuestas. Algunas tienen que ver con la propia justicia, otras con la magnitud y complejidad de las maniobras, y otras con lo que plantean las partes, que a veces es legítimo y a veces son chicanas procesales. En este caso en particular, logramos elevar la causa a juicio en menos de un año, lo cual es bastante rápido para los parámetros habituales. Hay que tener en cuenta que intervienen más de un centenar de partes que hacen planteos, apelaciones y recursos. La causa es enorme y eso lleva tiempo; apresurarse a tontas y a locas tampoco ayuda.

Cristina Kirchner y su abogado Carlos Beraldi en los tribunales federales de Comodoro PyLUIS ROBAYO – AFP

-¿La herramienta de los arrepentidos fue eficaz o trajo más controversias?

-Fue muy eficaz. Es una ley que con certeza podría perfeccionarse para darle más herramientas al Ministerio Público a la hora de lograr acuerdos. Aunque para nuestro ordenamiento jurídico era un instituto novedoso en esa época, resultó ser muy útil para avanzar en la averiguación de la verdad. Cuadernos es una de las causas en las que se usó, aunque yo ya había celebrado acuerdos de colaboración en otras.

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-¿Se sintió respaldado por el resto del Poder Judicial?

-Uno no se pone a pensar demasiado en eso, no hay tiempo para distraerse. Es una causa que a vos y a tu equipo les lleva no solo tiempo completo, sino la vida entera, es full life.

-¿Qué costo personal tuvo el caso, en cuanto a presiones o falta de tiempo para otras cosas?

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Es mi vocación y lo asumo. En una investigación de esta magnitud, uno sabe que van a pasar cosas como las que ocurrieron.

-¿Habla de las denuncias? ¿Sabía que vendrían?

-Lamentablemente son parte del show. Hay gente que juega lealmente y gente que no. Ya lo conozco por experiencias pasadas, pero son cuestiones que se asumen desde la vocación.

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A la luz de lo que pasó con las grabaciones, ¿hubiera hecho algo diferente, tomado otras decisiones o actuado con mayor prudencia?

-La pregunta encierra una afirmación que no comparto. Obviamente, desde la experiencia siempre es posible corregir cosas, pero en términos generales, creo que se ha trabajado muy bien.

-¿La sociedad sigue creyendo en la lucha contra la corrupción o es más escéptica?

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-Dos cosas diría. Primero, nosotros no podemos trabajar para la tribuna; nuestro objetivo es perseguir el descubrimiento de la verdad, lograr que se haga justicia y que se inicie el juicio. Y, en segundo lugar, la confianza pública se construye a lo largo del tiempo y perseverando en las buenas prácticas. Eso requiere un esfuerzo conjunto. Mientras el nombre del fiscal o el juez en un expediente sea un tema importante, quiere decir que todavía nos falta mucho por hacer.

¿Va a haber condenas?

-Yo puedo hablar de la convicción que me llevó a realizar las elevaciones a juicio. Lo demás está en manos de la doctora León, que es una gran fiscal y va a llevar el juicio de una manera brillante.

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