El juicio contra Argentina es un récord y por varios motivos. No solo es, por lejos, el más importante que se cursa contra el país en una corte extranjera, sino que es también el mayor de la historia en EEUU contra un estado soberano. Comenzó hace más de una década y tuvo decenas de capítulos –la gran mayoría negativos para el Estado argentino– a lo largo de los últimos cuatro períodos presidenciales, los de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Y, lo que seguramente le da más impacto es el monto de la condena en primera instancia: USD 16.100 millones que, con los intereses que no paran de correr desde 2023, sumó ya otros USD 2.000 millones a la cifra inicial. La friolera de USD 18.000 millones, casi la ayuda económica anunciada por el gobierno de Donald Trump para la débil economía local.

Una cifra imposible de pagar para un país en el que no sobra ni un sólo dólar y en el que reinan los interrogantes sobre qué pasará con la economía a partir de mañana… a menos que la apelación que arranca esta semana indique lo contrario.

El juicio por la expropiación que se hizo de YPF en 2012, cuando CFK era presidenta, comenzará a definirse este miércoles 29 al mediodía, cuando trate la apelación del caso, en medio de una Argentina convulsionada por los resultados del proceso electoral legislativo y con los mercados financieros que seguramente vivirán horas de altísima tensión.

¿Hay forma de que ese vínculo bilateral floreciente entre Argentina y EEUU influya el fallo? Es difícil saberlo. Se supone que no… al menos de manera directa. “Los jueces leen los diarios y los portales, y Argentina es un tema vigente por estas horas en EEUU, eso es algo innegable. No digo que los magistrados estén atentos a eso, o que puedan decidir por esos parámetros, pero el contexto siempre influye”, destacó una fuente de la Casa Rosada sobre el tema.

Como sea, es posible que parte de todo ese clima se cuele por alguna hendija del señorial edificio de la Corte de Apelaciones, el imponente Thurgood Marshall United States Courthouse, en Foley Square, en la zona sur de Manhattan, cerca de Chinatown. Los nombres de los jueces del tribunal de apelaciones que tratará el caso se conocieron recién la semana pasada y son José Cabranes –el primer puertorriqueño en ser nombrado juez federal en el territorio continental de EEUU–, Denny Chin y Beth Robinson.

“La República Argentina enfrentará quizás su cita más importante en una década en el caso por la expropiación de YPF. El miércoles 29 de octubre, cerca del mediodía hora de Nueva York, el Gobierno intentará persuadir a tres jueces de la Corte de Apelaciones para que reviertan una serie de fallos adversos que se extienden por más de diez años, incluido el que obliga al país a pagar USD 16.100 millones”, resumió Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor y uno de los principales expertos en este extenso proceso.

“Esto no es un juicio nuevo, es una apelación. No habrá pruebas nuevas, sólo se revisará la decisión de la corte inferior», resaltó Maril.

En la audiencia habrá unos 30 minutos iniciales para que Argentina exponga sus argumentos. Lo mismo ocurrirá con Burford Capital, el bufete inglés que cotiza en Londres y en Wall Street y al que, por su accionar, muchos comparan con un fondo buitre, aunque en rigor no lo sea. Sí es un experto global en una práctica no poco criticada conocida como litigation funding, o financiación de litigios. Burford compró los derechos para litigar en este caso, ya ganó millones a lo largo de 10 años y podría ganar muchísimo en los próximos años. También tendrá media hora de exposición YPF, que quedó eximida de la demanda hace dos años, una medida que Burford apeló.

Un punto importante: no habrá alegatos “corridos”, como en las películas. Los jueces pueden interrumpir en cualquier momento, y lo hacen. Son intervenciones que, según la personalidad de cada magistrado podrían ser con la voz elevada, altisonantes e, incluso, que suenen agresivas.

“Se esperan gritos y voces fuertes, suele pasar”, avisan allegados. Burford también advirtió sobre ese punto y remarcó que los jueces suelen formular preguntas incisivas o comentarios durante las audiencias orales que no necesariamente expresan sus posturas. “Intentar inferir la inclinación de un juez a partir de su comportamiento durante la audiencia no es un método confiable”, dijeron. Se estima que todo dure unas dos horas, pero no hay tiempos establecidos. Luego la Corte se tomará el tiempo que considere necesario para decidir; en promedio, casos como estos no tienen resolución hasta unos 7 meses después de la audiencia.

“La historia muestra que las cortes de apelaciones de EEUU rara vez revierten fallos de primera instancia. Pero es un caso complejo, con muchas aristas”, aseguró Maril.

“El esfuerzo y la preparación fue titánico. Estamos confiados 100% en que el fallo se puede revertir”, definieron fuentes oficiales.

A cargo de supervisar la defensa estarán los dos subprocuradores de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira –sobre todo el primero, aunque Comadira fue presentado como experto en derecho público de YPF en una parte del juicio–, otros funcionarios (como las encargadas del equipo de Internacionales de la PTN) y el estudio Sullivan & Cromwell LLP, encargado en EEUU de llevar adelante y exponer el caso. Los funcionarios no podrán hablar por el país el miércoles: los argumentos y respuestas estarán a cargo de Robert Giuffra, co-chair de Sullivan, y su equipo. Los locales, como mucho, podrán pasar mensajes escritos a los letrados estadounidenses.

En los últimos meses, y sobre todo en estos días, todos ellos se “entrenaron” con las posibles respuestas, escenarios y contingencias varias que pueden surgir el miércoles en un salón “gemelo”, un réplica exacta de la sala de audiencias de la Cámara, con la misma disposición de jueces, partes, color de paredes y hasta alfombras iguales. Nada debería quedar librado al azar.

“La defensa va a ir por los carriles esperados. La realidad es que este juicio nunca debió hacerse en EEUU, no tiene jurisdicción. Tenemos argumentos técnicos para demostrarlo, también hay temas incorrectos como el monto total de la sentencia y los intereses aplicados”, dicen las fuentes.

Burford no suele hablar del caso, más allá de menciones en las comunicaciones trimestrales con sus inversores.

Con todo, la semana pasada difundió un comunicado en el que detalla el estado actual y el cronograma previsto del litigio, justo antes de la audiencia clave de apelación en Estados Unidos. Fue la primera vez que “habló”.

Este resumen, ofreció una visión estructurada de los antecedentes, los pasos procesales realizados y los escenarios futuros que enfrenta el caso. Y dejó un mensaje velado de lo que cree que debería hacer Argentina: negociar. Es algo con lo que viene insistiendo desde hace meses, y para eso contrató a un experimentado ex banquero argentino de Wall Street, Gerry Mato y su equipo. No tuvieron suerte hasta el momento: el Gobierno de Milei jura que nunca negociará. “Las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias”, avisó Burford.

Según el estudio inglés, una vez emitida la sentencia, la parte disconforme podrá solicitar una reconsideración ante el mismo panel o una revisión en pleno, aunque esta última es poco frecuente. Posteriormente, cualquiera de las partes podrá pedir la revisión del caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que solo acepta un reducido número de casos cada año, generalmente aquellos de relevancia legal general.

El comunicado de Burford también dejó críticas para el accionar del país: “Es importante tener presente que Argentina suele intentar demorar los procesos judiciales y, si bien esos intentos no siempre tienen éxito, es ciertamente posible que se le concedan prórrogas respecto de algunos de los plazos establecidos en las reglas del tribunal”.

También resumió que en paralelo a la apelación principal, el Tribunal de Distrito de Nueva York continuó con los procedimientos de ejecución de la sentencia. Con acciones como entregar documentos sobre posibles relaciones de “alter ego” con YPF y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), información sobre cuentas bancarias y reservas de oro y comunicaciones internas de funcionarios vinculados a YPF y al BCRA, y el pedido de “orden de entrega” para que Argentina les transfiera sus acciones de YPF (medida que está apelada y tiene una suspensión, stay, a favor del país).

Maril detalló cómo será el esquema de preguntas estipulado de antemano… que los jueces podrán alterar con sus preguntas, pero que las partes preparan.

Argentina presentará 12 puntos divididos en tres partes.

• Forum Non Conveniens e International Comity. El primer argumento asegura que el caso por la expropiación de YPF nunca debería haberse litigado en una corte norteamericana: para esta demanda hubiera sido mejor un foro argentino que uno estadounidense. Las doctrina de “International Comity”, en tanto, estipula que una corte (de EEUU, en este caso) tiene que mostrar respeto e interés por los procesos judiciales y leyes de otra nación soberana (Argentina).
• Los errores de Preska. Aquí el foco estará puesto en la mala interpretación y aplicación de las leyes argentinas por parte de la magistrada de primera instancia en un caso en el que, conviene recordar, se usan las leyes locales. Según Maril, Argentina argumentará que las leyes del país no contemplan que un accionista privado demande a otro accionista (el Estado argentino) por violar el Estatuto de la empresa (YPF) y que el Estatuto de una empresa no puede estar por encima de una Ley (como la de expropiación de YPF) aprobada por el Congreso.
• El monto. Argentina argumenta que para el cálculo debió tomarse el tipo de cambio del día del fallo (septiembre de 2023) y no el día del incumplimiento (abril de 2012) y que Preska debería haber utilizado otra tasa de interés, no el máximo de 8% que aplicó.

Los puntos de Burford, que quiere meter nuevamente a la empresa en la demanda:

• El rol de YPF. Asegura que en el fallo de 2023, Preska se equivocó al eximir a la empresa de cualquier responsabilidad en la expropiación. Cree que su estatuto la obligaban a hacer cumplir los requisitos de la oferta pública de adquisición (OPA) y que están claras las consecuencias económicas de no hacerlo; que debería haber actuado como la última línea de defensa en caso de que el nuevo accionista mayoritario (el Estado argentino) ignorara el requisito de OPA, ya fuera de manera intencional o inadvertida, y que ley de Expropiación del Congreso no impide que la petrolera sea inmune a un litigio por no cumplir sus propios estatutos.
• Violación de contrato. No sólo el Estado “incumplió una promesa” a los inversores, también la petrolera.
• Pago. YPF también debe compensar monetariamente a los beneficiarios del fallo.

Los puntos de la “apelación cruzada condicional” de YPF que, según el analista, “sólo será considerada por los jueces de la Corte de Apelaciones si consideran que la jueza Preska se equivocó al eximir YPF de toda responsabilidad”:

• Preska actuó bien. Dirán que la eximición de la magistrada es correcta cuando dijo que YPF no es responsable de compensar económicamente como consecuencia de su expropiación.
• Responsabilidad. La empresa no incumplió una promesa realizada a inversores.
• Monto. Preska se equivocó al calcular la compensación monetaria en dólares.

El Gobierno espera que la sentencia quede sin efecto. Buscará un fallo revocatorio completo, o que vuelva a primera instancia con instrucción concreta a Preska de fallar otra vez sobre algunos parámetros que la cámara podría dictar. En ese caso, esperan una baja importante del monto de USD 16.000 millones teniendo en cuenta la fecha de comienzo de la acción, que marca el tipo de cambio, y, además, el cálculo de intereses. Si se cambian ambos cálculos harían caer drásticamente el monto. ¿Cuánto? Fuentes del caso estiman que si el fallo se calculara con “interés cero”, la sentencia rondaría los USD 5.000 millones. Si el cambio es sobre el monto total, sería menor aún. Y si se modificaran ambos cálculos la reducción sería “mayúscula”.

“Los USD 16.000 millones son una locura que nunca debería haber ocurrido. Es una sentencia que no se condice con el prestigio que tiene Preska”, aseguran cerca de la PTN, y hacen foco en que Burford es un “fondo buitre, con bolsillos casi infinitos para llevar adelante esta causa”.

Horacio Marín, presidente de YPF, también es optimista. “Veremos qué pasa en la apelación. Creo que la empresa debería seguir fuera de la demanda, pero lo sabremos el año que viene. Luego vendrá la Corte Suprema de Estados Unidos, eventualmente”, dijo ayer en una entrevista exclusiva con Infobae.

Sebastián Maril, por su parte, cree que a pesar de los antecedentes adversos, la cámara podría “tirarle un hueso a Argentina”. “Quizás pueden revertir los intereses: decir que el Estado sí es culpable, pero que tendría que pagar menos. O pueden decir que se aplicó bien el monto, pero que Preska se equivocó en la jurisdicción, y tirar todo el juicio para atrás”, arriesgó.

“Voy a estar atento a los puntos en los que enfatiza Argentina. Si pone foco en el monto, es que no ven tan probable que la corte revierta el caso en términos de jurisdicción. Si dedican mucho a la jurisdicción, creerán que el argumento más débil de Burford es ese”, aseguró.

Los jueces golpearán el martillo para dar comienzo a la audiencia dos días y medio después de conocerse el resultado de las elecciones de medio término. Con mercados seguramente convulsionados, tensión por posibles cambios en los esquemas económicos del Gobierno y dudas que deberían empezar a despejarse con respecto al esquema de rescate de EEUU. No habrá definición inmediata, pero la resolución está cada vez más cerca. No es un caso menor, más allá del peso incontrastable de la coyuntura de corto plazo: podría ser un parteaguas para la economía del país. También para la política.