El gobierno de Javier Milei activó un fuerte envío de fondos a las provincias a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con transferencias que superaron los $47.000 millones en apenas dos días. Los giros, concretados el 19 y 20 de marzo, alcanzaron a 11 distritos y reflejan una aceleración significativa en la asistencia financiera a los gobiernos provinciales.

Según un informe de la consultora Politikón Chaco, el volumen de recursos transferidos en este período implica un incremento cercano al 130% respecto de febrero, cuando se habían distribuido alrededor de $20.000 millones en medio de negociaciones legislativas. Además, el monto también muestra un salto interanual considerable frente a marzo de 2024.

Los ATN son fondos que el Ejecutivo puede asignar de manera discrecional ante situaciones específicas en las provincias. Se financian con el 1% de la masa coparticipable de impuestos nacionales, aunque su distribución no responde a criterios automáticos, sino a decisiones políticas del Gobierno.

En el detalle del reparto, Corrientes volvió a posicionarse como la provincia más beneficiada, con un total de $8000 millones recibidos en el período. Le siguieron Mendoza, con $7000 millones, y Entre Ríos, con $6000 millones. También se destacaron Misiones, con $5500 millones, y San Juan y Chaco, que recibieron $4000 millones cada una.

El listado se completa con Salta, que percibió $3500 millones; Catamarca y Chubut, con $2500 millones en cada caso; y Jujuy y Neuquén, que obtuvieron $2000 millones respectivamente.

Con estos desembolsos, el total transferido a las provincias en lo que va del año asciende a $74.000 millones, lo que representa un aumento del 29% en comparación con el mismo período de 2025. Este dato refuerza la tendencia de mayor asistencia financiera en el arranque de 2026.

En el acumulado anual, Corrientes también lidera el ranking de transferencias, con $14.000 millones recibidos entre enero y marzo. Detrás se ubican Misiones, con $9500 millones, y Salta, con $7500 millones. Más atrás aparecen Mendoza, Chubut y Entre Ríos, seguidas por otras provincias con montos menores.

El fuerte incremento en los envíos coincide con un contexto de tensión fiscal en varias jurisdicciones, que enfrentan dificultades para sostener sus cuentas públicas. En ese escenario, los ATN funcionan como una herramienta clave para asistir a las provincias, aunque su carácter discrecional suele generar debates sobre los criterios de asignación.

En paralelo, el Gobierno mantiene negociaciones abiertas con distintos gobernadores en el Congreso, donde busca avanzar con reformas estructurales. En ese marco, los giros también son leídos como parte de la dinámica política entre la Casa Rosada y las provincias.

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Desde que llegó al Gobierno, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se planteó revisar todas las medidas que había dejado listas su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, sobre todo aquellas más urgentes, como los pliegos para cubrir vacantes en los tribunales o el nuevo Código Penal, sobre el cual pidió realizar algunas modificaciones para hacerlo más corto y técnico, aunque manteniendo la esencia original.

De acuerdo con lo que señalaron a Infobae fuentes del entorno del funcionario, “es lógico” que haya tomado la decisión de estudiar esta reforma, ya que el fiscal porteño en uso de licencia “no firma nada ni envía nada sin mirar antes”.

Recientemente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció a través de las redes sociales las iniciativas que el oficialismo va a impulsar en esta primera etapa de las sesiones ordinarias y en el listado está incluido este proyecto.

En este contexto, Mahiques se interiorizó en el tema y comenzó a pensar algunas mejoras para hacerle al texto original, que era bastante extenso y, a su entender, contenía algunas cuestiones que se podían simplificar.

El martes pasado, cuando se reunió con los miembros de la Corte Suprema, el ministro también conversó con ellos sobre el Código Penal y les pidió que le envíen algunas recomendaciones u opiniones.

Luego de ese encuentro, en la cuenta oficial de X de la cartera se precisó que ambas partes expresaron la “voluntad de seguir trabajando de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”.

Asimismo, se comunicó con los integrantes de la comisión especializada a la que convocó el Gobierno para elaborar el texto, la cual ya venía trabajando sobre esta iniciativa desde la administración de Mauricio Macri.

El grupo está encabezado por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Buompadre, acompañado por los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.

“Nos comentó que estaba revisando el proyecto, pero en línea con lo que ya fuimos haciendo. Tal vez va a ser un poco más corto de lo que había planificado Cúneo Libarona”, explicó a este medio uno de los miembros de ese cuerpo.

La junta entregó una primera versión en febrero del 2025 que tenía un total de 540 artículos, pero luego se siguió trabajando y esa cifra se amplió considerablemente, hasta llegar a 912.

Al respecto, Mahiques le explicó al equipo de expertos que su idea era avanzar “con otra técnica” para, “en lugar de hacer tantos agregados, modificar la base del Código actual” y que, de esa forma, no sea tan pesado el contenido.

De todas formas, las modificaciones que se van a hacer, y que quedarían, aunque dentro de artículos ya existentes, son las mismas que pensó la comisión de especialistas, por lo que se mantiene la idea primaria.

Qué reformas se mantendrían en el proyecto

En este sentido, a pesar de los cambios, se suma una serie de nuevas figuras delictivas y endurecimiento de penas para delitos económicos, terrorismo, narcotráfico y áreas emergentes como delitos informáticos.

Entre los puntos centrales se mantiene la creación de tipificaciones como la estafa piramidal, las llamadas “viudas negras” (mujeres que engañan a personas simulando querer tener relaciones sexuales para entrar a los domicilios y robarles), los “motochorros” y la entradera bancaria.

Asimismo, se especifican algunos delitos financieros complejos, como el lavado de dinero con activos virtuales y nuevas modalidades ilícitas asociadas al crimen organizado y la tecnología.

En este sentido, se incluye un régimen penal específico para esta área, completo e integral, con sanciones para inside trading, agiotaje (especulación y manipulación de precios), balances falsos, intermediación sin autorización y cohecho financiero.

La iniciativa plantea, además, el combate al terrorismo y la criminalidad organizada, dentro de un esquema que contemplará asociación ilícita, adoctrinamiento, adiestramiento y encubrimiento autónomo.

Según pudo saber este medio, el abordaje de la violencia en espectáculos deportivos sumará penas por dopaje, corrupción y actos asociados a agrupaciones ilícitas en ese ámbito.

En tanto, en lo que respecta al narcotráfico, será abordado con un sistema escalonado que distinguirá entre producción, suministro, tenencia y tráfico de precursores.

Por otra parte, y cupliendo con lo que a Argentina se comprometió en el marco del acuerdo comercial con los Estados Unidos, el texto prevé cambios para adecuar la protección de la propiedad intelectual e industrial y sumará previsiones de crimen organizado en la fiscalización (controles judiciales más duros).

En materia de delitos informáticos, el texto trabajará la tipificación de hackeo, difusión no autorizada de imágenes, acceso ilegítimo, hurto informático y ataques contra sistemas esenciales.

Entre las normas que sobrevivieron a la revisión, están aquellas para castigar el accionar de funcionarios que afecten la estabilidad fiscal y monetaria, una medida de especial interés para la administración libertaria.

Por último, se introduce figuras penales para la crueldad animal, daños al patrimonio arqueológico, paleontológico y la fauna silvestre; para la discriminación y para el ingreso y permanencia ilegal de migrantes en territorio nacional.

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El diputado kirchnerista del bloque Unión por la Patria (UxP), Juan Carlos Molina, también apodado como “cura coraje”, sorprende por el patrimonio que posee, valuado en casi USD 1 millón. Una cifra que contradice su pretendido modo de vida austero.

Según el medio NotiAR, en su declaración oficial el cura, legislador nacional por la provincia de Santa Cruz, asumido en diciembre del año pasado, se constata que tiene en su haber la suma de 611 millones de pesos, lo que sería el equivalente a USD 33o.338,50.

Sin embargo, además de esa suma, Molina, un dirigente cercano a Cristina y Alicia Kirchner que ganó por un pelo en las últimas elecciones legislativas en la provincia de Santa Cruz, también tiene cuatro propiedades en CABA y San Vicente, lo que eleva la mencionada cantidad en dólares declarada.

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La declaración jurada que el “cura” presentó ante la Oficina Anticorrupción utiliza la trampa del “1 m2” para subvaluar inmuebles y licuar el impacto visual de su riqueza.

La fortuna acumulada por el diputado se contradice con su actividad en el sector privado. Antes de ser legislador, se desempeñaba al frente de la Fundación Valdocco, financiada con dinero del Vaticano. Lo que llama la atención es como generó dinero trabajando en una organización sin fines de lucro como dicha fundación.

Antes de su presente como diputado y miembro de la Fundación Valdocco, Molina fue titular del SEDRONAR durante el primer gobierno de Cristina Kirchner. En ese tiempo, ha esgrimido declaraciones polémicas como que “Pablo Escobar fue un poco Robin Hood”.

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