El universo de los privados será un actor central en la presunta trama de corrupción que comenzará a juzgarse este jueves, con el inicio del juicio por los Cuadernos de las Coimas: además de los funcionarios públicos, en el banquillo de los acusados estarán sentados más de medio centenar de empresarios, acusados de haber pagado coimas para ganarse el favor de esos funcionarios, entre 2003 y 2015.

Algunos, incluso, serán juzgados por haber tejido la presunta red de corrupción a la par de los funcionarios.

Los hay del rubro de la construcción, del transporte, de la energía y de logística. En conjunto, las penas que afrontan suman un mínimo de 80 años y un máximo de 419 años de prisión. En promedio, cada uno de ellos enfrentaría una mínima aproximada de un año y tres meses y una máxima de seis años y medio.

Veinte de estos hombres de negocios reconocieron haber realizado los pagos al apegarse al régimen de “imputado-colaborador” y declarar como arrepentidos en la causa, luego de trabar un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli, aprobado luego por el fallecido juez Claudio Bonadio, quienes llevaron adelante la instrucción del caso, nacido al calor de una investigación de LA NACIÓN.

Otro grupo más importante de empresarios –un total de 46– realizó un intento infructuoso por evitar ser parte del juicio que inicia hoy ofreciendo sumas de dinero para “extinguir la acción penal” en su contra.

Buscaron poner en marcha una figura incorporada al Código Penal en 2017 -la de la “reparación integral del perjuicio”-, pero la fiscal Fabiana León y luego los jueces del tribunal rechazaron sin miramientos las ofertas, al sostener que no había monto que pudiera subsanar le daño ocasionado.

En total, los empresarios ofrecieron más de 13 millones de dólares, tal como contó este medio.

Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, logró entreabrir una puerta de salida para todos los empresarios cuando pidió, con éxito solo momentáneo, que la maniobra sea juzgada por la Justicia electoral. Planteó que los pagos no fueron coimas, sino “aportes de campaña” por los cuales no se recibieron comprobantes.

La Cámara de Casación se hizo eco del planteo, pero luego, por mayoría, y tras una avalancha de críticas, volvió sobre sus pasos y anuló la decisión.

En sus declaraciones, la mayoría de los empresarios arrepentidos evitaron pintarse a sí mismos como agentes activos de los pagos y se representaron más bien como víctimas de un sistema de coerción llevado adelante por funcionarios del kirchnerismo, como Roberto Baratta, mano derecha del exministro Julio De Vido.

“Baratta siempre daba a entender, de manera más o menos directa, que si no se hacía el aporte se bloqueaban los pagos de los certificados de obra”, explicó Juan Carlos de Goycoechea, de Isolux, el primero de los empresarios en arrepentirse.

Pese a los aprietes denunciados, dijo que lo de los “aportes para la campaña” era un “eufemismo” para hablar de “coimas” o “sobornos”.

Algunos empresarios, como Enrique Menotti Pescarmona y Francisco Rubén Valenti, ambos de la firma IMPSA, relataron que existía una estrategia de “asfixia financiera” contra las empresas.

Otros denunciaron ser víctimas de amenazas explícitas. Por caso, Juan Chediack –que falleció en un accidente con su avión– dijo en calidad de arrepentido que, como parte de un amplio abanico de aprietes, el financista que oficiaba de intermediario con la familia Kirchner, Ernesto Clarens, le dijo en 2004: “Escuchame, nene, te quiero el lunes con los 250.000 pesos, no seas el chivo expiatorio, no seas el primer pelotudo que hacemos cagar”.

Chediack dijo que pagó entre tres y cinco veces por año, pero que como no se “amoldaba al esquema de cobro” era considerado un “enemigo” por el Gobierno.

El financista Clarens -también imputado/colaborador- negó los señalamientos. En su declaración, marcó incluso que mantenía gran vínculo con el empresario, a cuya casa fue alguna vez a comer, en veladas que eran animadas por la voz y la guitarra de Chediack.

Chediack no fue el único que habló de amenazas. En una línea similar a su declaraicón, corrió la de Marcela Edith Sztenberg, de EQUIMAC S.A.. Dijo que el titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti, les aseguraba que tenía la “orden de Néstor Kirchner de hacernos mierda”.

José Manuel Collazo, de Helport SA, sumó que Uberti les advertía que debían “contribuir como todos a los gastos de la política” y que, de no hacerlo, sufrirían una “mayor cantidad de multas a las ya recibidas”.

Con detalles sobre las entregas de dinero, las declaraciones de los empresarios echaron nueva luz sobre el entramado que reveló el chofer Oscar Centeno con sus anotaciones en los cuadernos.

Los empresarios precisaron lugares, sumas, frecuencias, y hasta contaron alguna desinteligencia en la entrega del dinero.

Alberto Taselli relató que al completar su primera entrega, en 2013, el recaudador Roberto Baratta le dijo: “No te hagas el boludo… no eran pesos, eran dólares”. “Yo entendí que lo que se me estaba exigiendo era 1.000.000 pesos”, declaró Taselli en la Justicia.

También se reveló que eran los mismos empresarios quienes acordaban el reparto de la obra pública, según sus propias necesidades e intereses, mediante un sistema conocido como “la camarita”.

En esa tarea habría tenido un rol relevante el empresario Carlos Wagner, presidente durante casi todo el período de la Cámara de la Construcción y de la Cámara de Empresas Viales.

Entre otras cuestiones, el financista Clarens reveló que los empresarios “se cobraban el pase”. “Si alguno de los que estaba sentado en esa mesa [por la camarita] le había dado el pase a otra empresa en una licitación anterior, le pedía a esa empresa que le tocaba por turno que renuncie a esa obra”, dijo, entre otros detalles que ofreció, como la elaboración de un ranking”.

“El 20% referido de sobreprecio estaba compuesto por 10% para la coima y el 10% restante para generar dinero negro”, añadió en su declaración.

Hubo un intento reciente por parte de las defensas de De Vido, Cristina Kirchner y un grupo de empresarios de socavar el piso probatorio del juicio oral, excluyendo las declaraciones de los arrepentidos.

Basaron su planteo en una supuesta dualidad que reviste la figura del “imputado-colaborador” y dijeron que no se podía incorporar la prueba sin violar garantías de la defensa. Pero el Tribunal rechazó los escritos e incorporó como prueba para el juicio el legajo de 25 arrepentidos.

Los empresarios

El resto de los empresarios que van a juicio son: Rudy Fernando Ulloa Igor, Gerardo Luis Ferreyra, Carlos José Mundin, Claudio Javier Glazman, Raúl Héctor Vertua, Armando Roberto Loson, Néstor Emilio Otero, Juan Carlos Lascurain, Benjamín Gabriel Romero, Jorge Juan Mauricio Balán, Rodolfo Armando Poblete.

También Osvaldo Antenor Acosta, Jorge Guillermo Neira, Rubén David Aranda, Miguel Ángel Marconi, Alberto Ángel Padoan, César Arturo De Goycoechea, Miguel Marcelino Aznar, Obdulio Ángel Barbeito, Patricio Gerbi, Marcelo Marcuzzi, Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián De Sousa, y Osvaldo Manuel De Sousa.

Además, Gabriel Pedro Losi, Jorge Sergio Benolol, Oscar Abel Sansiñena, Guillermo Escolar, Ricardo Santiago Scuncia, Santiago Ramón Altieri, Silvio Mion, Daniel Claudio Pitón, Roberto Juan Orazi, Julio José Paolini, Juan José Luciano, Pablo José Gutiérrez, Adrián Eduardo Pascucci, Mauricio Pedro Pascucci y Luis Armani.

Y por último, Juan Bautista Pacella, Carlos Eduardo Arroyo, Carlos Daniel Román, Mario Ludovico Rovella, José Gerardo Cartellone, María Rosa Cartellone, Gerardo Cartellone, Tito Biagini, Hugo Alfredo Kot, Rodolfo Perales, Eduardo Luis Kennel y Ricardo Antonio Repetti.