Una investigación periodística reveló que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adquirió un departamento en el barrio de Caballito por 230 mil dólares mediante una hipoteca no bancaria contraída con las vendedoras del inmueble.

Según el Registro de la Propiedad Inmueble, las acreedoras del crédito de 200.000 dólares son dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Sin embargo, al ser consultadas por Clarín sobre el vínculo con el funcionario, Viegas respondió: “No, la verdad que no”, negando también haberle cedido dinero, mientras que desde el entorno de Sbabo afirmaron: “No, ni idea de esas cosas”.

La operación, realizada en noviembre del año pasado, despertó sospechas en el diputado Esteban Paulón debido al “desfasaje entre los valores de mercado del inmueble y los que pagó el ministro coordinador”.

El legislador señaló que el funcionario abonó aproximadamente 1.155 dólares el metro cuadrado, casi la mitad del valor de mercado tasado entre 300 y 350 mil dólares. Paulón planteó que la situación “parecería una intermediación ya pautada por el breve lapso de tiempo que estas mujeres la tuvieron en su poder antes de venderla a Adorni”, tras haber pertenecido previamente a un exfutbolista.

Este incremento patrimonial se suma a la escrituración de una casa en el country Indio Cuá a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, por la que paga expensas de casi 700 mil pesos.

El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo investigan el caso, considerando que la hipoteca representa el 87% del valor de la vivienda de la calle Miró. Sobre la capacidad financiera del vocero, el diputado denunciante cuestionó que “con su salario no sabemos cómo hará para pagar las cuotas”, en un contexto donde las supuestas prestamistas niegan conocer al titular de la propiedad.

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El Gobierno nacional oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con el objetivo de consolidar y armonizar los datos de quienes reciben prestaciones o servicios sociales en todo el territorio nacional.

La medida se hizo efectiva esta madrugada, mediante la publicación de la resolución 23/2026 del Minsiterio de Capital Humano en el Boletín Oficial. La decisión se apoya en la necesidad de contar con una única base administrativa que permita identificar con precisión a las personas que efectivamente acceden a beneficios sociales, así como las características y atributos específicos de cada caso.

De acuerdo con lo dispuesto, el registro funcionará en el marco del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), bajo la gestión del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que tendrá a su cargo la administración, resguardo y actualización de la base de datos.

El SIIS, creado en septiembre de 2024 por resolución del Ministerio de Capital Humano, actúa como repositorio central de bases de datos para la integración e interoperabilidad de información proveniente de distintas áreas del Estado. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es responsable de la custodia y cruce de datos, así como de la elaboración de estadísticas y la evaluación de políticas públicas basadas en evidencia.

La resolución que dio origen al RIB establece que el gasto para su implementación será cubierto por las partidas presupuestarias del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Se dispuso además la intervención de la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y archivo correspondiente.

Desde el Gobierno, alegaron que la implementación del RIB permitirá contar con un panorama actualizado y preciso de la cobertura de las políticas sociales, facilitando la gestión de la inversión pública y la evaluación del impacto de las intervenciones.

En la práctica, el RIB integrará y consolida información que antes se encontraba fragmentada en distintas dependencias del Estado. De este modo, se busca evitar duplicidades, superposiciones y vacíos de datos, asegurando la integridad y trazabilidad de la información oficial. Según lo dispuesto, el registro se nutrirá exclusivamente de datos provistos por los organismos competentes y será administrado bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad.

El establecimiento de este registro responde a la necesidad de fortalecer la transparencia y la trazabilidad de las políticas sociales, así como de mejorar la coordinación interinstitucional.

A principios de marzo, la minsitra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó que “no existen los planes sociales”; por el contrario sostuvo que se trata de prestaciones de la seguridad social y programas con reglas y objetivos diferentes.

“Técnicamente, no existen los planes sociales. Es una expresión coloquial que mezcla cosas distintas y genera confusión. No es lo mismo un programa social que una prestación de la seguridad social. Las jubilaciones y las pensiones son derechos establecidos por ley, se otorgan automáticamente a quienes cumplen los requisitos”, dijo la ministra en un video publicado en redes sociales.

“No dependen de cupos, no dependen de intermediarios, no son discrecionales, eso no es un plan, es seguridad social. Los programas sociales son otra cosa, son herramientas política pública focalizada. Tienen objetivos concretos, reglas de acceso, condicionalidades y evaluación de resultados. Y si no funcionan, se modifican o se cierran”, aseguró.

“En diciembre de 2023, la Asignación Universal por Hijo (AUH), con su complemento alimentario, cubría apenas el 54% de la canasta básica alimentaria. Hoy, cubre cerca del 100%. Eso no es expandir asistencia. Es recomponer el poder adquisitivo para combatir la indigencia y la pobreza extrema. Corregimos una inconsistencia del sistema. No aumentó la cantidad de programas sociales. No aumentó la cantidad de personas asistida”, agregó.

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Tras el fallo favorable para la Argentina en el caso YPF, el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, calificó la expropiación ocurrida durante el gobierno de Cristina Kirchner como “una violación al derecho de propiedad” y afirmó que dicho proceso “atrasó seguramente el desarrollo de Vaca Muerta”.

El directivo señaló que la resolución en los tribunales de Estados Unidos “despeja un problema en la Argentina” y evita complicaciones mayores con los socios, aunque admitió que la incertidumbre previa derivó en el pago de intereses superiores a los debidos.

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Marín destacó que desde su llegada impulsó una gestión alineada con criterios del sector privado, asegurando que “nosotros trabajamos como si fuese nuestra y como una compañía privada”.

Bajo esta nueva lógica, explicó que se cambió el enfoque estratégico para dejar de invertir en lugares donde la petrolera perdía dinero y concentrar los esfuerzos en Vaca Muerta. Al ser consultado sobre la influencia política en la toma de decisiones, el ejecutivo aclaró: “A mí no me dicen nada. Yo hago lo que tenemos que hacer”, remarcando que las definiciones se toman en el directorio con independencia.

Respecto al futuro operativo, el CEO precisó que la empresa cuenta con 10.300 locaciones propias para perforar, lo que representa “USD 220.000 millones de inversiones”. Marín fue enfático al definir el propósito actual de la petrolera estatal, sosteniendo que “YPF no es una compañía que tiene que dar bienestar. Es una compañía que tiene que generar valor para los accionistas”.

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