Prometía ser un unicornio biotecnológico argentino, el primero del rubro, la avanzada del mundo biotech local. No sólo eso, iba a revolucionar el agro con súper semillas transgénicas anti-sequía que iban a venderse en todo el mundo. También planeaba generar biomateriales con residuos de maíz y hasta producir asfalto y cemento con un blend de enzimas vegetales.

Nada de eso ocurrió… o al menos esos objetivos quedaron relegados por una mega crisis, una verdadera guerra de accionistas que son pesos pesados del agro y el mundo financiero, todo en medio de acciones cuyo precio se desbarrancaron y muy fuertes acusaciones, desde provocar pérdidas adrede, hasta inoperancia y otras sospechas. Las amenazas de acciones judiciales inminentes también están a la orden del día.

¿Que va a pasar con Bioceres, la empresa que nació casi como una cooperativa y llegó a cotizar en Wall Street? No está claro. Lo cierto es que sus referentes están en medio de un conflicto que “amenaza con llevarse puesto todo”, como describió un ejecutivo al tanto de los acontecimientos.

Los principales protagonistas de esta batalla son Federico Trucco, el histórico CEO de Bioceres, y Juan Sartori, un millonario uruguayo que creció como accionista dentro de la estructura de la empresa y, en paralelo, se convirtió en un jugador importante a nivel local luego de encabezar –como representante en la región de Tether, el gigante cripto detrás de la stablecoin USDT– la compra de Adecoagro, otra emblemática compañía del agro vernáculo.

El trasfondo de esta historia es un verdadero entramado de empresas e intereses. A grandes rasgos, Trucco acusa a Sartori de querer quedarse con las empresas del grupo y de vaciarlas o perjudicarlas para lograrlo, si es necesario. En el entorno del uruguayo aseguran que él es sólo un accionista y apuntan a Trucco como el responsable de hacer tambalear la estructura corporativa con malas decisiones de negocios.

La biotech nació en 2001, en medio de la crisis político económica, cuando un grupo de productores decidieron crear una compañía para financiar la investigación pública. Entre ellos estaban Víctor Trucco, padre de Federico y presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), y Gustavo Grobocopatel.

El modelo de negocios fue mutando y comenzaron a integrarse verticalmente hasta operar en 25 países. En el medio hubo turbulencias, como cuando salió del negocio el Grupo Sidus, en 2008. También compraron empresas para desarrollar su red comercial, como Rizobacter por USD 76 millones.

La empresa, que siempre tuvo un entramado societario muy atomizado, de unos 300 accionistas del campo argentino, desarrolló, entre otras, la tecnología HB4, que llegaba para combatir el estrés hídrico. La tan mentada semilla anti sequía que iba a convertirse en uno de los ejes centrales de su negocio.

En 2024, el Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA) autorizó el cultivo sin restricciones del trigo resistente a la sequía producido en la Argentina y dijo que no presentaba riesgos en comparación con el trigo convencional.

La decisión del USDA fue una luz verde para el HB4, que fue desarrollado por la bioquímica Raquel Chan y su equipo del Conicet junto a un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y Bioceres, que en ese momento definió la noticia como “un gran hito”.

En 2011, Trucco se convirtió en CEO de Bioceres. El ejecutivo es licenciado en bioquímica de la Universidad Estatal de Luisiana, en EEUU, tiene una maestría en malezoología y patología vegetal de la Universidad Estatal de Colorado y un doctorado en ciencia de cultivos de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, donde también obtuvo una especialización en administración de empresas.

Con los años y su proyección internacional, la empresa santafesina se fue convirtiendo en una verdadera mamushka de sociedades locales y extranjeras.

Así, arriba de todo estaba Bioceres Group Limited, una empresa radicada en Reino Unido. De ella se desprendían, en orden: Bioceres SA (Argentina), Bioceres LLC (EEUU) y, finalmente, Bioceres Crop Solutions, que es la que comenzó a cotizar en Wall Street bajo la sigla BIOX.

Luego de un intento frustrado, Bioceres salió a la bolsa en 2019.

Lo hizo con la modalidad SPAC: adquirieron una empresa sin actividad que ya estaba listada, una suerte de “cáscara”. Es otra de las formas de empezar a cotizar, además del tradicional IPO.

Sartori, que ya tenía vínculo con la empresa, acercó ese instrumento financiero.

Las cosas no fueron como se esperaba para el negocio.

Hubo demoras en la autorización de las patentes internacionales y el negocio comenzó a resentirse, debido al vaivén de la economía local y la global. La sequía del 2022, las malas cosechas locales y la caída internacional del precio de los commodities aportaron y sumaron incertidumbre.

Finalmente, la crisis del agro de fines de 2024, con empresas golpeadas como Surcos y Los Grobo, le generó un fuerte estrés financiero del que nunca terminó de recuperarse.

A mediados del año pasado, Trucco estaba apremiado financieramente y convocó a Sartori, quien había seguido invirtiendo en el holding, sobre todo en una de sus asociadas, Moolec, dedicada a la agricultura molecular.

Moolec y Bioceres Group se convirtieron en el paraguas societario principal, por encima de todo el resto. Y Sartori ingresó como un inversor fuerte en el entramado.

Hoy, Moolec controla a Bioceres Group. Union Group, de Sartori, tiene el 19,7% de las acciones. En el resto del paquete accionario de Moolec figuraban los más de 300 accionistas históricos de Bioceres. Representaban algo así como el 60% y ninguno tiene más del 10 por ciento, pero fueron saliendo en medio de la crisis. Ahora, el que manda es el uruguayo.

¿Cuándo se pelearon Sartori y Trucco? No queda claro. En este punto empiezan las versiones encontradas.

Apuntaron a Trucco y pidieron la quiebra de Bioceres SA.

En un extenso comunicado del viernes acusaron al CEO de haber generado un “profundo deterioro económico y financiero” registrado al cierre de sus estados financieros al 30 de junio de 2025. Aseguraron que no les quedó otra, que el pedido de quiebra fue una medida “razonable e ineludible”.

“La pérdida de activos netos estimados en aproximadamente 295 millones de dólares, equivalente a más de $270.000 millones, junto con el agravamiento de la exposición financiera del grupo”, detallaron.

Afirmaron que una semana después de la fusión de Moolec y Bioceres Group –del ingreso de Sartori como accionista–, Trucco promovió que el directorio de Bioceres SA dejara de tener el control de BIOX.

“En ese momento Bioceres SA perdió USD 350 millones de su estado financiero porque se quedó sin ese patrimonio, algo que impactó muy fuerte en los resultados financieros consolidados de la empresa. Dejaron a Bioceres SA como un residual dentro de Moolec y limpiaron una deuda de $157.000 millones que habían generado ellos. Ese patrimonio neto negativo lo aprobó el mismo Trucco que era el CEO de Bioceres SA y miembro del directorio”, dicen en Moolec.

También auguran un mal futuro para BIOX, de la que Sartori es accionista. “Hoy la empresa está prácticamente circunscripta a Rizobacter y Pro Farm Group, una firma de biológicos e inoculantes que se compró por USD 243 millones, en 2022, y que ahora terminó rematada por la justicia de EEUU. Uno de los accionistas de BIOX, el fondo Jasper Lake, la acusó de no cumplir con pagos y, en enero, se quedó con Pro Farm por apenas USD 15 millones. Con Rizobacter va a pasar algo parecido. BIOX no tiene salvación. Nasdaq la va a deslistar en cualquier momento”, dicen cerca de Sartori.

Rizobacter pudo reestructurar su deuda días atrás, según se anunció.

Creen que ahora Sartori va por BIOX y sospechan que era lo único que le importaba desde el comienzo. Y que para eso el uruguayo está dispuesto a perder dinero, incluso. También miran de reojo a parte del management y los directores que trabajaron junto a Trucco por más de 20 años. Apuntan, sobre todo, a una directora.

Aseguran que ni bien Sartori tomó el control de Bioceres SA, ordenó defaultear pagarés y comenzó una negociación hostil con los acreedores que terminó con el autopedido de quiebra. “Nunca tuvo voluntad de pago ni de arreglo. Como no pudo sacar a Trucco de la empresa que cotiza, desaprobó su gestión y empezó a rematar acciones de la empresa a pérdida: perdió unos USD 20 millones en esa maniobra, a pesar de ser accionista”, relató una fuente cercana a Trucco.

Con respecto a por qué y cómo BIOX se separó del resto, aseguran que la maniobra que detalló el entorno de Sartori nunca existió y que la desconsolidación de Bioceres SA se provocó por el accionar de deudores que gatillaron su acreencias, entre ellos una de las empresas del propio Sartori. “Así él consiguió quedarse con el 15% de BIOX que luego empezó a vender por debajo del valor de mercado. Esas salidas aportaron a la caída del valor bursátil la compañía”, detallaron las fuentes.

La acción de BIOX se desbarrancó: valía más de USD 15 en 2021 y ahora apenas 0,56 dólares. Desde mediados del año pasado, cuando ingresó Sartori, perdió 89% de su valor. Esta situación la ubica en la categoría devaluada de penny stocks y la expone a la posibilidad de ser retirada del mercado accionario estadounidense.

Trucco y otros exdirectivos denunciaron una asamblea de diciembre pasado, en la que el ejecutivo, que aún era director, quedó definitivamente fuera del directorio de Bioceres SA, luego del pedido de quiebra.

Ahora estarían preparando una denuncia penal al respecto, según pudo saber este medio. Días atrás, un comunicado que firmaron “un grupo de directores y fundadores de Bioceres” denunció una nueva maniobra de presión. El texto rechazó el intento de “presentar la situación como una disputa entre accionistas en igualdad de condiciones. No se trata de una asamblea de accionistas históricos ni de una decisión colectiva. Se trata de un acto unipersonal del nuevo accionista, Juan Sartori, utilizado como herramienta de presión contra quienes condujeron la empresa y trabajaron activamente para evitar su quiebra”.

El millonario uruguayo estudió Economía y Administración de empresas en la école des Hautes études Commerciales, en Lausanne, Suiza, y está casado con Ekaterina Rybolovleva, hija de Dmitri Yevguénievich Rybolóvlev, un multimillonario ruso que fue cercano a Vladimir Putin, hizo su fortuna en el negocio de los fertilizantes y es presidente del AS Mónaco.

Fue senador en su país hasta 2024 y antes había perdido la interna presidencial del Partido Nacional con Luis Lacalle Pou, ex mandatario del país vecino. Es accionista de Sunderland AFC, que ascendió a la Premier League; vicepresidente del AS Mónaco y miembro del European Club Association y de la Professional Football League (LFP), en Francia.

En mayo de 2025 fue designado presidente del directorio de Adecoagro, empresa que compró Tether por 600 millones. Sartori es VP a cargo de las inversiones en la región: en los últimos meses, Adecoagro –con ACA como accionista minoritario– le compró Profertil a YPF y Nutrien por unos USD 1.200 millones.

El jueves pasado tocó la campana de inicio de jornada en el Nasdaq, en Nueva York, como parte de Elemental Royalty Corporation, una empresa del negocio del oro, físico y digital, asociada también a Tether, de la que es executive chairman.

La tensión es total. Se espera una inminente denuncia de Trucco, pero aún no está claro si será contra Sartori. Es muy probable que sí apunte a exdirectivos de Bioceres SA.

Mientras tanto, la empresa que se preparaba para ser el primer unicornio biotech celeste y blanco se desangra, escindida, y enfrenta un futuro que es cada vez más incierto.

Argentina adoptó un sistema económico corporativo de industrialización por sustitución de importaciones, proteccionismo radicalizado y mercado internista que anuló todo incentivo competitivo y no permitió el crecimiento económico, las exportaciones y la productividad a largo plazo.

Otros países de asentamiento reciente, como Australia o Canadá, generaron coaliciones exportadoras, con representación sindical democrática y competitiva, que permitieron crear empleo en todos los sectores, impulsando el desarrollo socioeconómico.

Argentina, con PBI per cápita, geografía, inmigración y estructura productiva similares a Australia y Canadá a comienzos del siglo XX, hoy su ingreso per cápita equivale solo al 30% de aquellos países cuyo destino compartía en el siglo pasado.

Dados los intentos fracasados de reforma del pasado, resulta clara la fortaleza del bloqueo corporativo para sostener el status quo.

Desde el 4 de junio de 1943, cuando se impuso el modelo corporativo de representación sindical monopolizada sin elecciones libres, único actualmente vigente en el mundo, hubo solo tres intentos de reforma laboral, todos realizados después del retorno a la democracia en 1983, posteriormente revertidos:

• A tres meses de asumir el presidente Raúl Alfonsín, el Senado peronista rechazó la ley “Mucci” de democratización sindical.
• Posteriormente, la reforma laboral de 1991 (Ley 24.013) durante la presidencia de Carlos Menem consistió en la posibilidad de obtener empleo mediante contratos a plazo, pasantías y la reducción de contribuciones, sin reformar la estructura sindical. El propio Menem luego derogaría, mediante decreto en 1998, los contratos laborales promovidos por la presión sindical.
• Por último, la reforma laboral durante la presidencia de Fernando de la Rúa, que priorizaba los convenios por empresa, fracasó por el bloqueo corporativo sindical sumado a denuncias de corrupción.

Resultado: una creciente informalidad en el mercado de trabajo. Según datos del Centro de Estudios de la Productividad – Base Arklems-LAND, hoy los puestos de trabajo privados registrados representan solo un 35% del total. La base contributiva de la seguridad social para los jubilados es muy reducida y quebranta el sistema previsional.

Las cargas sociales terminan incrementando los costos laborales del empleador sin contrapartida en el salario de bolsillo, en tanto son percibidas como impuestos por los trabajadores al no verse reflejadas en mejoras contributivas en el salario diferido (jubilaciones y pensiones), aumentando el incentivo a trabajar en negro o subdeclarar ingresos laborales ante la seguridad social.

Hoy las contribuciones sociales fondean solo un 30% del gasto previsional según la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), llegando a concentrar el 45,4% del total del Gasto Público Primario.

No hay reforma previsional ni jubilaciones dignas sin una reforma laboral que amplíe la base de recaudación de las contribuciones a la seguridad social.

La ley de modernización laboral, presentada por el Poder Ejecutivo y recientemente aprobada por el Senado, apunta, entre otros aspectos, a reducir los costos de las indemnizaciones por despido, adaptar la normativa estancada en la década de 1970 a las nuevas modalidades de trabajo que impone la innovación tecnológica y, en el proyecto original, a priorizar los convenios por empresa por encima de los convenios sectoriales y/o colectivos.

1. Junto con la eliminación de la ultraactividad, busca incentivar la generación de empleo formal y evitar que una indemnización por despido quiebre a las pymes.
2. Mediante un banco horas, pretende adaptar el trabajo a las nuevas modalidades productivas que genera el cambio tecnológico, manteniendo los derechos laborales.
3. Busca adecuar y priorizar los convenios colectivos a la realidad de las pyme, por encima de las condiciones de trabajo impuestas por los convenios colectivos sectoriales, mediante acuerdos entre sindicatos y cámaras empresariales.

Argentina hoy vive con una anomia legislativa laboral. Décadas donde el corporativismo bloqueó con éxito toda reforma, las leyes laborales finalmente quedaron obsoletas. Sin un marco normativo laboral actualizado a los nuevos tiempos y tecnologías, no existen incentivos económicos para cumplir el marco legal vigente, generando una anomia social según Carlos Nino (1992). O bien hay anomia institucional, como propone Peter Waldman (1994), como resultado de la incapacidad del propio Estado para operar como un sistema coherente de reglas.

La anomia social se manifiesta en prácticas extendidas de informalidad y evasión de la ley. La anomia institucional resulta en marcos regulatorios inestables, reformas insuficientes, judicialización, superposición y contradicción de normas (ultraactividad legislativa), discrecionalidad, ausencia de rendición de cuentas, aplicación débil, además de un uso selectivo y político del derecho.

Los crecientes casos de litigiosidad en el mercado laboral ilustran la anomia institucional. La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo informó un récord de 132.000 causas iniciadas en 2025, pese a la caída sostenida en la cantidad de accidentes laborales. Se estima que los expedientes por juicios laborales llegan a 640.000 en la actualidad, equivalente al 7% de todos los asalariados registrados.

Otra consecuencia de la anomia legislativa laboral es que la prevalencia de los convenios por empresa y por región, por encima de los convenios cupulares sectoriales nacionales, ya se había previsto en la Ley 24.467 (Estatuto Pyme) de Segmentación de Convenios Colectivos de 1995, aprobada por el Congreso, pero nunca promulgada. En los hechos, la segmentación de pyme perdió relevancia operativa con la reversión del paradigma flexibilizador mediante la Ley 25.877 del año 2004, debido al reforzamiento de la negociación centralizada.

La anomia es más profunda. Si seguimos con la misma justicia laboral facciosa, con un plano inclinado antiempresario, la reforma laboral será letra muerta. Una iniciativa positiva es el traspaso previsto de la justicia laboral federal a la Ciudad de Buenos Aires, donde los nuevos juicios sean tratados por jueces nuevos desligados de la estructura corporativa sesgada y todavía vigente.

La reforma laboral pretende aumentar la elasticidad del empleo en los sectores productivos, hoy muy baja en términos de generación de empleo formal.

No solo se requiere que su contenido sea técnicamente adecuado y que su aprobación legislativa supere el bloqueo corporativo, sino también su implementación y aplicación rigurosas, por una justicia laboral independiente del capital y del trabajo, en un contexto de estabilidad macroeconómica y crecimiento económico sostenido.

Una reforma laboral es exitosa si genera empleo formal y permite que el salario empalme con la productividad, otorga sostenibilidad social a la modernización y al crecimiento del país.

El autor es profesor en UBA, Ucema, Udesa y Director Centro Estudios de la Productividad-Base Arklems+LAND

La Corte Suprema de Estados Unidos concluyó que los aranceles-Trump son ilegales, en concordancia con decisiones anteriores adoptadas por jueces en casos específicos.

Según la Constitución de Estados Unidos, la autoridad para imponer aranceles reside en el Congreso (Artículo I, Sección 8); sin embargo, desde su sanción en 1787, el Poder Legislativo ha ido delegando en el Presidente ciertos poderes vinculados a políticas comerciales, como la “Trade Promotion Authority”, que faculta al Presidente para negociar tratados comerciales.

Entre muchas otras delegaciones del Congreso se encuentra la International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) de 1977, empleada por Trump para justificar los aranceles del “Día de la Liberación”.

Tras el anuncio de la implementación de los aranceles-Trump, empresas nacionales afectadas acudieron a la justicia y los jueces determinaron que los daños ocasionados debían ser reparados. Finalmente, uno de esos casos llegó a la Corte Suprema (Learning Resources Inc. vs. Trump), que resolvió que la Ieepa no otorga al presidente el tipo de facultades requeridas para aplicar los aranceles-Trump.

Esta legislación establece que el mandato delegado permite “regular el comercio” (“regulate trade”), y de ninguna manera este poder puede utilizarse para imponer aranceles de diferentes valores contra cualquier país en cualquier momento.

La tradición legal sobre poderes delegados indica que, en cuestiones fundamentales, si la transferencia de facultades no es explícita, el poder debe ejercerse con cautela. Si el Congreso hubiera querido transferir al Presidente la capacidad de imponer los aranceles del “Día de la Liberación”, lo habría expresado así.

Este no es el primer caso en el que la Corte Suprema delimita el alcance del poder delegado: por ejemplo, en una de las numerosas causas citadas por el máximo tribunal, el presidente Joe Biden intentó condonar la deuda estudiantil adquirida para financiar estudios, y la Corte sancionó que no existía un poder delegado que habilitara tal política.

En 1977, al momento en que el Congreso sancionó la Ieepa, Estados Unidos y los miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) ya habían participado en siete negociaciones multilaterales, habiéndose reducido notablemente los aranceles respecto de los vigentes al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Además, para ese entonces Estados Unidos y numerosos países contaban ya con diversos instrumentos regulatorios del comercio, como salvaguardias, medidas antidumping y disposiciones recogidas en el Artículo XX del GATT-OMC.

En la página 13 del fallo, la Corte Suprema afirma que el Presidente debe justiciar de manera clara por qué la Ieepa le otorgaría el poder invocado, concluyendo que esto “no puede probarlo” (“He cannot”). A partir de esa conclusión, el tribunal descargó una batería de argumentos legales que demostraron por qué Trump no podía justificar las maniobras y abusos cometidos con los aranceles. Previamente, el expresidente había declarado que una sentencia contraria sería devastadora.

Según medios especializados, la decisión representará un fuerte golpe financiero para la Tesorería de Trump. Estados Unidos ahora se encamina a varios años de litigios, involucrando tanto a quienes pagaron aranceles inconstitucionales como a quienes lanzaron proyectos de inversión bajo el estímulo de los aranceles-Trump y a los países que sufrieron daños en sus exportaciones.

Aunque podría pensarse que este fallo histórico de la Corte Suprema conduciría a que la política comercial estadounidense retorne al statu quo anterior al “Día de la Liberación” -es decir, a cumplir las normas comerciales vigentes-, por el momento esto no ocurrirá. Tras descalificar severamente a la Corte Suprema, Donald Trump anunció que, amparado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, impondrá un arancel del 15% sobre los valores vigentes previos al “Día de la Liberación”.

Por motivos de desequilibrio de la balanza de pagos, y bajo condiciones y obligaciones específicas, esta sección autoriza al presidente a aplicar un arancel de ese porcentaje por un período que no debe superar los 150 días.

El destino de esta y otras posibles medidas de Trump, así como el desarrollo de los litigios, aún está por verse. Las estimaciones sobre los daños económicos, tanto los ya sufridos como los que puedan producirse, serán publicadas a medida que dispongan de los informes de consultoras internacionales y organismos multilaterales, con el fin de evidenciar la magnitud de los costos ocasionados.

El autor es Miembro Academia Nacional de Ciencias Económicas