POLITICA
Multa por no votar en las Elecciones Argentina 2025: todo lo que hay que saber

Este domingo 26 de octubre se votó en la Argentina. Como dicta la Constitución, todos los ciudadanos habilitados para sufragar tienen la obligación de asistir a las urnas y, por eso, surge la pregunta de qué pasa si no voy a votar; cuáles son las sanciones y multas que se aplican a los infractores; y quiénes están exentos de acudir a las urnas.
En los comicios de este año, las provincias eligen sus nuevos representantes en el Congreso de la Nación. En total, se renuevan 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 butacas del Senado. Además, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero tienen sus elecciones locales en simultáneo y definen legisladores provinciales. En el caso de los santiagueños, también eligen gobernador.
La novedad de este año es que debuta la Boleta Única Papel (BUP), que reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación.
En la Argentina, el sufragio es universal, secreto y obligatorio, por lo que deben participar obligatoriamente todos los ciudadanos a partir de 18 años y hasta los 70. Esto aplica a las personas que se encuentran inscriptas en el padrón nacional electoral.
En tanto, para los jóvenes de entre los 16 y los 18 años el sufragio es optativo, al igual que las personas mayores de 70. Asimismo, también existe distintos grupos sociales que por sus características están exentos de la obligación de sufragar el día de la votación.
De acuerdo al artículo 12 del Código Electoral Nacional, las personas que quedan exentas de la obligación de sufragar en las elecciones son las siguientes:
Quienes no puedan concurrir a los comicios y tengan un justificativo válido, deben ir con su documento cívico a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentren y solicitar una certificación escrita que justifique la imposibilidad de votar. Para evitar la multa y otras sanciones correspondientes, el certificado debe presentarse dentro de los 60 días de celebrada la elección ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito que le corresponda al elector o ante la Cámara Nacional Electoral.
En cambio, a quienes deban sufragar y no puedan justificar ante la Justicia Nacional Electoral por qué no emitieron su voto, les corresponde una multa económica y quedan incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar. Asimismo, no pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Además, quienes no paguen la multa, no pueden realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.
Sin embargo, en la práctica el peso de la ley electoral no se hace sentir, ya que existen casos de gente que no fue a votar, aparece como morosa en la lista de infractores y no experimentó trabas a la hora de efectuar trámites tales como renovar el pasaporte, el DNI o el registro de conducir. También es el caso de altos funcionarios que asumieron en el Estado pese a que figuran en el Registro Público de Infractores al Deber de Votar.
Quienes no asisten a las urnas y no justifiquen su ausencia ante las autoridades electorales no pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección y, además, les corresponde una multa.
En el artículo 125 del Código Electoral se dispone que la multa es de entre $50 y $500. En caso de que el elector no la pague, no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.
Sin embargo, además de que quedaron desactualizadas en cuanto a su monto, el Estado no intima a los infractores a pagar las multas.
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POLITICA
La historia no contada de la liberación de Nahuel Gallo, una “mexicaneada” diplomática que la AFA gritó como un gol

Si el conflicto pudiera graficarse en un resultado futbolístico, hasta ahora estaría así: AFA 1 vs. Gobierno 6. Es una metáfora que eligen cerca de Claudio Tapia, presidente de la entidad de Viamonte, cuando recuerdan esa especie de gol de descuento que para ellos representó la repatriación del gendarme Nahuel Gallo, preso en Venezuela durante 448 días y liberado gracias a una gestión con la presidenta bolivariana, Delcy Rodríguez. Es decir, una jugada que desconcertó y hasta hizo enojar a muchos libertarios, pero que no alcanza para remontar todas las penurias de Tapia y su colaborador Pablo Toviggino en las causas judiciales por las que se los investiga.
Gallo emprendió su regreso a la Argentina el domingo 1° de este mes, minutos antes de que el presidente Javier Milei iniciara su discurso en la Asamblea Legislativa. Para un sector muy cercano al oficialismo, el que encabeza el empresario Leonardo Scatturice, vía no diplomática de acceso del Gobierno al mundo de los republicanos, fue directamente un bombazo, porque frustró la idea de tratar la liberación del gendarme en la reunión que Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron en Miami el sábado pasado. Es decir, seis días después del domingo en que se lo dejó libre por intercesión de la AFA. “Le arruinaron el anuncio a Milei, a Trump y a Patricia [Bullrich]”, se oyó esa tarde de ese lado libertario, que tiene llegada al entorno de Trump con independencia de lo que haga la Cancillería.
La liberación, celebrada entre los allegados a Tapia como “mexicaneada”, fue en realidad un sutil movimiento de piezas alentado por un sector de la oposición argentina que integran desde el abogado Franco Bindi, exasesor de la petrolera Pdvsa, hasta Oscar Laborde, exembajador de Venezuela durante el gobierno de Alberto Fernández, y la diputada Marcela Pagano, que actuaron en conjunto con la AFA.
Trabajaban en el rescate desde enero de 2025, todavía con Nicolás Maduro en el poder, momento en que la relación diplomática entre la Argentina y Venezuela vivió una situación de especial tensión: se jugaba en Caracas el Campeonato Sudamericano sub 20 y la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le recomendó públicamente al seleccionado argentino no ir. “¿Se puede hacer en Venezuela un sudamericano? Habrá que cambiar de sede, la Conmebol lo tendrá que pensar. ¿La Argentina va a mandar gente y chicos que nos pueden secuestrar? ¿Qué diferencia puede haber entre tener a un jugador de fútbol, que puede ser una pieza muy importante, y un gendarme? Lo pueden acusar de cualquier cosa: ‘Argentina mandó dentro de los jugadores de fútbol a uno que fue policía’, y a ése lo agarran. Entonces, es un riesgo”, dijo la ministra.
Pero Tapia desoyó el consejo: la Argentina no sólo fue a jugar sino que salió subcampeón, detrás de Brasil. Había ya un contrapunto de poder. Esa decisión fortaleció desde entonces la relación del sanjuanino con su par Jorge Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y miembro de la Conmebol. Giménez Ochoa, dirigente joven y ahijado político de Delcy Rodríguez, llegó a desempeñarse en el área financiera de Pdvsa.
Se alinearon entonces los planetas de la oposición: Bindi, que había sido abogado de Pdvsa y asesor de la provincia de Santiago del Estero, donde se hizo políticamente fuerte Toviggino, contó además con la colaboración Laborde, un exembajador con acceso a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. “Diplomacia parlamentaria”, definió la diputada Pagano. Todo, bajo un pedido expreso de los venezolanos: que no se enterara el gobierno argentino, algo fácil de conseguir por la ruptura de la relación entre ambas naciones.
Pero hay que remontarse a una noche concreta y cercana, la del jueves 26 de febrero pasado en el estadio Maracaná, Río de Janeiro, donde se jugó la final de la Recopa Sudamericana que Lanús le ganó a Flamengo, para encontrar el hito más decisivo de la gestión. Lo encabezaron Tapia y Giménez Ochoa en el palco y a través de una conversación telefónica con funcionarios venezolanos que le pusieron fecha a la liberación.
Había que resolver, por lo pronto, un inconveniente administrativo: con la vía diplomática interrumpida, ningún avión argentino está autorizado a aterrizar en territorio bolivariano. Y la solución apareció esa misma noche: se le pidió a la aerolínea Bayres Fly, que traslada habitualmente a Tapia, que enviara a Caracas lo que en la jerga aeronáutica se conoce como “Notam”, que en sus siglas en inglés significa “Aviso a la misión aérea” o “Aviso al aviador”, según el caso (Notice to air mission o Notice to airmen).
Eso destrabó el trámite y Tapia llegó a evaluar seriamente viajar esa noche desde Río de Janeiro a Caracas para encabezar la delegación que acompañaría al gendarme. No lo hizo sólo por recomendación de sus abogados: estaba en el Maracaná con permiso del juez Diego Amarante, que sigue la causa en la que se investiga a la AFA por presunta retención de aportes e impuestos, y debía regresar al día siguiente a la Argentina. Ahí sí obedeció.
Volvió entonces a Buenos Aires con la intención de volver a pedir autorización para viajar el sábado 28 de febrero a Caracas. El argumento que presentó ante el juzgado no fueron la verdadera razón -la liberación de Gallo-, sino la firma de un convenio entre la AFA y la Federación Venezolana de Fútbol en Caracas. “FIFA y Conmebol financian proyecto de la FVF con supervisión técnica de la AFA”, publicó la entidad de Venezuela en un comunicado en su página web.
Pero Amarante no lo autorizó a viajar y casi frustra todo. ¿Había que postergar el viaje? Imposible, porque para ya para entonces el gobierno de Delcy Rodríguez había dado la orden de sacar al gendarme de la cárcel del Rodeo 1, en el Helicoide. Eso hizo que ese sábado circularan en Caracas rumores de que estaba libre. Tapia decidió entonces enviar en su lugar a dos incondicionales: Luciano Nakis, presidente de Deportivo Armenio y prosecretario de la AFA -el famoso “secanuca”-, y Fernando Isla Casares, director de Protocolo y Ceremonial de la AFA y ex presidente de Estudiantes (Buenos Aires), también llamado “El Gaucho”. Ambos viajaron al día siguiente, el de la liberación, vuelo que volvió a requerir un “Notam”. Son los dos que aparecen en la foto de Gallo en el aeropuerto de Caracas, a punto de abordar el Bombardier Lear Jet 60 de Baires Fly que lo trajo a Buenos Aires.
Lo que pasó el domingo ya se sabe. Por la tarde, cerca de las 19, la AFA publicó la referida foto en su página web bajo el título “El fútbol, un puente humanitario: Nahuel Gallo regresa al país”, y la diputada Pagano lo replicó en su cuenta de Twitter. Hubo desconcierto en el Gobierno, múltiples interpretaciones y varios llamados. Pagano lo recordó al día siguiente ante las cámaras de LN+: “A mí me llamó alguien de la SIDE que conozco hace muchos años, eso es lo único que voy a decir, para preguntarme si lo que yo estaba escribiendo en mi tuit era así, y yo le dije la verdad”.
El regreso fue largo. Hubo una escala en Guayaquil, Ecuador, donde los pilotos aprovecharon para publicar en Twitter una foto en la que Gallo tenía puesta una camiseta del seleccionado argentino; otra en Arica, Chile, y aterrizaron cerca de las las 4.30 de la madrugada en Ezeiza. Ahí esperaban, por fin, los funcionarios argentinos: Bullrich; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller, Pablo Quirno, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. También efectivos de Gendarmería que cercaron el acceso y terminaron de convencer a Tapia, que hasta entonces había estado planeando una foto con Gallo, de ni molestarse en ir.
No bien la aeronave tocó la pista, dos efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria subieron y le dieron al exprisionero ropa y borceguíes. Gallo se sacó la camiseta, se puso el uniforme y salió a saludar a su familia. Lo esperaba una fanfarria de Gendarmería
Francisco Olivera,Conforme a
POLITICA
El Gobierno designó a Alejandro Ramírez como nuevo titular de la Inspección General de Justicia

En el día de la fecha, se publicó en el Boletín Oficial la aceptación a la renuncia presentada por Daniel Vítolo. El doctor mantenía su puesto como Inspector General de Justicia (IGJ) y el 6 de marzo fue su último día. Además, el Gobierno presentó quién será el reemplazo tras el cambio de titular.
El presidente de la Nación Argentina dispuso mediante el Decreto número 14417/26 publicado el 12 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina, aceptar la renuncia del doctor Daniel Roque Vítolo al frente de la Inspección General de Justicia.
El cambio de titularidad ya es vigente y se designó a el doctor Alejandro Horacio Ramírez como nuevo inspector general de Justicia según lo establecido en la resolución oficial comunicada por la Secretaría de Justicia, dependencia del Ministerio de Justicia, ambos organismos del gobierno nacional. La medida, firmada por Javier Milei y Juan Bautista Mahiques, incluye un agradecimiento a los servicios prestados por el funcionario saliente.
Vítolo, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba y profesor titular de Derecho Comercial en la Universidad de Buenos Aires, había llegado a la IGJ tras ser designado por el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Reconocido por su perfil técnico y académico, participó en la redacción del Código Civil y Comercial de la Nación sancionado en 2014 y en reformas de leyes clave como la de quiebras. Al frente de la IGJ priorizó el control sobre entidades de alta visibilidad pública, entre las que la AFA ocupaba un lugar central.
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La renuncia de Vítolo
La gestión de Vítolo se caracterizó por avanzar con observaciones a los balances de la AFA, intimaciones por la ausencia de documentación durante años y solicitudes formales para designar veedores externos que fiscalicen la estructura económica del fútbol profesional. El alcance de sus investigaciones incluía también a la Superliga, la entidad que manejó cerca de USD 348 millones en derechos audiovisuales entre 2020 y 2024.

Antes de presentar su renuncia a la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo firmó un segundo pedido para que el Ministerio de Justicia designe veedores encargados de auditar nuevos negocios vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La solicitud se enfoca en la Superliga, una asociación civil que administró USD 348 millones entre 2020 y 2024. La resolución fue el último acto de Vítolo en el cargo, quien fue reemplazado por Alejandro Ramírez.
El expediente, enviado al Ministerio de Justicia el jueves cuando Vítolo aún estaba en funciones, traslada la decisión final sobre la designación de veedores al nuevo titular de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien asumió ese mismo día en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.
La renuncia se formalizó el viernes 6 de marzo de 2026 ante el presidente Milei, luego del pedido del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien había asumido recién el día anterior y empezó a impulsar cambios en organismos relevantes del área. En su carta de dimisión, Vítolo expresó su orgullo por la gestión realizada, aunque lamentó no haber llegado a completar investigaciones en “ámbitos considerados intocables”, una alusión interpretada como un mensaje sobre el poder del fútbol argentino.
El reemplazo de Vítolo en la IGJ recae ahora sobre Alejandro H. Ramírez y plantea nuevas incógnitas sobre la continuidad y profundidad de las investigaciones sobre cuentas, balances y contratos de las Sociedades Anónimas Deportivas que atraviesan el corazón económico del deporte más popular del país.
La resolución de la IGJ amplía el marco de investigación sobre la administración del fútbol argentino. Previamente, la IGJ ya había solicitado la designación de veedores en la AFA por presuntas irregularidades en balances recientes, la creación de la denominada Universidad de la AFA y la existencia de vínculos económicos con empresas privadas. Ahora, la medida se extiende hacia la Superliga, cuya figura jurídica sigue vigente pese al nuevo esquema organizativo del fútbol profesional.
El nuevo pedido de la IGJ solicita la intervención de la Superliga en grado de veeduría por 180 días. Según el documento, la función de los veedores será recabar documentación, analizar la contabilidad y verificar el funcionamiento institucional, sin desplazar a las actuales autoridades.
POLITICA
Los videos del momento en el que un diputado libertario fue agredido en Tucumán

El diputado libertario Federico Pelli, de Tucumán, fue agredido este miércoles en la localidad de La Madrid cuando brindaba asistencia a damnificados por las fuertes inundaciones que el distrito y gran parte de la provincia sufrieron. Tras el violento episodio comenzaron a viralizarse en redes sociales videos que documentaron la secuencia, desde el inicio de la discusión hasta el momento en el que el legislador es trasladado al hospital.
Según se puede ver en la primera grabación que trascendió, el diputado estaba transitando por una de las rutas afectadas cuando una persona se impuso y le prohibió avanzar. En ese momento, el hombre le dio un empujón al legislador y, acto seguido, le pegó un cabezazo que lo lesionó.
Pelli quedó herido, mientras otras personas que estaban con él separaron al agresor. “¿Que te pasa, enfermo? ¿Estás loco?“, le gritaron, mientras otro grupo asistía al parlamentario, que quedó tendido sobre el asfalto con el rostro ensangrentado. Allí apareció un efectivo de la policía que intervino y los allegados al diputado expresaron: ”Asesino. Ponele ya las esposas. Te voy a matar».
Más tarde comenzó a circular en redes sociales otra grabación, en la que se lo ve a Darío Monteros, ministro del Interior de Tucumán, luego de que el oficialismo vinculara al agresor con al funcionario provincial. En el video, la diputada Soledad Molinuevo se le acercó para preguntarle si estaba enterado de la agresión y el funcionario respondió que no sabía. “Le comento: una persona que trabaja para usted le reventó la cabeza al diputado Pelli por venir a ayudar”, le reclamó.

Luego, Monteros hizo una publicación en sus redes sociales en las que repudió la agresión y se solidarizó con el diputado libertario. “La violencia nunca puede ser el camino en democracia. Hoy, Tucumán atraviesa una situación muy difícil por las inundaciones y lo que necesita nuestra gente es presencia, trabajo y solidaridad“, marcó.
Asimismo, otro video mostró el momento en el que Pelli fue trasladado en camilla a una clínica privada en San Miguel de Tucumán tras la agresión. En la grabación se lo ve inmóvil, con una cinta en el rostro para cubrir la herida y en un estado de lesión muy agravado.

Desde la bancada de La Libertad Avanza (LLA) difundieron un comunicado en el que condenaron la embestida contra el legislador, mientras que fuentes del oficialismo identificaron al agresor con un puntero político que respondería al ministro del Interior de Tucumán.
“El hecho ocurrió en el marco de una actividad solidaria en la que participaba junto a los diputados Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, quienes se trasladaban para donar colchones y otros artículos a los afectados por las inundaciones de la provincia“, señalaron.
En diálogo con LN+, Molinuevo, que estaba en la escena del ataque, dijo que Monteros “estaba 20 metros más adelante en una carpa”. “Federico cayó al piso semiinconsciente. Pensé que lo había matado, el cabezazo fue tremendo. Una ambulancia lo asistió, pero al ver que tenía algo más grave lo derivaron al hospital de Concepción. Se confirmó que tenía una fractura de tabique y fue derivado a una clínica privada en San Miguel de Tucumán.
Federico Pelli,Tucumán,Conforme a,,“¿Tu mamá está presa?». Fuerte cruce entre dos legisladoras en el Concejo Deliberante de José C. Paz,,»Fue tremendo». Un hombre agredió con un cabezazo a un diputado libertario en Tucumán,Tucumán,,Situación crítica. Video: así fue el feroz temporal que azotó Tucumán y causó inundaciones, rutas cortadas y suspensión de clases,,Fuerte temporal. Tucumán: se registraron 170 milímetros de precipitación acumulada y suspendieron las clases,,“La causa está frenada». Fue un famoso cantante, vivió un gran amor, pero tuvo un trágico final y hoy sus hijos piden Justicia
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