POLITICA
Patricia Bullrich expuso en la comisión de Presupuesto y recibió críticas por los fondos destinados a la seguridad

Los bloques de la Cámara de Diputados comenzaron a repensar su posicionamiento en el debate del Presupuesto 2026. Los resultados de las elecciones de medio término impactaron de lleno en las estrategias tanto del oficialismo como de la oposición.
Esto quedó en claro durante el primer encuentro de la comisión que ahora conduce Bertie Benegas Lynch, que recibió a Patricia Bullrich, la primera ministra que envió el Ejecutivo en lo que va del debate del proyecto durante este año y, según el cronograma, la única. La titular de la cartera de Seguridad ingresó minutos antes de las 11 de la mañana y, cuando fue anunciada, fue recibida con un aplauso por parte de los bloques de La Libertad Avanza y del PRO.
Estos dos bloques mostraron asistencia perfecta con legisladores que se habían ausentado en otras ocasiones. Unión por la Patria también trajo a la mayoría de sus legisladores, al igual que la UCR y la izquierda. El resto de los bloques mostró ausencia y Encuentro Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto y que había anunciado que estaba trabajando en un dictamen propio, fue el único que se ausentó en su totalidad.
Bullrich hizo un recorrido sobre su gestión en donde fue pasando por los planes de control de frontera y de ciudades como Rosario, señaló que llevan invertido “USD 96 millones en dos años. Pasamos de una inversión de USD 270 por agente en 2023 a una de USD 590”.

“Cuando hay decisión política, cuando no hay tibieza, se tienen resultados. El que las hace las paga no es un lema de campaña, fue, es y seguirá siendo un principio del Gobierno. Es el corazón de una gestión que eligió el lado correcto: el de las víctimas, los trabajadores”, dijo la flamante senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires.
La ministra, que hizo una exposición sobre la gestión y fue aplaudida por los bloques del PRO y de LLA cuando hizo referencia a que “ya no hay más bloqueos de empresas y no hay más piquetes”. Finalizó haciendo referencia a que el Presupuesto 2026 “consolida un camino”. Y completó: “Son $7,8 billones destinados a profundizar la política de mejora continua, eficiencia e innovación. El 29,5% se destinará a aviación, 25,8% a tecnología y 15,1% a automotores. La lucha contra el narcotráfico tendrá un incremento del 84%. Faltan recursos, tenemos lo que el país puede brindar”.
El clima se caldeó rápidamente al inicio con las preguntas en donde Cristian Castillo del bloque de la izquierda le pidió explicaciones a la ministra sobre la relación del detenido próximo a extraditar Fred Machado y el diputado libertario José Luis Espert, los aportes de la campaña de 2023 a la próximamente senadora y el costo de los operativos de seguridad que se realizan todos los miércoles en el Congreso de la Nación.

Bullrich respondió con evasivas, no hizo referencia a Espert y adelantó que en “noviembre viene una comisión de los Marshal de los EE. UU.» para extraditarlo a Machado. Respecto a la relación con la empresaria Alejandra Bada Vázquez, dijo que “es un invento que puso plata en mi campaña -está registrado el aporte en la Cámara Nacional Electoral-“.
Sin hacer referencia a los costos de los operativos policiales, Bullrich decidió atacar al sindicato de trabajadores lecheros (Asociaciones de Trabajadores/as de la Industria Lechera de la República Argentina) y recibió el aplauso de los bloques del PRO y de LLA.
Una de las preguntas que surgió desde el radicalismo se le hizo referencia al nuevo Código Penal. “Vinimos con una actitud abierta a rediscutir el código que ya está escrito. Hay un tema que para mí es importante, veremos qué dice el Parlamento, y es la imprescriptibilidad de ciertos delitos: homicidio, violación, abuso sexual, trata de personas y delitos de lesa humanidad”, dijo la ministra.
Además, agregó que el nuevo Código “se agravan los delitos más comunes, como el homicidio. Creamos un capítulo completo de delitos informáticos que estaban dispersos, hablo de nuevas figuras delictivas, como el retiro no consentido del preservativo. Además, incrementamos fuertemente las penas por delitos de corrupción y se incorpora el soborno entre privados y se rediseña el enriquecimiento ilícito. Respecto del narcotráfico con penas severas porque vimos el triple femicidio, lo que pasó en Rosario. Se crean figuras autónomas, como precursores químicos, opioides sintéticos”, explicó Bullrich.
Además, hizo referencia al rol de las justicias señalando que los jueces “deben escuchar a las víctimas antes de tomar decisiones”. Respecto al debate del mismo, la ministra de Seguridad se mostró en modo consenso al asegurar que “vamos a ser receptivos y abiertos. No queremos un código Zaffaroni”, en referencia al ex juez de la Corte Suprema.
Desde el bloque de Unión por la Patria le señalaron a la ministra la baja ejecución presupuestaria durante este año en los capítulos de lucha contra el narcotráfico y, además, que los fondos para el 2026 en el capítulo inversión crecen por debajo de la inflación y son menores que los de este año.
La ministra reconoció que “hay techos presupuestarios” y que los fondos con los que se van a contar “no son los que nos hubieran gustado”, dando por cierto esa caída presupuestaria que le señaló el bloque de la oposición. “Cuando tengamos un país un poco más estable vamos a contar con más fondos”, agregó
Continuidad
Un dato que no pasó inadvertido en la comisión fue la presencia de Alejandra Monteoliva, la viceministra de Seguridad a quien Bullrich nombró en varias ocasiones. A nadie se le escapa que Seguridad cambiará su jefatura por lo menos en diciembre, cuando la ministra jure como senadora y que desde la actual conducción impulsan a la viceministra. Su presencia en la comisión fue tomada por los diputados como una “reafirmación de que será ella quien dará la continuidad”.
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POLITICA
El Gobierno eligió el silencio ante la decisión de la AFA de parar el fútbol

El Gobierno tomó distancia este lunes de la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de suspender la fecha 9 del torneo Apertura, que debía desarrollarse entre el 5 y el 6 de marzo, días en los que el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino fueron citados a declarar por el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, en la causa iniciada por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
“No tenemos por qué opinar. Es un tema de ellos”, dijeron fuentes oficiales ante la consulta de sobre la posición del Gobierno respecto de la decisión de la entidad rectora del fútbol local. En otras terminales del oficialismo contactadas por este diario directamente no hubo respuesta.
No es la primera vez que el Gobierno elige el silencio en relación a la AFA. En noviembre pasado, apenas estalló el escándalo por la copa que la organización le entregó a Rosario Central, lo que desató fuertes críticas de los aficionados en las tribunas y las redes sociales, también habían elegido esa postura.
La fórmula fue la misma. “No hay nada para decir; es un tema que tienen que resolver ellos”, respondieron entonces. Con el correr de los días, sin embargo, el presidente Javier Milei, sus principales funcionarios y los voceros oficiosos de La Libertad Avanza en las redes arremetieron con fuerza con Tapia, Toviggino y la AFA.
El hermetismo inicial en la Casa Rosada no parece descabellado, cuando aún está por verse cómo reaccionarán los aficionados al fútbol en las tribunas y las redes. Si, nuevamente, apuntarán contra la cúpula de la AFA, sumida en un fuerte descrédito por las decisiones deportivas y las revelaciones sobre el presunto desvío de millones de dólares en el exterior. O si, esta vez, el Gobierno podría verse afectado por la protesta de la entidad.
La denuncia que llevará a Tapia y Toviggino a los tribunales fue iniciada por el Gobierno, a través de la ARCA, en diciembre pasado. Los dirigentes están acusados de haber retenido aportes previsionales y omitido el pago de impuestos por un monto total de $19.300 millones.
Tras dos meses de investigación, el juez Amarante decidió los llamados a indagatoria, el pasado jueves. También les prohibió salir del país, aun cuando a Tapia se le otorgó este lunes un permiso para realizar un viaje esta semana a Colombia y Brasil.
La denuncia inicial de ARCA fue complementada en enero con una nueva presentación de 58 páginas que entregó el Gobierno, a través de la ARCA, ampliando los montos presuntamente evadidos.
La presentación fue el resultado de cruces de datos con bases de contribuyentes no confiables del organismo y el intercambio de notificaciones entre la ARCA y la AFA. Por entonces, en la Casa Rosada no dudaban en considerar que el material terminará en una de las “principales denuncias” contra la cabeza del fútbol argentino. Ahora, con la reacción de la entidad, volvieron a elegir el silencio.
fueron citados a declarar,aun cuando a Tapia se le otorgó este lunes un permiso para realizar un viaje esta semana a Colombia y Brasil,Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
La reforma laboral tensiona la interna sindical y los gremios combativos convocaron a una movilización para el viernes

Los gremios que integran el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunciaron una movilización al Congreso para este viernes, a la que invitaron a la Confederación General del Trabajo (CGT) para que se sume. La marcha será mientras el Senado debata los cambios incorporados por la Cámara de Diputados a la reforma laboral. El Gobierno aspira a que la iniciativa se convierta en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias.
La discusión escaló en las últimas horas y tensionó la interna sindical. Desde el espacio que reúne a sectores combativos ya habían anticipado que, si la central obrera no avanzaba con una convocatoria formal, podrían impulsar una medida propia.
Leé también: La CGT redobló la presión contra los gobernadores e insistió con que intentará frenar la reforma laboral
El FreSU se reunió este lunes para terminar de definir los pasos a seguir. El encuentro fue clave para resolver si aguardaban una respuesta de la CGT o si activan una movilización al Congreso durante el tratamiento en la Cámara Alta.
La presión se produce en un escenario de creciente conflictividad y con fuertes cuestionamientos al proyecto oficial, que ya obtuvo media sanción en Diputados y volvió al Senado con modificaciones.
La advertencia a la CGT
El FreSU está integrado por la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, ATE y las dos CTA, entre otros sindicatos. Según confirmaron a TN desde el gremio de Aceiteros, existió un pedido formal a la CGT para que convoque a un paro de 36 horas. Ante la falta de respuesta, acordaron una movilización.
Desde ese sector habían anticipado que la intención era convocar a una medida de fuerza si la central obrera no avanzaba y que así lo expresaron sus dirigentes.
“Vamos a hablar con el triunvirato de la CGT para que convoquen a un paro de 36 horas. Si no lo hacen, iremos a un paro nosotros con el Frente de Sindicatos Unidos”, advirtió Daniel Yofra, secretario de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA), en El Destape Radio.
En la conducción de la CGT, en tanto, evitan adelantar una definición inmediata. Cerca del triunvirato señalaron que definirán la agenda en los próximos días, aunque no descartaron otras acciones como movilizaciones. La central obrera se inclina por el reclamo judicial y sobre eso están trabajando sus abogados.
“Los dirigentes de la CGT estaban esperanzados en los políticos porque supuestamente tenían los números. Y ahora están esperanzados en la Justicia. Y después van a estar esperanzados en una marcha a San Cayetano. Eso no tiene nada que ver con el sindicalismo. El sindicalismo se tiene que empoderar más allá de los partidos políticos”, cuestionó Yofra.
El FreSU ya había desafiado a la CGT la semana pasada, cuando la central obrera convocó a un paro general sin movilización y los gremios combativos decidieron marchar al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral en Diputados.
El endurecimiento de los gremios combativos
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) endureció el tono en las últimas horas. En un comunicado que difundió la semana pasada, aseguró que “el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras, definió un paro de 36 horas con movilización en las primeras 12 si la reforma laboral regresa al Senado”.
“No alcanza con la modificación del artículo de las licencias médicas. Esta ley nos conduce a una catástrofe social. La conflictividad tiene que escalar”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario del gremio de estatales.
Este lunes, en la red social X, Aguiar dijo que “es responsabilidad del Gobierno que la conflictividad escale”. “El viernes quieren hacer del Senado una escribanía y lo tenemos que impedir”, señaló en referencia al debate en la Cámara Alta.
Leé también: En la última semana de sesiones extraordinarias, el Gobierno buscará consolidar sus triunfos y avanzar con las reformas
“Debemos avanzar en una nueva huelga de 36 horas para rechazar la reforma laboral”, agregó y calificó la iniciativa como “una ley inaplicable que está destinada a fracasar”. Desde ATE confirmaron a este medio que el sindicato de trabajadores estatales sumará una huelga a la movilización de este viernes.
Mientras los gremios intensifican la presión, el oficialismo apuesta a que el Senado trate esta semana los cambios incorporados por Diputados y sancione la reforma antes de que el presidente Javier Milei abra las sesiones ordinarias de este año.
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POLITICA
El camarista Carlos Mahiques renunció a la sala de la Casación que definirá la causa de la quinta de Pilar vinculada a la AFA

Un día después de que saliera a la luz que festejó su cumpleaños en la quinta sospechada de pertenecer a Pablo Toviggino, el cuestionado número 2 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el juez Carlos Mahiques renunció a la subrogancia que ejercía en la Sala de la Cámara Federal de Casación Penal que debe abordar la investigación criminal sobre ese predio valuado en US$ 20,8 millones.
Mahiques continuará como magistrado en la Sala III de la Casación donde ocupa un cargo permanente, pero comunicó que dio por terminada la subrogancia en la Sala I, mediante un escrito que presentó ante el presidente de la Cámara, Diego Barroetaveña y, por su intermedio, a los integrantes del Consejo de Superintendencia del tribunal.
“Las circunstancias que motivan la sobredicha solicitud son de carácter estrictamente funcionales”, planteó el magistrado, que a lo largo de las tres carillas de su nota sólo aludió a sus tareas al frente de la Sala I de la Casación, la carga laboral por delante y la incertidumbre alrededor del acuerdo que debería darle el Senado para continuar como magistrado hasta los 80 años.
“En ese ámbito”, abundó Mahiques, “la creciente cantidad de tareas jurisdiccionales muestra a la fecha un total de 332 procesos en trámite, de las cuales 135 están radicadas en Sala; 185 en las tres vocalías que la integran; y 61 impugnaciones y 14 recursos extraordinarios en la vocalía Nro. 7. A ello se suma la carga de trabajo que importa la gestión de dirección, control y administración en la Sala”.
Al presentar su renuncia a la subrogancia, sin embargo, Mahiques no aludió a la publicación dominical de , que reveló que había festejado su cumpleaños en una quinta de 5,5 hectáreas, que figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada, quienes actuarían como testaferros de Toviggino.
Apodado “Coco” en los tribunales, Mahiques debía resolver junto a sus colegas de la Sala III de la Casación, Daniel Petrone y Javier Carbajo, si la investigación por presunto lavado de activos que busca determinar quién es el verdadero dueño de ese predio queda en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, como quieren los acusados, o vuelve al juez en Penal Económico Marcelo Aguinsky.
Ante la consulta de , Mahiques negó el jueves pasado haber celebrado sus 74 años en ese predio y replicó con una pregunta: “Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente?“, planteó. “Tengo 50 años en el Poder Judicial y deben evaluarme por el contenido de mis sentencias, no por mis acciones privadas, como dice el artículo 19 de la Constitución Nacional”.
Pero en el escrito de su renuncia a la subrogancia, Mahiques no aludió a todo eso. Se concentró en la sobrecarga laboral que explicó que afrontará durante los próximos meses, que se acentuará por el retiro de otro colega de la Sala III, Juan Carlos Gemignani. Todo eso, adujo, “podría derivar [en] un perjuicio al normal desarrollo de la actividad del tribunal”.
El camarista cumplió 74 años el 1 de noviembre pasado. Y la fiesta con que lo habría celebrado se convirtió en un secreto a voces en los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py, según reconstruyó , basado en testimonios de jueces, fiscales, dirigentes de la AFA y funcionarios del Gobierno.
La fiesta acaparó elogios y envidias en los tribunales hasta que a fines de 2025 estalló el escándalo que tiene como protagonistas a Toviggino y al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Desde ese momento, los elogios mutaron en incomodidad entre los asistentes –uno de los cuales dialogó con este medio-, y la envidia en alivio entre quienes no fueron invitados.
“Sí, sucedió. La fiesta fue semanas antes de que explotara todo lo de la AFA”, indicó a una fuente al tanto de lo ocurrido en el predio ubicado en Villa Rosa, en el partido de Pilar, 58 kilómetros al noroeste del Obelisco. “Fueron más de 20 personas. Hubo jueces, fiscales, de todo”, añadió, tras pedir reserva estricta de su nombre para evitar eventuales represalias.
La lista de invitados, sin embargo, permanece en reserva, al igual que las fotos y videos de la fiesta. Según indicaron las fuentes consultadas a , entre los asistentes figuraron colegas de la Casación, magistrados con vínculos aceitados con la AFA y compañeros de aquel viaje a Lago Escondido que salió a la luz en diciembre de 2022 tras un hackeo ilegal de teléfonos que difundió el kirchnerismo, dos días antes de que un tribunal oral condenara por el “caso Vialidad” a Cristina Fernández de Kirchner.
Los vínculos de la familia Mahiques con la cúpula de la AFA, en tanto, son múltiples. Uno de los hijos del camarista, Esteban, es director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería Argentina y figura en la página de internet de la AFA como miembro del Tribunal de Disciplina de la entidad, junto al camarista en lo Contencioso Administrativo Federal, Sergio Fernández. Otro hijo, Juan Bautista, es fiscal general porteño y aparece en el mismo portal como vicerrector de la Universidad de la entidad (Unafa) que el “Chiqui” Tapia anunció el 4 de noviembre pasado. Ambos, no obstante, renunciaron a sus cargos en la AFA durante las últimas semanas.
En el texto de su renuncia, no obstante, Mahiques omitió aludir a la AFA, sus dirigentes o las investigaciones que afrontan, incluido el expediente que debía abordar como subrogante de la Sala I. Renunció, explicó, “con el objeto de imprimir mayor celeridad procesal y evitar la prolongación de los procesos que inexorablemente se verificaría si fuese necesario una nueva conformación del Tribunal”.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
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